TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 414/2016-RA

Sucre, 13 de junio de 2016


Expediente                : Cochabamba 31/2016

Parte Acusadora        : Gualberto Mercado Olmos

Parte Imputada        : Hernán Blanco Guzmán y otra

Delitos                : Despojo y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de febrero de 2016, cursante de fs. 461 a 468, Natividad Guzmán de Blanco y Hernán Blanco Guzmán, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 16 de noviembre de 2015, de fs. 423 a 428 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Gualberto Mercado Olmos contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Alteración de Linderos y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351, 352 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia de 10 de febrero de 2014 (fs. 379 a 386), la Jueza Primera de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Natividad Guzmán de Blanco y Hernán Blanco Guzmán, autores de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de dos años y cinco meses de reclusión, con resarcimiento de costas a favor de la parte civil, además de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia y conforme al art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se les concedió el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena; por otra parte, se los declaró absueltos de los delitos de Alteración de Linderos y Perturbación de Posesión tipificados en los arts. 352 y 353 del CP.

b)Contra la mencionada Sentencia, los imputados Hernán Blanco Guzmán y Natividad Guzmán de Blanco, formularon recurso de apelación restringida de (fs. 403 a 407), resuelto por Auto de Vista de 16 de noviembre de 2015, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con costas


c) Notificados los recurrentes, con el Auto de Vista impugnado el 01 de febrero de 2016 (fs. 429), el 10 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 461 a 468, se extraen los siguientes motivos:


1) Los recurrentes, previa relación de antecedentes del proceso y transcripción de parte de todos los Autos Supremo citados como precedentes, señalan: “Al respecto, esta parte menciona como doctrina legal aplicable, aquella contenida en los Autos Supremos N° 073/2013.RRC, 126/2013-RRC, de 10 de mayo, 65/2012-RA y 073/2013-RRC, 333/2011, 336/2011 y 251/2012 de 17 de septiembre.” (sic);  para luego referir bajo el subtítulo: “Análisis del presente caso y la no aplicación de los precedentes contradictorios.” (sic), refiere que ambas autoridades tanto el de alzada como el inferior no cumplieron con los precedentes citados, y que son vinculantes al caso de autos, transcribiendo el art. 351 del CP, arguyen que, al estar el delito de despojo, incluido en los denominados delitos contra la propiedad, serían “taxativos y precisos” (sic); por lo cual, el sujeto activo sería aquel que “…expulse al ocupante de un inmueble quien se halla en ejercicio de un derecho real constituido ya sea con engaños o con violencia física psicológica maliciosamente es decir con el objetivo clara de ingresar él a la propiedad o mantenerse dolosamente, adecuara su conducta al tipo penal de despojo” (sic), sosteniendo que en el memorial de apelación restringida se justificó y argumentó en su primer, segundo y cuarto considerando que no se habría realizado una adecuada valoración de las pruebas y que fruto de ello no existiría constitución de la premisa normativa lo cual habría generado ausencia de uno de los elementos estructurales de la lógica jurídica que hace al silogismo jurídico a efectos de realizar la subsunción de sus conductas al tipo penal de Despojo.


Continúa argumentando, que el Juez no fundamentó ni motivó cómo adecuaron su conducta al tipo penal endilgado, y que así lo denunciaron en la apelación restringida; toda vez, que no se expuso fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se apoyó la Jueza para la adecuación de sus conductas al ilícito referido, a cuyo efecto procedió a describir tres considerandos de la Sentencia, afirmando que según “un número 14 extremos que todos tienen que ver con meras y subjetivas declaraciones testificales en las que hacen aseveraciones sin prueba alguna, se toman las declaraciones testificales de los Sres. Moisés Escalera Pérez, Nielsen Mercado Aranibar y Julio Ivan Bustamante Rondal para establecer colindancias del terreno que se habría despojado… ” (sic), continúa argumentado, que la Jueza admitió prueba extraordinaria de una demanda de nulidad que hubiese merecido Auto Agroambiental, en el que se declaró improbada la demanda de los recurrentes contra el querellante y de esa manera no se habría dado cumplimiento a los Autos Supremos “073/2013-RRC”, “126/2013-RRC” y “65/2012-RA”, aludiendo que no expuso argumentos jurídicos en la Sentencia a “fin de aplicar las reglas del silogismo (…) como lo estableció el Auto Supremo 126/2013-RRC de 10 de mayo. (PRECEDENTE CONTRADICTORIO),  y que el Tribunal de Apelación no aplicó, es más se apartó en la debida valoración de los argumentos expuestos en el memorial de apelación restringida” (sic).

2) Asimismo denunció defectos de la Sentencia, sosteniendo que la Jueza de mérito hizo una precaria, sesgada y parcial valoración de las pruebas, tomando en cuenta como únicos elementos el Título Ejecutorial y una Sentencia Agroambiental en la que de manera fraudulenta se declaró subsistente el mencionado título sin considerar que el mismo. “es absoluto y legalmente NULO, tal como se tiene de la SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ra Nº 58/2015 de 27 de julio de 2015, emitida por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental dentro de proceso de Nulidad Absoluta de Título Ejecutorial, demandado por Alberta Bertha Muriel Vda. de Mercado contra Gualberto Mercado Olmos y otros y que no fue valorada en apelación…” (sic), refiriendo que existió mala valoración de las pruebas por el Juez Primero de Sentencia de Quillacollo, que elimina de manera sobreviniente los elementos del delito de despojo “…contrariando de esta manera el precedente contradictorio contenido en los Autos Supremos 333/2011, 336/20011 y 251/2012 de 17 de septiembre…” (sic), para finalmente señalar: “Con tales argumentos se estaría demostrando que tanto la Juez inferior así como las autoridades constituida en tribunal de apelación no aplicaron los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos 073/2013-RRC, 126/2013-RRC, 65/2012-RA. 333/2011, 336/2011 y 251/2012 de 17 de septiembre” (sic).


3) Finalmente, después de sostener la carga procesal que les compete como recurrentes de realizar la labor de contraste entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio invocado; denuncia que el Tribunal de alzada al no haber valorado adecuadamente su recurso de apelación restringida, violentó el principio de igualdad, justicia material y por otro lado, la aplicación objetiva de las valoración probatoria, subsunción de la conducta al tipo penal, y finalmente no existe una fundamentación, clara, coherente, concisa y consistente, puesto que: “el Sr. Gualberto Mercado jamás fue legítimo y legalmente propietario del bien que supuestamente se habría despojado en el ejercicio de su derecho real de propiedad en razón a que el Título Ejecutorial fue declarado nulo…” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede  para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 1 de febrero de 2016, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado y el 10 del mismo mes y año, formularon el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación; teniendo en cuenta que el 8 y 9 de febrero del mismo año eran feriados, cumpliendo de esta manera con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto a los demás requisitos se tiene que, los recurrentes acusan de la revisión de los motivos primero y segundo, defectos absolutos de Sentencia, respecto a la falta de fundamentación y la valoración defectuosa de la prueba testifical como documental, sosteniendo a la vez, que el fallo de primera instancia no advirtió una adecuada respuesta jurídica al respecto y menos fundamentado, entrando así la Sentencia en franca contradicción a las resoluciones y la doctrina aplicable, denunciando escueta y nominalmente: “…el Tribunal de alzada como el inferior, no han cumplido con el precedente contradictorio en cita, y vinculante al presente caso…” (sic); respecto al tercer motivo, sobre la denuncia, que el Tribunal de alzada violentó el principio de igualdad, justicia material y por otro lado, la aplicación objetiva de las valoración probatoria, la subsunción de la conducta al tipo penal, y que carece de una fundamentación, clara, coherente, concisa y consistente; los recurrentes, no tomaron en cuenta que, conforme se afirmó en el acápite III inc. ii) de esta Resolución, por determinación del art. 416 de la norma Adjetiva Penal, la invocación del precedente contradictorio debe hacerse en la formulación del recurso de apelación restringida, y en casación, tiene la carga procesal de señalar, en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, cuya doctrina legal supuestamente habría sido incumplida por el Tribunal de alzada.


En ese contexto, de acuerdo a los argumentos del recurrente, se evidencia que los presuntos defectos habrían surgido con el pronunciamiento de la Sentencia; entonces, los precedentes debieron ser invocados a tiempo de ser interpuesto el recurso de alzada, lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que los recurrentes se limitaron a citar y transcribir los Autos Supremos 126 de 10 de mayo de 2013, “333/2011”, “336/2011” y 251 de 17 de septiembre de 2012, los cuales no fueron invocados a momento de plantear la apelación restringida, denotándose inobservancia del art. 416 del CPP. Respecto a los Autos Supremos 073 de 19 de marzo de 2013 y “65/2012”, resulta pertinente señalar que si bien fueron invocados en el recurso de casación; empero, el impugnante se limitó a transcribir su contenido y citarlo simplemente, sin explicar las razones por las cuales considera que el Juez de Sentencia contradijo dicha doctrina, supuestamente convalidado por el superior en grado; consiguientemente, al haberse incumplido la normativa antes citada, los presentes motivos del recurso devienen en inadmisibles; aun acudiendo a presupuestos de flexibilización, establecidos por este Tribunal para la admisión excepcional del recurso de casación, al haberse limitado el recurrente a expresar de manera escueta que las autoridades de alzada e inferior no cumplieron con los precedentes citados, soslayando concretar cuáles los fundamentos contenidos en el Auto de Vista que presuntamente inobservaron los aludidos principios de igualdad y justicia material; por lo que, incumplió con la carga procesal de detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución de los principios aludidos, así como identificar el resultado dañoso emergente del defecto.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 461 a 468, interpuesto por Natividad Guzmán de Blanco y Hernán Blanco Guzmán.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA