TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 434/2016-RRC

Sucre, 14 de junio de 2016


Expediente                        : Tarija 8/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Eyber Bamba Real

Delito                        : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2015, cursante de fs. 505 a 521, Eyber Bamba Real, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 67/2015 de 19 de octubre, de fs. 466 a 450, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales Carolina Chamón Calvimontes y Ernesto Félix Mur, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).


I.EL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.Antecedentes.


a) Por Sentencia 26/2015 de 22 de abril (fs. 376 a 383), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Eyber Bamba Real, autor del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y reparación de daños a favor de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Eyber Bamba Real, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 437 a 447), resuelto por Auto de Vista 67/2015 de 19 de octubre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.


I.1.1.Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 245/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver el motivo de su recurso de apelación restringida, confirmando su condena de treinta años, en flagrante violación al principios de inmediación, contradicción, presunción de inocencia, in dubio pro reo; tal defecto, es relativo a que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 4) del art. 370 del CPP, al haberle condenado, con base a las declaraciones testificales referenciales de tercer grado, de los policías investigadores del caso, quienes sabrían de los hechos acusados y la supuesta autoría del imputado, por referencias de otras personas y entre éstas del co-imputado Marcelo Sandoval, quien no fue acusado. Al respecto, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2006, del cual efectuó una transcripción parcial de su contenido, afirmando que el Tribunal de alzada al confirmar la Sentencia, sin precisar ni fundamentar el agravio denunciado, contradijo el mandato contenido en el Auto Supremo aludido.


2) Denunció que no se valoró correctamente las declaraciones de los tres testigos de referencia, en tercer grado (los Policías investigadores); en cuanto, a que los testigos afirmaron que habrían ido a la casa de la víctima la madrugada en que lo mataron, atestaciones que no podían ser suficientes para determinar cómo hecho probado su responsabilidad de autor. Igualmente, denunció que los miembros del Tribunal de Sentencia, efectuaron afirmaciones que no fueron expresadas por ninguno de los tres testigos policías, tales como que “…INGRESARON LOS PERPETRADORES DE MANERA GENERAL, PREGUNTANDO POR KALUCHIN, DONDE CONTESTA LA VÍCTIMA Y RECIBE UN GOLPE”, señalando el A quo además que “AQUÍ NO VALE PREGUNTARSE QUIEN PROPINO EL GOLPEN Y QUIEN APRETOS EL GATILLO” (sic), expresiones que denotan duda, no obstante se declaró como hechos probados que él es responsable del golpe y que disparó el arma, resultando autor de la muerte de la víctima, lo que a decir suyo-incumple con las reglas de la lógica, experiencia y psicología, extremos no considerados por el Tribunal de alzada, quien habría argumentado que no podía ingresar a una nueva valoración de los elementos de convicción, soslayando su función de controlar esas valoraciones, actuando en contradicción con la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 111/2007 de 31 de enero, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 229/2012 de 27 de septiembre y 176/2013-RRC de 24 de junio, sobre éstos afirmó que se refieren a la valoración probatoria, efectuando una transcripción parcial de su contenido y resaltando que el mismo guarda coherencia con el principio de inmediación; por cuanto, el Juzgador es el único que tiene la posibilidad de tener contacto directo con las pruebas, de cuya impregnación y posterior valoración en Sentencia, quedará en condiciones de determinar de la manera más cercana posible, la verdad histórica de los hechos (verdad material), que resulta ser el fin esencial del proceso penal, razonando en contrario el Tribunal de alzada no cuenta con la posibilidad de inmediación con el elenco probatorio, haciendo inviable cualquier examen valorativa de la prueba; por lo que, su campo de acción está circunscrito al control de la logicidad de la valoración del Tribunal o Juez de Sentencia, aspecto que omitió efectuar el Tribunal de apelación.

 

I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita la admisión del recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado por vulneración al principio “in dubio pro reo”, ordenando que el Tribunal de alzada anule totalmente la Sentencia y disponga la reposición del juicio por otro tribunal.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 245/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 528 a 530 vta., este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Eyber Bamba Real, para el análisis de fondo de los dos motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 26/2015 de 22 de abril, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Eyber Bamba Real, autor  del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y reparación de daños a favor de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia, en base a los siguientes fundamentos:


1) El 30 de agosto hasta las primeras horas del 31 de agosto de 2008, Yiovani Cruz Guzmán, se encontraba en su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de Marcelo SandovalEl Quinientos”, Juan Carlos Segovia “Caluchi”, Virginia Rivera, Germán Castillo “ el Chancho”, “el Chino” y otros, hasta que a horas 02:00 a.m. ingresaron dos sujetos al domicilio de Yiovani Cruz Guzmán, golpeándole en la cabeza para luego rematarlo con seis impactos de bala, calibre veintidós.


2) Se demostró el fallecimiento de Yiovani Cruz Guzmán, acaecido el 31 de agosto de 2008, en su domicilio ubicado en la calle Mauro Molina, de la zona 15 de Noviembre, Barrio Luis Pizarro, como consecuencia de golpes contundentes en la región frontal de su cabeza y seis disparos de arma de fuego en el rosto de manera homicida.


Según el acta de levantamiento de cadáver, se encontró al occiso en posición de cúbito dorsal izquierdo, con los miembros inferiores flexionados sobre el abdomen y las extremidades superiores derecha extendida y apoyada en la región del tórax y la izquierda dirigida adelante, presentando rigidez cadavérica parcialmente instalada con una cronología de seis a ocho horas aproximadamente del deceso.


El cadáver presentaba una herida contusa de siete centímetros de longitud, a nivel de la región frontal y hematoma peri orbitario derecho  la presencia de seis orificios, determinándose la causa de la muerte por Traumatismo Facio Craneal, por proyectiles de arma de fuego y Traumatismo Encéfalo Craneal Abierto.


De la autopsia se evidencia signos que indican que antes de recibir los impactos de bala, la víctima fue golpeada en el cráneo región frontal, que se considera como causa de muerte contribuyente, cuyo golpe denominado anestésico, porque tiene la finalidad de inmovilizar o reducir a la víctima antes de matarla, el informe describe seis orificios producidos por impactos de bala, que por informe del forense algunos disparos se realizaron desde una distancia de cinco a quince centímetros y otros a una distancia de quince a cincuenta centímetros, encontrándose de pie a momento de disparar, delante de la víctima y cerca del extremo cefálico (cabeza) y ésta en posición inferior, recostado del lado izquierdo referente al victimario, esto se entiende porque antes de los disparos fue golpeado con un elemento contundente en la cabeza, que le causó hematomas en el cerebro, de modo que no existe duda alguna que la víctima falleció por disparos de arma de fuego en la región Facio Craneal.


3)  Las declaraciones de los investigadores, a pesar del transcurso del tiempo, consta de relatos de los hechos coherentes, uniformes y consistentes, al referir que han averiguado durante la investigación, obteniendo la información de quienes conocían a la víctima, el acusado y de personas que estuvieron la noche del suceso.


4) El Tribunal concluyó que existió entre Eybar Bamba Real y Juan Carlos Segovia una enemistad a causa de una mujer, motivo por el que tuvieron una riña antes del suceso, con uso de arma de fuego, resultando herido un miembro de la familia Bamba; por lo que, el 30 de agosto, Eyber Bamba en estado de ebriedad va en busca de Juan Carlos Segovia a la casa de Yiovani Cruz Guzmán, diciendo que tenía cuentas con él que lo iba a matar, viendo los que estaban que portaba dos armas de fuego, al no encontrar al “Caluchi”, se retira retornando junto con dos personas s, contian bebiendo hasta el anochecer en una vivienda ubicada en la periferia del Barrio Luis Pizarro próximo a la playa del Río Guadalquivir, avenida Integración.


s tarde Eyber Bamba supo que Caluchi, se encontraba en el domicilio de la víctima y junto con otros dos sujetos, uno de ellos conducía un vehículo plomo se dirigen al lugar en busca de “Caluchi”, quien se entera y sale corriendo en la noche, mientras tanto Yiovani se encontraba en su cama, ingresan estas tres personas preguntando por “Caluchi”, contesta la ctima y recibe un primer golpe contundente en la frente que le causa el hematoma  y lo reduce, luego lo disparan, Eyber Bamba ingresó al domicilio, lo que se estableció fue  el accionar destinado a reducir la capacidad de defensa de la víctima y de quitarle la vida, puesto que los disparos fueron certeros a quemarropa y en un órgano vital.


II.2. De la apelación restringida.


Una vez emitida la Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes motivos:


1) Defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, alegando que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en la valoración defectuosa de la prueba, incurriendo en defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, se vulneró la Seguridad Jurídica, el Debido Proceso en su vertiente de la Presunción de Inocencia, In dubio pro reo, Seguridad Jurídica, Igualdad, Justicia, Legalidad e Inmediación, señalando como disposiciones violadas o erróneamente aplicadas los arts. 169 inc. 3), 124, 173, 370 incs. 4) y 6) del CPP, arts. 115.I y II, 116.I y II, 17.I de la CPE; y, art. 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.


Se refiere en el título de la “VALORACION DE LA PRUEBA Y OTRO DEL TRIBUNAL ACERCA DEL MOTIVO DE HECHO Y DERECHO”, a la versión de los testigos Manuel Angola, Felipe Vallejos Rengel y Segundo Rubén Choque Canaviri, que fue la base para su condena, testigos de segundo y tercer grado, el Tribunal de origen no tomó en cuenta los elementos que demostraron su inocencia, se llegó a incorporar hechos que no fueron probados con ningún medio de prueba objetivo, lesionando el principio de presunción de inocencia.

2) Alega que la Sentencia se emitió sin la debida fundamentación y motivación, al no considerar en la Sentencia la fundamentación o alegatos realizados por la defensa, tan solo menciona en cuatro líneas en la sexta hoja casi al finalizar, de lo que se evidencia que la Sentencia adolece de la garantía de la Debida Fundamentación, vulnerando el art. 124 del CPP, incurriendo de esta manera en defecto absoluto, en lesión al derecho a recurrir.

3) Argumenta valoración defectuosa de la prueba y logicidad, al no valorar correctamente las contradicciones de los testigos referenciales, en la que el Ministerio Publico no destru objetivamente la presunción de inocencia, valoración realizada se equipara al del sistema inquisitivo, porque no se sabe cuál de los perpetradores disparó el arma, quién dio el primer golpe; y, por qué atribuyen que su persona fuera el responsable de la muerte, defecto que contradice la doctrina de los Autos Supremos 266/2014-RRC y 438 de 15 de octubre de 2005 sobre la sana critica o logicidad, pues se evidencia que el razonamiento del Tribunal de origen fue arbitrario, incoherente, contradictorio y absurdo, lo que vulneró el principio del iter lógico, que constituye defecto absoluto inconvalidable.


Invoca como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 099/2013 de 03 de abril, 208/2014-RRC y 266/2014 de 24 de junio.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Por Auto de Vista 67/2015 de 19 de octubre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada, en base a los siguientes fundamentos:


1) Sobre el agravio de que la Sentencia se basaría en hecho no probados y en base a declaraciones referenciales de policías, refiere que toda información susceptible de valoración judicial ingresa a través del testimonio de los testigos solicitados por las partes, estableciendo los principios básicos del sistema acusatorio, que el juez sólo debe valorar la prueba que ha sido practicada en su presencia, bajo juramento y sujetas a contrainterrogatorio, siendo que la regla tradicional determina que las manifestaciones anteriores de los testigos no deben ser usadas para la comprobación de la verdad; sin embargo, esta pretensión ideal choca abiertamente con la realidad y por eso que todos los sistemas de corte acusatorio permiten excepciones. Los testigos son los policías que intervinieron en las investigaciones y se empaparon con el conocimiento de los hechos, de  modo que de ninguna manera se puede sobreponer el esclarecimiento de la verdad material a la forma cuando en el presente caso, se tienen las declaraciones en juicio de funcionarios públicos imparciales, sin que existan intereses comprometidos que pongan en tela de juicio su labor.


2) El Tribunal de alzada precisa que no puede aludirse que la Sentencia se  base en hechos no probados, por considerar la defensa del recurrente inidóneas las declaraciones de los policías, cuando la instancia inferior valoró que éstas son coincidentes, siendo valoradas de manera integral. Agrega que evidentemente quien acusa debe probar, pero si en descargo se refiere que no se estuvo en el ligar de los hechos porque se estuvo en otro lugar, la exigibilidad de probanza alcanza a la defensa porque se encuentra sosteniendo el hecho como supuesto fáctico, de contrario de no efectuar referencia alguna sobre el lugar en el que se encontraría, queda únicamente en manos de la fiscalía demostrar los hechos acusados.


3) Respecto a la denuncia de carencia de debida fundamentación, el Tribunal de alzada expresa que la Sentencia consideró los alegatos de la defensa compulsados con la prueba incorporada a juicio, criterios legales y doctrinales, exponiendo las razones legales por las que no se considera estos argumentos con relación a las pruebas ligadas, una externa y otra interna en observancia del art. 173 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el caso presente, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación en la resolución impugnada que confirma su condena de treinta años, dispuesta por una Sentencia que incurriría en el defecto  previsto en el inc. 4) del art. 370 del CPP, porque se basó en testificales referenciales; asimismo, alega que el Tribunal de apelación no cumplió con la obligación de controlar si la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia a tiempo de analizar las declaraciones de los tres policías, cumple la regla de logicidad, correspondiendo resolver ambas problemáticas.


III.1. De la labor de  contraste en el recurso de casación.


       Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3) LOJ, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar  y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por los otros Tribunales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


       El art. 416 del CPP, preceptúa: ”Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance” (sic). En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto  ´factico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


       Por otro, lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva Resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. La valoración de la prueba según la sana crítica y su control por el Tribunal de alzada.


En cuanto a esta temática, el Auto Supremo 176/2013-RRC de 24 de junio, precisó lo siguiente: “En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, así, el art. 173 del CPP señala: `El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.´ Ahora bien, la sana crítica implica que en la fundamentación de la Sentencia, el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Esta fundamentación o motivación sobre la base de la sana crítica, consiste en la operación lógica fundada en la certeza,  observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos. Las leyes del pensamiento son leyes que se presentan en el raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones. Leyes que, como es conocido en la doctrina, están regidas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.


Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba, es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia por el Juez o Tribunal de Sentencia, es el Tribunal de alzada el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o absurdas, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano. Luego, si el Tribunal de alzada encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de sentencia, corresponde la nulidad de la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, al estar prohibido de corregir directamente el defecto, como consecuencia del impedimento a la revalorización de la prueba, conforme el art. 413 del CPP, ello en resguardo de los principios de inmediación, oralidad, concentración, contradicción, que son rectores del proceso penal y a los que está sometida la prueba, para el resultado final de resolución del hecho sometido a juzgamiento.


Estos criterios han sido asumidos de manera uniforme y reiterada por este Tribunal, al señalar que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral, es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, en resguardo y coherencia con los principios del juicio oral de inmediación, oralidad y contradicción; correspondiendo al Tribunal de alzada ejercer la labor de control sobre la valoración de la prueba realizada por el inferior; doctrina legal traducida en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005 que estableció: `...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre´.


El Auto Supremo 504/2007 de 11 de octubre, al distinguir la labor de los Tribunales de Sentencia con la de los Tribunales de apelación, señaló que: ´Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.” (las negrillas y el subrayado son nuestras)


Por su parte el Auto Supremo 277/2008 de 13 de agosto, entre otros, precisó que: ´La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores `injudicando´ o errores `improcedendo´ en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales.


En la misma línea, el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, expresó que:´Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal".


Incluso en el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, se precisó que: La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51.2 del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes del CPP, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión de presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso´  (Las negrillas son nuestras).”


III.3. Con relación a la denuncia de falta de fundamentación.


En este primer motivo de casación, el imputado denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación en la resolución impugnada que confirma su condena de treinta años, violando los principios de inmediación, contradicción, presunción de inocencia, in dubio pro reo, por cuanto la Sentencia habría incurrido en el defecto previsto en el inc. 4) del art. 370 del CPP, porque fue condenado en base a testificales de los investigadores del caso que sólo son referenciales, quienes sabrían de los hechos acusados y la supuesta autoría del imputado, por referencias de otras personas, entre ellas del co-imputado Marcelo Sandoval, quien no fue acusado; al efecto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2006, que fue emitido en un proceso penal por la comisión de los delitos de Asesinato y Robo Agravado, en el que se denunció en casación los siguientes motivos: a) Errónea valoración de la prueba y su obtención ilícita; y, b) Errónea aplicación del art. 20 del CP, reconociendo la aplicación de la teoría del "dominio del hecho" sobre la participación criminal; en ese contexto, el Tribunal de Casación evidenció que el Tribunal de alzada no identificó la violación a las reglas del "debido proceso" ni las restricciones a derechos fundamentales en perjuicio del imputado; y en cuanto, a la errónea aplicación del art. 20 del CP, evidenció contradicción con la doctrina aplicable, porque consideró como autores a “quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso", cuando que desde la perspectiva de la Teoría del dominio del hecho dominante se considera "autor", a quien tiene en sus manos el curso de los hechos del suceder típico y antijurídico, lesionando el bien jurídico, a la que se adscribe la teoría del acuerdo previo que considera como "autores", cuando hay una resolución conjunta, libre, voluntaria para realizar el hecho planeado con antelación, distribuyendo roles y papeles en la ejecución dolosa de la lesión antijurídica, que es precisamente lo que ocurrió en aquel caso, con la articulación de elementos subjetivos y materiales, producto de "acuerdo previo común", en los incriminados que en ningún momento desistieron de su acción delictiva; por lo que, obviamente existió previo acuerdo entre los agentes para la comisión de los delitos acusados a más de designarse los roles que debían cumplir cada uno de ellos, adquiriendo en ese momento la calidad de coautores de los delitos cometidos.


Conforme los argumentos expuestos y lo dispuesto por el párrafo tercero del art. 416 del CPP, a fin de que este Tribunal pueda ejercer su función unificadora de jurisprudencia, debe existir una situación fáctica análoga entre los hechos que generaron la doctrina aplicable del precedente invocado y el motivo traído en casación, aspecto que en el caso de autos no se da; toda vez, que el precedente invocado por el recurrente, no presenta un hecho similar al planteado en casación, debido a que el precedente dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, porque la problemática estuvo referida a la aplicación de la Teoría del Dominio del Hecho en cuanto la concepción de “autor”, temática diferente a la planteada en el presente recurso de casación, donde el cuestionamiento se circunscribe a la falta de fundamentación del Auto de Vista con relación al motivo de apelación restringida, fundado en el defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP; en consecuencia, no es posible que este Tribunal de Casación pueda realizar la correspondiente labor de contraste, en tal sentido el presente motivo deviene en infundado.


III.3. Sobre la denuncia de falta de control a la logicidad de la sentencia.


En este planteamiento, el recurrente invoca el Auto  Supremo 111/2007 de 31 de enero, emitido dentro de un proceso por la comisión del delito Peculado, por el cual el Tribunal de Casación dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, al establecer que el Tribunal de apelación a tiempo de dictar la resolución recurrida no observó que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica, pues no expresó con claridad los fundamentos para dictar un nuevo fallo, omitiendo expresar cuáles fueron las razones objetivas en base a las que determinó que no concurrían los elementos típicos del delito de peculado, máxime cuando el razonamiento plasmado en el último considerando se sustentó en nueva valoración de la prueba documental, desconociendo el asignado por el tribunal de mérito, de ahí que el fallo cuestionado omitió determinar mínimamente cuáles eran los elementos constitutivos del tipo penal en análisis, para así precisar si en el sub lite realmente era necesario que alguno de los elementos que configuran el tipo penal de peculado sea precisamente el que existan documentos públicos, entendimiento erróneo que emergió de la lectura del fallo impugnado evidenciándose defectuosa fundamentación, por lo que emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“El Tribunal de Alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que:


"Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal".


Cuando el Ad Quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del articulo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en una de las formas defectuosas previstas en artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o tribunal, quien observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dictará nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.”


El supuesto fáctico que dio lugar al precedente desarrollado, referido  principalmente a la incompetencia del Tribunal de alzada de valorar la prueba, cuando debió circunscribirse a los motivos apelados y a la forma de resolución prevista en el art. 413 del CPP, no guarda similitud con la problemática formulada en el recurso de casación, referida al incumplimiento en la labor de control sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de origen, siendo dos temáticas diferentes que no permite que se considere el fallo invocado a efectos de su contrastación.


El Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, fue dictado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, ante la denuncia de que el Tribunal de alzada, actuando ilegalmente anuló la Sentencia y dictó una nueva, revalorizando la prueba, valorando los hechos no probados o inexistentes, quebrantando el principio de inmediación e intangibilidad de la prueba y contraviniendo la línea jurisprudencial sobre la prohibición al Tribunal de alzada, de cambiar la situación jurídica del estado de absuelto a condenado o viceversa; en ese sentido, este Tribunal de Justicia advirtió que el inferior se atribuyó la facultad de valorar la prueba, facultad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia, estableciendo la siguiente doctrina a tiempo de dejar sin efecto la resolución impugnada:


Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.


Se vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.”


El precedente desarrollado, referido a que el Tribunal de alzada revalorizó la prueba para cambiar la situación jurídica de los imputados de absueltos a condenado, no guarda semejanza con la problemática formulada en el presente recurso de casación referido al incumplimiento del Tribunal de apelación de ejercer la labor de control sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de origen, por lo que al tratarse de temáticas diferentes no corresponde ser considerado para la labor de contraste.


También el recurrente invocó el Auto Supremo 229/2012 de 27 de septiembre, pronunciado dentro de un proceso penal seguido por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el que se alegó en casación que el Tribunal de alzada valoró las pruebas de cargo, sin que sea su potestad revocando la Sentencia de absolución, constatando este Tribunal que el Tribunal de alzada revalorizó la prueba a momento de emitir la nueva Sentencia, porque advirtió la inobservancia de la ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“Es menester que los Tribunales de alzada asuman con precisión los alcances del recurso de apelación restringida, que constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la dictación de la Sentencia; por ello no debe entenderse que dicho recurso sea el medio idóneo que faculte al ad quem, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si se advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, lo que corresponde es anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.


Se viola el derecho a la defensa y al debido proceso, reconocido por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.”


El precedente invocado por el recurrente, no resulta aplicable al caso concreto, debido a que la temática abordada fue la revalorización de la prueba, resultando diferente al motivo de análisis del presente recurso relativo al posible incumplimiento en la labor de control del Tribunal de alzada, sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de origen, extremo por el que se imposibilita efectuar la labor de contrastación con este precedente contradictorio.

Por último, se invoca el Auto Supremo 176/ 2013-RRC de 24 de junio, que determinó dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, dentro de un proceso seguido por el delito de  Violación en estado de inconciencia, en el cual se advirtió que el Tribunal de alzada evidentemente incurrió en revalorización de la prueba infringiendo el principio de inmediación, porque su labor es la de controlar la errónea valoración de la prueba, sin ingresar en la labor de valoración de la prueba y sin asumir conclusiones sobre la responsabilidad de los imputados, estableciéndose que el Tribunal de apelación al no haberse limitado a su labor de control sobre la valoración de la prueba realizó una revalorización, en cuyo mérito se emitió la siguiente doctrina legal:


“Por lo referido se tiene que el Tribunal de alzada, al no haber limitado su función al control de verificación respecto a la valoración de prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia, sino que desarrolló una tarea de revalorización de la prueba, se apartó de la doctrina legal aplicable.”


       El precedente invocado por el recurrente, resulta aplicable al caso concreto, debido a que su doctrina fue establecida ante la falta de control de parte del Tribunal de alzada respecto a la valoración probatoria efectuada por el inferior, resultando similar a la planteada en el presente recurso, siendo posible en ese sentido realizar la contrastación prevista por la norma.


Ahora bien, en el segundo motivo de casación, la parte imputada denuncia que el Tribunal de apelación no cumplió con la obligación de controlar si la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia a tiempo de analizar las declaraciones de los tres policías, cumple la regla de logicidad, al señalar que habría ido a la casa de la víctima la madrugada que la mataron, siendo el fundamento para su responsabilidad como autor; así como las afirmaciones dudosas expuestas en la Sentencia en inobservancia de la lógica, experiencia y psicología, no consideradas por la Alzada bajo el argumento de que no puede realizar una nueva valoración, omitiendo controlar la valoración probatoria del inferior en grado.


A efecto de resolver la alegación precedente, es necesario traer a consideración los antecedentes del presente proceso con relación al motivo señalado, estableciéndose del análisis del Auto de Vista impugnado, que el Tribunal de alzada al resolver las denuncias vinculadas a las declaraciones de los testigos que en el planteamiento del recurrente sólo son referenciales, destacó que toda información susceptible de valoración judicial ingresa a través del testimonio de los testigos solicitados por las partes, estableciendo los principios básicos del sistema acusatorio, que el juez sólo debe valorar la prueba que ha sido practicada en su presencia, bajo juramento y sujetas a contrainterrogatorio, siendo que la regla tradicional determina que las manifestaciones anteriores de los testigos no deben ser usadas para la comprobación de la verdad; sin embargo, esta pretensión ideal choca abiertamente con la realidad y por eso que todos los sistemas de corte acusatorio permiten excepciones. En ese contexto, el Tribunal de alzada destacó que los testigos son los policías que intervinieron en las investigaciones y se empaparon con el conocimiento de los hechos, de  modo que de ninguna manera podía sobreponerse el esclarecimiento de la verdad material a la forma, cuando en el presente caso, se tienen las declaraciones en juicio de funcionarios públicos imparciales, sin que existan intereses comprometidos que pongan en tela de juicio su labor.


Por otra parte, el Tribunal de alzada precisó que no podía aludirse que la Sentencia se basó en hechos no probados, por considerar la defensa del recurrente inidóneas las declaraciones de los policías, cuando la instancia inferior valoró que éstas eran coincidentes, siendo valoradas de manera integral, añadiendo que evidentemente quien acusa debe probar, pero si en descargo se alega que no se estuvo en el lugar de los hechos porque se estuvo en otro lugar, la exigibilidad de probanza alcanzaba a la defensa.


Esta precisión de los razones asumidas por el Tribunal de alzada para desestimar los reclamos del imputado en apelación, demuestran que en base al planteamiento y cuestionamientos efectuados a las declaraciones de los investigadores del caso, el Tribunal de alzada, en aplicación de su labor de control, revisó el fundamento del recurrente que fue motivo de apelación y con base al análisis de las pruebas testificales, específicamente de los policías investigadores cuyas declaraciones fueron introducidas en el juicio oral, destacó que todas ellas fueron recepcionadas en el juicio contradictorio, además de resultar coincidentes en los puntos motivo de probanza, cuyas atestaciones tuvieron una valoración de manera integral, valoración que llevó a la conclusión de que el Tribunal de origen no incurrió en el defecto denunciado de errónea valoración de la prueba, lo que determinó en suma la existencia del delito atribuido al acusado, que concluyó con una sanción al haber llegado a la convicción de la responsabilidad.


Función de control que se la hizo de manera escueta y comprensible, pero suficiente, si se considera que la parte recurrente no especificó ni mencionó qué normas de la sana crítica hubieren sido vulneradas: sea la lógica, experiencia común y psicología, en cuyo caso hubiese resulta exigible una consideración más amplia, de modo que el análisis efectuado estuvo en correspondencia a los reclamos efectuados en apelación por lo que mal se puede alegar que el Tribunal de alzada hubiese ignorado su función de controlar la valoración probatoria del inferior en grado; extremos estos, que demuestran que el Tribunal de apelación a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, no incurrió en contradicción con el  Auto Supremo 176/2013-RRC de 24 de junio, que fue invocado  por el recurrente; razón por la cual, el presente motivo también deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Eyber Bamba Real.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA