TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 464/2016-RRC

Sucre, 24 de junio de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 48/2010

Parte acusadora                : Ministerio Público

Parte imputada                : Julio Cesar López Aponte y otro

Delito                        : Tráfico de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de enero de 2010, cursante de fs. 190 a 191, José Ausberto Parra Heredia, en su calidad de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 154 de 10 de diciembre de 2009, de fs. 188 y vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, integrado por los Vocales Teresa Vera Cañellas de Gil y Jacinto Morón Sánchez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Julio César López Aponte y Emilio Ale Añez por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 28 de 03 de septiembre de 2009 (fs. 157 a 163), el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de  Santa Cruz, declaró a los imputados Emilio Ale Añez y Julio César López Aponte, absueltos de pena y culpa del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008; consecuentemente, se dispuso la suspensión de todas las medidas cautelares de carácter personal, sin costas para las partes.


b) Contra la mencionada Sentencia,  el acusado Julio Cesar López Aponte solicita complementación y enmienda (fs. 174 y 175), asimismo los representantes del Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 167 a 168 y fs. 169 a 170), que fueron resueltos por Auto de Vista 154 de 10 de diciembre de 2009, dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró inadmisibles los citados recursos y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición de los presentes recursos de casación.


I.1.1.Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 412/2016-RA de 17 de 24 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los  arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).



Reconociendo el representante del Ministerio Público que contra la Sentencia de 3 de septiembre de 2009, se interpuso recursos de apelación restringida el 12 y 14 de octubre de 2009; sin embargo, al respecto denuncian que el Tribunal de alzada a tiempo de declarar inadmisibles sus recursos, no consideró que el imputado Julio Cesar López Aponte, fue notificado con la Sentencia apelada recién el 15 de octubre de 2009 y el 16 del mismo mes y año en aplicación del art. 125 del Código  de CPP, solicitó Complementación y Enmienda de la mencionada Sentencia, petición que debió ser resuelta por el Tribunal de mérito y con dicha resolución notificarse al Ministerio Público para que conteste o apele, respecto de dicha resolución complementaria, aspecto no considerado por la Sala Penal Primera, vulnerando el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); es decir, su derecho a recurrir.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicito se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 412/2016-RA de 24 de mayo, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, en cumplimiento a los requisitos de flexibilización de los posibles derechos vulnerados.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia 28 de 03 de septiembre de 2009,  refiriendo lo siguiente:


Sobre los hechos acusados, describió que en base a una llamada telefónica a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FECLN),  en sentido que en el sector de la plaza 24 de septiembre, se iba realizar una compra y venta de droga en una vagoneta de color rojo con placa de control 1494-KNP, funcionarios policiales se dirigieron a dicho lugar donde encuentran el vehículo descrito, el cual salía del parqueo con un conductor y su acompañante, siendo interceptado el motorizado y realizado  la requisa se encontró dos maletas, en una de ellas “…se encontró chamaras que entre las frisas contenía…” (sic) sustancias controladas; posteriormente, revisando cuidadosamente las maletas en los bordes interiores se encontró varios paquetes forrados, conteniendo una sustancia negra que sometida a la prueba de campo dio resultado positivo para cocaína con un peso total de 10.112 gramos.


En el acápite de los hechos probados y no probados se señaló que, no se probó la existencia de cocaína; por cuanto, con la prueba de campo no se llegó a comprobar con certeza que la sustancia corresponde a sustancia controlada, ya que el propio Testigo Sargento Maiver Padilla Valle indico que dicha prueba no es determinante para sostener que la sustancia sea cocaína. Asimismo, la fiscalía no presento la muestra de cocaína secuestrada y remitida a laboratorio para su estudio, ni la concurrencia de la perito Marcia Barbery Pinto para dar explicación. Con las pruebas de cargo no se demostró que los imputados hubieren tenido contacto con las maletas, siendo que los dos policías que hicieron el seguimiento del motorizado no se presentaron para testimoniar, no se presentó la maleta ni la prenda de vestir donde supuestamente se encontraba la droga. Consiguientemente, los juzgadores dictaron la resolución en los alcances señalados en el (capítulo I.1. a).


II.2. De la petición de Complementación y enmienda.


Una vez notificado el co procesado Julio Cesar Aponte con la Sentencia el 15 de octubre de 2009,  mediante memorial (fs. 174 y 175), en fecha 16 de octubre de 2009, solicito la complementación y enmienda de la resolución de juicio.


II.3. De la apelación restringida.


Notificado el Ministerio Público con la Sentencia el 16 de septiembre de 2009, interpuso apelación restringida el 12 y 14 de octubre del mismo año, impugnando la resolución de juicio por la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, al no haberse valorado correctamente las Pruebas Literales y el Informe de Laboratorio, sin considerarse que no es importante el resultado producido en el mundo exterior; sino, el fin previo perseguido solicitando en consecuencia la revocatoria de la Sentencia y se declare la autoría de los acusados, en el ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas.


II.4.Del Auto de Vista impugnado.


Radicado el recurso ante la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 154 de 10 de diciembre de 2009, realizando la revisión del mismo señaló que: “… dicho recurso se encuentra fuera de término; es decir, fue interpuesto de forma extemporánea conforme se acredita por la diligencia de la notificación cursante a fs. 164, por lo que no corresponde la consideración de dicho recurso…” (sic); consiguientemente, declaró inadmisible la apelación restringida de fs. 167 a 168 y fs. 169 a 170, interpuesta por los representantes del Ministerio Público.


III.  VERIFICACIÓN DE LA VULNERACION DEL DERECHO A LA IMPUGNACION


En el presente caso, el Ministerio Público denuncia que el imputado a la notificación con la Sentencia solicitó la Enmienda y Complementación, petición que no fue resuelta, con esta respuesta debía notificarse al Ministerio Público para responder o apelar; por cuanto, el plazo para la presentación de su apelación restringida correspondía a partir de la respuesta a la Complementación, sin considerar este extremo los vocales determinaron declarar por extemporáneo la presentación del recurso, la cual va contra el derecho a la segunda opinión.


Por lo que, previo a desarrollar el análisis del caso es preciso establecer en el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal el entendimiento sobre la temática de la Complementación y Enmienda, y el inicio del cómputo de plazo para presentar la apelación restringida.


III.1.Solicitud de complementación y enmienda, y el inicio del cómputo de plazo para la apelación restringida


El Auto Supremo 020/2012-RRC de 14 de febrero, diáfanamente ha establecido que “Las disposiciones contenidas en los arts. 122 al 129 del CPP, regulan los actos y las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales, estableciendo que en el caso de sentencias y autos interlocutorios deberán ser fundamentados expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; ahora bien, en los supuestos en los que se haya incurrido en expresiones oscuras o haya necesidad de suplir alguna omisión o corregir cualquier error material o de hecho, siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas, el art. 125 del CPP, reconoce a las partes el derecho de solicitar la explicación, complementación y enmienda de las sentencias y autos interlocutorios dentro del primer día hábil posterior a su notificación, esto significa que la resolución que vaya a emitirse, se constituye en parte constitutiva de la decisión judicial respecto a la cual se hace uso de la facultad prevista por la Ley Adjetiva Penal.


Este aspecto resulta de trascendencia, habida cuenta que en el caso de que la sentencia haya merecido una petición de explicación, complementación o enmienda, la notificación con la resolución que vaya a emitirse determina el inicio del cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación restringida; es decir, el término de quince días previsto por el art. 408 del CPP, empieza a correr al día siguiente de practicada la notificación con el Auto Complementario, conforme las previsiones del art. 130 parágrafo tercero del citado Código.


Por otra parte, una vez remitidas las actuaciones ante el Tribunal de alzada, éste debe garantizar que las personas sometidas a proceso, puedan ejercitar los derechos que la ley les otorga, debiendo convocar a audiencia pública en los supuestos de que se haya ofrecido prueba o sea haya solicitado expresamente conforme prevé el art. 411 del CPP, en la que se aplican las reglas del juicio oral en lo que le sea pertinente conforme a la previsión del art. 412 del referido Código, pero tomando en cuenta que dicha actuación tiene la finalidad de dar la oportunidad a las partes a exponer sus posiciones y ejercitando el principio de igualdad y el contradictorio, escucharlas en sus respectivas posturas, pudiendo incluso el Tribunal, concluida la última intervención interrogar libremente conforme prevé el artículo citado, sin que el ejercicio de esa potestad implique prejuzgamiento”. (Resaltado nuestro)


Asimismo, debe considerarse que la resolución que se emita como emergencia de una solicitud de complementación y enmienda, forma parte de la Resolución principal y como efecto legal, pospone el plazo para la interposición de los demás recursos ordinarios previstos en el Código Procesal Penal, corriendo el plazo para interponer la apelación restringida al día siguiente de que fuera notificada con dicha resolución de complementación y enmienda; en ese entendido el Auto Supremo 152/2012-RCC de 5 de julio, emitió la siguiente doctrinal legal, que “Una vez emitida la sentencia por parte del Juez o Tribunal de Sentencia y efectuadas las respectivas notificaciones, en ejercicio de la facultad prevista por el art. 125 del CPP, las partes podrán solicitar explicación, complementación y enmienda dentro del primer día hábil posterior a su notificación, correspondiendo a la autoridad judicial emitir el respectivo pronunciamiento defiriendo o rechazando la pretensión a través de una resolución emitida de manera fundamentada en los términos exigidos por el art. 124 del cuerpo legal citado y que forma parte constitutiva e indisoluble de la decisión judicial respecto a la cual se hace uso de la facultad prevista por la Ley Adjetiva Penal.


Ahora bien, la notificación con esa resolución determina el inicio del cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación restringida; lo que implica, que el término de quince días previsto por el art. 408 del CPP, empieza a correr al día siguiente de practicada la notificación con el Auto que resuelva la solicitud de complementación, explicación y enmienda, conforme las previsiones del art. 130 parágrafo tercero del citado Código, sin que sea relevante que la determinación del Juez o Tribunal de Sentencia conceda o rechace la pretensión.


Este entendimiento asumido por este Tribunal encargado de desarrollar la interpretación de la legalidad ordinaria, se funda en la necesidad de asumir una interpretación acorde al principio de favorabilidad en consideración a que la Constitución Política del Estado, al establecer normas relativas a la jurisdicción ordinaria, garantiza en su art. 180.II el principio de impugnación en los procesos judiciales que, de acuerdo a la doctrina, se considera fundamental en todo procedimiento; por tanto, cualquier acto del órgano jurisdiccional que resulte lesivo al interés de las partes y en consecuencia le cause agravios, le permite impugnar los mismos con el propósito que se enmienden los errores o vicios en los que se haya incurrido. Tal es la relevancia de este principio, que en instrumentos internacionales se asume que la impugnación se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


Por otra parte, este entendimiento garantiza la igualdad de las partes para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asisten, en los términos señalados en el art. 119 de la Constitución Política del Estado, pues asumir el criterio de supeditar el inicio del cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación restringida a la decisión que vaya a tomar el Juez o Tribunal de Sentencia respecto a la solicitud de complementación, explicación y enmienda, generaría discrecionalidad cuando no arbitrariedad de parte del tribunal competente, cuando quede a su criterio resolver sobre la admisibilidad o no del recurso de apelación restringida”. (Negrillas nuestras)


Conforme lo señalado, queda establecido que el plazo para la interposición de un recurso de apelación restringida, es de quince días a computarse desde el día siguiente de notificada la Sentencia, o desde el día siguiente de la notificación con el Auto que resolviere una solicitud de explicación, complementación y enmienda, si la hubieren formulado, conforme esta Sala precisó en los Autos Supremos: 152/2012-RRC de 5 de julio y 444/2015-RRC de 29 de junio.


III.2.Análisis sobre el caso concreto.


Respecto a la denuncia central por el Ministerio Público en sentido que el Tribunal de alzada no tomo en cuenta que la complementación y enmienda pedida por el imputado debió responderla y con ella notificar a la Fiscalía y que esta solicitud del acusado es de fecha posterior a las apelaciones; sin embargo, se determinó que las apelaciones fueron presentadas extemporáneamente.


Ahora bien, para el análisis del presente motivo será preciso partir de las notificaciones con la Sentencia a las partes, la solicitud de Complementación y Enmienda, la presentación de la apelación restringida, para la verificación de estos antecedentes estableciendo si se procedió correctamente en la emisión del Auto de Vista impugnado.


Emitida la Sentencia 28 de 3 de septiembre de 2009, se procedió a la notificación con ella al imputado Julio Cesar López el día 15 de octubre de 2009, al día siguiente solicitó mediante memorial la Enmienda y Complementación de dicha resolución, respecto a que en Sentencia no se dispuso la entrega de sus bienes, ni la devolución de la fianza real; por otro lado, se procedió a la notificación con la resolución de juicio al Ministerio Público el 16 de septiembre de 2009, conforme consta de fs. 164, habiendo presentado su apelación restringida en fechas 12 y 14 de octubre del mismo año.


Ante ello el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 154 de 10 de diciembre de 2009, determinó declarar inadmisible la apelación restringida de la Fiscalía por extemporánea, acreditando dicho extremo por las diligencias de notificación a fs. 164, sin corresponder la consideración del recurso.


De la constatación de estos antecedentes queda evidente, que el recurso de apelación restringida planteado por el Ministerio Público el 12 y 14 de octubre de 2009, fue presentado más allá del plazo determinado por el art. 408 del CPP, que establece que: “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia”. Denotando aparentemente que al no presentar la apelación restringida en contra de la Sentencia de grado en el tiempo fijado por ley correspondía declarar su inadmisibilidad, conforme actuó el Tribunal de apelación. Sin embargo de ello, la denuncia del recurrente está dirigida a que debió responder el Tribunal de juicio a la Complementación y Enmienda solicitada por el imputado y recién notificarle para presentar su apelación restringida; es decir, que su plazo corría posterior a la otorgación de la respuesta a la solicitud de Complementación y Enmienda planteada por la contra parte imputado-.


Así establecido la problemática, la afirmación realizada por el Ministerio Público resulta cierta por los siguientes fundamentos: conforme se desarrolló en el apartado III.1. de esta resolución, debe entenderse al Auto de complementación y enmienda como parte indisoluble de la resolución principal; es decir que la Sentencia junto a la Resolución de Complementación y enmienda es un todo, no pudiendo el Tribunal de alzada soslayar, ni dividir con ninguna omisión esta unidad, lo cual aconteció en el presente caso; toda vez que, el Tribunal de alzada al haberse percatado que el co-imputado Julio Cesar López Aponte realizo la solicitud de Complementación y Enmienda a la Sentencia, debió observar esta omisión y derivar nuevamente ante el juzgado de origen afín de que emita la Resolución de Complementación y Enmienda en aplicación estricta del art. 125 del CPP, vinculada al art. 124 de la misma norma adjetiva penal, respondiendo a esta petición de manera fundamentada y no omitir respuesta como lo hizo en el presente reclamo.


En coherencia con ello, la amplia jurisprudencia en aplicación del principio de favorabilidad y de no permitir la arbitrariedad de los jueces de alzada estableció (como se explica en el punto III.1. de esta resolución) de manera uniforme que emitida la Sentencia de rigor, y existiendo una solicitud de Complementación y Enmienda, resuelta dicha petición mediante Resolución fundada y notificada dicha decisión, recién corre el plazo para la presentación de la apelación restringida para las partes del proceso, entonces, el Tribunal de apelación al haber obviado controlar la ausencia de la Resolución de Complementación y Enmienda incurrió en vulneración del derecho de recurrir que tiene el recurrente; toda vez que, que pronunciado dicha resolución complementaria correspondía recién notificársele y computarse los quince días previstos por la normativa procesal; aspecto que debe corregirse afín de que las partes planteen los recurso pertinentes una vez resuelto la petición de complementación, entonces, en razón de esta argumentación el Tribunal de alzada tiene la obligación de remitir actuados procesales afín de que el Tribunal de Sentencia se pronuncie respecto a la solicitud de Complementación y Enmienda procediendo a la notificación con dicha determinación.


Por ello, al haber resuelto el Tribunal de alzada la extemporaneidad de la presentación de la apelación restringida, sin previamente verificar la existencia de una solicitud de Complementación y Enmienda pendiente y sus efectos jurídicos respecto al cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación restringida, no realizo un efectivo control incurrido así en la vulneración del derecho a impugnación prevista por el art. 180.II de la CPE; consiguientemente, el presente recurso deviene como fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 154 de 10 de diciembre de 2009, y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.


Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.     


Regístrese, hágase saber y cúmplase


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA