TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 440/2016-RA

Sucre, 14 de junio de 2016


Expediente                : Tarija 31/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Publico y otro

Parte Imputada        : Rurik Aggiari Pacheco Domínguez

Delitos                : Peculado y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de abril de 2016, cursante de fs. 512 a 522 vta., Rurik Aggiari Pacheco Domínguez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 35/2016 de 2 de marzo, de fs. 509 a 510 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico e INSUMOS BOLIVIA contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 142, 154 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 58/2015 de 26 de octubre (fs. 461 a 469), el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, declaró a Rurik Aggiari Pacheco Domínguez, autor de la comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del CP, imponiéndole la pena de ocho años de reclusión, con costas y resarcimiento de daño civil, más 200 bolivianos de multa a razón de 2 Bs., por día y, absuelto de la presunta comisión del delito de Conducta Antieconómica, tipificado por el art. 224 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 476 a 492), resuelto por el Auto de Vista 35/2016 de 2 de marzo (fs. 509 a 510 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada.


c) El 5 de abril de 2016 (fs. 511), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 12 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, el cual es motivo de análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado no habría efectuado una suficiente fundamentación y motivación, en torno a su denuncia de omisión de fundamentación valorativa, bajo el argumento de que no infirió una respuesta clara y completa, que reemplazo con las conclusiones del Tribunal de Juicio, señalando que si efectuó el sustento valorativo sobre la prueba incorporada a juicio detallando las razones por las que se les otorga un determinado valor probatorio y sus conclusiones valorativas.


Cita como precedente contradictorio, el Auto Supremo 281 de 15 de octubre de 2012.


2) Reclama que el Auto de Vista recurrido no contiene fundamentación y motivación que signifique pronunciamiento sobre el agravio referido a la adecuación de la conducta acusada a los tipos penales, bajo el fundamento de que simplemente se limitó a la remisión a obrados y a un aparente control de logicidad de la Sentencia, señalando que el Tribunal Ad quo si efectuó la subsunción correspondiente a los hechos, con fundamentos sobre el juicio de condena por los tipos penales de Peculado e Incumplimiento de Deberes y el juicio de absolución por el delito de Conducta Antieconómica; sin establecer los fundamentos que respalden las conclusiones a las que arribo, que contrariamente se advierte las conclusiones del Tribunal de mérito, que no explicó de forma clara, el modo en que su persona sustrajo el arroz, el momento o tiempo del mismo y el medio en que se transportó el arroz sustraído; y, sin explicar por qué considera que el citado Tribunal A quo no vulneró el principio de tipicidad, porque razón concluye que existe una adecuada subsunción, cuál o cuáles fueron los preceptos legales o doctrinales que aplicó a momento de resolver la alegación, si el Tribunal de Sentencia realizó o no la subsunción, si es adecuada o no, si se ajusta a derecho, si se consideró o valoró que cuestiones esenciales determinan la autoría y participación en el delito condenado, infringiendo con ello, los arts. 124 y 169 inc. 3) del CPP.


Cita como precedente, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo.


3) Alega que el Auto de Vista impugnado no habría fundamentado suficientemente a su denuncia de apelación, relativo a la dosificación de la pena “establecidos en el los numerales 1), y 2) del art. 37, y, en el Num. 1) inc. a) y b) del art. 38” (sic), bajo el argumento de que se hubiera limitado a señalar que en Sentencia se verifica que se encuentran presentes los criterios valorativos descritos en los arts. 36 y 37 CP; olvidándose que esta valoración y pronunciamiento debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados para la fijación de la pena en el código penal, emitiendo criterios jurídicos correspondientes al tipo penal, explicando cuales son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena de acuerdo a la norma, señalando las razones objetivas que determinan la misma, sin que los argumentos vertidos sean imprecisos o insuficientes, esto con el fin de no dejar en estado de indeterminación e incertidumbre.


Invoca, los Autos Supremos 281 de 15 de octubre de 2012, 99 de 24 de marzo de 2005, 541/2006 de 18 de noviembre y 342 de 28 de agosto de 2006.


4) Finalmente, denuncia que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse sobre el agravio expuesto en su recurso de apelación restringida, referido a que la Sentencia se basó en hechos no acreditados e inexistentes, previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, en cuanto a (la forma o modo en que su persona sustrajo el arroz, el momento o el tiempo en que hubiere sustraído el arroz y el medio en que se transportó), bajo el fundamento de que se hubiera limitado a referir que no se probó la forma o modo en que su persona hubiere sustraído 46 quintales de arroz y el medio en que se transportó los mismos, que se trataba de 437 bolsas quintaleras de arroz, que no se tiene dentro de los hechos probados que se trate de 46 quintales de arroz, ese dato no consta en los antecedentes; sin explicar que norma jurídica le impedía analizar y resolver este agravio, ni tomar en cuenta que su persona fue condenado por el delito de Incumplimiento de Deberes y el delito de Peculado, supuestamente por apropiarse de un bien del Estado (arroz).

Asimismo, arguye que tampoco fueron considerados y mucho menos resueltos por el Tribunal de apelación su denuncia relacionado a la trasgresión a las reglas de la santa critica, específicamente a las leyes de la logicidad (coherencia, derivación, principio de razón suficiente), que se constituye en uno de los postulados de la crítica racional (método de valoración).


Invoca como precedente, el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo.

  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 5 de abril de 2016 (fs. 511), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 12 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se tiene:


Respecto al primer y segundo motivo, referidos, el primero, a que el Auto de Vista impugnado no habría efectuado una suficiente fundamentación y motivación, en torno a su denuncia de omisión de fundamentación valorativa, refiriendo que no otorgo una respuesta clara y completa; y, el segundo, a que el Auto de Vista recurrido no contiene fundamentación y motivación suficiente, relacionado a la adecuación de la conducta acusada a los tipos penales, denunciando que se limitó a la remisión a obrados y hacer un aparente control de logicidad de la Sentencia, sin explicar, porque no se hubiera vulnerado el principio de tipicidad. Ahora bien, en ambos agravios, si bien cita, para el primer motivo, el Auto Supremo 281 de 15 de octubre de 2012, y para el segundo, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo; sin embargo, el recurrente omite explicar las contradicciones en las que hubiese incurrido el Auto de Vista confutada con los Autos Supremos invocados, dedicándose simplemente a enunciarlo, incumplimiento de esta manera con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, y los mismos presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal, por cuanto, sin bien se denuncia en ambos motivos, la insuficiente fundamentación como elemento del debido proceso y precisado los antecedentes de los hechos generadores; empero, no ha detallado con precisión en qué consisten las restricciones y tampoco ha explicado el resultado dañoso emergente de los defectos; en consecuencia, corresponde determinar su inadmisibilidad de ambos motivos.


Con referencia al tercer motivo, en el que alega que el Auto de Vista impugnado no habría fundamentado suficientemente a su denuncia de la dosificación de la pena, previstos por los arts. 37 y 38 del CP, que se hubiera limitado a señalar que en Sentencia se encuentran presentes los criterios valorativos descritos en los arts. 36 y 37 CP, sin explicar las agravantes o atenuantes. En el presente motivo, se tiene que ha invocado, los Autos Supremos 281 de 15 de octubre de 2012, 99 de 24 de marzo de 2005 y 541/2006 de 18 de noviembre, que a decir del recurrente estuvieran referidos a que uno de los elementos esenciales del debido proceso es la correspondiente fundamentación de las resoluciones, mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes establecidas en la ley penal a objeto de imponer una sanción, conforme los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, que dicha omisión constituye defecto absoluto al tenor del art. 370 inc. 1) del CPP; asimismo, se observa la explicación de presunta contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los Autos Supremos invocados, señalando que el Tribunal de alzada no ha otorgado una respuesta fundamentada, que no es expresa ni clara, que acudió a argumentos evasivos, generales e imprecisos. Por lo que deviene en admisible el presente motivo.


De otro lado, se aclara que no se tomara en cuenta para el análisis del problema planteado, el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, por cuanto, el recurrente se limitó a enunciarlo, sin establecer la explicación de la presunta contradicción en los términos exigidos por el art. 417 del CPP.


Finalmente, con relación al cuarto motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse sobre el agravio expuesto en su recurso de apelación restringida, relacionado a que la Sentencia se basó en hechos no acreditados e inexistentes, previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, y a la trasgresión a las reglas de la santa critica. En respuesta, en la especie, si bien invoca, el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo; empero, no explica de qué manera la Resolución de alzada estuviera contradiciendo al Auto Supremo invocado, limitándose simplemente a transcribirlo, incumplimiento de este modo, con los previstos por los arts. 416 y 417 del CPP. Asimismo, se tiene que no ha cumplido con los requisitos de flexibilización precisados por este Tribunal, porque si bien se ha denunciado la incongruencia omisiva como un elemento del debido proceso y precisado el antecedente del hecho generador; sin embargo, no ha detallado con precisión en qué consiste la restricción, ni ha explicado el resultado dañoso emergente del defecto; en consecuencia, corresponde determinar la inadmisibilidad del presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE únicamente el tercer motivo del recurso de casación interpuesto por Rurik Aggiari Pacheco Domínguez, de fs. 512 a 522 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA