TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 426/2016-RA

Sucre, 13 de junio de 2016


Expediente                : Santa Cruz 30/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Publico y otro

Parte Imputada        : Julia Alejandra Somi Ali

Delitos                : Falsedad Material y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de febrero de 2016, cursante de fs. 155 a 156 vta., Ady Adrián Rosales Carvajal en representación de Roberto Orlando Escobar Cruz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 4 de 29 de enero de 2016, de fs. 148 a 151, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico y Roberto Orlando Escobar contra Julia Alejandra Somi Ali, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 28/2015 de 2 de octubre (fs. 115 a 117), el Tribunal Decimo Primero de Sentencia de Santa Cruz, declaró a Julia Alejandra Somi Ali, autora de la presunta comisión de los delitos Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión, disponiendo que en ejecución de Sentencia se establecerá los daños civiles a la víctima.


b) Contra la mencionada Sentencia, la parte acusadora Ady Adrián Rosales Carvajal en representación de Roberto Orlando Escobar Cruz, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 121 a 122), resuelto por el Auto de Vista 4 de 29 de enero de 2016 (fs. 148 a 151), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso, y en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c) El 22 de febrero de 2016 (fs. 154), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 29 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, el cual es motivo de análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) El recurrente denuncia que la Resolución de alzada no habría considerado ni atendido en torno al agravio de inobservancia de las reglas de procedencia del procedimiento abreviado, mucho menos por el Tribunal de Sentencia, bajo el fundamento de que durante el juicio oral de aplicación de procedimiento abreviado a favor de la acusada Julia Alejandra Somi Ali, su persona de conformidad al art. 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sobre los requisitos de procedencia de la aplicación de procedimiento abreviado, hubiera formulado oposición fundamentada, para tener un mejor conocimiento de los hechos se solicitó que se aplique el procedimiento común, que en el hecho acusado participaron varias personas, coautores o cómplices de la cual la imputada no habría proporcionado datos, ni colaborado con el esclarecimiento de los hechos, implicando la impunidad para los demás autores, en el que su mandante Roberto Orlando Escobar Cruz hubiese sido víctima de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, con daño económico de consideración, con la sustracción y cobro de cheques de las entidades Bancarias, producto de la participación de otros autores y cómplices en el hecho acusado.

2) Reclama que ni el Tribunal de Sentencia ni el Auto de Vista impugnado no habrían considerado ni hecho referencia a la oposición fundamentada de la víctima, limitando su derecho de participación en el procedimiento abreviado, bajo el argumento de que no se aplicó lo establecido en la Sentencia Constitucional 1066/2010 de 23 de agosto, que estuviera referido a que la víctima tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial, más aun cuando esta implique la extinción o suspensión de la extinción de la acción penal.


3) Alega que la Sentencia incurrió en defecto de fundamentación, bajo el fundamento de que después de hacer solo una descripción de las pruebas, llegó a ciertas conclusiones de orden legal y así mismo de la revisión del acta de acuerdo para aplicación de procedimiento abreviado, dicho procedimiento no manifestaría con quienes participo en el hecho, que debió la imputada manifestar su plena participación criminal, con el reconocimiento de la culpa y la renuncia expresa del juicio oral, incumpliendo de esta manera con los presupuestos exigidos por el art. 374 del CPP, en sus tres incisos.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 22 de febrero de 2016 (fs. 154), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 29 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se tiene:


Respecto al primer motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido no habría considerado ni atendido en torno al agravio de inobservancia de las reglas de procedencia del procedimiento abreviado, en el que el recurrente hubiera formulado oposición fundamentada y solicitado se aplique el procedimiento común. En la especie, el recurrente no ha invocado, ni citado ningún precedente contradictorio, tal cual lo exige el art. 416 del CPP, lo que imposibilita materialmente a este Tribunal a cumplir con su labor de contraste encomendado por ley; en consecuencia, no cumple con los presupuestos requeridos por los arts. 416 y 417 del CPP, por tanto, el motivo resulta inadmisible.

Con relación al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista impugnado no habría considerado ni hecho referencia a la oposición fundamentada de la víctima. En el presente agravio, invoca como precedente contradictorio, la Sentencia Constitucional 1066/2010 de 23 de agosto, Resolución que no contiene doctrina legal aplicable, porque contraviene lo dispuesto por el art. 416 del CPP, que establece: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal de la Corte Suprema”. (El subrayado es nuestro). Por lo que corresponde determinar su inadmisibilidad.


Finalmente, con referencia al tercer motivo, en el que alega que la Sentencia incurrió en defecto de fundamentación, que la imputada no hubiera reconocido su culpabilidad y renunciado al juicio oral, vulnerando el art. 374 del CPP. En respuesta, en este último motivo, el recurrente denuncia defectos de fundamentación cometidos por el Tribunal de juicio y no refiere ningún agravio en el que haya incurrido el Auto de Vista impugnado, olvidándose que este recurso de casación está dirigido a impugnar Autos de Vista contrarios a otros precedentes y no precisamente Sentencias, conforme el canon establecido por el art. 416 del CPP. En consecuencia, incumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que el motivo también deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ady Adrián Rosales Carvajal en representación de Roberto Orlando Escobar Cruz, de fs. 155 a 156 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA