TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO N° 438/2016-RA
Sucre, 14 de junio de 2016


Expediente                : Tarija 29/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Eduardo Salvatierra Balcázar y otros        

Delitos                : Robo Agravado y otros        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2013, cursante de fs. 354 y 355 vta., el representante del Ministerio Público y la adhesión a la misma por parte de los Asesores Legales del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de fs. 364 a 368 vta., interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 68/2013 de 22 de noviembre, de fs. 346 a 348, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la entonces Prefectura del Departamento de Tarija contra Eduardo Salvatierra Balcázar, Ramiro Germán Estrada Castro y José Luis Vedia Tejerina por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Asociación Delictuosa y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 1), 2) y 5); 132 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 10/2011 de 12 de abril (fs.        300 a 303), el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, declaró a Eduardo Salvatierra Balcázar, José Luis Vedia Tejerina y Ramiro German Estrada Castro, absueltos de pena y culpa de los delitos de Robo Agravado, Asociación Delictuosa y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 1), 2) y 5); 132 y 17 del CP, respectivamente; sin costas procesales.


b) Contra la referida Sentencia, la representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida (fs. 315 a 316 vta.), resuelto por Auto de Vista 68/2013 de 22 de noviembre (fs. 346 a 348), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar al recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c) El 03 de diciembre de 2013 (fs. 349), fue notificado el Ministerio Público con el Auto de Vista impugnado y el 10 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación. El 29 de agosto de 2014 los representantes legales del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, presentaron adhesión al recurso de casación, sujetos al presente análisis de admisibilidad.


II.DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y LA ADHESIÓN


II.1. Recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.


Previa transcripción de los puntos II.1 y II.2 del Auto de Vista recurrido y III de la Sentencia, y referencia del art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), asegura que el Tribunal “a quo” vulneró la ley sustantiva penal, arts. 332 inc. 1) y 2), 171 y 132, por falta de motivación en el fallo al confirmar la Sentencia, cuando lo que correspondía era cumplir la previsión del art. 124 del CPP, para asegurar la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales. Asimismo, argumenta que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, haciendo alusión al art. 370 inc. 5) del Código adjetivo penal, que el vicio de incongruencia puede entrañar una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial de los términos en los que fueron planteados los términos de los recursos, que el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del recurso delimitado por el petitum, citando al efecto el art. 398 del Código aludido. Argumenta que del análisis de ambos fallos, evidencia una clara contradicción en que el Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, haya declarado a los imputados, absueltos de pena y culpa de los delitos de Robo Agravado y Asociación Delictuosa, habiendo el Tribunal de alzada, interpretado que no se encuentra en condiciones de cambiar la situación jurídica de absueltos a culpables o a la inversa, por no tener facultades de revalorización de la prueba y por la imposibilidad material de aplicación del principio de inmediación, para declarar sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmar en su integridad la Sentencia recurrida.


II.2. Adhesión al recurso de casación por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.


Previa cita del art. 395 del CPP, para justificar su adhesión, denuncia vulneración al debido proceso en su vertiente de la falta de motivación, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, infringiendo el inc. 5) del art. 370 del CPP, al alegar la inobservancia del art. 351 del CPP, porque el Tribunal de Sentencia no dio lugar a la solicitud de suspensión ante la no presencia de los testigos de cargo; cita las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0902/2010-R y 1756/2011, 0999/2003-R, 0086/2010-R, 0223/2010 y 1439/2013, que funda el debido proceso en su triple dimensión y entre estos al derecho de la debida motivación, sustentando su argumento con los Autos Supremos 410 de 20 de octubre de 2006, 086 de 18 de marzo de 2008, refiriendo a la debida fundamentación; concluyendo que la Resolución impugnada debió estar debidamente motivada, tomando en cuenta los métodos de interpretación; sin embargo, el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación al igual que la Sentencia la cual inobserva el art. 335 inc. 1) del CPP.


Asimismo, argumenta sobre el principio de seguridad jurídica, citando la SC 391/2003-R de 26 de Marzo, 48/2005 de 18 de enero, 0096/2012, principio vinculado al debido proceso en lo referente a la debida fundamentación que no fue cumplido; el derecho a la tutela judicial efectiva citando las SSCC 104412003-R de 22 de julio y 1496/2005-R de 22 de noviembre, refiriendo que la Gobernación del Departamento de Tarija, no pudo introducir a uno de los testigos esenciales, habiéndosele limitado a hacer prevalecer su derecho, por inobservancia del art. 335 inc. 1) del CPP.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación.


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 3 de diciembre de 2013, fueron notificadas las partes quienes recurren en casación con el Auto de Vista impugnado; en el caso del Ministerio Público se constata que el 10 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación (fs. 355 vta.); es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En el caso del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, el 29 de agosto de 2014, sus representantes legales se adhirieron al recurso de casación interpuesto por Ministerio Público, el que será analizado más adelante.


V.1. Recurso de casación del Ministerio Público.


El Ministerio Público, de manera confusa, por cuanto denota una falta total de coherencia en sus fundamentos, argumentó, que el Tribunal de origen vulneró la ley sustantiva prevista en los arts. 332 incs. 1) y 2); 171 y 132 del CP, que habría sido confirmada por el Tribunal de alzada, haciendo alusión a partes del propio Auto de Vista así como de la Sentencia, aludiendo a que la Resolución de alzada, denota falta de motivación, citando al efecto el art. 124 del CPP y el art. 370 inc. 5) del CPP. Asimismo, de manera genérica, efectúa una descripción de los defectos en la fundamentación de las Resoluciones, haciendo mención al vicio de incongruencia, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y al art. 398 del CPP, para después efectuar una descripción de la parte dispositiva de la Sentencia, en la que se declaró a los imputados absueltos de los tipos penales endilgados; y, de los fundamentos contenidos en el Auto de Vista, que dieron lugar a declarar sin lugar el recurso de apelación del Ministerio Público y confirmar la sentencia. Al efecto, se constata que el recurrente con total falta de técnica recursiva, por cuanto se dedica a hacer una mera transcripción de la Resolución impugnada y de la Sentencia, manifestando criterios subjetivos sin relacionarlos con el contenido del Auto de Vista recurrido, omite invocar precedente contradictorio alguno, tal cual exige el art. 416 del CPP; en consecuencia, soslaya su obligación de explicar de manera clara y precisa las razones por las cuales el Tribunal de alzada habría contradicho precedente aplicable a su caso; falencia aspecto que a este Tribunal no le permite materialmente cumplir con su labor de contraste encomendada por ley, debido a que el recurso de casación es una institución procesal de puro derecho, extraordinario y limitado, no así una tercera instancia, destinado primordialmente a efectuar la unificación de la jurisprudencia en materia penal, de ahí la exigencia de la invocación de precedentes contradictorios al fallo emitido por los de alzada.


Por otro lado, la denuncia genérica de lesión de derechos y garantías, así como la falta de explicación del hecho generador de la aducida lesión, igualmente impide la admisión del presente recurso, debido precisamente a la falta de concreción del presunto agravio sufrido por la emisión del Auto de Vista recurrido y la identificación de un defecto no susceptible de convalidación que habría dado lugar a la vulneración de derechos, razón por la cual, el recurso de casación es inadmisible por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP y de los presupuestos para la admisión excepcional, descritos en el apartado IV del presente Auto Supremo.

V.2. Adhesión al recurso de casación por parte del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.


De los antecedentes se establece que el Gobierno Autónomo de Departamento de Tarija, en su condición de acusador particular contra los acusados, habiendo sido notificados con el Auto de Vista impugnado el 03 de diciembre de 2013; el 29 de agosto de 2014, se adhiere al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, en base a los fundamentos expuestos y principalmente en aplicación del art. 395 del CP. Al respecto, la parte recurrente debe tener en cuenta, que si bien el art. 395 del CPP, posibilita a quien tenga derecho a recurrir, adherirse fundamentadamente al recurso concedido a cualquiera de las partes, esta posibilidad puede hacerse efectiva dentro del periodo de emplazamiento, que sólo ha sido regulado por el legislador respecto a los recursos de apelación incidental y restringida, conforme se advierte de las disposiciones legales contenidas en los arts. 405 y 409 del CPP, sin que exista similar regulación en cuanto al recurso de casación, cuyo trámite no establece emplazamiento alguno, lo cual determina la imposibilidad de adhesión a un recurso de casación formulado; criterio que fue asumido anteriormente por este Tribunal, mediante Auto Supremo 207/2012 de 9 de agosto, que precisó: "De los preceptos anotados, se desprende que el recurso de casación no contempla la adhesión como parte de su procedimiento, pues no existe un periodo de emplazamiento, periodo legal establecido para las adhesiones contempladas en la normativa procesal penal, como es el caso de la apelación incidental (tres días) y la apelación restringida (diez días)", motivo por el cual resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, de fs. 354 a 355 vta., y la Adhesión por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de fs. 364 a 368 vta.; asimismo, por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA