TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 395/2016-RA

Sucre, 24 de mayo de 2016


Expediente                : Potosí 9/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Ivana Betty Callapa Cáceres y otra

Delitos                : Robo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de marzo de 2016, cursante de fs. 383 a 389 vta., Ivana Betty Callapa Cáceres, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 1/2016 de 5 de enero, de fs. 370 a 373, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente y María del Carmen Rodríguez Zamora, por la presunta comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 28/2015 de 11 de junio (fs. 262 a 274), el Tribunal Primero de Sentencia de Potosí, declaró a Ivana Betty Callapa Cáceres y María del Carmen Rodríguez Zamora, autoras de la comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del CP, condenándoles a cumplir la pena de cinco años de reclusión, con costas a favor del Estado y de la víctima, reparación de daños a favor de la víctima, que serán calificados en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, las imputadas María del Carmen Rodríguez Zamora (fs. 294 a 295 vta.) y Ivana Betty Callapa Cáceres (fs. 304 a 306 vta. con memorial de subsanación de fs. 362 a 363 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 1/2016 de 5 de enero (fs. 370 a 373), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso de la imputada Ivanna Betty Callapa y confirmó totalmente la Sentencia apelada.


c) El 25 de febrero de 2016 (fs. 375), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 3 de marzo del mismo año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) La recurrente, previa remembranza sobre los agravios denunciados en su recurso de apelación conforme el art. 370 inc. 1) y 2) del CPP, acusa que la Sentencia incurrió en la inobservancia del art. 13 del CP, bajo el argumento de que no hay pena sin culpabilidad y que la pena no puede exceder la medida de la culpabilidad; que el principio de culpabilidad se arraiga en el valor constitucionalmente protegido del libre desarrollo de la personalidad o la intangibilidad de la dignidad humana, que de este principio derivaría el aforismo nullun crime sine culpa, y con ello, se estuviera dejando en claro que una persona debe ser capaz de responder penalmente de sus acciones, de comprender la antijuridicidad de sus actos y conducirse de acuerdo a esa compresión (inimputabilidad). Asimismo, refiere que el límite de la pena es la culpabilidad, que sería como el parámetro rector y fundamental para aplicar una sanción según la gravedad de los actos; al respecto, invoca el Auto Supremo 76 de 30 de enero de 2006. Añade que también se incurrió en la inobservancia del art. 20 del CP, bajo el fundamento de que esta normativa establecería una caracterización de lo que es la autoría y participación criminal para que el juzgador aplique según el grado de participación individualizando la responsabilidad penal, teniendo en cuenta el carácter intuito personae de la aplicación de la ley penal.


Que sería necesario entender la teoría del coautor como el hecho que se realiza conjuntamente, en las mismas condiciones y casi idénticas al autor, siendo las características: a) Que la comisión del hecho sea entre todos; y, b) Que se dé el requisito subjetivo de un plan o acuerdo común y que la aportación de los sujetos sea objetivamente esencial para el hecho; que en el presente caso, no se hubiese demostrado con ninguna prueba documental o testifical, que su persona fuera autora del delito de Robo y Robo Agravado, ni se demostró la intelectualidad de la planeación del acuerdo común para efectuar ese delito, menos aún de qué manera hubiera aportado objetivamente a la comisión de ese ilícito, y por ello, existiría una ausencia de relación de causalidad entre su conducta final y el resultado, y para sustentar la misma, invoca los Autos Supremos 231 de 4 de julio de 2006, 47 de 28 de enero de 2003, 724 de 26 de noviembre de 2004, “310-2012” (sic), “0147-2013 de 15 de octubre de 2015” (sic), 438 de 15 de octubre de 2005 y “286- 2013 de 22 de julio” (sic).


2) Reclama que el Auto de Vista impugnado confirmó la Sentencia sin expresar ni fundamentar que su persona haya sido la autora y hubiese desplegado acciones positivas para subsumir su conducta a los delitos endilgados; que simplemente hubiera mencionado que no puede retrotraer su actividad a los hechos y pruebas fácticas, que no existe errónea aplicación de la ley sustantiva; que sin embargo, su persona ampulosamente hubiese expuesto la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva, que constituye defecto absoluto que vulnera el debido proceso en su elemento derecho a una Resolución fundamentada y motivada, previsto por el “Art. 15 de la constitución en su aparatado II” (sic) y el art. 124 del CPP, en desmedro de la seguridad jurídica que tiene que ver con la certeza y certidumbre que emerja de la motivación de las resoluciones.


Cita como precedentes, la Sentencia Constitucional 0287/2011, los Autos Supremos 290/2005 Sala Penal II, 226/2005 Sala Penal II, 80 de 24 de mayo de 2005, 69/2012-RA de 23 de abril, 26/2012-RA y 111 de 31 de enero de 2007.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso
indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 25 de febrero de 2016 (fs. 375), fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 3 de marzo del mismo año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se tiene  respecto al primer motivo, que la denuncia de la recurrente va dirigida a la Sentencia de mérito y no refiere ningún agravio en el que hubiera incurrido el Tribunal de alzada, sin tener en cuenta que el recurso de casación está diseñado para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes, conforme el art. 416 del CPP; además, si bien invoca como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 76 de 30 de enero de 2006 y 231 de 4 de julio de 2006, omite señalar en términos precisos de qué forma la Resolución hoy impugnada resulta contraria a la doctrina legal sentada por los precedentes; de igual forma, invoca los Autos Supremos 47 de 28 de enero de 2003, 724 de 26 de noviembre de 2004, “310-2012” (sic), “0147-2013 de 15 de octubre de 2015” (sic), 438 de 15 de octubre de 2005 y “286- 2013 de 22 de julio” (sic), que no pueden tomarse en cuenta en el análisis de fondo, por cuanto la recurrente se limitó a enunciarlos, sin explicar la presunta contradicción con el Auto de Vista impugnado, incurriendo en omisiones que no pueden ser suplidas por este Tribunal; en consecuencia, el motivo deducido no cumple con los requisitos formales previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que no corresponde su análisis de fondo.


Con relación al segundo motivo, la recurrente invoca la Sentencia Constitucional 0287/2011, que no constituye un precedente válido, porque contraviene lo dispuesto por el art. 416 del CPP, que establece: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal de la Corte Suprema”. (El subrayado es nuestro).


De igual manera, invoca los Autos Supremos 290/2005 Sala Penal II, 80 de 24 de mayo de 2005, 69/2012-RA de 23 de abril y 26/2012-RA, que no contienen doctrina legal aplicable, porque fueron pronunciados en la labor de admisibilidad y no en el análisis de fondo de los respectivos recursos de casación. También, cita el Auto Supremo 226/2005 Sala Penal II, que tampoco es válido para la labor de contraste que la ley asigna a este Tribunal, por cuanto fue emitido en un proceso penal sujeto a las previsiones del abrogado CPP de 1972; y, finalmente, si bien invocó el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, omite explicar de manera precisa y concreta, la presunta contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, siendo que sólo se limitó a referir de manera genérica que el Auto de Vista impugnado vulnera derechos y garantías como el debido proceso, el derecho a la defensa al emitir un fallo carente de fundamentación en su generalidad y en algunos casos contradictorio, sin explicar y fundamentar la posible contradicción.


Por lo referido, se tiene que el planteamiento de la recurrente no cumple con los requisitos formales establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal, porque si bien señala como derechos y garantías vulnerados, la seguridad jurídica y el debido proceso en su vertiente la debida fundamentación, y precisa los antecedentes de los hechos generadores; no detalla con precisión en qué consiste las restricciones y tampoco explica el resultado dañoso emergente de los defectos, teniendo en cuenta los presupuestos de flexibilización precisados en el acápite anterior de la presente resolución, inviabilizando el análisis de fondo del motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ivana Betty Callapa Cáceres, de fs. 383 a 389 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA