TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 373/2016-RA

Sucre, 23 de mayo de 2016


Expediente                : Tarija 16/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Mario del Carpio Aparicio

Delito                : Violación 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 08 de marzo de 2016, cursante de fs. 446 a 458, Mario de Carpio Aparicio, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 06/2016 de 10 de febrero de 2016, de fs. 405 a 407, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Nicolasa Achu Plaza contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a)  Por Sentencia 13/2015 de 28 de Agosto (fs. 352 a 355), el Tribunal de Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Mario del Carpio Aparicio, autor del delito de Violación, previsto y sancionado en el art. 308 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de quince años de presidio.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Mario del Carpio Aparicio, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 380 a 391 vta.), resuelto por el Auto de Vista 06/2016 de 10 de febrero (fs. 405 a 407), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia impugnada.


c) Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 1 de marzo de  2016 (fs. 410), el 8 del mismo mes y mismo año, interpuso el recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 446 a 458 vta., se extraen los siguientes motivos:


1) El recurrente denuncia la vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva al alegar que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, dejándosele sin una respuesta, al no pronunciarse sobre la denuncia realizada en la apelación restringida, señalando que se interpuso el incidente de nulidad de las acusaciones pública y particular, por inobservancia del art. 341 incs. 3) y 5)  y 124 del CPP, que fue rechazado por resolución de 25 de agosto de 2015  por el Tribunal de origen;  apelada que fue, el Tribunal de apelación incidental determinó la inexistencia del agravio porque se cumplió en ambas acusaciones la indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, señalando: “que habiendo sido notificado con ambos pliegos acusatorios en el momento oportuno no se efectuó observación alguna”(sic), resolución que carecería de la debida fundamentación vulnerando de esta manera el art. 124 del CPP; asimismo no consideró que ante la supresión de la audiencia conclusiva, la etapa de excepciones e incidentes en juicio es el momento oportuno de realizar su observación y pedir las nulidades de ambas acusaciones por incumplimiento de los requisitos referidos precedentemente, toda vez que este aspecto no se encontraría previsto en la norma, solicitando se declare con lugar al incidente y consiguientemente la nulidad de ambas acusaciones por incurrir en el art. 169 del CPP; sobre este agravio invoca la SSC 714/2007 de 17 de agosto, cita las SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R 0081/ 2002 y 378/2002-R) y el Auto Supremo 360/2012 de 28 de noviembre.


2) Aludiendo que el Tribunal de origen, en total violación del principio de contradicción, permitió la introducción de las pruebas signadas como “MP-4” Certificado Médico Forense, “MP-6” Informe Psicológico y “MP-7” Informe Social, vulnerando el principio de contradicción, el derecho a la Defensa a contrainterrogar y hacer observaciones, procede a valorar estos elementos de prueba sin mencionar que el examen médico fue introducido sin la presencia  de quien realizó el mismo quien fue  ofrecido como perito, quien mal intencionadamente no fue convocado a juicio restringiendo su derecho a la defensa al impedir su contrainterrogatorio; asimismo de las otras dos pruebas MP-6 y MP-7, que fueron exhibidas y sin sentar las bases se las introdujo por su lectura sin la presencia de quienes las elaboraron, impidiendo nuevamente ejercer su derecho a la defensa.


Ante este contexto, argumenta que el Tribunal de alzada no corrigió este agravio, a pesar de que reconoció en parte que se debe observar las formas para la introducción de las pruebas a juicio, que a criterio del recurrente, esta instancia debió disponer la exclusión probatoria de las mencionadas pruebas, vulnerando de esta manera los arts. 329, 169 inc. 3)  y  370 inc. 4) del CPP; y art. 116 parágrafo I de la CPE.


3) Denuncia que el Tribunal de alzada justificó erróneamente la decisión del Tribunal Ad quo de excluir las pruebas materiales de descargo “PD-8” (pollera celeste), “PD-9 (ropa interior de la víctima) y “PD-10” (bellos púbicos), mediante una resolución sin la suficiente fundamentación, infringió el art. 124 del CPP, en la que señala una preclusión de actos sin referir la norma jurídica que la respalde y negación de la producción de los medios probatorios ofrecidos, bajo el argumento que estas pruebas no se encontrarían en despacho y que no se hizo ninguna gestión de la parte para su remisión, afirmación falsa al haberse solicitado se oficie a este efecto; pero, que el Tribunal de origen no emitió los oficios, lo que conllevó a no poder ejercitar cualquier solicitud, proceder con el que se restringió su derecho a presentar prueba relevante que demostraría su inocencia y de llegar a la verdad de los hechos; de igual manera se procedió con la prueba pericial, cuando el Tribunal de mérito incurrió en apreciaciones subjetivas al señalar que la perito no estaría en condiciones de realizar el trabajo científico, no siendo convocada porque no se encontraban los elementos para realizar la pericia, aspecto que evidencia una incorrecta aplicación del  art. 172 del CPP, porque al haber sido ofrecida la prueba y no producirla se ha vulnerado el derecho a la igualdad de las partes, art. 12 del CPP; toda vez que la producción de la prueba de descargo tenía la única finalidad de descubrir la verdad de los hechos; de lo que se concluye una lesión al derecho a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso, previstos en los arts. 115,116, 117 y 119 de la CPE, concordante con los arts. 5, 8, 12, 171,204 y 205 del CPP; sobre este agravio invoca los Autos Supremos 241/2006 de 6 de junio y 271/2009 de 4 de mayo.


4) Asimismo denuncia, en el acápite subtitulado: “DE LOS DEFECTOS DE LA SENTENCIA ART. 370 DEL C.P.P. INC. 2…” (sic), que del Certificado Médico forense se acreditó que el agresor sería una persona conocida sin identificar a su persona, al no coincidir los hechos con el relato de la víctima; que el hecho se presumiría que ocurrió a horas 22:45, así como de los Informes Social y Psicológico, se habría acreditado que el agresor fue un vecino, corroborando que su persona no fue identificado ni por la víctima quien establecería la existencia de algún vecino con las características similares; aspecto no controlado por el Tribunal de alzada, limitándose tan solo a copiar textualmente lo resuelto en la Sentencia sin que el imputado se halle individualizado, declarando el agravio infundado, sin llegar a subsanar todas las denuncias de la apelación restringida y el señalado en el art. 370 inc. 2) del CPP; sobre este agravio invocó el Auto Supremo 360/2012 de 28 de noviembre.


5) Finalmente, denuncia que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, siendo así que en el Considerando VI de la Sentencia se  determinó que la declaración de la víctima sería prueba creíble señalando que su persona resultaría ser culpable del ilícito endilgado; así también en el considerando VII advirtió violación a la presunción de su inocencia, que  por no haber intentado reparar el daño ocasionado y porque su comportamiento no denotó arrepentimiento, el Tribunal de sentencia determinó su culpabilidad, realizando una mala valoración integral de las pruebas, así la prueba codificada como MPD-5 consistente en el desfile identificativo, que si bien la testigo lo reconoció, en el desarrollo del juicio también reconoció que existió otro sujeto con las mismas características y que es vecino común; sobre este agravio denunciado, el Tribunal de alzada, consideró que todos los medios probatorios incorporados a juicio fueron tomados en cuenta, quien revalorizando cuestiones de hecho, y sin darle ningún valor a la declaración de los testigos Lidia Evelyn Vásquez que corroboraba a su declaración, así como con la declaración de Damián Tipolo y Mirtha del Carpio, que refirieron sobre la existencia de otra persona en estado de ebriedad, no se pronunció sobre cada denuncia realizada en la apelación restringida, además de no valorar los elementos de prueba incurrió en “incongruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, lo cual constituye una valoración defectuosa y violación al debido proceso” (sic), infringiendo el art. 370 inc. 2,6 y 10) del CPP, incurriendo en defecto absoluto que atenta derechos fundamentales, previsto en el art. 116 de la CPE, debiendo aplicar los arts. 363 inc. 1, 2, y “346)” (sic), del CPP, corrigiendo de oficio conforme el art. 17 de la LOJ.


Refiriendo en el acápite subtitulado “DE LOS AGRAVIOS” (sic), el recurrente refiere que la resolución impugnada además atenta contra sus intereses, que no cometió el ilícito endilgado a su persona, que se lo condenó injustamente sin valorar la integralidad de la prueba documental ni testifical contraviniendo el art. 173 del CPP, violentando el debido proceso y el in dubio pro reo; al efecto cita el Auto de Vista de 6 de febrero de 2012, Autos Supremos 360/2012 de 28 de noviembre, 89/2013 de 28 de marzo,  105 de 5 de junio de 2012, 487/2005 de 15 de noviembre y 131 de 31 de enero de 2007.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 01 de marzo de 2016 el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 08 del mismo mes y mismo año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.

Ahora bien, en relación a los demás requisitos, como primer motivo, denuncia  que el Tribunal de apelación, ante su denuncia de excepción e incidente de exclusión de acusación pública y particular planteado ante el Tribunal de sentencia, el Tribunal de alzada le habría respondido sin la debida fundamentación y motivación, infringiendo lo previsto por el art. 124 del CPP, incurriendo así en incongruencia omisiva, ya que, afirma, no se habría pronunciado en absoluto sobre los fundamentos esgrimidos en sus recursos de apelación; sobre este reclamo, corresponde señalar que el recurrente incurre en contradicción; por cuanto, por una parte denuncia que el razonamiento asumido por el Tribunal de alzada resultaría insuficientemente infundado; toda vez, habría señalado que se habría verificado que se cumplió en ambas acusaciones con la indicación de las circunstancias de modo tiempo y lugar que según ellas ocurrieron como se identificó debidamente la prueba, no existiendo verificación de agravio alguno; y, por otro lado el recurrente afirma, que el ad quem, no se pronunció en absoluto sobre los fundamentos esgrimidos en sus recursos de apelación; fundamentos, que en definitiva se contradicen; por cuanto, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación; y otra, sostener que no se habría pronunciado a los motivos impugnados en apelación restringida; en consecuencia, la referida incoherencia en la fundamentación del motivo de casación, impide que este Tribunal pueda ejercer su labor encomendada por ley, a través de la comparación del Auto de Vista recurrido con el precedente invocado, al no tenerse claro el motivo denunciado en la fundamentación sujeta a confrontación, situación por la que este motivo deviene en inadmisible.


En relación al segundo motivo, en la que cuestiona a través del presente recurso que el Tribunal de alzada no corrigió los agravios denunciados en la apelación restringida, referidas a la vulneración del debido proceso y principio de contradicción, por permitir la introducción de las pruebas signadas como “MP-4” consistente en Certificado Médico Forense, “MP-6 y MP-7” referidas a Informes Psicológico y Social, que de manera mal intencionada no fue convocado el Médico Forense Dr. Jorge A. Guzmán Lozano para no ser contrainterrogado por la defensa, incurriendo en defecto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; asimismo en el quinto motivo, refiere que el Tribunal de alzada no controló la defectuosa valoración de las pruebas testificales en la que incurrió el Tribunal de juicio, denunciando en consecuencia la existencia de defectos procesales absolutos que autorizarían en forma excepcional la revisión del recurso de casación de oficio. Al respecto, teniendo en cuenta los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para la admisión del recurso de casación, se advierte que el recurrente se limitó a cuestionar la falta de valoración de las pruebas documentales y testificales en ambos motivos, tanto por el Tribunal de Sentencia como por el de alzada y expresar su expectativa que debe ser revisada de oficio por este Tribunal; siendo así que sin cumplir con los requisitos establecidos en el acápite IV de esta resolución al no detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, menos explica el resultado dañoso emergente del defecto, temática respecto a la cual el recurrente debió centrar  su atención, teniendo en cuenta que el presente recurso está destinado a impugnar los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia en la resolución de los recursos de apelación restringida; en cuyo mérito, estos dos motivos devienen en inadmisibles.


En lo que respecta al tercer motivo, denuncia falta de fundamentación de la decisión tomada por el Tribunal de alzada, respecto a la exclusión de pruebas codificadas como “PD-8, PD-9 y PD-10”, las que a criterio del recurrente hubieran podido ser contrastadas con los análisis de ADN que le hubieran podido realizar a su persona, limitando de esta manera a que se llegue a descubrir quién fue el verdadero responsable de la agresión sexual; al efecto, el recurrente únicamente se limitó a citar y transcribir parte de los Autos Supremos 241 de 6 de julio de 2006 y 272 de 4 de marzo de 2009, sin cumplir con la carga procesal de señalar en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, omisión que no puede ser suplida por este Tribunal y que imposibilita ingresar al análisis de fondo del presente recurso, pues se reitera que de acuerdo al sistema de recursos previsto por el Código de Procedimiento Penal vigente, la finalidad esencial del recurso de casación es uniformar la jurisprudencia, de ahí la exigencia legal de invocar el precedente contradictorio y explicar la contradicción en términos precisos y claros, pues de no ser así el Tribunal Supremo estaría imposibilitado de resolver en base al derecho objetivo la probable contradicción existente ente el Auto de Vista impugnado y el precedente y/o precedentes contradictorios invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas con la mera denuncia de defectos absolutos o enunciación del derecho al debido proceso como se observa en el caso presente, ya que a efectos de ingresar al fondo de los agravios vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir a cabalidad con los presupuestos explicados en el acápite IV de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, pues a más de reiterar, de forma poco clara, las denuncias de su recurso de apelación restringida, no fundamenta cuál la restricción o disminución del citado derecho, y menos explica en qué consiste el resultado dañoso, derivando en que el motivo resulte inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


Finalmente, con relación al cuarto motivo, denuncia que el Tribunal de alzada no ejerció su función de controlar de que su persona no fue identificado plenamente como el autor de la agresión sexual, ya que con características similares al recurrente, existían varios vecinos, además de no llegar a subsanar todas las denuncias de la apelación restringida; al respecto, el recurrente únicamente se limita a citar y transcribir partes de los precedentes contradictorios, sin cumplir con la carga procesal de señalar en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, omisión que no puede ser suplida por este Tribunal y que imposibilita ingresar al análisis de fondo del presente recurso, pues se reitera que de acuerdo al sistema de recursos previsto por el Código de Procedimiento Penal vigente, la finalidad esencial del recurso de casación es uniformar la jurisprudencia, de ahí la exigencia legal de invocar el precedente contradictorio y explicar la contradicción en términos precisos y claros, pues de no ser así el Tribunal Supremo estaría imposibilitado de resolver en base al derecho objetivo la probable contradicción existente ente el Auto de Vista impugnado y el precedente y/o precedentes contradictorios invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.


En consecuencia, al no haberse cumplido con todos los requisitos de admisibilidad, el recurso de casación analizado deviene en inadmisible, aun recurriendo a revisión extraordinaria, pues, el recurrente omitió cumplir a cabalidad con los presupuestos explicados en el acápite IV de esta Resolución,  pues a más de reiterar, de forma poco clara, las denuncias de su recurso de apelación restringida, no fundamentó cuál la restricción o disminución de los citados derechos, y menos explicó en qué consiste el resultado dañoso, derivando en que el recurso resulte inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, de fs. 446 a 458, interpuesto por Mario del Carpio Aparicio.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA