TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 456/2016-RRC

Sucre, 16 de junio de 2016


Expediente                     : Oruro 4/2016

Parte Acusadora                             : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Fernando Daniel Gonzáles Paredes

Delito                               : Abuso Deshonesto y otro

Magistrada Relatora         : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2015, cursante de fs. 329 a 338 vta., Fernando Daniel González Paredes, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27/2015 de 4 de diciembre, de fs. 301 a 310, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Tania Arlette Arandia Mayta contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Abuso Deshonesto y Violación en grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 312 y 308 con relación al art. 8, todos  del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 25/2014 de 3 de diciembre (fs. 238 a 249), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justica de Oruro, declaró al imputado Fernando Daniel Gonzáles Paredes, autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, modificado por el art. 18 de la Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, imponiéndole la pena de un año y ocho meses de reclusión, más costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y de la víctima; asimismo, absuelto de pena y culpa por el delito de Violación en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 8 del CP.


b)Contra la mencionada Sentencia, el imputado Fernando Daniel Gonzáles Paredes (fs. 256 a 270), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 27/2015 de 4 de diciembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó en su integridad la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1.Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 224/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Denuncia que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación, por las siguientes razones: a) En el primer motivo de su recurso de apelación restringida, denunció errónea aplicación del art. 312 del CP, por no haberse concretado adecuadamente el marco penal; por lo cual, para que se configure el delito de Abuso Deshonesto por el que se lo condenó, debió existir una acción dolosa con sentido lascivo y en el caso de análisis el Tribunal de grado señaló que se acreditó la existencia de “actos libidinosos”, sin expresar cuáles serían éstos; por lo que, los Vocales se limitaron a responder en sentido que no se advierte lo afirmado por el recurrente, dado que su conducta se subsume al tipo penal previsto; toda vez, que existió la intención y la voluntad de cometer el delito; pues, el agente pretendió invitar refresco con trago cuando no quiso servirse, aprisionándole los brazos logra besarla en la boca a la víctima, accionar que desmiente todo lo manifestado por el acusado en los fundamentos del recurso, concluyendo que el Abuso Deshonesto fue probado conforme a la valoración efectuada y demostrada en juicio oral, así como la declaración de la víctima fue creíble; por lo tanto, la aplicación del principio iura novit curia fue conforme a la prueba producida en el juicio oral; afirmaciones que a criterio del impugnante, no resultan coherentes con los datos del fallo impugnado; por lo tanto, son carentes de fundamento y vulneradores de los principios de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y lesividad; además, de constituir actuaciones que invadieron las competencias de valoración probatoria, al asumir que pretendió invitar refresco con trago a la presunta víctima y ésta no hubiere querido servirse, lo que ni siquiera fue referido de esa forma en la Sentencia; y, b) El Auto de Vista sostuvo que a tiempo de plantear su recurso de apelación restringida, no señaló cuál la norma presuntamente aplicada de forma errónea y cuál es la ley sustantiva que debió haberse observado; puesto que, fue juzgado por el delito de Violación en tentativa, previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al 8 del CP, delito inexistente y no demostrado; empero, se lo sancionó por Abuso Deshonesto, ambos tópicos acusados por el recurrente que no guardan coherencia, porque de un lado, acusó errónea aplicación de la norma penal sustantiva y a la vez inobservancia de la ley sustantiva, sin identificar en cada caso a qué ley o artículo se refiere, demostrando carencia de sustento legal y jurídico. Decisión asumida sin antes habérsele otorgado el plazo de los tres días para su subsanación, omitiendo dar una respuesta motivada al fondo de la denuncia, con argumentos que considera simples evasivas.


En cuanto a ambos reclamos, invoca los Autos Supremos 319/2012-RRC de 4 de diciembre, 189/2012-RRC de 8 de agosto y 059/2012 de 30 de marzo.


2) Alega que a tiempo de plantear su recurso de apelación, denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados; y, en la valoración defectuosa de la prueba por la concurrencia de los tres supuestos previstos por el art. 370 inc. 6) del CPP, habiendo cumplido con expresar cuáles son las reglas de la sana crítica que fueron vulneradas, identificando los hechos que no fueron acreditados en el juicio oral; además, de la inexistencia de prueba sobre los mismos y de qué forma el Tribunal de mérito ingresó a consideraciones subjetivas y caprichosas desprovistas de referente probatorio; asimismo, identificó los hechos no acreditados; empero, las autoridades de alzada no consideraron dichos fundamentos; y, realizaron argumentaciones genéricas y alejadas de lo expresamente denunciado. Lo cual considera, que contradice la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 304/2012 de 23 de noviembre, que estaría referida a la imposición de las autoridades judiciales a que pronuncien sus fallos de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso cuando se denuncia defectuosa valoración de la prueba, así a los Tribunales de alzada les corresponde realizar un efectivo control sobre la labor realizada por el Juez o Tribunal de sentencia, debiendo pronunciarse de manera expresa y precisa.


Invoca como precedentes los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 304/2012 de 23 de noviembre.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que previo el cumplimiento de las formalidades previstas por Ley, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenándose el pronunciamiento de uno nuevo.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 224/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 363 a 367, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Fernando Daniel Gonzales Paredes, únicamente para el análisis de fondo de los incs. a) y b) del primer motivo, además del segundo motivo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 25/2014 de 3 de diciembre, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justica de Oruro, declaró al imputado Fernando Daniel Gonzáles Paredes, autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, modificado por el art. 18 de la Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, imponiéndole la pena de un año y ocho meses de reclusión, de acuerdo a los siguientes fundamentos:


Aplicando lo establecido por el iura novit curia, que prevé la congruencia que debe existir entre el hecho y la sentencia, no propiamente con relación a la calificación jurídica de los acusadores, se justifica la aplicación del delito de Abuso Deshonesto en la subsunción de los hechos atribuidos, concluyendo que fue probado conforme la valoración efectuada; además, de haber sido demostrado plenamente en el juicio oral, describiendo al efecto como, de la declaración de la víctima la cual fue creíble, en cuanto a lo señalado por ésta expresando que: “de pronto él me atacó, se abalanzó sobre mi espalda, sentía que todo su cuerpo estaba encima, ella estaba tiesa que no podía reaccionar, no tenía fuerza para reaccionar, trato de empujar con su espalda, no podía ver como la estaba agarrando, luego le hizo hacia atrás y la besó a la fuerza con una mano, sentía su boca, tenía los codos bien aprisionados en sus hombros y la otra mano empezó a bajar manoseándola y empezó a levantar la chompa como buscando algo” (sic), afirmación que a decir del Tribunal de juicio tiene vinculación con lo referido por el testigo Roberth Crhistian Terrazas Villca, cuando vio que el imputado estaba agarrando a la víctima con sus manos, por la parte posterior y que la señorita se estaba moviendo y forcejeando para hacerse soltar y lo primero que realizó (el testigo) fue separarlos y luego propinarle dos golpes en los labios del imputado, mismo que quedo sangrando; por otro lado, la testigo de descargo Laura Rafael Hinojosa, manifestó que se enteró que desde un año antes habría alguna situación de molestia por parte del Imputado hacia la víctima, por eso esta última le dijo “para que has ido tu”(sic); en consecuencia, existió actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, conclusión arribada sin dubitación alguna.


En conclusión, tomando en cuenta que el bien jurídico tutelado y protegido con el art. 312 del CP, es el pudor personal y la libertad sexual, interpretado en término de derecho fundamental consagrado en el art. 15.I.II y III) de la Constitución Política del Estado (CPE), el bien jurídico que efectivamente hubiese sido infringido por el acusado en contra de TAAM, entendiéndose como el derecho que tiene toda persona de elegir el objeto de su actividad sexual, más aun tratándose de un docente en contra de su estudiante.


II.2. De la apelación restringida interpuesta por el imputado.


En cuanto a los motivos traídos en casación se tiene los siguientes agravios demandados en el recurso de apelación restringida:


1) Denunció la errónea aplicación de la norma penal sustantiva por errónea concreción del marco penal, defecto de sentencia que se halla previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, refiriendo que fue condenado de manera injusta por la comisión del delito de Abuso Deshonesto previsto en el art. 312 del CP modificado por el art. 18 de la Ley 54 de 8 de noviembre de 2010, por cuanto uno de los elementos constitutivos del tipo penal está integrado por los “actos libidinosos”; sin embargo, el tribunal hubiese sustentado este aspecto con alegaciones subjetivas pues, no expresó de manera concreta cuáles serían estos actos, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 47/2012 de 23 de marzo.


2) Bajo el acápite descrito como: “2.2. Inobservancia de la Ley Sustantiva” (sic), el recurrente señaló que fue sometido a juicio penal por el supuesto delito de Violación en Grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 8 del CP, que resultó inexistente; por lo que, se emitió Sentencia absolutoria. Sin embargo, en la misma Sentencia se le condenó a la pena privativa de libertad de un año y ocho meses de reclusión por el supuesto ilícito de Abuso Deshonesto, presuntamente acreditado por la literales MP-D-1; MP-D-2; MP-D-3; MP-D-4; MP-D-6 y MP-D-7, procediendo a desarrollar el contenido de las mismas concluyendo que entre estas existió contradicción lo que acreditaría que no se configuró la comisión del ilícito de Abuso Deshonesto; consiguientemente, se certificaría la concurrencia de una errónea aplicación del art. 312 del CP, olvidándose inclusive del principio jurídico del in dubio pro reo; es decir, que ante la duda la ley favorece al reo.


3) Denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados por defectuosa valoración de la prueba, defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, denunciando que en cuanto a la defectuosa valoración probatoria el Tribunal de juicio valoró las pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, omitiendo aspectos importantes de las propias declaraciones de los testigos por haber incurrido en evidentes contradicciones, así se acreditaría por ejemplo de la información prestada por la víctima, que señaló que su persona le hubiere invitado un vaso con una bebida alcohólica, que ella misma al sentir el olor habría dejado en el escritorio, esta afirmación no fue probada y es más fue suficientemente desvirtuada; por lo que, los funcionarios policiales que intervinieron en el caso afirmaron haber colectado de su oficina una botella de Tampico con contenido, pero jamás se advirtió la presencia de alcohol; sobre el mismo aspecto, el mismo Ministerio Público en su exposición final en sus conclusiones al igual que la acusación particular señalaron que, lo que se invitó a la víctima fue refresco, otro aspecto de las varias contradicciones fue el referido a que su persona hubiese atacado por detrás cuando de la ubicación de su oficina esto no sería posible ya que la distancia entre la silla en la que se encontraba la víctima habría otro mueble a escasos quince o veinte centímetros; por lo tanto, no existía la distancia mínima  para realizar cualquier acción menos agacharse con tanta libertad, como señaló la parte adversa, manipular las manos o alcanzar su chompa etc., de lo referido a decir del apelante se acredita que la valoración de la prueba de testigos fue realizada omitiendo aspectos importantes de las propias declaraciones además de haberse mutilado su contenido; en definitiva, se efectuó una interpretación y valoración sesgada de la prueba de testigos de cargo y descargo, pues no se consideró absolutamente para nada todas esas evidentes contradicciones que permiten hacer ver que todo fue una tramoya montada con la única finalidad de perjudicarlo. Como un segundo argumento de su agravio, denunció que la sentencia se basó en hechos inexistente y no acreditados, refiriendo en lo principal que no se estableció la existencia del hecho acusado y que este se constituya en delito, ya que en el caso de Abuso  Deshonesto no se acreditó la existencia de actos libidinosos, por lo tanto no se puede condenar, sino aplicar el principio jurídico del in dubio pro reo, y fallar por la plena absolución por la total falta de elemento de prueba que lo inculpe, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005 y 111 de 31 de enero de 2007.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el imputado, el Tribunal de alzada resolvió señalando que:


1) En cuanto al primer agravio referido a la errónea aplicación del 370 inc. 1) del CPP, el Tribunal de alzada concluyó que si bien se acusó errónea aplicación de la norma penal sustantiva, por errónea concreción del marco penal conforme el art. 370 inc. 1) del CPP; no precisó la norma sustantiva erróneamente aplicada, y en su lugar cuál debió ser aplicada; por otro lado, destacando los arts. 407 del CPP, 14. 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.h) de la Convención Americana, sobre Derechos Humanos de Pacto de San José de Costa Rica, puntualizó los alcances de la primera norma, en cuanto a la expresión contenida en el mismo: “El recurso de apelación restringida, será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley”; circunstancia que en el caso analizado no se observó. Así también a la fijación de la pena se estableció que no se hubiere incurrido en una errónea fijación judicial de la pena; por cuanto, la pena impuesta en el caso de autos, se adecuó a los parámetros previstos en el tipo penal acusado, no advirtiéndose que el Tribunal de Sentencia hubiere incurrido en el defecto acusado, limitándose los argumentos del recurrente a tópicos que no corresponden a demostrar ninguno de aquellos supuestos alegados.


Pese a lo señalado anteriormente, el Tribunal de alzada refirió también que: “la congruencia que debe existir entre el hecho y la sentencia no está ligada propiamente con relación a la calificación jurídica de los acusadores, por ello la presente causa en el marco de la congruencia prevista en el art. 362 del CPP, se subsume el hecho al tipo penal de Abuso Deshonesto que corresponde a la misma familia de delitos”, de lo expresado en el fallo impugnado, hace entrever que no existió la errónea concreción del marco penal, la conducta desplegada por el acusado se subsumió al tipo penal previsto y sancionado en el art. 312 del CP; toda vez, que  fue voluntad de adecuar su conducta al tipo penal motivo de juzgamiento, no existiendo prueba alguna que permita enervar la acusación fiscal y particular; estableciéndose, que en la conducta del acusado existió la intención y la voluntad de cometer el delito “ El agente pretende invitar refresco con trago, cuando no quiere servirse, aprisionándole los brazos logra besarla en la boca a la víctima TAAM, este comportamiento demostró la intencionalidad con que obró” este accionar o proceder ciertamente desmiente todo lo manifestado por el acusado en los fundamentos de su recurso; en consecuencia, no se contrarió la doctrina legal del Tribunal Supremo de justicia.


2) Respecto del segundo tópico en el que se acusó inobservancia de la Ley sustantiva, se observó que en el primer agravio se acusó errónea aplicación de la norma penal sustantiva por errónea concreción del marco penal y en este agravio se acusa inobservancia de la ley sustantiva; empero, no precisa que ley sustantiva fue inobservada en su caso, cual es la que debió ser observada sosteniendo que fue juzgado por el delito de Violación en el grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, con relación al art. 8 del CP, delito inexistente y no demostrado; pero, le sancionan a sufrir la pena de un año y ocho meses de reclusión por el delito de Abuso Deshonesto. Los dos tópicos acusados por el recurrente no guardan coherencia porque primero, acuso errónea aplicación de la norma penal sustantiva, a la vez alega la inobservancia de la ley sustantiva; otra cosa es señalar errónea o inobservancia de algún artículo del CP, lo que no aconteció en el caso presente. El fundamento del recurso no resulta ser coherente, porque acusa errónea aplicación de las normas sustantivas a su vez la inobservancia de la misma, extremo no explicado de manera coherente; por lo que, el recurso no resulta atendible por la imprecisión, además de no contar con sustento legal y jurídico en lo que respecto al presente tópico.


3) Sobre la vulneración del art. 370 inc. 6) del CPP; en cuanto, a la defectuosa valoración de la prueba se concluyó que, de la lectura del fallo impugnado en el considerando V.B (apreciación conjunta de la Prueba Esencial Producida) incisos a) y b), hace entrever que las pruebas se encuentran valoradas, tanto las de cargo así como las de descargo. Lo que hace inconsistente el defecto de sentencia acusado, independientemente de no haberse precisado cuáles son las documentales o testificales que no fueron valoradas, porque se acusó defectuosa valoración de la prueba sin precisar lo que hace inconsistente el defecto de Sentencia. Respecto del segundo tópico referido a que la Sentencia se fundó en hechos inexistente y no acreditados, de la lectura del fallo impugnado, se tiene demostrado la existencia del hecho y la participación del imputado, si bien inicialmente la acusación fiscal y particular fuera por el delito de Violación en grado de tentativa, previsto y sancionado en el art. 308 con relación al art. 8 del CP, cuya calificación jurídica, por la aplicación del principio del iura novit curia, se llegó a subsumir al delito de Abuso Deshonesto previsto en el art. 312 del CP; por lo mismo, el defecto de sentencia no tiene consistencia ni sustento legal jurídico. En la especie, el apelante incurrió en una aseveración sin una explicación lógica, coherente y clara, la Sentencia cumple con lo dispuesto en el art. 173 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN 


En el caso presente, el imputado Fernando Daniel Gonzales Paredes denuncia por un lado que el Tribunal de apelación incurrió en insuficiente fundamentación, al resolver dos de los motivos alegados en apelación restringida vinculados al defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP; y por otro, que omitió realizar un control efectivo sobre la labor ejercida y denunciada del Tribunal de Sentencia, correspondiendo resolver en el fondo ambas problemáticas.


III.1. En cuanto a la denuncia de insuficiente fundamentación.


En el primer motivo, el recurrente refiere que el Tribunal de apelación incurrió en insuficiente fundamentación, respecto a los agravios descritos como: a) Errónea aplicación del art. 312 del CP, por no haberse concretado adecuadamente el marco penal, y; b) Que el Tribunal de alzada omitió dar una respuesta de fondo a su planteamiento de apelación, bajo el argumento que; por un lado, se acusó errónea aplicación de la norma penal sustantiva; y de otro, inobservancia de la ley sustantiva, sin identificar en cada caso a qué ley o artículo se refiere, respuesta que carecería a criterio del recurrente de sustento legal y jurídico y constituiría una simple evasiva, para no emitir criterio sobre el fondo de lo denunciado, pues en contrario se le debió dar la oportunidad de subsanar su recurso. En este reclamo, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 319/2012-RRC de 4 de diciembre, 189/2012-RRC de 8 de agosto y 059/2012 de 30 de marzo.


El Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, fue emitido dentro del proceso penal seguido por GGQ contra NVR, por la presunta comisión del delito de Daño Simple, teniendo como antecedente que, si bien el Tribunal de apelación respondió de manera fundamentada y motivada a la denuncia formulada por fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia; sin embargo, respecto a la denuncia de valoración defectuosa de la prueba de la Sentencia, el Auto de Vista impugnado no contenía una debida fundamentación ni motivación; siendo este uno de los antecedentes que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el presente caso, donde no se da respuesta fundamentada ni motivada a varias denuncias efectuadas en la apelación restringida, lo que hace que este Tribunal deje sin efecto el Auto de Vista impugnado”.


Al respecto, se tiene que en cuanto al Auto Supremo (319/2012-RRC de 4 de diciembre) desarrollado supra además de los signados como 189/2012-RRC de 8 de agosto y 059/2012 de 30 de marzo, verificados los mismos, se tiene que todos los precedentes contradictorios de manera coincidente se pronunciaron respecto a la debida fundamentación en las resoluciones judiciales correspondiendo ingresar a verificar la existencia o no de las contradicciones alegadas.


A tiempo de considerar la problemática planteada, es importante destacar que el art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, el acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello es obligación de los Tribunales de alzada, pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados.


Para concluir en la existencia de falta de fundamentación o congruencia en el Auto de Vista impugnado, se debe verificar si el Tribunal de alzada se pronunció o no de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, pues el cumplimiento de estas exigencias exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella; sin embargo, ello no implica imponer una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, pues una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación ampulosa tampoco acredita que lo sea. Lo fundamental es que la Resolución contenga una relación fáctica o de antecedentes y en el caso concreto de la apelación, del o los agravios denunciados y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de dichos agravios.


Con lo ya señalado además de debe tenerse presente que la actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio habría sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo), se desprende que la labor de los Tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.


Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se tiene que en cuanto a la resolución del primer motivo traído en casación en sus dos tópicos, relativos a una supuesta falta de fundamentación de la denuncia de incorrecta subsunción de los hechos al ilícito de Abuso Deshonesto y la respuesta evasiva  con argumentos que en su caso debieron ser observados a tiempo del análisis de los requisitos de forma para otorgársele el plazo para subsanarlos; en lo esencial, se tiene los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada en el acápite II.3 (Fundamentos de la resolución) de la resolución recurrida, en los siguientes términos: “…En cuanto al primer agravio referido a la errónea aplicación del 370 inc. 1) del CPP, al respecto el Tribunal de alzada concluyo que si bien se acusó errónea aplicación de la norma penal sustantiva, no se precisó la norma sustantiva erróneamente aplicada, en su lugar cual debió ser aplicada; por otro lado, destacar que el art. 407 del CPP el art. 14. 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.h) de la Convención Americana, sobre Derechos Humanos de Pacto de San José de Costa Rica. Con este antecedente, puntualizaron los alcances del  art. 407 del CPP, en cuanto a la expresión contenida en el mismo `El recurso de apelación restringida, será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley´; circunstancia que en el caso analizado no se observó, limitándose los argumentos del recurrente a tópicos que no corresponden a demostrar ninguno de aquellos supuestos alegado”; sobre el mismo agravio, señaló también que: “… de lo expresado en el fallo impugnado, hace entrever que no existió la errónea concreción del marco penal; la conducta desplegada por el acusado se subsumió al tipo penal previsto y sancionado en el art. 312 del CP, toda vez que, fue voluntad de adecuar su conducta al tipo penal motivo de juzgamiento; no existiendo prueba alguna que permita enervar la acusación fiscal y particular; estableciéndose que en la conducta del acusado existió la intención y la voluntad de cometer el delito “ El agente pretende invitar refresco con trago, cuando no quiere servirse, aprisionándole los brazos logra besarla en la boca a la víctima TAAM, este comportamiento demostró la intencionalidad con que obró”. De los argumentos expresados por el Tribunal de alzada de manera coherente se tiene que de acuerdo a los hechos probados en juicio e identificados en el Auto de Vista recurrido, se estableció con precisión que en el considerando IV de la sentencia apelada se efectuó una correcta aplicación del iura novit curia, ya que los hechos probados se subsumían al delito de Abuso Deshonesto y no al de Violación en grado de tentativa, exponiendo para el efecto que la congruencia se da en cuanto a los hechos acusados y la sentencia y no así respecto de la calificación jurídica de los acusadores, concluyendo así que el abuso deshonesto fue probado en cuanto a los actos libidinosos no constitutivos en acceso carnal, no solo por la declaración de la víctima de la cual el Tribunal de mérito la consideró como creíble, sino además con la declaración del testigo Roberth Crhistian Terrazas Villca, que conforme se determinó en juicio propinó al recurrente golpes de puño cuando lo encontró en el momento de los hechos ilícitos, sujetando a la víctima mientras ésta  forcejeaba para hacerse soltar.


Asimismo, respecto de la incorrecta subsunción de los hechos probados al ilícito de Abuso Deshonesto por no haberse establecido cuáles los actos libidinosos, se debe tener presente lo señalado por Carlos Morales Guillen en su libro Código Penal comentado y concordado cuando señala que: “El bien jurídico lesionado por este delito es el pudor personal y la libertad sexual. La acción criminal consista en ejecutar con otras personas acto libidinosos, es decir que provoquen excitación y/o satisfacción sexual, sin que se llegue al coito o acceso carnal como en la violación…El acto delincuencial debe tener contenido objetivo, es decir, materialmente debe completarse con el aspecto subjetivo, debe realizarse sobre el cuerpo de la víctima que sean hecho, palabras, gestos, etc., pero siempre con contratos con la victima dirigidos a despertar el libido del sujeto activo”, de lo descrito precedentemente y del control legal efectuado por el Tribunal de alzada se tiene que los hechos probados en juicio se adecuan al ilícito de Abuso Deshonesto además de estar inequívocamente acreditada la participación del imputado, pues con los argumentos (valoración probatoria según su criterio) del recurrente no se desvirtúa que no haya consumado el beso forzado y los toques impúdicos que fueron acusados, en afectación a la libertad sexual de la víctima; consiguientemente, no se advierte el agravio denunciado por el recurrente. Respecto de que el Tribunal hubiese señalado que el imputado “pretendió que la víctima tome un refresco con trago” siendo este un hecho no acreditado en juicio, se tiene que este argumento no reviste un defecto absoluto que amerite una nulidad o mayor consideración, ya que aun así eliminado este tópico no se desvirtúa la comisión del ilícito.    


En cuanto al segundo tópico, referido a que el Tribunal de alzada con argumentos evasivos observando aspectos de forma de su recurso de apelación restringida se pronunció señalando que: “Respecto del segundo tópico en el que se acusó inobservancia de la Ley sustantiva, se observó que en el primer agravio se acusó errónea aplicación de la norma penal sustantiva por errónea concreción del marco penal y en este agravio se acusa inobservancia de la ley sustantiva, empero no precisa que ley sustantiva fue inobservada, en su caso, cual es la que debió ser observada sosteniendo que fue juzgado por el delito de Violación en el grado de tentativa, tipificado y sancionado por el art. 308 del CP, con relación al art. 8 del CP, delito inexistente y no demostrado, empero le sancionan a sufrir la pena privativa de libertad de un año y ocho meses por el delito de Abuso Deshonesto. El fundamento del recurso no resulta ser coherente, porque acusa errónea aplicación de las normas sustantivas a sus vez la inobservancia de la misma, extremo no explicado de manera coherente, por lo que, el recurso no resulta atendible por la imprecisión demás de no contar con sustento legal y jurídico, en lo que respecta al presente tópico”. Del contexto del argumento del Tribunal de alzada extractado precedentemente, no resulta evidente la denuncia alegada por el recurrente ya que  el caso presente se tiene que, si bien se observó la fundamentación de los agravios denunciados en alzada por carecer de solidez y en su caso por ser contrarios el primero del segundo, teniéndose una respuesta de fondo al respecto, es decir dicho agravio ya fue resuelto en el primer motivo; por lo que, no correspondía reiterar los mismos argumentos ya expuestos anteriormente, en consecuencia no correspondía aplicar lo previsto en el art. 399 del CPP, es decir, que se le otorgue el plazo de tres días para que subsane su recurso pues, resultaba innecesario por corresponder el agravio a uno ya resuelto (primer motivo) ya que si bien se lo planteó como inobservancia de la ley sustantiva, éste en sus argumentos contenía la misma fundamentación del primer motivo, en consecuencia no se advierte contradicción alguna del Auto de Vista recurrido en cuanto a los precedentes invocados.


III.2. Respecto a la denuncia de falta de consideración a los cuestionamientos fundados en el art. 370.6) del CPP.


En el segundo motivo, el imputado denuncia que pese a haberse demandado de manera expresa cuáles son las reglas de la sana crítica que no fueron aplicadas por el Tribunal de juicio a tiempo de emitir la Sentencia y que se identificaron los hechos que no fueron acreditados y la inexistencia de prueba sobre los mismos, dando lugar a apreciaciones subjetivas y caprichosas, el Tribunal de alzada omitió realizar un control efectivo sobre la labor ejercida y denunciada del Tribunal de Sentencia, a cuyo efecto invoca los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 304/2012 de 23 de noviembre.


El Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, fue emitido dentro del proceso penal seguido por GDF contra FFC, por la presunta comisión del delito de Despojo, teniendo como antecedente que, en la resolución del Ad quem, no se realizó una correcta aplicación de las normas procedimentales infringiendo de este modo el art. 124 del CPP, al ser su fundamentación insuficiente, restringiendo los derechos de la parte recurrente incurriendo; además, en las mismas omisiones de la resolución del A quo, al no observar la ausencia del criterio de valor de cada uno de los elementos de prueba, limitándose a realizar -conforme sale de la denuncia del recurrente- una trascripción de los fundamentos de la querellante particular; extrañándose en la resolución del Tribunal de alzada la consideración de los aspectos cuestionados en el recurso, siendo este uno de los antecedentes que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.


Nuestro ordenamiento penal acoge el sistema de la Sana Crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma "sana", esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y "crítica" es decir que, con base en los "criterios de verdad" otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.


La máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo, quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para, con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación, inicialmente individual pero, acto seguido, como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio, imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.


En un primer momento, a partir de la inmediación y de la percepción directa de la prueba, el juez o Tribunal, de manera subjetiva, adquiere convicción. Posteriormente, debe expresar ese razonamiento y darle el necesario soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba en el que se le exige que traduzca, de manera objetiva, el valor asignado a cada elemento de la misma y explique la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; esta actividad debe ser expresa de manera que garantice a las partes el control del razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba, para el posible control de legalidad ulterior.


Este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal.


En cuanto al precedente desarrollado supra, además de verificado también el Auto Supremo 304/2012-RRC de 23 de noviembre (invocado por el recurrente), se tiene que ambas resoluciones están referidas al control legal que debe efectuar el Tribunal de alzada respecto de la valoración probatoria efectuada por el Juez o Tribunal de Sentencia; en consecuencia, bajo los parámetros establecidos en los precedentes invocados corresponde ingresar a realizar el análisis de los argumentos presuntamente contradictorios del Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido.


Al respecto en el acápite II.3) de la resolución recurrido, en lo sobresaliente se expresó: “Respecto de la vulneración del art. 370 inc. 6) del CPP, en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba se concluyó que, de la lectura del fallo impugnado en el considerando V.B (apreciación conjunta de la Prueba Esencial Producida) incisos a) y b) hace entrever que las pruebas se encuentran valoradas, tanto las cargo así como las de descargo. Lo que hace inconsistente el defecto de sentencia acusado, independientemente de no haberse precisado cuales son las documentales o testificales que no fueron valorados, porque se acusó defectuosa valoración de la prueba sin precisar lo que hace inconsistente el defecto de sentencia; respecto del segundo tópico referido a que la sentencia se fundó en hechos inexistente y no acreditados, de la lectura del fallo impugnado, se tiene demostrado la existencia del hecho y la participación del imputado, si bien inicialmente la acusación fiscal y particular fuera por el delito de Violación en grado de tentativa, previsto y sancionado en el art. 308 con relación al art. 8 del CP, cuya calificación jurídica, por la aplicación del principio del Iura Novit Curia, se llegó a subsumir al delito de Abuso Deshonesto previsto en el art. 312 del CP; por lo mismo, el defecto de sentencia no tiene consistencia ni sustento legal jurídico. En la especie, el apelante incurrió en una aseveración sin una explicación lógica, coherente y clara, la sentencia cumple con lo dispuesto en el art. 173 del CPP…”, de lo extractado y contrastado con el memorial de apelación restringida (2.4. del memorial de apelación restringida fs. 473 vta. a 475) se tiene que el recurrente en su formulación del agravio a tiempo de cuestionar la Sentencia emitida en la causa, evidentemente no precisó cuáles de la pruebas fueron defectuosamente valoradas y qué reglas de la sana crítica fueron vulneradas, ya que solo se limitó a efectuar una relación de hechos en base a dos declaraciones de la víctima que aparentemente serian contradictorias.


Al respecto, debe tenerse presente que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano; sin embargo, resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural, aspecto no sustentado o respaldado de manera objetiva por el recurrente; consiguientemente, no resulta evidente la contradicción demandada, determinando que el presente motivo también resulte infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Fernando Daniel Gonzales paredes, cursante de fs. 329 a 338 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA