TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 437/2016-RRC

Sucre, 14 de junio de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 6/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Enrique Fernández Hurtado y otros

Delito                : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 de noviembre de 2015, cursante de fs. 2015 a 2019 vta., y fs. 2031 a 2039, el representante del Ministerio Público; y,  Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 93 de 14 de octubre de 2015, de fs. 2004 a 2008 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Hugo Juan Iquisi S. y William Torrez Tordoya, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Enrique Fernández Hurtado, Judith Gutiérrez Yépez y Gabriela Rueda Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por los arts. 252 inc. 2) con relación al 20, ambos del Código Penal (CP).


I.DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a)Por Sentencia 21 de 23 de julio de 2009 (fs. 345 a 361), el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a los imputados Enrique Fernández Hurtado y Judith Gutiérrez Yépez, autores de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 2) y 3) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto y a Gabriela Rueda Gutiérrez autora de la comisión del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión; asimismo, se concedió el Perdón Judicial. Posteriormente, los imputados interpusieron recurso de apelación restringida, que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 134 de 3 de noviembre de 2009 (fs. 640 a 644); en consecuencia,  se anuló totalmente la Sentencia impugnada y se dispuso el reenvió, motivando la interposición del recurso de casación tanto del imputado Enrique Fernández Hurtado (fs. 659 a 660 vta.) y los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas (fs. 668 a 669),  resueltos por Auto Supremo 87/2013 de 11 de abril (fs. 788 a 790), que declaró inadmisibles los recursos interpuestos; consecuentemente, por Sentencia 03/2015 de 14 de enero (fs. 1120 a 1141), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Enrique Fernández Hurtado, Judith Gutiérrez Yépez y Gabriela Rueda Gutiérrez absueltos de pena y culpa por el delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 2) del CP.


b)Contra la referida Sentencia, los acusadores particulares (fs. 1148 a 1158 vta.) y el representante del Ministerio Público (fs. 1159 a 1171 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 93 de 14 de octubre de 2015, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


De los memoriales de los recursos de casación y del Auto Supremo 214/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.2. Del recurso de casación del representante del Ministerio Público.


El recurrente manifiesta que mediante recurso de apelación restringida denunció el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; toda vez, que la Sentencia resultó ser producto de una valoración defectuosa de la prueba en vulneración de los arts. 124, 171 y 173 de la citada ley; sin embargo, el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto; por cuanto, no efectuó una fundamentación expresa ni específica sobre los puntos observados, aspecto que vulneraría su derecho a la defensa, debido proceso y la fundamentación de cualquier fallo, además del principio de legalidad; puesto que, concluyó que el Tribunal inferior realizó una correcta valoración de la prueba, no considerando las pruebas cuestionadas por su persona que demostraron la comisión del delito por parte de los acusados, siendo ellas: a) La identificación del vehículo en el cual se desplazaron los autores del hecho acusado; por lo que, las declaraciones de los testigos Gina Guardia Saucedo de Grájeda, Félix Castro Guzmán, Juan Pablo Taboada Flores y Andrés Rojas Romero, coincidieron respecto a la presencia del motorizado de propiedad de la acusada Judith Gutiérrez Yépez en el área de la comisión del hecho delictivo, de forma anterior y posterior al asesinato de Limber Rojas Jiménez, motorizado que días después fue encontrado en poder del imputado Enrique Fernández Hurtado; b) La interpretación del flujo de llamadas entrantes y salientes de los equipos de comunicación celular de los acusados, elementos de prueba de cargo signados con los números veinte, veintiuno y treinta, que evidenciarían que los acusados el día de los hechos se encontraban en la zona circundante al lugar donde fue asesinado Limber Rojas Jiménez, aspecto que sumado a la presencia del motorizado, le permite concluir que el occiso fue asesinado en presencia de la acusada Gabriela Rueda Gutiérrez por el acusado Enrique Fernández Hurtado, quien se presentó en la zona circundante un día antes de lo sucedido y pese a que afirmó haberse encontrado en compañía de Evi Suny Solíz de Odeli, ello fue desvirtuado mediante el extracto de llamadas; por lo que, si bien fue buscada la prenombrada por el imputado, el encuentro se habría producido después del fallecimiento de la víctima, siendo buscada la testigo por el imputado con la única finalidad de contar con una coartada; y, c) La identificación del arma del delito; por lo que, mediante la prueba documental de cargo signada como número cuarenta y uno, se evidenciaría que Enrique Fernández Hurtado adquirió una pistola cuyo calibre corresponde al calibre del arma de fuego que fue utilizada para quitarle la vida a la víctima; sin embargo, al ser aprehendido el 24 de diciembre de 2007, supuestamente extravió su arma de fuego, conforme constaría en la prueba de cargo signada bajo el número veintitrés, observaciones que no fueron referidas por el Tribunal de alzada, no considerando que la falta de valoración de las pruebas constituye defecto que genera inseguridad en las partes; limitándose a citar criterios doctrinales sobre la diferencia entre la valoración de la prueba y la prohibición de la revalorización de la prueba; sin cumplir con su obligación de realizar el correspondiente control de la valoración de la misma; toda vez, que no se refirió a las pruebas que se consideraron incorrectamente valoradas. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005, 111 de 31 de enero y 437 de 24 de agosto ambos de 2007.


I.1.3. Del recurso de casación de los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas.


Los recurrentes con similares argumentos que el recurso de casación del Ministerio Público, refieren que interpusieron recurso de apelación restringida reclamando que la sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; por cuanto, resultaría ser producto de una valoración defectuosa de la prueba en vulneración de los arts. 124, 171 y 173 de la citada ley. Al respecto, identifican los puntos que observaron en su apelación: 1) Que se habría demostrado los siguientes hechos: a) La identificación del vehículo en el cual se desplazaron los autores del hecho, ello conforme a las declaraciones testificales de Gina Guardia Saucedo de Grájeda, Félix Castro Guzmán, Juan Pablo Taboada Flores y Andrés Rojas Romero, quienes  coincidieron en cuanto a la presencia del motorizado de Judith Gutiérrez Yépez, en el área de la comisión del hecho donde fue asesinada la víctima, motorizado que días después fue encontrado en poder de Enrique Fernández Hurtado; b) La interpretación del flujo de llamadas entrantes y salientes de los equipos de comunicación celular de los acusados, pruebas de cargo signados bajo los números veinte, veintiuno y treinta,  que evidenciarían que el día de los hechos los acusados se encontraban en la zona donde fue asesinado la víctima, aspecto que sumado a la presencia del motorizado visto por los vecinos, les permiten concluir que la víctima fue asesinado en presencia de Gabriela Rueda Gutiérrez por Enrique Fernández Hurtado, el mismo que se habría presentado en la zona un día antes del hecho de sangre y si bien el imputado afirmó que se encontraba en compañía de Evi Suny Solíz de Odeli, ello fue desvirtuado mediante los extractos de llamadas de ambos; por lo que, evidentemente el imputado se encontró con la testigo; empero, horas después al fallecimiento de la víctima, demostrándose que el imputado buscó a la testigo Evi Suny Soliz únicamente con la finalidad de tener una coartada; y, c) La identificación del arma del delito; por lo que, de la prueba número cuarenta y uno, se evidenció que Enrique Fernández adquirió una pistola cuyo calibre coincide al arma utilizada para quitar la vida a la víctima; sin embargo, al ser aprehendido el 24 de diciembre de 2007, éste habría extraviado su arma; 2) La conclusión a la que arribó el Tribunal de sentencia, en el sentido de que las acusaciones fiscal y particular señalaron como móvil del crimen la reticencia de parte de Judith Gutiérrez en aceptar la relación existente entre Gabriela Rueda Gutiérrez y la víctima; considerando, que la sola reticencia no resultaría ser una razón suficiente que permita concluir que Judith Gutiérrez Yépez, frente a la relación de su hija con la víctima, que vendría a ser producto de una serie de conductas y hechos previos a la muerte del acusado; no obstante, consideran que las causas que dieron lugar a ese rechazo deben ser considerados en razón a su gravedad para después determinar si la acusada tenía los suficientes motivos como para constituirse en autora intelectual del hecho delictivo; toda vez, que mediante la prueba documental de cargo número cuarenta y cinco se evidenció que Gabriela Rueda Gutiérrez se practicó un aborto, siendo el padre del niño en gestación la víctima; 3)  Asimismo, existió defectuosa valoración respecto a la declaración del investigador Héctor Quispe Choquehuanca, quien señaló que por el tiempo transcurrido se limitaría a dar lectura a su informe; sin embargo, ante la pregunta de que si se habría identificado a los autores del hecho el funcionario respondió que no, era responsabilidad atribuible a la fiscalía, circunstancia que fue determinante para el Tribunal de juicio; por lo que, consideró que al no estar identificado el autor del hecho, impedía tener certeza respecto a la responsabilidad de los acusados en el hecho juzgado; y, 4) El Tribunal de Sentencia consideró la supuesta existencia de un robo; no obstante, estar claramente delimitada la hipótesis tanto de la acusación particular y fiscal que no hubo probabilidad de asalto; empero, ante estos reclamos el Auto de Vista recurrido carente de fundamentación, se limitó a contemplar aspectos doctrinales relativos a la naturaleza y alcances del recurso de apelación restringida, de la sana crítica y la libre valoración, haciendo hincapié en que el recurso de apelación no se constituye en un medio idóneo de revalorización de la prueba, no otorgando una respuesta clara, concreta ni oportuna a los puntos cuestionados; puesto que, si bien es cierto que se encuentra impedido de revalorizar prueba; no obstante, rige la excepción cuando se observa el quebrantamiento a los principios de la sana crítica; sin embargo, incumplió con su deber de fundamentación como garantía del debido proceso, a cuyo efecto invocan los Autos Supremos 314 de 25 de agosto, 242 de 6 de julio y 349 de 28 de agosto, todos de 2006.


I.1.4. Petitorio.


Los recurrentes solicitan que sus recursos sean declarados “ADMISIBLE Y FUNDADO” y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 214/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 2051 a 2055, este Tribunal admitió los recursos interpuestos por el Ministerio Público; y,  Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia de 03/2015 de 14 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Enrique Fernández Hurtado, Judith Gutiérrez Yépez y Gabriela Rueda Gutiérrez, absueltos de pena y culpa por el delito de Asesinato, en mérito a los siguientes argumentos: a) El conjunto de pruebas de cargo propuestas y presentadas por la Fiscalía durante el juicio, no tienen la suficiente fuerza probatoria que demuestren y convenzan al Tribunal sin lugar a duda alguna que los acusados habrían adecuado su proceder y conducta al ilícito penal de Asesinato; por lo que, los medios y elementos probatorios no demostraron que los referidos imputados incurrieron en el ilícito, al no haberse demostrado quién disparó el arma de fuego que produjo las herida en Limber Rojas Jiménez  y produjeron su deceso; b) Tampoco se tiene identificada el arma de fuego utilizada; c) No se tiene demostrada la efectiva intervención de la imputada Judith Gutiérrez Yépez en el hecho al prestarle el motorizado a Enrique Fernández Hurtado; d) No se tiene la existencia de un motivo que justifique que Enrique Fernández Hurtado tenga que tener que eliminar a la víctima; e) Tampoco, se les encontró ningún elemento material que los vincule con la muerte de Limber Rojas Jiménez; f) De la conducta demostrada de los imputados, no se llegó a demostrar que se adecúe al tipo penal de Asesinato; g) Que en conclusiones, al valorar todos los elementos objetivos y elementos subjetivos no tienen la “convicción creada sin lugar a dudas” (sic), sino la existencia de duda razonable; y, h) No se encontró comprobada la culpabilidad.


II.2. De las apelaciones restringidas del representante del Ministerio Público y los  acusadores particulares.


De la revisión de los memoriales de apelación restringida de los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas y el  representante del Ministerio Publico, se advierte que en ambos recursos, se plantean motivos similares, que son los siguientes: a) En el caso de autos, se tiene una valoración contraria a la doctrina legal aplicable, constituyendo violaciones de los arts. 124, 171 y 173 del CPP, haciendo referencia como precedente contradictorio el Auto Supremo 777/2013 de 23 de diciembre, para alegar que las declaraciones a los que hace referencia, son precisas y coincidentes con los datos y características del vehículo secuestrado en poder de Enrique Fernández y que implicaría fue el motorizado que se empleó la noche del crimen “y consumar el mismo” (sic), que del contenido del flujo de llamadas telefónicas de celulares, sitúan a los imputados exactamente por los mismos lugares donde fue vista la vagoneta Toyota, tipo Touring color oscura, que ocupaba Enrique Fernández Hurtado y la víctima fue asesinada con proyectiles de nueve milímetros y que Enrique Fernández Hurtado portaba un arma de fuego tipo pistola nueve milímetros, alegando los recurrentes que estos elementos de prueba no fueron analizados y valorados en forma conjunta; b) Después de realizar consideraciones respecto al hecho, concluyen señalando que el autor material del hecho es el acusado Enrique Fernández Hurtado y las autoras intelectuales, son las acusadas Judith Gutiérrez Yépez y Gabriela Rueda Gutiérrez, porque tenían motivos para acabar con la vida de Limberg Rojas Jiménez, para justificar el asesinato se inventaron una coartada, un viaje a San Matías y que justificaron que si llamaron “tanto”, fue porque sólo esperaban para viajar el retorno de Gabriela Rueda Gutiérrez, quién fuera a despedirse del occiso y demoraba mucho,  ninguno de los acusados pudo decir la hora del viaje; también, refieren los recurrentes que el Tribunal a quo, no valoró las declaraciones de los testigos Félix Castro Guzmán, Juan Pablo Taboada Flores y Gina Guardia de Grageda que habrían señalado que el vehículo que conducía la acusada Gabriela Rueda Gutiérrez, estaba estacionado a un lado de un promontorio de tierra; asimismo, señalan que el Tribunal “A-quo”, se apartó de la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 214/2007, la que establecería como característica fundamental de la sana crítica, la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deba probar los hechos o sobre el valor que deba otorgarse a cada prueba; para posteriormente, señalar los recurrentes que el Tribunal “A-quo” no valoró las pruebas en forma conjunta y armoniosa; d) Después de referir aspectos que se habría demostrado durante los debates, indican que los Jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia, rompieron las reglas y sub reglas de la sana crítica dictando una Sentencia absolutoria.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Por Auto de Vista 93 de 14 de octubre de 2015, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fue declarado admisibles e improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, en mérito a los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de Sentencia, al haber determinado la absolución de los acusados, procedió en forma correcta y conforme a derecho, por haber interpretado correctamente lo determinado en el art. 363 inc. 2) del CPP; en cuanto, a que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el Tribunal convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados; b) El Tribunal inferior al momento de fundamentar la Sentencia, ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas, aplicando los arts. 124 y 173 del CPP; además, de aplicar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia; y, c) Para ese Tribunal superior la motivación y la valoración de las pruebas son convincentes; y, correctas, las mismas que llevó al Tribunal inferior a la conclusión y convencimiento de que las pruebas de cargo son insuficientes para generar certeza de la culpabilidad por el delito acusado; asimismo, refiere que la prueba testifical generó en el tribunal inferior la duda razonable acerca de la culpabilidad de los acusados y que aplicó correctamente el principio constitucional de “presunción de inocencia”.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


Formulados los recursos de casación, corresponde analizar y resolver los motivos contenidos en los mismos, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo 214/2016-RA de 21 de marzo.


III.1. Del recurso de casación del representante del Ministerio Público.


El recurrente alega que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto; por cuanto, no efectuó una fundamentación expresa ni específica sobre los puntos observados; por lo que, estando admitido el recurso en los términos señalados en el parágrafo IV del Auto Supremo 214/2016-RA de 21 de marzo, corresponde ingresar a su análisis de fondo, a partir de la labor de contraste con los precedentes invocados como contradictorios.


El precedente invocado por el recurrente, el Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, fue pronunciado en un proceso seguido por el delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, en el que se emitió la Sentencia que declaró a la imputada, autora de los hechos, imponiéndole la pena de tres años de reclusión y al pago del daño civil causado. Formulado el recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista, que declaró procedente el recurso, dictando nueva sentencia absolutoria en favor de la imputada. Interpuesto el recurso de casación por la parte acusadora, la entonces Corte Suprema de Justicia, señaló que siendo evidente la contradicción jurídica con referencia a que el Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar la prueba, por no existir segunda instancia en el nuevo sistema procesal penal, emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


…el Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida; en caso, de no encontrar vicios en la sentencia o defectos absolutos durante el desarrollo del proceso penal, deberá declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida, debidamente fundamentada; confirmando la sentencia apelada.


Que, en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada, deberá pronunciar el respectivo auto de vista con el fundamento que corresponda al artículo 124 con relación a los artículos 173, 359 y 370 inciso 6) in fine del CPP; en consecuencia, aplicará el artículo 413 del indicado código penal adjetivo”.


Por otra parte, el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007 invocado en el recurso de casación, fue pronunciado en un proceso seguido por los delitos de Peculado, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en la cual la entonces Corte Suprema de Justicia, refirió principalmente que en el fallo del Ad Quem incurrió en un defecto de falta de fundamentación, además que el razonamiento plasmado en el último considerando se sustenta en nueva valoración de la prueba documental, habiendo emitido la siguiente doctrina legal aplicable:


El Tribunal de Alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida, el articulo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal.


Cuando el Ad Quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del articulo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en una de las formas defectuosas previstas en articulo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o tribunal, quien observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dictará nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica


Finalmente, el invocado Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007, fue pronunciado en un proceso seguido por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso De Confianza, en el que se emitió la Sentencia que declaró al imputado, autor de los hechos, imponiéndole la pena de tres años, siete meses y quince días de reclusión con costas. Formulado el recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista, que declaró improcedente el recurso y confirmó la resolución apelada. Interpuesto el recurso de casación por el imputado, la Corte Suprema de Justicia de entonces, evidenció que el Auto de Vista impugnado omitió cumplir con el deber de motivar adecuadamente la resolución incurriendo en inobservancia del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, habiendo emitido la siguiente doctrina legal aplicable:


Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, es necesario que el Tribunal de Apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el recurso de casación, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados.


La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa.


La jurisprudencia penal tiene sentada una línea con respecto a la falta de fundamentación en las resoluciones; al respecto, el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, establece (...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso”.


Consiguientemente, del análisis de los Autos Supremos referidos precedentemente se establece situación de hecho similar, respecto al tercer precedente, el Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007; toda vez, que en ese caso, la entonces Corte Suprema de Justicia, evidenció que el Auto de Vista impugnado omitió cumplir con el deber de motivar adecuadamente la resolución, habiendo emitido doctrina legal aplicable en la que estableció que “…toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, es necesario que el Tribunal de Apelación, y que la falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva…”, aspecto similar al caso de autos, porque el recurrente denunció que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto; por cuanto, no efectuó una fundamentación expresa ni específica sobre los puntos observados. Respecto al segundo precedente invocado por el recurrente, el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, existe una situación de hecho parcialmente similar, porque refirió que en la Resolución del Ad Quem incurrió en un defecto de falta de fundamentación, además que el razonamiento plasmado en el último considerando se sustenta en nueva valoración de la prueba documental, y su doctrina legal aplicable, si bien es cierto que en su mayor parte está referido al aspecto de la valorización de la prueba; sin embargo, también hace alusión al aspecto en que el Tribunal de alzada debe pronunciarse al señalar “debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida” (sic); por lo que, ambos precedentes serán útiles para desarrollar la labor de contraste. Sin embargo, en relación al primer precedente, el Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, refirió una situación de hecho diferente, porque la Corte Suprema de Justicia de entonces, señaló que fue evidente la contradicción jurídica con referencia a que el Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar la prueba; por cuanto, este precedente no resulta útil a los fines de efectuar la contrastación, al ser diferente respecto a lo denunciado por el recurrente.


III.2.Del recurso de casación de los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas.


Los recurrentes denunciaron que ante los reclamos que realizaron en su recurso de apelación restringida, el Auto de Vista recurrido carente de fundamentación, se limitó a contemplar aspectos doctrinales, haciendo hincapié en que el recurso de apelación no se constituye en un medio idóneo de revalorización de la prueba; asimismo, que no otorgó respuesta clara, concreta ni oportuna a los puntos cuestionados y que incumplió con su deber de fundamentación como garantía del debido proceso. Estando admitido el recurso en los términos señalados en el parágrafo IV del Auto Supremo 214/2016-RA de 21 de marzo, corresponde ingresar a su análisis de fondo, a partir de la labor de contraste con los precedentes invocados como contradictorios.


El precedente invocado por los recurrentes, el Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006, fue pronunciado en un proceso seguido por el delito de Calumnias e Injurias, en el que se emitió la Sentencia que declaró absueltos a los imputados. Formulado el recurso de apelación restringida por el acusador particular, fue resuelto por Auto de Vista, que declaró improcedente el recurso. Interpuesto el recurso de casación por el acusador particular, entonces Corte Suprema de Justicia,  evidenció que la fundamentación de la Sentencia incurre en defectos en su parte descriptiva, que incurrió en defectos de las sentencias al tenor del art. 370 inc. 5) del CPP, al ser la fundamentación de la sentencia insuficiente y contradictoria, situación que no fue debidamente observada por el ad quem; y, por otra parte, que la resolución impugnada, incurrió en la contradicción denunciada por el recurrente, al señalar de manera ambigua que se subsanaron los defectos formales advertidos al recurrente mediante el proveído de fojas 67 de ese caso; sin embargo, a tiempo de dictar la parte considerativa de la resolución, se indica como fundamento de la resolución, "inobservancia de los arts. 399, 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal", incurriendo en los defectos del artículo 370 del citado Código adjetivo de la materia; en cuanto, que los fundamentos del Auto de Vista impugnado, son contradictorios. Consiguientemente, emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


Considerando, que a tiempo de interponer un recurso, es obligación del recurrente cumplir los requisitos formales, que son a la vez que un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso; es también, una obligación de los administradores de justicia, en resguardo de la garantía constitucional y procesal a la segunda opinión, que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la Sana Crítica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica.


La motivación es una parte estructural de las resoluciones y su ausencia hace presumir que el juzgador ha asumido una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando la garantía del debido proceso y dando razonables motivos a las partes, para dudar de la correcta actividad del titular del órgano jurisdiccional, al desconocer cuales son las razones para que se declare en tal o cual sentido.


El estricto cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal por parte del órgano jurisdiccional, provee a las partes los elementos necesarios para cumplir con los requisitos de los diferentes recursos y denunciar los errores que se pudieran haber cometido, no en el concepto de culpa sino en otro más amplio: error en la hermenéutica, en el discurso del Juez o Tribunal al determinar el contenido axiológico de la norma jurídica para aplicarla al caso concreto. En esta medida no debe interpretarse que la interposición de un recurso sea una agresión al Juez o a los miembros del Tribunal que emitió la resolución cuestionada, por cuanto se debe allanar el ejercicio del derecho al recurso judicial efectivo, resguardando el derecho a la seguridad jurídica y garantizando a las partes procesales el debido proceso de ley.


Por otra parte, el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006 invocado en el recurso de casación, fue pronunciado en un proceso seguido por los delitos de Peculado, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, en el que se emitió la Sentencia que absolvió a los imputados, de los hechos por el que fueron acusados. Formulados los recursos de apelación restringida por la parte acusadora y el Ministerio Público, fue resuelto por Auto de Vista, que declaró improcedente el recurso, manteniendo firme y subsistente la Sentencia apelada. Interpuesto el recurso de casación por la parte acusadora, la entonces Corte Suprema de Justicia, refirió que la fundamentación inmersa en el Auto de Vista impugnado es demasiado lacónica, que estableció la inexistencia de fundamentación clara y la vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso" al no existir la motivación suficiente; asimismo, que la Resolución que resuelve el recurso de apelación restringida no fundamenta debidamente respecto a cada uno de los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida, habiendo emitido la siguiente doctrina legal aplicable:


El marco del nuevo Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal, establece al recurso de apelación restringida como el medio legal a través del cual se efectiviza de manera real el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo cuando adolece de escasa fundamentación aspecto que deviene en violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370-5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno, y como una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos, presuponiendo este instituto la existencia de un órgano judicial independiente y funcional, así como una serie de normas que aseguren un procedimiento equitativo en el cual el o los procesados tengan a su alcance todas las posibilidades de una defensa amplia.


El Tribunal ad quem, en los asuntos sometidos a su control, tiene la obligatoriedad de dar estricta aplicación a los artículos 124 y 398 de la Ley Nº 1970 que disponen: Las sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones (...). Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.


Finalmente, el invocado Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, fue pronunciado en un proceso seguido por los delitos de Hurto Agravado y Manipulación Informática, en el que se emitió la Sentencia que declaró absueltos a los imputados. Formulado el recurso de apelación restringida por el querellante, fue resuelto por Auto de Vista, que declaró admisible y procedente el recurso, anulando totalmente la sentencia mencionada y ordenó la reposición del juicio a cargo de otro Tribunal de Sentencia. Interpuesto el recurso de casación por los imputados, la entonces Corte Suprema de Justicia, estableció que: a) Respecto de las pruebas B-4, B-9 y B-10 el Tribunal de alzada, no toma en cuenta que las mismas fueron motivo de incidente de exclusión probatoria, por la cual se determinó su exclusión y decisión que fue objeto de apelación restringida, tal como se establece a fojas 304 vuelta; y consecuencia, el Tribunal de alzada sin previamente resolver respecto a este punto de impugnación, inmerso en el recurso de apelación restringida, resuelve en sentido contrario, deviniendo en consecuencia el Auto de Vista en incompleto e "infrapetita"; y, b) Con referencia al hecho de que el Auto de Vista adolece de falta de fundamentación;  por consiguiente, se estarían vulnerando derechos y garantías constitucionales, se establece que este hecho es también evidente; por lo que, el último considerando refiere la existencia de "defectos de sentencia", sin establecer a qué defectos, específicamente se refiere, convirtiéndose en una resolución que adolece de debida fundamentación. Por lo tanto, emitió la siguiente línea doctrinal:


En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en "indefensión" a las partes y se viola la garantía constitucional del "debido proceso" cuando el Auto de Vista deviene en "infrapetita" es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes”.


Consiguientemente, existiendo situaciones de hecho en los mencionados precedentes similares a la planteada en el recurso de los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas, que denunciaron que el Auto de Vista recurrido fue carente de fundamentación, y que se limitó a contemplar aspectos doctrinales y no otorgó respuesta clara, concreta ni oportuna a los puntos cuestionados y que incumplió con su deber de fundamentación; por lo que, los referidos precedentes resultan útiles para desarrollar la labor de contraste.


III.3. Análisis del caso concreto.


El Fiscal de materia en el recurso de casación denunció que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto; por cuanto, no efectuó una fundamentación expresa ni específica sobre los puntos observados y por su parte los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas, señalaron que el Auto de Vista recurrido carente de fundamentación, se limitó a contemplar aspectos doctrinales, haciendo hincapié en que el recurso de apelación no se constituye en un medio idóneo de revalorización de la prueba; asimismo, que no otorgó respuesta clara, concreta ni oportuna a los puntos cuestionados y que incumplió con su deber de fundamentación como garantía del debido proceso, efectuando tanto el Fiscal como los acusadores particulares, sus argumentaciones correspondientes para sustentar sus denuncias.


Al respecto, de la revisión de obrados se advierte que los memoriales de apelación restringida de los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas (fs. 1148 a 1158 vta.) y del Fiscal de Materia (1159 a 1171 vta.), plantearon motivos similares, habiendo denunciado que, en Sentencia se tiene una valoración contraria a la doctrina legal aplicable, constituyendo violaciones de los arts. 124, 171 y 173 del CPP, que el Tribunal a-quo, no valoró las declaraciones de los testigos Félix Castro Guzmán, Juan Pablo Taboada Flores y Gina Guardia de Grageda; además, que se apartó de la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 214/2007, la que establecería como característica fundamental de la sana crítica, la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deba probar los hechos o sobre el valor que deba otorgarse a cada prueba, para posteriormente señalar los recurrentes que el Tribunal a quo no valoró las pruebas en forma conjunta y armoniosa, para finalmente señalar que los Jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia, rompieron las reglas y sub reglas de la sana crítica.


De la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada, se limitó a transcribir (citas que se encuentran entrecomilladas y en cursivas en fs. 2007 y vta.) los Autos Supremos 438 de 15 de octubre de 2005, 504/2007 de 11 de octubre y 200/2012-RRC de 24 de agosto, en el penúltimo considerando; y, en el último considerando, señalar que: a) El Tribunal de Sentencia, al haber determinado la absolución de los acusados procedió en forma correcta y conforme a derecho, por haber interpretado correctamente lo determinado en el art. 363 inc. 2) del CPP; en cuanto, a la prueba aportada no fue suficiente para generar en el tribunal convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados; b) El Tribunal inferior al momento de fundamentar la Sentencia, ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas, aplicando los arts. 124 y 173 del CPP; además, de aplicar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia; y, c) Para ese Tribunal superior, la motivación y la valoración de las pruebas son convincentes y correctas, mismas que llevó al Tribunal inferior a la conclusión y convencimiento de que las pruebas de cargo son insuficientes para generar certeza de la culpabilidad por el delito acusado; asimismo, refiere que la prueba testifical generó en el Tribunal inferior la duda razonable acerca de la culpabilidad de los acusados y que aplicó correctamente el principio constitucional de presunción de inocencia, observándose que el Tribunal de alzada, no se pronunció de manera debidamente fundamentada y motivada sobre los aspectos puntualmente denunciados por ambas partes recurrentes, relativos  la defectuosa valoración de la prueba que denotaría la Sentencia absolutoria, sobre el flujo de llamadas telefónicas entre los celulares de los imputados y el lugar de su procedencia en el día de los hechos, la presencia de una vagoneta Toyota, tipo Touring, color oscura, que ocupaba el coimputado Enrique Fernández Hurtado, los proyectiles de nueve milímetros con los que se dio muerte a la víctima y que el aludido imputado, portaba un arma de fuego precisamente de nueve milímetros, elementos que no habrían sido analizados ni valorados en forma conjunta. Asimismo, que no se valoró las declaraciones de los testigos Félix Castro Guzmán, Juan Pablo Taboada Flores y Gina Guardia Grageda, que señalaron que el vehículo que conducía a coacusada Gabriela Rueda Gutiérrez, estaba estacionada a un lado del promontorio de tierra.


Por lo expuesto, constatándose que el pronunciamiento del Tribunal de apelación en el Auto de Vista recurrido, contiene consideraciones genéricas, que de ningún modo responden de manera fundamentada y suficiente a los puntos apelados por la parte acusadora, resulta contrario a los precedentes invocados por los recurrentes, el  Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, cuya doctrina legal aplicable establece que el Tribunal de alzada, debe “circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida”, el Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007, que en su doctrina legal aplicable indica que “toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada”; el Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006, que su doctrina legal aplicable, señala que “La motivación es una parte estructural de las resoluciones”; el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, cuya doctrina legal aplicable establece que “El Tribunal ad quem, en los asuntos sometidos a su control, tiene la obligatoriedad de dar estricta aplicación a los artículos 124 y 398 de la Ley Nº 1970 que disponen: Las sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones (...). Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; y, el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, que en su doctrina legal aplicable señaló que “En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución”, además de indicar posteriormente, que “es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida”, aspectos que no fueron cumplidos por el Tribunal de apelación, más aun considerando que el art. 398 del CPP, establece que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; además, que la debida fundamentación constituye uno de los elementos de debido proceso, así la jurisprudencia a través del Auto Supremo 73/2013-RRC de 19 de marzo de 2013, señaló que “entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la exigencia de que toda resolución judicial debe ser debidamente fundamentada o motivada”, encontrándose el debido proceso debidamente garantizado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, que señala que el  Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, SE DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 93 de 14 de octubre de 2015, de fs. 2004 a 2008 vta. y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida y los fundamentos de la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA