TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 418/2016-RA

Sucre, 13 de junio de 2016


Expediente                : Chuquisaca 10/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Félix Almendras Ortuste

Delitos        : Falsedad material y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de abril de 2016, cursante de fs. 246 a 250, Félix Almendras Ortuste, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 156/2016 de 18 de abril, de fs. 234 a 238 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Víctor Quispe contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 022/2015 de 27 de noviembre (fs. 152 a 164 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró al imputado Félix Almendras Ortuste, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de privación de libertad; más costas, pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, así como al pago de cien días multa a razón de Bs.- 5 (cinco bolivianos) por día; y absuelto de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados por los arts. 198, 199 y 203 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Félix Almendras Ortuste formuló recurso de apelación restringida (fs. 182 a 186), resuelto por Auto de Vista 156/2016 de 18 de abril (fs. 234 a 238 vta.), que declaró improcedentes los dos motivos del recurso planteado; manteniendo en consecuencia, incólume el fallo apelado.


c) Por diligencia de 19 de abril de 2016 (fs. 239), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, e interpuso recurso de casación, el 26 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


1) Alega que los Vocales, al dar razón al Tribunal inferior también aplican erróneamente el art. 335 del CP; puesto que, sostienen la existencia del engaño o artificio en el hecho que se hubiera comprado la movilidad en la ciudad de Santa Cruz, mediante la suscripción del documento de compraventa de 22 de noviembre de 2008, el cual, en su cláusula sexta, ambas partes dan su consentimiento con todas las condiciones; oportunidad en la que, tal como el propio Tribunal de alzada lo reconoció, se entregó además un equipo de GLP al comprador, el cual es posible poner sólo a movilidades a gasolina. De donde se tiene que, tales autoridades, deducen una conducta de la lógica, suponiendo que al momento de transferencia se vendió la movilidad con un motor a gasolina, aspecto que era de entero conocimiento del comprador; quien en su declaración como testigo alegó que, cuando compró el vehículo constató los datos del documento con el vehículo, ya que estaba remarcado, era “igualito” no se notaba, entonces no se configuró el engaño o ardid; por lo cual, se tiene que el Auto de Vista es contradictorio al Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2007, el cual sostiene que ante la existencia de un contrato bilateral libremente suscrito, no se constituye el delito de Estafa y debe averiguarse en la instancia civil; por cuanto, para que exista dicho tipo penal, es necesario demostrar el artificio o ardid, que induzca en error al sujeto pasivo. Asimismo contradice el Auto Supremo 083 de 8 de marzo de 2002, cuya doctrina legal se refiere a que en el momento de suscribir el contrato no hay constancia de que el incriminado hubiese empleado engaño o artificios.


Agrega que además, los mismos Vocales reconocen la legalidad de los documentos de transferencia, sobre los cuales no existe observación alguna, tal es así, que su persona pudo cumplir con todos los pasos legales para transferir, entonces no pudo saber que la cosa comprada estaba adulterada; además que, el denunciante nunca reclamó sobre las características del motor ni mencionó que se le vendió con motor de gasolina, ello debido a que el comprador fue quien cambió el motor porque su persona le entregó con motor a diesel; y tampoco es fundamento para la comisión del delito de Estafa que su persona se hubiese negado a firmar el documento de 22 de noviembre de 2008; toda vez, que en ese momento no existió aun la disposición patrimonial porque dichos actos son muy distintos a la diligencia de reconocimiento de firmas que se dio el 24 de octubre de 2012; por tanto, no existe la relación de causalidad entre el tiempo de ejecución de dos actos, el primero del 2008 y el último de 2012.


2) Señala que en el segundo motivo de su apelación restringida, acusó que la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba, conforme prevé el art. 370 inc. 6) del CPP, sosteniendo la violación del art. 173 del mismo cuerpo legal; puesto que, toda la prueba presentada no fue valorada ni mencionada, pues si bien se tomó en cuenta la prueba documental de 22 de noviembre de 2008 como esencial; sin embargo, no se tiene constancia que la misma hubiese sido objeto de judicialización en el contradictorio, lo que denota actividad procesal defectuosa y violación a los derechos a la defensa y seguridad jurídica; medio probatorio que corresponde al contrato de compraventa que violó el principio de legalidad y el art. 330 del CPP; sobre lo cual, no pudo observar anteriormente, porque nunca se le corrió en traslado al no haberse judicializado; omisión que provoca defectos absolutos; a más que la víctima a sabiendas que la movilidad estaba remarcada, tal como declaró, compró la movilidad, lo cual acredita, que el comprador jamás fue objeto de engaño y menos cayó en error, y con mayor razón cuando se hizo constar que ese entregó un equipo de GAS GLP; entonces se puede asegurar que Víctor Quispe sabía de las características de la movilidad, por eso firmó el documento, a sabiendas que éste señalaba que el motorizado era a diesel, a lo que se suma la declaración del abogado que suscribió la minuta, quien señaló, que elaboró el documento con los detalles de todos los accesorios que se indica y hubo conformidad de ambas partes. Señala con relación a lo mencionado el Tribunal Constitucional dictó las SSCC 0871/2010-R de 10 de agosto, 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 19 de abril de 2016 (fs. 239), presentando su recurso el 26 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP, relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


El primer motivo denunciado por el recurrente, relativo a que el Tribunal de alzada incurrió en errónea aplicación de lo preceptuado por el art. 335 del CP; puesto que, sostienen la existencia de ardid o engaño en la transferencia de la movilidad objeto de la Litis, sin tener presente que el 22 de noviembre de 2008 suscribió un documento de compraventa, el cual, en su cláusula sexta ambas partes otorgaron su consentimiento con todas las condiciones del contrato; suponiendo que el objeto entregado era a gasolina, al haberse otorgado además un equipo de GAS GLP, que sólo puede ser instalado en automóviles con dicha característica, afirmando que dicho extremo era de entero conocimiento del comprador; cuando en realidad lo que se entregó fue una movilidad con motor a diesel a sabiendas del adquirente, quien luego cambió el motor; se denota que el recurrente cumplió con la carga argumentativa suficiente que demuestra una probable contradicción entre las actuaciones del Tribunal de alzada con relación a la jurisprudencia legal establecida en los Autos Supremos 59 de 27 de enero de 2007 y 083 de 8 de marzo de 2002, que estarían referidos a que la preexistencia de un contrato bilateral libremente suscrito no constituye delito de Estafa y debe ser analizado en la vía civil. Consecuentemente, este Tribunal considera que el presente motivo se encuentra suficientemente expuesto y cumple con lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando viable su análisis de fondo, deviniendo por tanto en admisible.


En el segundo motivo, se alega que en el recurso de apelación restringida denunció, que la Sentencia de mérito incurrió en valoración defectuosa de la prueba, dado que el contrato de compraventa no fue judicializado en el contradictorio; y sin embargo, fue la base para la decisión asumida en dicho fallo, lo cual constituye actividad procesal defectuosa e infringe sus derechos a la defensa y a la seguridad jurídica, provocando defectos absolutos, citando al efecto las SSCC 0871/2010-R de 10 de agosto, 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R.


Previo a ingresar al análisis de admisibilidad del motivo concreto, corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación; en los cuales se dispone, que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal.


En ese entendido, de la revisión de la denuncia contenida en el motivo ahora analizado, se puede establecer que las denuncias realizadas guardan relación con los argumentos que considera ilegales de la Sentencia, explicando las razones por las cuales considera, que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea valoración probatoria; empero, pese a explicar que dicho reclamo lo hizo efectivo en su recurso de apelación restringida; sin embargo, no establece expresamente, cuál sería el agravio o perjuicio ocasionado por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver lo reclamado, pretendiendo que este Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a la Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello; puesto que, la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada. En todo caso, tal como se señaló, corresponde a los recurrentes cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así con relación a la Sentencia de mérito; en consecuencia, no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo; no resulta coherente, el planteamiento del recurso de casación mediante la reiteración de los mismos puntos reclamados a tiempo de la formulación de la apelación restringida.


La exigencia de motivación es una garantía constitucional inmersa en la carta fundamental que debe impregnar todos los actuados en el curso de cualquier proceso, cualquiera sea su naturaleza; por lo tanto, los sujetos procesales que acuden al órgano judicial en busca de la reparación de supuestas vulneraciones legales cometidas en su contra, se encuentran igualmente constreñidas a cumplir con las exigencias mínimas de exposición de los argumentos de su recurso, a efectos de permitir, que este Máximo Órgano de Justicia Ordinaria pueda considerar la legalidad en la emisión del Auto de Vista. Extremo que, tal como se demostró, fue incumplido por el recurrente en la especie, quien de ninguna manera identificó el agravio cometido supuestamente por el Tribunal de alzada a tiempo de emir el fallo ahora impugnado, sino simplemente se limitó a explicar las transgresiones supuestamente cometidas por la Sentencia y señalar que dichos aspectos fueron denunciados en su apelación restringida; sin embargo, no argumenta ni explica que la respuesta otorgada por dicha instancia, resulte perjudicial y gravosa para su situación jurídica y menos que represente algún tipo de contradicción con ciertos precedentes; lo cual provoca, que el presente motivo sea declarado inadmisible por incumplimiento de lo preceptuado por los arts. 416 y 417 del CPP.


Asimismo, es posible advertir que en el presente motivo, el impugnante denunció que la determinación asumida en la Sentencia y denunciada en apelación restringida, relativa a la defectuosa valoración probatoria, vulneró sus derechos a la defensa y a la seguridad jurídica, y que ello constituye actividad procesal defectuosa y provoca defectos absolutos; empero, tal como se señaló precedentemente, lo denunciado se encuentra vinculado a las actuaciones asumidas en el juicio oral y no así a los argumentos contenidos en el Auto de Vista, error que coarta la función de este Órgano, al no poder cumplir con la función nomofiláctica ante la negligencia de la parte recurrente, que no otorgó los insumos mínimos necesarios que viabilicen el control de fondo de la Resolución de alzada, al alegar defectos de la Sentencia y no así del Auto de Vista que ahora se revisa; por tanto, al no cumplirse los requisitos mínimos que permitan la admisibilidad del motivo analizado, ni acudiendo a los supuestos de flexibilización; por lo que, el motivo resulta inadmisible también por la vía extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Félix Almendras Ortuste de fs. 246 a 250, únicamente con relación al primer motivo denunciado; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado, así como la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA