TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 421/2016-RA

Sucre, 13 de junio de 2016


Expediente                : Tarija 25/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Miguel Ángel Arcienega Paniagua

Delito        : Homicidio Culposo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de abril de 2016, cursante de fs. 620 a 625, Miguel Ángel Arcienega Paniagua interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 34/2016 de 2 de marzo, de fs. 606 a 610 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del Código Penal (CP).


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 18/2015 de 6 de julio (fs. 568 a 577 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Miguel Ángel Arcienega Paniagua, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de un año de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de Yacuiba. En aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concedió el perdón judicial a favor del imputado.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado (fs. 581 a 588) interpuso recurso de apelación restringida que fue resuelto por Auto de Vista 34/2016 de 2 de marzo, que lo declaró sin lugar; y, en consecuencia, confirmó la Sentencia impugnada.


c) Por diligencia de 30 de marzo de 2016 (fs. 618), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 6 de abril del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Previa cita de los Autos Supremos 6 de enero de 2007, 20/2012 de 7 de febrero, 340/2006 de 28 de agosto y 85/2013 de 26 de marzo, señala que el Auto de Vista vulnera el principio de legalidad, el debido proceso y certeza de la resolución, porque convalida actos ilegales y discrecionales del Tribunal de Sentencia, además omite pronunciarse sobre todos los puntos apelados, teniendo en cuenta que se reclamó como defectos absolutos los siguientes motivos: a) Señaló la vulneración del principio de legalidad, porque el Tribunal de Sentencia de manera oficiosa introdujo hechos no contemplados en la acusación, aspectos que fueron sustento de la Sentencia, teniendo en cuenta que señaló que el imputado no tuvo cuidado e inobservó el cumplimiento de sus obligaciones inherentes a su cargo; b)  El Tribunal A quo vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso porque habiendo solicitado la exclusión de las pruebas MP 7, MP 8 y MP 11, dicho Tribunal señaló que las mismas fueron ofrecidas como prueba documental y que no fueron objetadas, por lo que concluyó que no se corra traslado la exclusión y se la rechace de manera directa porque la misma es dilatoria de acuerdo a lo previsto por la Ley 586, que establece multa; por lo referido y ante esa amenaza se retiró la exclusión probatoria, situación que vulneró su derecho a la defensa; y, c) Señaló que se incurrió en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia porque la prueba documental no es suficiente para deslindar responsabilidad al imputado haciendo notar que debió demostrar su inocencia. Por esos motivos señala que al Auto de Vista respecto de los referidos defectos, afirmó que el Tribunal tiene el poder ordenador y disciplinario, aspecto que constituye una vulneración al derecho a la defensa, de otro lado, con relación al reclamo en el entendimiento que el tribunal incluyo hechos ajenos a los pliegos acusatorios, los Vocales se limitan a manifestar que esta situación emergió del desfile probatorio, aspecto que es falso puesto que del análisis de los antecedentes no se ha materializado prueba alguna que introduzca estos hechos, que son ajenos al proceso.  


Adicionalmente, cita el Auto de Vista 64/2008 dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; Autos Supremos 431/2006 de 20 de octubre de 2006 y 067/2013-RRC de 11 de marzo.


2) Previa cita de los Autos Supremos 317/2012 de 08 de octubre y 515 de 16 de noviembre, asevera que el Tribunal de apelación no respondió a los parámetros prefijados por la doctrina legal, por cuanto no realizó  un control de las reglas de la sana crítica, por cuanto reclamó oportunamente que se otorgó valor probatorio a un informe de la “AE”, que determina una responsabilidad administrativa a la persona jurídica SETAR y que dicho informe estaba sujeto a impugnación; es decir, que no se presentó prueba de que el mismo se haya ejecutoriado con dicha responsabilidad. Por otro lado, arguye que el Tribunal de apelación, procedió a revalorizar los elementos de prueba (numeral II.1.2 del Auto de Vista impugnado), al hacer referencia al informe de la “AE”, evidenciando una clara contradicción con los precedentes invocados.


3) A tiempo de citar el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006, el imputado señala que de los antecedentes del proceso se le condenó por la comisión del delito de Homicidio Culposo previsto y sancionado por el art. 260 del CP, del cual el Tribunal de Sentencia y el Auto de Vista no observaron la norma sustantiva siendo que se aplicó de manera errónea porque se forzó una supuesta omisión de deberes al ilícito penal sin establecer de manera clara la relación de causalidad entre el acto ilícito y el resultado (la muerte de la víctima), en razón a que si se analiza la parte in fine del mencionado artículo que refiere: Si la muerte se produjere como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de 1 a 5”, infiere que la Sentencia y el Auto de Vista, concluyeron que su conducta se adecua al ilícito partiendo de dos hipótesis que el tribunal fabrica y es ratificado por el Auto de Vista -ya que no fueron contempladas como tesis acusatoria ni por parte del Ministerio Público menos de la acusación particular-, la primera, es que debió impartir instructivos circulares y peticiones de informes sobre el cumplimiento al personal de SETAR; la segunda, que no dio cumplimiento al mandato; a cuyo efecto se le condena por el delito de Homicidio Culposo sin analizar el tipo penal mismo, siendo que el acto ilícito que dio por resultado la muerte de la víctima fue ocasionado por personas ajenas a SETAR, los funcionarios encargados del alumbrado público actuaron con negligencia e imprudencia, toda vez que no colocaron los dos pernos para sujetar la pantalla sino que utilizaron un alambre el cual fue conductor de la corriente; como se advierte, el imputado no tuvo participación por acción ni por omisión, partiendo del convenio suscrito por SETAR con el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba en el que se obliga a SETAR a fiscalizar el trabajo de alumbrado público, pero esto no significa que mi persona como autoridad de mayor rango de Yacuiba tenga que trepar al poste a controlar el trabajo, teniendo en cuenta el manual de funciones presentado como prueba que existe la unidad de comercialización y fiscalización, compuesta por cuadrillas de técnicos a quienes el manual de funciones establece como deberes y obligaciones el de controlar la seguridad en el suministro eléctrico y la segunda para terceras personas; en ese sentido, también existió errónea aplicación del art. 13 ter., porque la máxima autoridad ejecutiva de SETAR como lo establece el Poder 23/09 es Luís Sebastián Paz Ide, en su calidad de Gerente General de SETAR, de lo que se establece que el Tribunal de Sentencia aplicó incorrectamente el artículo referido. Asimismo, denuncia que el Tribunal de Sentencia en el primer hecho probado establece que para el Tribunal se tiene probado que la máxima autoridad ejecutiva de SETAR era Luís Sebastián Paz Ide.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista el 30 de marzo de 2016 (fs. 618), planteando su recurso de casación el 6 de abril del mismo año, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


Con relación al primer motivo, en el que señala que el Auto de Vista vulnera el principio de legalidad, el debido proceso, derecho al defensa y certeza de la resolución porque convalida actos ilegales del Tribunal de Sentencia y omite pronunciarse sobre todos los puntos apelados, el recurrente, a la vez señala que los fundamentos del Tribunal de apelación, con relación a los referidos defectos, son erróneos o alejados de la verdad, debido a que, por un lado, aseveró que el tribunal de mérito tiene el poder ordenador y disciplinario, lo que tilda de vulneratorio de su derecho a la defensa; y, por otro, sobre la denuncia de que se incluyeron hechos ajenos a los pliegos acusatorios, los Vocales se limitaron a manifestar que esa situación emergió del desfile probatorio, lo que el recurrente tilda de falso, por cuanto en el juicio no se materializó prueba alguna que introduzca esos hechos.


Ahora bien, de los argumentos detallados, se advierte que el recurrente, inicialmente denuncia que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre los agravios expuestos en apelación restringida, para después tildar de falsos los fundamentos contenidos en el Auto de Vista recurrido, describiendo el contenido de los mismos, soslayando discernir que  la debida fundamentación y la incongruencia omisiva (o ausencia de pronunciamiento), son diferentes entre sí, conforme estableció el Auto Supremo 394/2014-RRC de 18 de agosto; en consecuencia, la paralela denuncia con relación al mismo defecto extrañado en el Auto de apelación impugnado, carece de claridad con relación a la presunta contradicción en la que habría incurrido con relación a los precedentes invocados, pues el recurrente teniendo la carga procesal de establecer de manera precisa cuál el actuar contrario contenido en el Auto de Vista que en el caso concreto resulta confuso- en comparación con la decisión asumida en los precedentes invocados los que simplemente fueron citados sin la mínima explicación de la denunciada contradicción-, no lo hizo, impidiendo el análisis de fondo, vía contrastación; en consecuencia, resulta inadmisible.  En esta misma línea, se pronunciaron los Autos Supremos 581/2015-RA de 10 de septiembre y 202/2016-RA de 21 de marzo, entre otros.


La referida decisión, también se asume por parte de este Tribunal, en aplicación de los criterios de flexibilización que constan en el apartado III de este Auto Supremo, por cuanto no obstante se denunció la vulneración de derechos, omitió establecer con claridad el hecho generador de la lesión, así como el defecto no susceptible de convalidación que habría provocado la Resolución impugnada, resultando definitivamente, inadmisible.


Con relación al segundo motivo,  referido a que el Tribunal de alzada no habría efectuado el control de las reglas de la sana crítica, sobre el valor probatorio otorgado a un informe de la “AE”, que determinó una responsabilidad administrativa a la persona jurídica de SETAR, el que no habría sido ejecutoriado; y, que además efectuó una revalorización de la prueba, al hacer referencia el mencionado informe, el recurrente se limitó a citar los Autos Supremos 317/2012 de 08 de octubre y 515 de 16 de noviembre,  transcribiendo parte de su contenido sin explicar ni fundamentar en qué consistiría la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada; en tal sentido, se hace evidente la inobservancia de la norma contenida por el art. 417 del CPP, omisión que no puede ser suplida de oficio y que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo del motivo, al no haberse sentado las bases para verificar el sentido jurídico contradictorio, por lo que el motivo deviene en inadmisible.


Respecto del tercer motivo, del que se tiene que el Tribunal de Sentencia y el Auto de Vista no observaron la norma sustantiva, contenida en el art. 260 del CP siendo que se aplicó de manera errónea, porque se forzó una supuesta omisión de deberes al ilícito penal sin establecer de manera clara la relación de causalidad entre el acto ilícito y el resultado (la muerte de la víctima); así como el art. 13 ter del Código Sustantivo, debido a que se declaró como hecho probado, que la máxima autoridad ejecutiva de SETAR es Luís Sebastián Paz Ide, invocó el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006, respecto al cual, al igual que en los motivos precedentemente expuestos, se restringió a efectuar la transcripción de una parte de su contenido, sin explicar mínimamente el agravio provocado por el Auto de Vista recurrido, a partir de la comparación de los hechos similares y de las normas aplicadas en sentidos jurídicos distintos, contenidos en el precedente que invoca, obligación de inexcusable cumplimiento que el impugnante no observó, provocando que este Máximo Tribunal de Justicia, se vea impedido de analizar el fondo de la denuncia, en mérito a que su función en etapa de casación, está limitada a la unificación jurisprudencial, a través de un análisis de derecho, entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes invocados, previa explicación por parte del recurrente de la existencia de contradicción y la aplicabilidad de la doctrina legal invocada a su caso. Al no haber observado dicha obligación, en definitiva, el motivo resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Miguel Ángel Arciénega Paniagua, que consta de fs. 620 a 625. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA