TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 457/2016-RRC

Sucre, 16 de junio de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 13/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Gustavo Yucra Estrada

Delito                                : Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de enero de 2016, cursante de fs. 557 a 575, Gustavo Yucra Estrada, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 141 de 9 de septiembre de 2015 (fs. 544 a 546), integrado por los Vocales Mírael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rosmery Rodríguez Delgadillo en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP), con la modificación establecida en la Ley 348 de 9 de marzo de 2013.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 19/2015 de 21 de mayo (fs. 489 a 501), el Tribunal de Sentencia de Buena Vista del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Gustavo Yucra Estrada, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis. del CP, modificado por el art. 83 de la Ley 348, imponiéndole la pena de veinte años de presidio, más la imposición de costas y gastos ocasionados al Estado; asimismo, por memorial solicitó Complementación y Enmienda (fs. 506 a 507), resolución que fue Complementada por Auto de 25 de mayo de 2105 (fs. 508 a 509).


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 511 a 514 vta.), resuelto por Auto de Vista 141 de 9 de septiembre de 2015, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resolvió admitir y declarar improcedente el recurso planteado, notificado el imputado solicitó Explicación, Complementación y Enmienda; empero, fue rechazado por Auto de 24 de diciembre de 2015 (fs. 553 y vta.), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 256/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Denuncia, violación al derecho a la defensa por la existencia de defecto absoluto insubsanable o inconvalidable porque se presentó una querella, la misma que nunca le fue notificada, que reclamó vía recurso de apelación restringida que dentro del juicio oral se incidentó actividad procesal defectuosa, porque nunca se le notificó con la querella presentada por la madre de la víctima, incidente que el Tribunal de Sentencia lo rechazó mediante Auto interlocutorio de 14 de mayo de 2015, argumentando que la interposición fue extemporánea y habría precluido su derecho, a este fallo hizo reserva de apelación restringida y reclamó dicho defecto en esa instancia señalando que se infringió el debido proceso y derecho a la defensa solicitando se anule el proceso y se disponga que se le notifique con la querella; sin embargo, el Auto de Vista declaró improcedente ese motivo señalando que debió reclamar ante el Juez de control jurisdiccional; por lo que, su derecho precluyó, argumentación que resulta ilegal según él recurrente; posteriormente, reclamó mediante Complementación y Enmienda, señalando que hasta el momento de la acusación fiscal nunca se le notificó con la querella en la fase preparatoria; empero, le respondió que una vez conocida la querella debió plantear su pedido en la fase investigativa sin tomar en cuenta que precisamente eso fue lo que hizo porque se enteró de la existencia de la querella con la acusación fiscal cuando ya no podía plantear ningún incidente ante el juez cautelar; por cuanto, se le puso en un estado de indefensión al no haberle notificado personalmente con la querella infringiendo los arts. 169 inc. 3) con relación al 291 del CPP, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que las notificaciones tienen la finalidad de hacer conocer real y efectivamente al destinatario sobre alguna determinación jurisdiccional; por lo que, las autoridades judiciales o administrativas deben extremar esfuerzos para que las partes conozcan efectivamente sus resoluciones; también, refirió la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia para señalar que los Tribunales de Apelación y de casación tienen la labor de revisión minuciosa de los antecedentes del proceso y que si advierten defectos absolutos éstos deben ser corregidos aún de oficio y el Auto de Vista en lugar de corregir dicho defecto lo convalidó; además, señala que se debe resguardar el derecho a la defensa aspecto que el Auto de Vista no corrigió pese a que se explicó que el acusado no tuvo conocimiento de la querella y nunca se le notificó con dicho actuado y vulnerando el derecho al debido proceso en su componente al derecho a la defensa técnica  [art. 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE)], al respecto invocó el Auto Supremo “272 de 14 de mayo de 2009”. 


2) Señala, que en su recurso de apelación restringida denunció la violación al derecho al debido proceso en su componente de la violación al derecho a la defensa, porque se introdujo pruebas documentales referentes a pericias realizadas en la fase investigativa sin su consentimiento las cuales son: a) Certificado Médico Forense de 16 de octubre de 2014; y, b) Informe Psicológico pericial de 24 de octubre de 2014, cuestión de la cual el Tribunal de alzada respondió que el imputado ya tuvo conocimiento de todos los actos del proceso, porque se demostró que fue legalmente notificado e inclusive se le proporcionó las fotocopias del todo el cuaderno de investigación y por el tiempo transcurrido precluyó su derecho, respuesta que no puede ser aceptada porque es lacónica y carece de fundamento incurriendo en incongruencia omisiva, violando el derecho al debido proceso y el principio de logicidad que deben tener las resoluciones; asimismo, refiere que solicitó se complemente varios aspectos relacionados al motivo expuesto; sin embargo, le contestaron que si la supuesta omisión se habría dado en la fase preliminar o preparatoria en este caso el acusado tenía vía expedita para poder reclamar esa omisión o defecto ante el Juez de control jurisdiccional por la actuación irregular del Ministerio Público y al no hacerlo en su debida oportunidad ha dejado precluir su derecho; este razonamiento del Auto de Vista, viola el derecho al debido proceso en su componente de violación al principio de legalidad; toda vez, que no toma en cuenta el art. 346 del CPP, que da la posibilidad legal para poder incidentar en sede de juicio oral la exclusión probatoria de elementos de prueba obtenidos ilícitamente, tal como lo es ese punto (jamás se le notificó con el requerimiento para realizar la pericia de las pruebas señaladas, no se le entrego copias del cuaderno); por lo que, no se dio cumplimiento al art. 204 del CPP; en consecuencia, señaló que se le impidió objetar los puntos de pericia, la realización de la misma, recusar al perito, etc., vulnerando los arts. 117.I. y 115.II. de la CPE y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, al no haberse dispuesto la notificación con la pericia por parte del Ministerio Público y El Juez Cautelar. Haciendo referencia a la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo de Justicia señaló que toda resolución judicial debe estar debidamente fundamentada y el Tribunal de apelación no explicó de forma alguna cómo dejó precluir su derecho de objetar las pericias en la fase investigativa, cuando en realidad el Ministerio Público jamás le notificó para que pueda hacerlo dejándole en indefensión. Así también, respecto de la doctrina legal aplicable emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, señaló que el Tribunal de alzada y de casación tienen la labor de revisión minuciosa de los antecedentes del proceso y verificar si los Tribunales o Jueces inferiores observaron el cumplimiento de las normas que regulan su tramitación y advirtiendo la existencia de defectos absolutos estos deben ser corregidos aún de oficio por el Tribunal de alzada o casación; por otro lado, señala que la proposición y ofrecimiento de la prueba, así como su respectiva producción dentro del proceso penal, constituye un elemento esencial del derecho a la defensa del procesado, pues constituye en el único medio para desvirtuar la acusación en su contra; sin embargo, ese razonamiento no fue cumplido por el Tribunal de apelación porque emitieron su fallo sin resolver el motivo planteado en el recurso de apelación restringida siendo que solo señaló que su derecho a precluido y su reclamo es inoportuno, siendo este razonamiento vulneratorio de la fundamentación y de la logicidad, porque no establece en que momento o acto procesal podía haber reclamado respecto a las pericias, para que se califique como prelucido teniendo en cuenta que jamás tuvo conocimiento de la realización de las mismas; por lo que, incumplieron con la doctrina legal señalada. 


Con relación a la temática planteada, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 272 de 14 de mayo de 2009.


3) El Auto de Vista incurre en una resolución infra petita o ex silentio porque en su recurso de apelación restringida denunció incorrecta valoración probatoria de la declaración de la menor supuestamente víctima del delito por el cual se le procesa, porque el Tribunal de Sentencia la única prueba que valoró fue la declaración de la víctima, sin que se introduzca la pericia de credibilidad de tal declaración como lo es la pericia del Psicólogo Forense, al respecto los Vocales ni en el Auto de Vista y su complementario se pronunciaron al respecto dejándole en indefensión y en vulneración de los arts. 115.I, 117.II, 119 de la CPE y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, al respecto señala que la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo de Justicia estableció que les prohíbe el pronunciamiento más allá de lo solicitado, pero por otro lado manda a pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados consecuentemente actuar en contrario es incurrir en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, en vulneración del debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, este aspecto lo contrasta con el Auto de Vista y señala que dicha resolución nunca resolvió este motivo de apelación el mismo que para el ejercicio de su defensa era vital a fin de permitir el reenvió del proceso penal que se encontraba con violaciones a derechos y garantías constitucionales en su perjuicio que podía permitir un cambio de su situación jurídica; por lo que, el Auto de Vista actuó en contra de la doctrina legal establecida para este caso, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 123/2015 RRC de 24 de febrero.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se declare admisible su recurso y como resultado de la aplicación de la justicia penal dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo la línea jurisprudencial vinculante respectiva.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 256/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 583 a 586 vta., este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. Del desarrollo de la audiencia de juicio de 14 de mayo de 2015.


Instalada la audiencia, la abogada de la defensa formuló: i) Incidente de actividad procesal defectuosa; por cuanto, el imputado no fue notificado con la querella presentada por Rosmery Rodríguez Delgadillo de Montaño; y, ii) Incidente de exclusión probatoria del certificado médico forense puesto que el requerimiento de 16 de octubre de 2014 no fue puesto en conocimiento del imputado; asimismo, tampoco fue notificado con el informe pericial psicológico de 24 de octubre de 2014 que emerge del requerimiento de 14 de octubre de 2014; arguyendo, que al no haber sido notificado con dichos informes no pueden ser tomados puesto que no pudo ofrecer una contra pericia. Corrido en traslado al representante del Ministerio Público, señaló que el acusado fue cambiando de abogados que lamentablemente no hicieron seguimiento; empero, desde el primer momento del proceso, desde que se interpuso la denuncia en contra del acusado y todos los requerimientos que solicitó el acusado fueron atendidos, que solicitó fotocopias el mismo día de la audiencia cautelar, solicitó fotocopias de todo el cuaderno de investigación, que el imputado presentó testigos de descargo, solicitó requerimientos que se dieron curso no habiendo derecho alguno que se hubiere vulnerado del acusado, teniendo conocimiento de todos los actuados; por lo que, conoció y es tácita la notificación con la querella, con referencia al certificado médico forense en las partes puntuales del informe fue realizado a efectos de sustentar tanto la imputación como la acusación y fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Corrido en traslado a la acusadora particular, se ratificó en lo mencionado por el Ministerio Público, resolviendo la autoridad judicial mediante Resolución 40/15 de 14 de mayo de 2015 (fs. 451 a 452 vta.), que respecto al primer incidente señaló que: “de las pruebas presentadas por el Ministerio público, se tiene que el imputado en fecha 20 de noviembre de 2014, presentó al Ministerio Público un memorial solicitando fotocopias legalizadas de todos los actuados, por lo que la Sra. Fiscal ordena se franqueen dichas fotocopias el 21 de Noviembre de 2014 y las mismas son recogidas de la fiscalía por parte del Sr. Reinaldo Estrada Flores, por lo que para el Tribunal, el imputado desde el 21 de Noviembre de 2014 tuvo conocimiento de la querella de fecha 21 de octubre de 2014 saliente de fs. 197 y vta., por lo que a la fecha 14 de mayo de 2015 han transcurrido más de 6 meses y recién efectúa el reclamo por lo a precluido su derecho de reclamar en razón a que no solicitó al juez cautelar se corrija este defecto; por lo que corresponde rechazar el incidente planteado”. Respecto al incidente de exclusión probatoria del certificado médico, en el cuaderno presentado como prueba por el Ministerio Público se tiene que el imputado el 20 de noviembre de 2014 presentó al ministerio público un memorial solicitando fotocopias legalizadas de todos los actuados; por lo que, la Fiscal ordena se franqueen dichas fotocopias el 21 de noviembre de 2014 y las mismas son recogidas de la fiscalía por Reinaldo Estrada Flores; por cuanto, para el Tribunal el imputado desde el 21 de noviembre de 2014 tuvo conocimiento del examen forense; por lo cual, a la fecha 14 de mayo de 2015 transcurrieron más de seis meses, entonces precluyó su derecho de reclamar. En cuanto, al incidente de exclusión probatoria del informe psicológico pericial en el cuaderno presentado como prueba por el Ministerio Público se tiene que el imputado el 1 de diciembre de 2014, presentó al ministerio público un memorial solicitando requerimiento donde textualmente dice: “señora fiscal como quiera que la supuesta víctima en la entrevista psicológica, menciona que el día sábado 4 en la noche de octubre mi persona abuso sexualmente, cuando ella se encontraba dormida junto con su hermanito en su cuarto, dice que mi persona ingreso a su cuarto, la levante en mis brazos y la eche en la alfombra, y abuse de ella”, de lo expuesto se tiene que el imputado desde el 1 de diciembre de 2014 ya tenía conocimiento de la entrevista psicológica; es decir, tácitamente se notificó con la misma y contra dicha prueba no accionó oportunamente ningún recurso dejando precluir etapas en el proceso; además, que solicitó fotocopias legalizadas de todos los actuados el 20 de noviembre de 2014 las que fueron franqueadas, fundamentos; por lo que, dispuso rechazar los incidentes. 

   

II.2. De la Sentencia.


Por Sentencia 19/2015 de 21 de mayo, el Tribunal de Sentencia de Buena Vista del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declara al imputado Gustavo Yucra Estrada, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP modificado por el art. 83 de la Ley 348, imponiéndole la pena de veinte años de presidio, más la imposición de costas y gastos ocasionados al Estado; bajo los siguientes hechos probados:


1) Que Rosmery Rodríguez Delgadillo solicitó a su sobrina Heidy Zarate Rodríguez, para que se quede en su domicilio en fechas 4 y 5 de octubre de 2014 al cuidado de sus dos hijos menores AA de 11 años y NN de 9 años.


2) Que Heidy Zarate Rodríguez y su esposo Gustavo Yucra Estrada se quedaron a dormir en el domicilio de Rosmery Rodríguez Delgadillo en fecha 4 y 5 de octubre de 2014, los mismos que estaban al cuidado de los hijos de Rosmery Rodríguez Delgadillo.


3) El acusado Gustavo Yucra Estrada se quedó a dormir en fecha 4 y 5 de octubre de 2014, conjuntamente con su esposa Heidy Zarate y su hija menor, se acostaron en el dormitorio de Rosmery Rodríguez acompañando a los menores AA y NN, que dormían en una pieza que había al lado del dormitorio donde dormía el acusado con su esposa.


4) Se ha probado que el 4 y 5 de octubre de 2014 que AA y NN, dormían en el dormitorio de su domicilio que estaban al cuidado de Heydi Zarate Rodríguez y su esposo, quienes dormían en el dormitorio de Rosmery Rodríguez Delgadillo.


5) Que Gustavo Yucra Estrada, al amanecer del 5 de octubre de 2014 fue al dormitorio de los menores y procedió a abusar sexualmente de la menor AA.


6) La menor AA cuando estaba siendo abusada sexualmente, al amanecer del 5 de octubre de 2014 reconoce a su agresor Gustavo Yucra Estrada, quien le pidió a la menor que se calle y la amenazó que no diga nada a nadie.


7) La menor AA cuando fue abusada sexualmente por el imputado tenía 11 años de edad.


II.3.Del recurso de apelación incidental y restringida del imputado.


El imputado Gustavo Yucra Estrada, interpuso recurso de apelación restringida, reclamando los siguientes agravios, vinculados a los motivos de casación:


1) La apelación incidental contra el Auto de 14 de mayo de 2015; puesto que, asevera: i) Formuló incidente de actividad procesal defectuosa por falta de notificación a su persona con la querella de 21 de octubre de 2014 que fue interpuesta por Rosmery Rodríguez Delgadillo para que pueda activar su derecho a la defensa conforme prevé el art. 291 del CPP; ii) También formuló incidente de exclusión probatoria de: a) Certificado médico forense de 16 de octubre de 2014, que fue emitido en calidad de informe pericial por el médico forense; sin embargo, dicho requerimiento no fue puesto a conocimiento de su persona en su condición de imputado a efectos de resguardar su derecho a la defensa y menos el informe médico forense; y, b) Informe psicológico pericial de 24 de octubre de 2014 que fue emitido en calidad de informe pericial a requerimiento fiscal de 16 de octubre de 2014; empero, no fue puesto a conocimiento de mi persona; incidentes, que fueron rechazados por el Tribunal a quo, que respecto al primer y segundo incidente Reynaldo Estrada Flores supuestamente habría recibido fotocopias legalizadas; empero, no es su abogado ni representante legal; por lo que, no se puede pretender darle por notificado con la querella de 21 de noviembre de 2014 y menos aún con el requerimiento de 16 de octubre de 2014 que tampoco le fue notificado. Con relación al rechazo del tercer incidente no consideró que el requerimiento de 16 de octubre de 2014 no le fue notificado, lo que conculca sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso y derecho a la defensa; por cuanto, las mencionadas pruebas al no haber sido obtenidas legalmente, carecen de validez jurídica y eficacia probatoria que no pueden servir para fundar ninguna decisión.

 

2) Como primer motivo de apelación restringida denuncia violación al derecho constitucional de la defensa y el debido proceso; por cuanto, se valoró como prueba el testimonio de la supuesta víctima sin que de la misma se habría realizado la pericia psicológica forense correspondiente, no estableciéndose el grado de credibilidad del testimonio; por lo que, la supuesta víctima cuenta con trece años de edad; sin embargo, dicha declaración sirvió para fundar la existencia de acceso carnal “sin embargo ha sido legalmente incorporada en juicio”, violando su derecho a la defensa y el debido proceso así como el principio constitucional de la presunción de inocencia.

          

II.4. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 141 de 9 de septiembre de 2015, declara admisible e improcedente el recurso planteado y confirma la Sentencia, bajo los siguientes argumentos:


1) Previa referencia sobre el delito de Violación, respecto a la apelación restringida manifiesta, que en el memorial de apelación no fundamenta nada en concreto ni sustancial, no ha cumplido con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP; por lo que, no hace una expresión de agravios, no cita concretamente las leyes que se consideren violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que se pretende; es decir, no indica separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exige los “Arts. 169, 370, 396 inc. 3) y 408”, “simplemente se aboca a decir que se habría valorado como prueba el testimonio de la víctima, sin que de la misma se hubiese realizado la pericia psicológica forense no se habría podido establecer el grado de credibilidad del referido testimonio y que dicha declaración ha servido para fundar la sentencia”, que el informe médico forense no ha podido establecer ningún signo de agresión sexual, solo ha encontrado signos de desfloración antigua que no determina que hubiere sido causado por su persona; tampoco, se ha valorado la declaración de Heidy Zárate Rodríguez, estos argumentos si bien son subjetivos y superficiales de ningún modo pueden ser considerados; sino, va aparejada la fundamentación del porqué se dan esos hechos y cómo se pretende su realización, pues no basta decir que se ha violentado alguna disposición legal si no se fundamenta y explica de qué manera se da esa violación al derecho; sin embargo, pese a ello y a fin de no causar indefensión al imputado, debemos decir que a criterio de este Tribunal de alzada  y de la simple lectura de las declaraciones testificales en el acta de juicio oral y la valoración que le otorgó el Tribunal inferior a dicha prueba se ha llegado a establecer que no existe ninguna contradicción ni confusión ya que las mimas son muy esclarecedoras respecto al hecho principal y la conducta del imputado en el delito de Violación; entonces, aquí es clara la aplicación del principio de Verdad Material previsto por el art. 180.I de la CPE. Agrega, que se evidencia que el abuso sexual contra la menor AA de 11 años de edad, es un hecho real y concreto que no se puede desvirtuar con ningún tecnicismo jurídico o supuestas valoraciones defectuosas de testigos como pretende el imputado apelante, pues según lo determina el informe médico forense emitido por José Enrique Burgos Rocha y ratificado en el juicio oral ante el Tribunal, determina claramente que la menor ha sufrido una agresión sexual; sin embargo por la relación y concatenación con las demás pruebas tanto testifical, material y documental se llega a comprobar plenamente que el autor del delito es el imputado, pues la propia víctima se presentó en audiencia de juicio oral y de manera precisa señaló al imputado como su agresor sexual y al mismo tiempo hace un relato detallado respecto a la forma en que fue abusada por el imputado; entonces, las demás pruebas han sido introducidas y judicializadas por su lectura y merecen todo el criterio legal para fundar una sentencia. En este caso la víctima fue propuesta por la acusación particular como testigo y en mérito a lo que establece el art. 180 de la CPE; por lo que, la declaración de la víctima constituye una prueba material que fue depuesta en audiencia de juicio oral con todas las formalidades de ley. Que la situación de responsabilidad penal del imputado emerge de las pruebas de cargo producidas e incorporadas al juicio oral; por cuanto, el Tribunal inferior resolvió adjudicar credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público y de la acusación particular así como al informe médico pericial, especialmente a la testigo víctima; por cuanto, el testimonio de la víctima tiene aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia por no existir razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan formar la convicción del Tribunal, la execrable violación de la que fue objeto la menor AA es un hecho concreto y real que se halla plenamente acreditado con las pruebas materiales y documentales de cargo; toda vez, que el hecho delictivo ha sido corroborado por el informe médico legal al que también el Tribunal le adjudica credibilidad y que no precisa de otros medios de prueba para probar la acusación formal; por cuanto, la fiscal ha actuado dando cumplimiento a las previsiones de los arts. 11, 12, 13, 16, 21 de la ley 1970 y art. 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), las pruebas ofrecidas han sido incorporadas al juicio oral por su lectura conforme al procedimiento que rige la materia, así como también las pruebas han sido debidamente valoradas por el Tribunal inferior en uso de las reglas de la sana crítica conforme a los arts. 124, 171 y 173 del CPP.


2) Respecto a la apelación incidental sobre la supuesta falta de notificación al imputado con la querella, debemos indicar que ese aspecto debió reclamarlo en su debida oportunidad a través del incidente de objeción de querella o incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa ante el juez de control jurisdiccional; sin embargo, ha dejado precluir su derecho de reclamar en forma posterior; empero, pese a ello la finalidad que tiene una notificación, no es que se busque al imputado hasta que se consiga su firma en la diligencia, sino que su finalidad es que el imputado tenga conocimiento de la querella y los documentos aparejados, situación que en este caso se ha cumplido y el querellado ya tenía conocimiento de la acción penal por el delito de violación, por tal motivo se ha rechazado ese incidente en audiencia de 14 de mayo de 2015; respecto, al segundo incidente de exclusión probatoria debemos decir que el imputado ya tuvo conocimiento de todos los actos del proceso porque se ha demostrado que ha sido legalmente notificado e inclusive se le proporcionó las fotocopias de todo el cuadernillo de investigación.


II.5. Del Auto Complementario de 24 de diciembre de 2015.


Notificado el imputado con el Auto de Vista recurrido, solicitó explicación, Complementación y Enmienda (fs. 551 a 552 vta.), que fue resuelto por Auto de 24 de diciembre de 2015 bajo la siguiente conclusión: que lo observado por el sentenciado no tiene razón de ser; por cuanto,  la Resolución de 9 de septiembre de 2015, es claro y contiene la respectiva fundamentación y valoración de conformidad a los arts. 124, 171 y 173 del CPP; sin embargo, por la vía de explicación se debe manifestar que el acusado refiere que no fue notificado con la querella y ahora se pregunta en qué momento procesal tendría que plantear el incidente de objeción de querella, lógicamente que a partir de su notificación ya sea expresa o tácita y en este caso el acusado no ha reclamado dicha situación en su debida oportunidad, en ese sentido debemos tener presente que dentro de un proceso penal existen plazos, etapas procesales que concluyen y comienzan otras, no se puede retrotraer el procedimiento a capricho de los sujetos procesales; y, en este caso se le ha explicado al acusado que al tener conocimiento de la querella se ha cumplido la finalidad de la notificación prevista en la última parte del art. 166 y 170 del CPP; en cuanto, al segundo punto el mismo acusado admite que “durante la fase de la investigación”, se habrían obtenido pruebas documentales o periciales sin su consentimiento, al respecto diremos que si esa supuesta omisión se habría dado en la fase preliminar o preparatoria, en ese caso el acusador tenía la vía expedida de poder reclamar esa omisión o defecto ante el Juez de control jurisdiccional por la actuación irregular del Ministerio Público, al no hacerlo en su debida oportunidad dejó precluir su derecho, fundamentos por el que rechazó la solicitud de Complementación y Enmienda, teniéndose por explicada la impugnación, manteniéndose vigente el Auto de Vista recurrido.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el caso presente, la parte recurrente denunció, que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción con los precedentes invocados; respecto a la: i) Violación al derecho a la defensa puesto que se presentó una querella que nunca le fue notificada; ii) falta de fundamentación respecto a su denuncia de violación al debido proceso, toda vez, que se introdujo el certificado médico forense de 16 de octubre de 2014 y el informe psicológico pericial de 24 de octubre de 2014 sin su consentimiento, debido a que no fue notificado con dichos actuados; y, iii) Que el Auto de Vista incurrió en infra petita o ex silentio, puesto que, no se pronunció respecto a la incorrecta valoración probatoria de la declaración de la menor ya que fue la única prueba que valoró el Tribunal de sentencia, sin que se introduzca la pericia de declaración de tal declaración.

III.1. Sobre la supuesta violación a los derechos a la defensa y al debido proceso, ante la falta de notificación con la querella y el requerimiento para realizar la pericia del certificado médico forense y el informe psicológico pericial.


A los fines de evitar reiteraciones innecesarias los motivos primero y segundo identificados en el acápite I.1.1., de este Auto Supremo, serán analizados de manera conjunta; es así, que el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada por una parte declaró improcedente la violación al derecho a la defensa, habida cuenta que se presentó una querella que nunca le fue notificado; y, por otra parte reclama la falta de fundamentación ante la violación al derecho al debido proceso, puesto que se introdujo el certificado médico forense de 16 de octubre de 2014 y el informe psicológico pericial de 24 de octubre de 2014 sin su consentimiento, debido a que no se le notificó con dichos actuados.


Previamente corresponde señalar, que la Constitución Política del Estado en actual vigencia, en el marco de las garantías reconocidas a todo ciudadano, establece el principio de impugnación previsto en el art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en definitiva la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. También es evidente que para la vigencia de éste derecho, existe regulación especial en nuestro caso  en el CPP; en cuanto, a los medios de impugnación contra fallos pronunciados en materia penal, previendo requisitos de procedencia, el procedimiento aplicable, así como las limitaciones a dicho derecho.


Por cuanto al recurso de apelación incidental previsto por el art. 403 del CPP, se tiene que procede ante resoluciones judiciales pronunciadas durante la sustanciación del proceso penal en los casos previstos en dicho precepto legal y ante una presunta transgresión a las normas sustantivas y/o adjetivas por el Juez o Tribunal que emite una resolución interlocutoria, una vez activado éste medio de impugnación por la parte que se considera ilegítimamente afectada, después de correrse con el respectivo trámite, es el Tribunal superior, quien en definitiva y como última instancia, resuelve la procedencia o no de la cuestión planteada, así se extrae de los arts. 406 y 416 del CPP.


En ese entendido el art. 416 del CPP, instituye que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; del segundo párrafo, de la referida norma se colige que para la procedencia de este recurso el precedente debe ser invocado a tiempo de plantear el recurso de apelación restringida, de ello se establece que el recurso de casación sólo procede contra Autos de Vista pronunciados dentro de un recurso de apelación restringida, que en los hechos implica la impugnación de la Sentencia.


Al respecto, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecida en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló: “De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia”, entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: “...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


Cabe destacar que el art. 403 del CPP, contiene un catálogo de resoluciones, que son pronunciadas durante la sustanciación del proceso como emergencia de haberse suscitado excepciones o incidentes, que son impugnables mediante el recurso de apelación incidental que no admiten ulterior recurso, entendimiento que tiene plena coherencia con lo dispuesto por el art. 394 del CPP; es decir, con base a la interpretación integral de la norma procesal penal, se tiene que el recurso de casación no procede contra los Autos de Vista que resuelven los recursos de apelación incidental, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir.


Ahora bien, de la revisión de antecedentes, conforme se extrajo en el acápite II.1., de este Auto Supremo, se tiene que durante la sustanciación del juicio, el imputado interpuso incidentes de: i) Actividad procesal defectuosa, alegando que no fue notificado con la querella presentada por Rosmery Rodríguez Delgadillo de Montaño; y, ii) Exclusión probatoria del certificado médico forense, arguyendo que el requerimiento de 16 de octubre de 2014 no fue puesto en su conocimiento; por cuanto, no le fue notificado con el mismo ni con el informe pericial psicológico de 24 de octubre de 2014, que emerge del requerimiento de 14 de octubre de 2014, que fueron rechazados por Resolución de 14 de mayo de 2015, notificado el imputado solicitó, complementación y explicación, que fue aclarado por el Tribunal de sentencia de Buena Vista, manteniéndose firme la resolución cuestionada, concluido el juicio oral y emitida la Sentencia, a tiempo de interponer la apelación restringida; también, interpuso apelación incidental contra la citada Resolución de 14 de mayo de 2015, que fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 141 de 9 de septiembre de 2015, conforme se extrajo en el apartado II.4., de este Auto Supremo que sobre la supuesta falta de notificación con la querella, señaló que debió ser reclamado en su debida oportunidad a través del incidente de objeción de querella o incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa ante el juez de control jurisdiccional; sin embargo, dejó precluir su derecho de reclamar en forma posterior, agregando, que pese a ello, la finalidad que tiene una notificación, no era que se busque al imputado hasta que se consiga su firma en la diligencia; sino, que su finalidad era que el imputado tenga conocimiento de la querella y los documentos aparejados, situación que en el caso se habría cumplido, teniendo el querellado ya conocimiento de la acción penal por el delito de Violación, por tal motivo se habría rechazado el incidente; respecto, al incidente de exclusión probatoria aseveró que el imputado ya tuvo conocimiento de todos los actos del proceso, porque se habría demostrado que fue legalmente notificado e inclusive se le proporcionó las fotocopias de todo el cuadernillo de investigación, aclarando el Tribunal de alzada mediante Auto de 24 de diciembre de 2015, conforme se extrajo en el acápite II.5., de esta Resolución, que explicó al acusado que al tener conocimiento de la querella se cumplió la finalidad de la notificación prevista en la última parte del art. 166 y 170 del CPP; con relación al segundo punto, el mismo acusado habría admitido que “durante la fase de la investigación”, se habrían obtenido pruebas documentales o periciales sin su consentimiento; al respecto, si esa supuesta omisión se habría dado en la fase preliminar o preparatoria, en ese caso el acusado tenía la vía expedida de poder reclamar esa omisión o defecto ante el Juez de control jurisdiccional por la actuación irregular del Ministerio Público, al no hacerlo dejó precluir su derecho.


Por los fundamentos expuestos, se advierte que el Auto de Vista ahora impugnado, resolvió el recurso de apelación incidental; por lo que, en observancia del primer párrafo del art. 394 del CPP, no es posible que sea impugnado mediante recurso de casación; en consecuencia, no puede ser contrastado con los Autos Supremos 272 de 4 de mayo de 2009 y 297/2012-RRC de 20 de noviembre que fueron invocados por el recurrente; puesto que, las Resoluciones que resuelven cuestiones incidentales sólo admiten el recurso de apelación incidental sin recurso ulterior en la vía ordinaría; en tal situación, los motivos en cuestión devienen en infundados.


III.2. Sobre la supuesta falta de pronunciamiento del Auto de Vista recurrido.


Con relación a la temática en la que el recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en infra petita o ex silentio, ante su reclamo referido a la incorrecta valoración probatoria de la declaración de la menor; por lo que, habría sido la única prueba que valoró el Tribunal de sentencia, invocó los Autos Supremos 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 123/2015-RRC de 24 de febrero; de su revisión, se constata, que ambos en sus doctrinas legales aplicables abordan que el Tribunal de alzada debe pronunciarse a todos los puntos impugnados, en ese entendido, este Tribunal se limita a consignar únicamente uno de los Autos Supremos referidos, a efectos de evitar reiteraciones innecesarias.


Es así, que el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en un proceso seguido por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, donde el Tribunal de casación constató que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva; por cuanto, no circunscribió su pronunciamiento a las cuestiones planteadas, constituyendo defecto absoluto inconvalidable, situación por el que fue dejado sin efecto, con la siguiente doctrina legal aplicable: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; derecho que, es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”. (El resaltado nos corresponde).


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se extracto en el apartado II.3, de este Auto Supremo, resulta evidente que el recurrente al momento de interponer su recurso de apelación restringida, reclamó sobre la valoración del testimonio de la supuesta víctima sin que de la misma se haya realizado la pericia psicológica forense, arguyendo que no estableció el grado de credibilidad del testimonio; sin embargo, dicha declaración habría servido para fundar la existencia de acceso carnal, violando su derecho a la defensa y el debido proceso así como el principio constitucional de la presunción de inocencia.


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista recurrido, conforme se extrajo en el acápite II.4, de esta Resolución, se advierte que el Tribunal de alzada abrió su competencia en sus considerados cuarto y quinto, donde previa referencia sobre el delito de Violación, señaló que el memorial de apelación no fundamentó nada en concreto ni sustancial, que no cumplió con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP; por cuanto, no hizo una expresión de agravios, no citó concretamente las leyes que se consideren violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que pretende; “simplemente se aboca a decir que se habría valorado como prueba el testimonio de la víctima, sin que de la misma se haya realizado la pericia psicológica forense no se habría podido establecer el grado de credibilidad del referido testimonio y que dicha declaración ha servido para fundar la sentencia”; no obstante, el Tribunal de alzada, a fin de no causar indefensión al imputado, constató, que en el caso se aplicó el principio de verdad material, aclarando, que el abuso sexual contra la menor AA de 11 años de edad fue un hecho real y concreto que no se puede desvirtuar con ningún tecnicismo jurídico o supuestas valoraciones defectuosas de testigos como pretendería el imputado, constatando además que según el informe médico forense emitido por José Enrique Burgos Rocha y ratificado en juicio oral ante el Tribunal, claramente determinaría que la menor sufrió agresión sexual y que por la relación y concatenación con las demás pruebas tanto testifical, material y documental, se llegó a comprobar que el autor del delito fue el imputado,  la propia víctima se presentó en audiencia de juicio oral y de manera precisa habría señalado al imputado como su agresor sexual, señalando el Tribunal de alzada que las pruebas fueron introducidas y judicializadas por su lectura; y, que merecen todo el criterio legal para fundar una sentencia.


Continuando con los argumentos de la Resolución recurrida, añadió, que la víctima fue propuesta por la acusación particular como testigo y que en mérito a lo que establece el art. 180 de la CPE, su declaración constituyó una prueba material que fue depuesta en audiencia de juicio oral con todas las formalidades de ley; además, la Sentencia no solo se basó en la sola declaración de la menor; puesto que, constató que la responsabilidad penal del imputado emergió de las pruebas de cargo producidas e incorporadas al juicio oral, que el Tribunal inferior resolvió adjudicar credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público y de la acusación particular, así como al informe médico pericial, especialmente al testimonio de la víctima que tiene aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia por no existir razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan formar la convicción del Tribunal, concluyendo el Tribunal de apelación, que la execrable violación de la que fue objeto la menor, fue un hecho concreto y real que se halló plenamente acreditado con las pruebas materiales; y, documentales de cargo.


De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia, que la denuncia interpuesta por el recurrente no resulta evidente; por cuanto, se observa que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, no incurrió en una Resolución infra petita o ex silentio; toda vez, que sí se pronunció ante su reclamo; por lo que, constató que no hubo una incorrecta valoración de la declaración de la menor; sino, por el contrario explicó que la víctima fue propuesta como testigo por la acusación particular y que su declaración constituyó una prueba material que fue depuesta en audiencia de juicio oral con todas las formalidades de ley; también, el testimonio de la víctima tenía aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia, agregando además que la Sentencia no solo se basó en la sola declaración de la menor; sino, que la responsabilidad penal del imputado emergió de las pruebas testificales de cargo producidas e incorporadas al juicio oral, así como del informe médico pericial, concluyendo, que la violación de la que fue objeto la menor fue un hecho concreto y real que se halló plenamente acreditado con las pruebas materiales y documentales de cargo; argumentos que evidencian, que la Resolución recurrida no contradijo los entendimientos asumidos en los Autos Supremos 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 123/2015-RRC de 24 de febrero, que fueron desarrollados párrafos arriba; toda vez, que el Tribunal de alzada no incurrió en incongruencia omisiva, menos en vulneración de los arts. 115.I, 117.II, 119 de la CPE y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica; por lo que, el recurrente no fue dejado en estado de indefensión como alega; consecuentemente, habiendo el Tribunal de alzada ajustado su actividad jurisdiccional a lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, el motivo en cuestión deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gustavo Yucra Estrada.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA