TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 413/2016-RA

Sucre, 24 de mayo de 2016


Expediente                : La Paz 146/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Ramiro Macedonio Quisbert Méndez

Delito        : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de octubre de 2011, cursante de fs. 2211 a 2238, Ramiro Macedonio Quisbert Mendez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 662/11 de 20 de agosto de 2011, de fs. 2153 a 2157, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Marcelino Quispe Condori contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252  incs. 1) y 5) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 71/2010 de 26 de marzo (fs. 1636 a 1645), el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Ramiro Macedonio Quisbert Méndez, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1) y 5) del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, más costas a favor del Estado y resarcimiento del daño civil a favor de la víctima a ser calificados en ejecución de sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 1963 a 1984 vta.), resuelto por Auto de Vista 662/11 de 20 de agosto de 2011 (fs. 2153 a 2157), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia impugnada.


c) Por diligencia de 26 de septiembre de 2011 (fs. 2158), el ahora recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, quien interpuso recurso de casación, presentado ante Notaria de Fe Pública el 3 de octubre de 2011 (fs. 2239); mereciendo el pronunciamiento del Auto Supremo 310/2013 de 29 de julio (fs. 2305 a 2310), que declaró inadmisible el recurso pretendido, Resolución Suprema que fue dejada sin efecto por Sentencia Constitucional Plurinacional 0224/2015-S2 de 25 de febrero (fs. 2357 a 2375), que dispuso la emisión de un nuevo fallo ingresando al fondo.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


1) Denuncia vulneración los principios de inmediación, celeridad, concentración y continuidad, previstos en los arts. 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); puesto que, de la revisión de acta del juicio oral, se colige que dicho actuado procesal ha tenido una duración indebida de tres años, cinco meses y doce días, a contar desde la presentación de la acusación pública hasta la emisión de la Sentencia; y no obstante que su persona reclamó dicho extremo, mediante recurso de reposición e hizo reserva de apelación, el Auto de Vista recurrido sostuvo que no se observaron las suspensiones y se realizó un cómputo equivocado al considerar el receso de fin de año; pues si bien conforme a lo previsto por el art. 130 del CPP, los términos se suspenden durante las vacaciones judiciales; empero, no vuelven a correr una vez retornado del mismo; y con relación a la suspensión de la audiencia del 17 al 28 de febrero de 2009, el Tribunal de apelación reconoció expresamente que se realizó la prosecución de la audiencia fuera del plazo legal; sin embargo, contradictoriamente, luego, pretende convalidar dicho vicio procesal por supuesta carga procesal; ;expresando que en el caso de autos no se habría producido violación del principio de continuidad, cuando se suscitaron diversas suspensiones y por más allá del plazo previsto por ley; situación que vició de nulidad lo actuado por dicho Tribunal, infringiendo lo preceptuado en el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y la celeridad procesal, ante la errónea aplicación de los arts. 335 y 336 del CPP.


Invoca en calidad de precedentes contradictorios, los Autos de Vista 33 de 25 de abril de 2007 pronunciado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz; 018 de 29 de junio de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Potosí; 60/2008 de 18 de julio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz; y, 86 de 16 de mayo de 2008, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Distrito Judicial de La Paz.


2) Alega que el Auto de Vista recurrido, incurrió en error in procedendo; toda vez, que consideró sin argumentación alguna, que la actuación del Fiscal adjunto fue legal, fundamentando su decisión en el Auto Supremo 431 de 17 de agosto de 2007, cuya doctrina no corresponde a la cita; extremo contradictorio con lo establecido por los Autos de Vista 12/2007 pronunciado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz y de 19 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de Potosí, al constituir un defecto absoluto la intervención de un fiscal adjunto en el proceso; por lo que, el mismo se encontraría viciado de nulidad por sus actos ilegales; lo cual implica defecto absoluto previsto por el art. 169 incs. 1), 3) y 4) del CPP; toda vez, que en la tramitación de la causa, se procedió a admitir la acusación fiscal presentada por Roger Vargas Fuentes, quien entonces fungía como Fiscal Adjunto; actuación que contrarió lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta y art. 45 inc. 15) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), así como el debido proceso y la seguridad jurídica; extremo que hace aplicable lo previsto por el art. 122 de la CPE.


3) Falta de pronunciamiento fundado o incongruencia omisiva, provocando los defectos absolutos previstos por el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; respecto de los siguientes motivos de su recurso de apelación restringida:


Tercero.- Relativo a que se incurrió en defecto absoluto inconvalidable contenido en al art. 169 inc. 3) del CPP, por considerar durante el juicio, prueba pericial que no cumplió con lo preceptuado por los arts. 209 y ss. del CPP; basando por lo tanto, la Sentencia, en medios probatorios periciales no incorporados legalmente a juicio y valoración defectuosa de la supuesta prueba.


Cuarto.- Defecto procesal contenido en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, por vulneración a las normas procesales referidas a la colección de indicios materiales en vulneración a lo previsto por el art. 186 del CPP, es decir, sin asistencia ni orden del fiscal, y convalidar la aparición de un Órgano (corazón), que no fue colectado en la autopsia, contrariando la prueba judicializada y haciendo que se produzcan los defectos de la Sentencia, previsto en el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP.


Quinto.- Defecto procesal establecido en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, por vulnerar normas procesales sobre colección de indicios materiales y cumplimiento de la cadena de custodia, y lo preceptuado por el art. 186 del CPP, en cuanto a los órganos colectados en autopsia, entregados por el investigador al hijo del querellante, rompiendo las normas básicas de la investigación criminalística, acto ilegal convalidado por la Sentencia, provocando defectos previstos por el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP.


Los aspectos señalados no fueron respondidos de modo alguno por el Auto de Vista recurrido, vulnerando lo dispuesto por el art. 124 del CPP, e ingresando en contradicción con los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007, 411 de 20 de octubre de 2006, 152 de 2 de febrero de 2007, 438 de 15 de octubre de 2005, así como en las SC 0937/2006-R y 0682/2004-R; puesto que lejos de ser resueltos, tan sólo se remitió a una consideración limitada, afirmando que no existiría defecto procesal, sin ingresar a la valoración de fondo de los argumentos denunciados.


4) Contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedentes contenidos en los Autos de Vista 007 y 008, de 16 y 15 de marzo de 2006 respectivamente, ambos pronunciados por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Potosí, y en el Auto Supremo 182 de 24 de octubre de 2003; puesto que, se violaron las normas básicas de producción de prueba pericial en juicio oral, soslayando la aplicación de los arts. 209 y ss. del CPP, al permitir que se produzca prueba pericial no incorporada legalmente al juicio, provocando el defecto inconvalidable del art. 169 inc. 3) del CPP; denuncia que fue respondida por el Tribunal de alzada en sentido que el incumplimiento del art. 209 y ss. del CPP hubiera sido considerado en el Auto Complementario a la Sentencia; y, que dicho medio de prueba habría sido ofrecido, aplicando la libertad probatoria prevista en el art. 117 del CPP; vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, al no haberse aplicado objetivamente lo dispuesto por los arts. 209, 210, 212, 213 y 215 del CPP, produciendo defecto procesal absoluto al no haberse fundamentado adecuadamente sobre la valoración probatoria; puesto que, ninguno de los tres profesionales que actuaron en calidad de peritos, fueron designados por el Ministerio Público, tampoco se fijaron temas de la pericia y no se dio la oportunidad a la defensa para proponer temas de pericia, no se estableció plazo para emitir dictamen alguno de los supuestos peritos, no se dio oportunidad para plantear recusación contra ellos, no se presentó dictamen escrito alguno de parte de éstos, tampoco se acreditó su idoneidad; pese a lo cual, se aseveró la existencia de trabajo pericial como prueba de cargo, sin que será cierto dicho extremo, dado que los testigos no pueden ser peritos o viceversa.


5) No obstante alega, que la Sentencia valoró como prueba de cargo la codificada como MP-9 consistente en el acta de recepción de indicios materiales de 16 de febrero de 2006, cuando se realizó la autopsia de la fallecida Angélica Quispe; sin embargo, dicha judicialización fue ilegal y vulneratoria de lo previsto por el art. 186 del CPP; toda vez que, conforme a esa normativa, la colección de indicios materiales debe ser realizado conforme a la disposición contenida en el art. 174 del precitado cuerpo legal; debiendo cumplirse los siguientes requisitos: a) Existir requerimiento del Fiscal de materia que faculte o disponga el secuestro y colección de indicios materiales; y en el caso, no hay tal orden, al contrario, sólo el médico forense habría dispuesto dicha colección sin que sea su facultad o atribución; y, b) De acuerdo a lo previsto por el art. 186 del CPP concordante con el art. 174 in fine de dicho cuerpo normativo, el Fiscal debió asistir para dirigir el registro y firmar el acta; empero, éste no estuvo presente en la autopsia, como lo reconocieron los testigos Ismael Condori Zenteno y Pedro Paz Durán y la propia Sentencia; por lo tanto, los órganos colectados están viciados de nulidad; y pese a su denuncia en alzada, el Tribunal de apelación consintió que el Tribunal de juicio procedió a judicializar dicho documento e incluso a valorarlo sin considerar que mediante este documento se introdujo la ponderación de la supuesta perito patóloga Dra. Martha Calderón Zelaya, de un corazón que no fue colectado y que misteriosamente aparece en manos de dicha profesional pese a no estar comprendido en los Órganos colectados en la autopsia, extremo ratificado en la declaración del médico forense Raúl Caballero, en la audiencia del juicio oral. Defecto procesal absoluto no convalidable comprendido en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, y defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP, que no fueron considerados por el Auto de Vista ahora recurrido.


6) Denuncia que no se valoró la prueba presentada en apelación; puesto que, no se pronunció sobre ésta, consistente en las actas del juicio oral, donde se establece que existió incumplimiento de la cadena de custodia de los órganos colectados en la autopsia, entregados al hijo del querellante, rompiendo las normas básicas de la investigación criminalística; defecto absoluto que viola la seguridad jurídica y el debido proceso y que no fue considerado en el Auto de Vista, el cual de forma inexplicable, respondió lo siguiente: “…al hecho que se rompió la cadena de custodia, no es evidente puesto que en juicio se evidenció que el hijo del acusador particular, únicamente acompañó al investigador…”. Aseveración falsa; por lo que, se estableció fehacientemente que dichas evidencias fueron entregadas al precitado y que incluso se encontraban en el velorio de la fallecida; así se sostuvo en el Informe Técnico del registro del lugar del hecho de 16 de febrero de 2006, en las declaraciones testificales de Pedro Paz Durán y de Hermo Quispe Mamani; en prueba pericial producida por el Coronel José Villegas Ibañez con dictamen pericial y defensa producido en juicio, en la prueba pericial de descargo de Justicia Aivan Quisbert, Sergio Silvestre Quisbert Méndez, Gustavo Rogelio Quisbert Méndez.


7) Inadecuada consideración del Tribunal de alzada respecto de su denuncia de violación de la garantía del debido proceso, del principio de la libertad probatoria y del derecho a la defensa, por la negativa de producción de la prueba pericial por parte del Tribunal de Sentencia, consistente en una necropsia a la víctima durante el juicio oral, el cual, no obstante inicialmente aceptó dicha pericia, luego en recurso de reposición modificó su decisión influenciado por el Juez Técnico, bajo el argumento que un perito no puede ser analizado por otro perito, y que pasaron tres años del fallecimiento; por tanto, los órganos internos ya habrían desaparecido; lo cual implica obrar en contradicción de lo establecido en la SC 0424/2000-R e incurrir en el defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP.


8) Denuncia que el Tribunal de apelación provocó un defecto procesal absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, debido a que actuó ultra petita, al manifestar en el Considerando II numeral 6 de su fallo, que en el octavo agravio de su apelación restringida, habría considerado vulnerado el artículo referente al Defensor Mandatario; extremo no evidente; puesto que, su persona nunca hizo alusión o argumentación sobre lo referido.


9) Alega defecto procesal absoluto previsto en el art. 169 inc. 1) del CPP, por vulneración al juez natural, en el Auto de Vista recurrido; por lo cual, presumió que su persona conocía sobre la incorporación del Juez Ciudadano Víctor Flores Cahuana, pese a que éste no estuvo presente en la audiencia de constitución de tribunal, tal como se evidencia del acta de audiencia de 5 de mayo de 2007; y sin embargo, luego participó como miembro del Tribunal de Sentencia; empero, el Tribunal de alzada no tuvo presente que ni su persona ni su defensa conocieron en qué momento se produjo dicha incorporación.


10) Inadecuada consideración del Tribunal de apelación, al no haberse pronunciado sobre los incidentes y excepciones planteados en juicio oral no resueltos por el Tribunal de Sentencia, bajo el argumento de que su persona no hubiera precisado el agravio de la apelación de los incidentes y excepciones, que fueron recurridos conjuntamente en la apelación incidental; contradiciendo la doctrina legal aplicable contenida en el Autos Supremos 60 de 27 de enero de 2007 y 336 de 1 de julio de 2010; vulnerando su derecho a la “segunda instancia”; e incurriendo en defecto procesal absoluto al existir una apelación que no fue resuelta hasta la fecha, debido al cambio de la línea jurisprudencial que prevé que las apelaciones incidentales declaradas improbadas deben ser recurridas junto con la apelación de la Sentencia, habiéndose diferido su tratamiento para la apelación restringida, empero, la Sala Penal no resolvió expresamente dicho agravio, pese a haber sido parte de la apelación principal, y debió haberse resuelto separadamente, conforme a la jurisprudencia precitada.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación al recurrente con el Auto de Vista impugnado, el mismo que se le diligenció el 27 de septiembre de 2011 (fs. 2158), presentando su recurso ante Notario de Fe Pública, el 3 de octubre del mismo año; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al primer agravio denunciado, referido a que el Auto de Vista no reparó la vulneración denunciada de los principios de inmediación, celeridad, concentración y continuidad; puesto que no obstante reconocer la dilación del juicio oral; pretende convalidar dicho vicio procesal, justificado en la supuesta carga procesal, incurriendo en el defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP por vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y celeridad procesal, ante la errónea aplicación de lo preceptuado por los arts. 335 y 336 del CPP.


El recurrente, si bien invocó los Autos de Vista, 33 de 25 de abril de 2007, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz; 018 de 29 de junio de 2006, emitido por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Potosí; 60/2008 de 18 de julio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz; y, 86 de 16 de mayo de 2008, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Distrito Judicial de La Paz, cumpliendo con el postulado de invocar el precedente contradictorio; empero, cabe dejar claramente establecido, que, no se tiene constancia oficial de que dichos fallos se encuentren ejecutoriados; por consiguiente, resultan pasibles de modificación, pues respecto a este punto la Corte Suprema, en el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004, dispuso lo siguiente en su argumentación: “Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el AV de fs. 375-377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente?; el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precedentes Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales”, conforme lo señalado supra, para que se considere un Auto de Vista como precedente contradictorio deberá acreditarse su ejecutoria; aspecto que no se advierte en el caso de Autos; como tampoco se instituye una fundamentación razonable que demuestre la contradicción existente entre los fundamentos de la Resolución impugnada y los precedentes invocados, a objeto de que se pueda ingresar a verificar la probable contradicción; deficiencia que impide a este Tribunal cumplir la labor que le asigna la ley, por incumplimiento de los requisitos de admisión previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


Sin perjuicio de lo señalado, de la lectura de los fundamentos materializados en este agravio, es posible evidenciar que a más de no cumplir con la labor de contraste del precedente contradictorio invocado; empero, sí se cumplieron los presupuestos de flexibilización; puesto que, se identificaron de manera cabal los hechos generadores del agravio, que a criterio del recurrente, constituirían defectos absolutos vinculados a la presunta vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que provocarían defectos absolutos no susceptibles de convalidación, como son el debido proceso, la seguridad jurídica y la celeridad procesal, bajo el fundamento, que los argumentos empleados por el Tribunal de alzada para resolver su denuncia de demora injustificada del juicio oral, no son válidos.


En conclusión, lo relatado demuestra que al haberse explicado las razones por las cuales, el Auto de Vista ahora recurrido hubiera generado las restricciones de los derechos señalados, exponiendo en qué consistieron las omisiones y deficiencias en las cuales incurrió el Tribunal de alzada, así como el resultado dañoso emergente de ellas, vinculado a un defecto absoluto, lo cual implica que el presente agravio sea declarado admisible, al haberse cumplido los presupuestos de flexibilización.


En cuanto al segundo agravio relativo a que el Auto de Vista recurrido incurrió en el defecto absoluto previsto por el art. 169 incs. 1), 3) y 4) del CPP; puesto que, sustentó su determinación de dar por bien hecha la acusación faccionada por el Fiscal adjunto Roger Vargas Fuentes, en el Auto Supremo 431 de 17 de agosto de 2007, cuya doctrina legal no corresponde a su cita; y además contrarió lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta y art. 45 inc. 15) de la LOMP, así como el debido proceso y la seguridad jurídica; lo cual hace aplicable lo previsto por el art. 122 de la CPE.


Aquí, al igual que en el caso anterior, se invocó en calidad de precedentes contradictorios, los Autos de Vista 12/2007, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz y de 19 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de Potosí; de los cuales, no demostró que a la fecha adquirieron ejecutoria; por tanto, no es posible la admisión del agravio por precedente, ante el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; sin embargo de ello, sí corresponde atender el reclamo vía extraordinaria, ante el cumplimiento de los requisitos de flexibilización; puesto que, a más de explicar de manera razonable los hechos generadores del agravio que provocarían defectos absolutos previstos en el art. 169 incs. 1), 3) y 4) del CPP, los vincula adecuadamente a los derechos fundamentales vulnerados, como serían el debido proceso y la seguridad jurídica. Por ende, el presente motivo corresponde ser admitido vía flexibilización.


En el tercer motivo, el recurrente denuncia incongruencia omisiva que provocaría defectos absolutos previstos por el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, explicando detalladamente los agravios contenidos en su recurso de apelación restringida que no hubieran merecido respuesta alguna por parte del Tribunal de apelación, como son, el tercero, cuarto y quinto; pese a haberse invocado los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007, 411 de 20 de octubre de 2006, 152 de 2 de febrero de 2007, 438 de 15 de octubre de 2005; no se cumplió con la carga de argumentación de contrastación de dichos precedentes con el caso concreto; al margen de lo cual, con relación a las SSCC 0937/2006-R y 0682/2004-R invocadas también en calidad de precedentes contradictorios, debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados en tal calidad; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


No obstante a lo señalado, se hace evidente el cumplimiento de los requisitos de flexibilización, ante la denuncia claramente identificada de omisión de respuesta a tres de los agravios denunciados en su recurso de apelación restringida (tercero, cuarto y quinto); concibiéndolo como supuesto defecto absoluto normado por el art. 169 inc. 3) del CPP vulneratorio del debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Por lo que, el presente motivo resulta viable en su análisis de fondo por la vía extraordinaria.


El cuarto motivo referido a que el Tribunal de alzada convalidó la introducción de prueba pericial no incorporada legalmente a juicio, soslayando la aplicación de lo previsto por los arts. 209 y ss. del CPP; incurriendo en el defecto absoluto inconvalidable contenido en el art. 169 inc. 3) del citado cuerpo legal; bajo el argumento que dicho incumplimiento hubiera sido considerado en el Auto Complementario a la Sentencia; y que se lo habría hecho aplicando el principio de libertad probatoria prevista en el art. 117 del CPP.


En el análisis, corresponde reiterar que el recurrente no cumplió con el requisito de demostrar que los Autos de Vista invocados, a la fecha se encuentran ejecutoriados; por lo tanto, no pueden ser admitidos como precedentes contradictorios; a más de lo cual, si bien se cita igualmente el Auto Supremo 182 de 24 de octubre de 2003, no se realiza la labor de demostración de contradicción con la doctrina legal establecida en el mismo.


Empero, sí se denota un cabal cumplimiento de los requisitos de flexibilización, ante la vinculación de los hechos denunciados con los defectos absolutos contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP, ligados a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, como serían, el debido proceso y la seguridad jurídica, al no haberse aplicado objetivamente lo dispuesto por los arts. 209, 210, 212, 213 y 215 del CPP; puesto que, a decir del recurrente, ninguno de los tres peritos fueron designados por el Ministerio Público, tampoco se fijaron temas de pericia ni lógicamente se permitió a la defensa proponer dichos temas o plantear recusación contra ellos. Denuncias que viabilizan el ingreso al fondo de lo demandado por flexibilización.


El quinto motivo denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto procesal absoluto no convalidable comprendido en el art. 169 incs. 1) y 3) y defecto de la Sentencia del art. 370 incs. 4) y 6) del CPP; puesto que, no consideró su denuncia en sentido que, en el caso, no existió requerimiento fiscal que disponga el secuestro y colección de indicios materiales, tan solo hay una orden de médico forense que dispuso dicha colección; además, que el Fiscal no estuvo presente en la autopsia realizada a la víctima. Pese a no haberse citado precedente alguno y demostrado alguna situación de contradicción con el mismo; se cumplió con los requisitos establecidos para la admisión de este motivo vía extraordinaria, haciendo viable el análisis de fondo de lo demandado.


En el sexto motivo, se reclama la falta de valoración de la prueba presentada en apelación, al no haberse pronunciado el Auto de Vista sobre las actas del juicio oral, que evidencian el incumplimiento de la cadena de custodia de los órganos de la fallecida colectados en la autopsia, los cuales habrían sido entregados al hijo del querellante; provocando un defecto absoluto violatorio de la seguridad jurídica y el debido proceso. Reclamo que mereció la simple respuesta de que no fuera evidente la ruptura de la cadena de custodia; puesto que, en juicio se hubiera evidenciado que el hijo del acusador particular, sólo acompañó al investigador. No se invoca precedente contradictorio alguno y menos se realiza la labor de contrastación; empero, se recurre vía flexibilización, cumpliendo los requisitos mínimos establecidos, al explicar los hechos generadores del agravio como son los recientemente mencionados, vinculados a defectos absolutos y vulneración de derechos y garantías, deviniendo por ende, el presente motivo en admisible, de manera extraordinaria.


En el séptimo agravio el hecho generador consiste en la supuesta falta de consideración del Tribunal de alzada a su denuncia respecto del rechazo realizado durante el juicio oral, mediante recurso de reposición por parte del Tribunal de Sentencia, a su solicitud de realización de necropsia a la fallecida bajo el argumento, que se debió haber pedido en la etapa preparatoria; con relación a esta denuncia, no se encuentra que el recurrente hubiera contrastado con ningún precedente contradictorio válido; puesto que, se invocó en tal calidad la SC 0424/2000-R; la cual, tal como se detalló precedentemente, no puede ser pretendida para viabilizar la admisión, al no alcanzar el requisito necesario para la labor nomofiláctica. Sin embargo, sí se cumplieron los supuestos de flexibilización al denunciar los hechos como defectos absolutos contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP, vinculados a derechos fundamentales, principios y/o garantías constitucionales. Por lo que, el presente motivo resulta admisible vía flexibilización.


El octavo motivo, relativo a que el Tribunal de apelación provocó un defecto procesal absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, al haberse actuado ultra petita, resolviendo un punto que nunca fue demandado por el apelante, como sería lo concerniente al Defensor Mandatario. Si bien no se invoca precedente contradictorio alguno y por ende, tampoco se cumple con la demostración de contradicción alguna con el hecho denunciado; sin embargo, se acudieron nuevamente a los supuestos de flexibilización al demandar la presencia de defectos absolutos vinculados a una supuesta actuación ultra petita, elemento este último componente del debido proceso y la debida fundamentación; lo cual implica la admisión del presente motivo por vía extraordinaria.


El noveno motivo, alude defecto procesal absoluto previsto por el art. 169 inc. 1) del CPP en el Auto de Vista recurrido, al haber presumido que su persona en calidad de imputado tenía conocimiento sobre la incorporación de un Juez ciudadano al Tribunal de juicio, pese a que éste no estuvo presente en la audiencia de constitución de Tribunal; y ni él ni su defensa conocían de dicho extremo; lo que a su criterio viola la garantía del juez natural. No se invocó precedente contradictorio alguno, empero, se cumplieron los requisitos de flexibilización, al tratarse de una denuncia relativa a defectos absolutos que vulnerarían la garantía del juez natural, al haberse involucrado a un integrante ciudadano al Tribunal de Sentencia, sin su previo conocimiento; lo que viabiliza la admisión del presente motivo.


El décimo motivo se refiere a que el Tribunal de apelación, hubiera omitido pronunciarse sobre su apelación de incidentes y excepciones planteados en juicio oral, bajo el argumento de que su persona no hubiera precisado el agravio de dicha apelación, contradiciendo la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 60 de 27 de enero de 2007 y 336 de 1 de julio de 2010, cuyo texto ha sido glosado en la parte pertinente y aplicable y estaría referida al momento procesal en que la apelación incidental planteada contra las excepciones e incidentes durante el juicio oral, deben ser resueltas; haciendo una contrastación razonable y adecuada con los antecedentes denunciados relativos a la supuesta falta de resolución (incongruencia omisiva), a la apelación incidental planteada por la parte recurrente, la que a decir suyo, debió haberse atendido por el Tribunal de alzada, a tiempo de resolverse la restringida; omisión que se contrapondría a la línea sentada en los Autos Supremos invocados. Extremos que viabilizan el análisis de fondo de lo demandado ante el evidente cumplimiento de lo preceptuado por los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ramiro Macedonio Quisbert Mendez, de fs. 2211 a 2238; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 662/11 de 20 de agosto de 2011, así como el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Dra. Presidenta Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA