TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO N° 441/2016-RA
Sucre, 14 de junio de 2016


Expediente                : Tarija 32/2016

Parte Acusadora        : Hugo Rene Velásquez

Parte Imputada        : Juan Carlos Reyes Velásquez y otros

Delitos                : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de abril de 2016, cursante de fs. 230 y 233, Juan Carlos Reyes Velásquez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 31/2016 de 29 de febrero, de fs. 222 a 225, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarja, dentro del proceso penal seguido por Hugo René Velásquez contra María Cristina Reyes Velásquez, Rosa Dolores Velásquez, Víctor Gareca y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 351 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 27/2015 de 23 de julio (fs. 154 vta. 161 vta.), la Jueza Segunda de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a María Cristina Reyes Velásquez y Víctor Gareca, absueltos de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, tipificados en los arts. 351 y 346 del CP; y, a Juan Carlos Reyes Velásquez absuelto del delito de Despojo consignado en el art. 351 del CP, y autor del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del CP, imponiéndole la pena de un año y tres meses de reclusión, con costas y pago de responsabilidad civil.


b) Contra la referida Sentencia, el imputado Juan Carlos Reyes Velásquez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 185 a 205 vta.), resuelto por Auto de Vista 31/2016 de 29 de febrero (fs. 222 a 225), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarja, que declaró sin lugar al recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c) El 8 de abril de 2016 (fs. 229), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, e interpuso recurso de casación el 18 del mismo mes y año, que es motivó del presente análisis de admisibilidad.


II.SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Como preámbulo, el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado tiene tres vértices, la inobservancia de la norma jurídica que implica desconocimiento o falta de aplicación; la errónea aplicación de la misma u omisión en su cumplimiento y la actividad procesal defectuosa que cause indefensión a quien la invoque, para señalar seguidamente que, la Resolución impugnada establece, que la Jueza de origen puntualizó su autoría en la comisión del delito de Abuso de Confianza por la prueba PQ-8 (poder otorgado por su tío, actual querellante), extremo que en juicio no fue referido por las testificales de cargo ni descargo; a cuyo efecto, sostiene que hubo una valoración subjetiva de la prueba, porque no existió prueba de cargo o descargo que acrediten la realización de actos con la finalidad de quedar como dueño del bien que le correspondería al querellante; no se acreditó, que el querellante tenga algún terreno y que se le hubiese ocasionado algún daño en su patrimonio.


El Auto de Vista realiza una comparación y modificación de la calificación del delito de Hurto por el de Robo, cuando el presente caso se refiere al delito de Abuso de Confianza; de lo cual se concluye, que existió un análisis subjetivo e irrelevante sobre los elementos inherentes al tipo penal acusado. Asimismo, alega una valoración de la prueba de manera unilateral, que tilda de insuficiente, porque de la declaración del querellante se acredita, que no entregó poder notarial alguno, debiendo aplicarse el in dubio pro reo, al no "haberse acreditado daño en los bienes del querellante.


Por último, a tiempo de citar las Sentencias Constitucionales 1401/03, 1075/03-R y 1044/03,  sostiene que el Auto de Vista ingresó en evidente contradicción, por lo que pide se deje sin efecto el Auto de Vista para que se emita uno nuevo, conforme la doctrina legal emitida por este Tribunal; asimismo, se refirió a los parámetros para la admisión excepcional del recurso de casación, en caso de existir evidencia de violaciones flagrantes al debido proceso y defectos absolutos insubsanables en la Resolución recurrida.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación.


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece, que el 8 de abril de 2016, fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado; y el 18 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley; habida cuenta que el 15 de abril fue declarado feriado departamental por su efeméride, cumpliendo de esta manera con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación a los demás requisitos, se establece, que el recurrente de manera confusa, denuncia, que el Auto de Vista efectuó una valoración defectuosa de la prueba (prueba PQ-8); y, que efectuó una comparación y modificación de la calificación  de Hurto por el de Robo, cuando el presente caso se refiere al delito de Abuso de Confianza, además de haber efectuado un análisis subjetivo e irrelevante de los elementos inherentes al tipo penal acusado, respecto a lo cual el recurrente, omitió invocar doctrina legal alguna, explicando las razones por las cuales la misma sería aplicable a su caso y porqué habría sido contrariada por los precedentes, omitiendo cumplir con la carga procesal establecida en los arts. 416 y 417 del CPP, para la admisión del presente motivo.


Por otro parte, no obstante cita Sentencias Constitucionales, de acuerdo al art. 416 del Código citado, solo constituyen precedentes contradictorios los Autos de Vista y Autos Supremos dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales y este máximo Tribunal de Justicia, por lo que no pueden ser considerados como doctrina que pueda posibilitar abrir la competencia de este Tribunal para uniformar la jurisprudencia a través del análisis de fondo de motivo expuesto. Igualmente se aclara que, la sola referencia a la posibilidad de la admisión excepcional del recurso de casación, ante la existencia de defectos absolutos por la vulneración del derecho al debido proceso, tampoco es suficiente para admitir excepcionalmente el motivo, por cuanto omite establecer cuál el hecho generador de la lesión de algún derecho, y concretar el derecho supuestamente vulnerado, así como explicar el resultado dañoso.


Por lo expuesto, constatándose el incumplimiento de los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP; y, de los presupuestos de admisión vía excepcional, el motivo expuesto es inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Reyes Velásquez, de fs. 230 a 233.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA