TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 375/2016-RA

Sucre, 23 de mayo de 2016


Expediente                : Oruro 9/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Marcos Alarcón Quispe y otros

Delitos                : Lesión Seguida de Muerte y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de marzo de 2016, cursante de fs. 193 a 221, Marcos Alarcón Quispe y Miriam Quiroga Negretty de Alarcón, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 6/2016 de 18 de enero, de fs. 173 a 187, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Víctor Gonzales Villa contra los recurrentes y Rossio Virginia Alarcón Quiroga, por la presunta comisión de los delitos de Lesión Seguida de Muerte y Homicidio, previstos y sancionados por los arts. 273 y 251 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 4/2015 de 30 de enero (fs. 84 a 100), el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro, declaró a Marcos Alarcón Quispe y Miriam Quiroga Negretty de Alarcón, autores de la presunta comisión del delito de Lesión Seguida de Muerte, previsto y sancionado por el art. 273 del CP, imponiéndoles la pena, al primero de cuatro años de reclusión y a la segunda de tres años de reclusión, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular, a ser averiguables en ejecución de Sentencia. Por otro lado, declaró a Rossio Virginia Alarcón Quiroga, absuelta de la presunta comisión del delito de Lesión Seguida de Muerte, tipificado por el referido artículo; y, a Marcos Alarcón Quispe, Miriam Quiroga Negretty de Alarcón y Rossio Virginia Alarcón Quiroga, absueltos de la presunta comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Marcos Alarcón Quispe y Miriam Quiroga Negretty de Alarcón, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 106 a 128), resuelto por el Auto de Vista 6/2016 de 18 de enero (fs. 173 a 187), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


c) El 2 de marzo de 2016 (fs. 188 y 189, respectivamente), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 9 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Los recurrentes (previamente haber realizado una remembranza sobre el agravio denunciado en su recurso de apelación restringida, referido a que la Sentencia hubiera omitido considerar la fundamentación de la defensa técnica del imputado), denuncian que el Auto de Vista impugnado no habría otorgado una respuesta coherente y fundamentada, por cuanto sin ningún criterio hubieran referido que no sería necesario fundamentar en la Sentencia ningún argumento de la defensa técnica y material, porque aquello constaría en los antecedentes, convalidando de esta manera el hecho de que la Sentencia sólo debe referirse a la acusación pública, dejándoles en la incertidumbre, sin saber si sus fundamentos alcanzaron o no la relevancia o pertinencia necesaria, que serían aspectos nucleares como las causas de la muerte de la víctima, establecidos en el dictamen pericial del Instituto de Investigaciones Forenses, no vinculadas a sus personas, sino a la negligencia del Ministerio Público en la atención a la víctima y a la mala praxis médica ejercida en el hospital general “San Juan de Dios” donde la víctima fue internada por más de veinticinco días después del hecho; aspectos que vulneraron el debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada, consagrado por el art. 115.II y el derecho a la defensa establecido por los arts. 117.I y 119.II todos de la CPE.


Invocan, como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007, 51/2013-RRC de 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo.


2) Realizada la relación de los antecedentes de su recurso de apelación restringida en el que se cuestionó la errónea aplicación del art. 273 del CP; los recurrentes acusan que el Auto de Vista hubiera llegado al extremo de afirmar que no tiene importancia si fue pelea o discusión, asimismo, no se pronunciaron sobre la temática de la errónea aplicación de la ley sustantiva (concurrencia de los elementos subjetivo-objetivos del tipo penal y la vinculación con el nexo de causalidad que expresaron de manera detallada), sino que se lanzaron a asentir una valoración de la prueba (transcribiendo la declaración del galeno forense, Freddy Modesto Quispe Antezana), además que el diagnóstico que se efectuó en primera instancia no tiene congruencia con las causas de la muerte; además, que no se hubieran referido en lo absoluto al informe pericial de la junta médica del Instituto de Investigaciones Forenses, la historia clínica, las dos altas otorgadas a la víctima por gastroenterología y neurología antes de su fallecimiento, la falta de atención del Ministerio Público a la víctima, y finalmente, a la mala praxis de los galenos que la atendieron generando una interrupción en el nexo causal.


Invocan, los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2006, 315 de 25 de agosto de 2006, 51/2013-RRC 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo.


3) Los recurrentes [luego de haber hecho un repaso de los antecedentes de su recurso de apelación restringida, atinente a la defectuosa valoración de la prueba, previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, vulnerando el derecho a una Resolución fundamentada y derecho a la defensa, prescrito por los arts. 115.I y 117.I de la CPE y que constituyen defecto absoluto inserto en el art. 169 inc. 3) del CPP], reclaman que el Auto de Vista impugnado: I) Con relación a la defectuosa valoración de la declaración de María de las Nieves Ivette Sevillano Villavicencio de Rocabado y de Freddy Modesto Quispe Antezana, habrían afirmado que se limitaron a señalar que no hubieran referido en forma debida qué reglas de la sana critica estaban vulneradas, extremo que no sería evidente, porque si hubieran explicado las reglas de la sana crítica que fueron vulnerados por el Tribunal de Sentencia al contrastar la declaración testifical referida y el médico forense, eludiendo de esta manera pronunciarse sobre estos agravios; II) Con referencia a la defectuosa valoración de la codificada como MPD7, omitieron pronunciarse de manera expresa sobre ese agravio; y, III) Con respecto a la defectuosa valoración de la codificada como MPD10, no emitieron criterio ni opinión, concluyendo que la causa de la muerte fueron las lesiones que habrían causado en la victima, en contradicción con las conclusiones del dictamen pericial.


Invocan, los Autos Supremos 240/2012 de 23 de agosto, 314/2006 de 25 de agosto, 229/2012-RRC de 27 de septiembre, 51/2013-RRC de 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo.


4) Luego de la relación de los agravios expresados en su recurso de apelación restringida, relativa a la fijación de la pena, alegan que el Auto de Vista recurrido no habría fundamentado los agravios expresados en su recurso de apelación restringida, bajo el argumento de que no establecieron cuál sería la aplicación que pretenden, sin tomar en cuenta que lo único que pretendieron fue la anulación de la Sentencia y el reenvió correspondiente, que esta fundamentación sería una falta absoluta de respeto, eludiendo pronunciarse sobre sus agravios, llegando a extremos formalistas, sin observar el principio de verdad material, vulnerando de esta manera el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado por el art. 115.I de la CPE.


Citan, como precedentes, los Autos Supremos 99 de 24 marzo de 2005, 51/2013-RRC de 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso
indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 2 de marzo de 2016 (fs. 188 y 189, respectivamente), fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado y el 9 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se tiene:


Respecto al primer motivo, los recurrentes denuncian que el Auto de Vista impugnado no habría fundamentado, señalando simplemente que no sería necesario fundamentar en la Sentencia los argumentos de la defensa técnica o material, porque la misma constaría en los antecedentes, dejándoles en la incertidumbre, sin saber si sus fundamentos alcanzaron o no la relevancia. Al respecto, en el presente motivo, invocan los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007, 51/2013-RRC de 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo, respecto a los cuales sostiene que los miembros del Tribunal de apelación, ausentes de una verdadera concepción integral del recurso, convalidaron ilegalmente el actuar del Tribunal de Sentencia, reduciendo aún más al imputado en el juicio oral, sin responder a las pretensiones impugnatorias de manera coherente y eficaz, por cuanto el Auto de Vista recurrido, no contiene ninguna fundamentación con relación al núcleo de la impugnación, referido a la necesidad de los fundamentos de la defensa, en temas tan nucleares como la negligencia del Ministerio Público en la atención a la víctima y a la mala praxis médica ejercitada en el Hospital General “San Juan de Dios” sobre la víctima, donde se mantuvo internada por más de veinticinco días después del hecho. Tampoco contiene una fundamentación que esté vinculada a la exigencia de reflejar en la Sentencia los alcances del proceso deliberativo, a cuyo efecto sostiene que se vulneró su derecho a una resolución fundamentada


En consecuencia, cumple con lo que prescriben los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que el motivo deviene en admisible.


Con relación al segundo motivo, los recurrentes acusan que el Auto de Vista no se habría pronunciado sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, sino que se limitaron a asentir la valoración de la prueba (la declaración del galeno forense, Freddy Modesto Quispe Antezana). Al respecto, invoca los Autos Supremo 431 de 11 de octubre de 2006 y 315 de 25 de agosto del mismo años, que en la doctrina legal aplicable, determina que los Tribunales de justicia, se deben someter a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al principio de legalidad, realizando tareas objetivas de subsunción que demuestren objetivamente el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, para no crear “inseguridad jurídica”, sobre lo cual afirma que los miembros del Tribunal de apelación, irrumpieron frontalmente contra dicha doctrina, por cuanto les condenaron como autores del delito de Lesión seguida de muerte, sin la más elemental comparación de los elementos constitutivos del tipo penal, en franca contradicción entre una declaración testifical y un testimonio de un médico forense, valorando a su conveniencia sólo algunos elementos de convicción, salvando innecesariamente la negligencia del Ministerio Público y del Hospital General “San Juan de Dios” en cuanto a la responsabilidad por la muerte de la víctima y sus causas, explicación que resulta clara y suficiente para el análisis de fondo del motivo expuesto, por lo que resulta admisible.


Los Autos Supremos 51/2013-RRC 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo, no serán considerados para el análisis de fondo, por cuanto los recurrente, a tiempo de efectuar una transcripción de su contenido, se limitaron a reiterar el motivo de apelación restringida, sin explicar de qué modo el precedente resulta aplicable a su causa. En similar sentido, con relación al Auto Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, simplemente refirieron su contenido, sin explicar las razones por las cuales la doctrina habría sido contradicha por el Auto de Vista recurrido. 


Con referencia al tercer motivo, los recurrentes reclaman que el Auto de Vista impugnado incurrió en una falta de fundamentación respecto: I) La defectuosa valoración de la declaración de María de las Nieves Ivette Sevillano Villavicencio de Rocabado y de Freddy Modesto Quispe Antezana; II) La defectuosa valoración de la codificada como MPD7; y, III) La defectuosa valoración de la codificada como MPD10. Al respecto, se advierte que los recurrentes, a tiempo de invocar los precedente contradictorios, se limitaron a transcribir el contenido de la doctrina, reiterando que el Auto de Vista no respondió los agravios anotados; sin explicar de mínimamente las razones por las cuales los precedentes invocados habrían sido contrariados por el Auto de Vista recurrido, razón por la cual al haber omitido los impugnante de expresar de manera clara y precisa la denunciada contradicción con las líneas jurisprudenciales emanada por este Tribunal pues no es suficiente la simple referencia o transcripción de la doctrina legal invocada-, este Máximo Tribunal de Justicia, está imposibilitado de efectuar su labor de unificación jurisprudencial, por el incumplimiento de parte de los impugnantes de la carga procesal asignada en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que este motivo resulta inadmisible.


Finalmente, en respuesta al cuarto motivo, alegan que el Auto de Vista recurrido no fundamentó sobre el agravio denunciado en apelación, referido a la fijación de la pena, porque no habrían establecido cuál sería la aplicación que pretenden. Al respecto, el recurrente invocó el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, aseverando que el Tribunal de Sentencia en lo referente a la imputada Miriam Quiroga Negrety, con la fundamentación para imponerle tres años de privación del libertad, no aplicó el art. 11.1 del CP; y, en lo vinculante a Marcos Alarcón Quispe, no hizo ningún análisis vinculado a la existencia de agravantes o atenuantes en la fundamentación de la fijación de la pena, menos dieron cabal y estricto cumplimiento a los arts. 37 y 38 del CP, que solamente aparecen como enunciativos y no fundamentos, olvidando por completo asegurar la fundamentación con la aplicación de los arts. 39 y 40 del CP, a cuyo efecto afirma que en la doctrina legal penal invocada, se establecieron los criterios para determinar la pena; sin embargo, la Sentencia no especificó si en su caso se aplicaron los arts. 37 y 38 del CP, existiendo ausencia de fundamentación con relación a los arts. 39 y 40 del mismo Código, defecto que el Auto de Vista convalidó sin fundamento, explicación que al resultar clara y precisa, permite declarar admisible el motivo de casación.


Los Autos Supremos 51/2013-RRC de 1 de marzo y 141/2013 de 28 de mayo, no serán considerados en el análisis de fondo del motivo de casación, debido a que los recurrentes omitieron explicar por qué consideran que los mismos fueron contrariados por el Auto de Vista recurrido, habiéndose limitado a expresar, de manera genérica, que los miembros del Tribunal de apelación, no ejercitaron la más elemental fundamentación sobre los agravios anotados, disquisición que no brinda mayores elementos para efectuar la labor de contraste.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcos Alarcón Quispe y Miriam Quiroga Negretty de Alarcón, de fs. 193 a 221, únicamente los motivos descritos en los incs. 1), 2) y 4) del acápite II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA