TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 357/2016-RA

Sucre, 23 de mayo de 2016


Expediente                : Santa Cruz 15/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Hermenegildo Marca Ríos

Delitos                : Homicidio en Accidente de Tránsito y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2015, cursante de fs. 241 a 243 vta., Hermenegildo Marca Ríos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 12 de 20 de marzo de 2015, de fs. 232 a 235, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Beatriz Omonte Vargas, en contra de Hermenegildo Marca Ríos, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito, Omisión de Socorro y Conducción Peligrosa de Vehículo, previstos y sancionados por los arts. 261, 262 y 210 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) Por Sentencia 006/2010 de 22 de julio (fs. 96 a 100), el Tribunal Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al imputado Hermenegildo Marca Ríos, autor de la comisión de los Delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito, Omisión de Socorro y Conducción Peligrosa, tipificados y sancionados  por los arts. 261, 262 y 210  del CP, condenándole a pena de cinco años de privación de libertad y tres años de inhabilitación de conducir, con pago de trescientos días multa a razón de Bs. 5.- por día y la imposición de costas a favor del Estado, a calificarse en ejecución de sentencia.

b) Contra la mencionada Sentencia (fs. 96 a 100), el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 156 a 163, resuelto por el Auto de Vista 152 de 17 de septiembre (fs. 169 a 172 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 426/2014-RRC de 24 de septiembre (fs. 225 a 227 vta.), en cuyo mérito la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 12 de 20 de marzo de 2015, que declaró admisible y procedente las cuestiones planteadas en el citado recurso y revocó parcialmente la Sentencia, absolviendo del delito de Conducción Peligrosa de Vehículo al imputado Hermenegildo Marca Ríos, manteniendo la calificación de los delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro.


c) Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 10 de diciembre de 2015 (fs. 238), el 17 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 241 a 243 vta., se extraen los siguientes motivos:


1) El recurrente, realizando una relación de los antecedentes que precedieron al recurso de casación, denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en Inobservancia de la Ley Sustantiva, especialmente la que estarían referidas a las reglas del “Concurso de Delito” (sic), señalando que no indicaron, ni precisaron que su persona sea autor del delito de homicidio en accidente y de Omisión de Socorro, pues, del análisis de las pruebas contenidas en el “Acta de Juicio” (sic), no se valoró objetivamente, ni se utilizó la sana crítica, a su decir, demostrará en el “num. V.2” (sic), del presente recurso que su persona “NO ES AUTOR, MENOS PARTICIPE del delito de (Homicidio), menos del delito consecuencia (Omisión de Socorro)…” (sic), refiriendo también, que el en Auto de Vista impugnado no se precisa “si hay acción única o acción plural” (sic), denominado doctrinalmente “unidad o pluralidad de acciones” (sic), alegando que debió ser valorado y fundamentado por el Tribunal de apelación, que incumplió con su labor de controlador de la Sentencia, además de que carece de fundamentación “jurídico-penal” (sic),  en lo que refiere al concurso de delitos, al no explicar el fundamento o las reglas de “Concurso de Delitos” (sic), el tratadista E. Bacigalupo, definió como reglas del Concurso de Delitos a la “especialidad, subsidiariedad, y consunción” (sic), y que al no haberlo realizado el Tribunal de alzada incurrió el errónea aplicación de la ley sustantiva.


2) Por otra parte, denuncia Errónea aplicación de la Ley Adjetiva, toda vez que el Tribunal de alzada no procedió a dar lectura íntegra de la Sentencia, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 10) de la Ley 1970,  dado que la lectura íntegra de la misma se señaló para el día 26 de junio de 2010, sin que se haya realizado en la fecha indicada, por lo que solicitó la anulación total de la sentencia para la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, por haber perdido competencia el apelado, y que no ocurrió en el caso de autos, por cuanto el Tribunal de apelación no cumplió con la exigencia de la norma adjetiva procesal en su art. 361; al efecto el recurrente cita y transcribe parte del Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005.

3) Finalmente, alega que el Tribunal de apelación “NO ha dado cumplimiento a la finalidad asignada por la doctrina al instituto de la Casación penal…” (sic), argumentando que el de alzada incurrió en errónea valoración de la prueba, toda vez que de la lectura del “ACTA DE JUICIO ORAL” (sic), a decir del recurrente, su persona no conducía vehículo motorizado alguno entre horas 06 a.m. y 6:30 a.m. del día “(23/02/2009)” (sic), y que su vehículo estaba siendo conducido por José Nemecio Vargas Cabi, quien acompañado de su esposa le hubiesen llevado al su domicilio y que al dirigirse en dirección “Oeste hacia el Este” (sic), llegó al lugar donde se encontraba un grupo de persona observando el cuerpo del fallecido, y que sin considerar estos aspectos de manera ilegal hasta ilógica se lo acusó del ilícito de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, arguyendo además que no pudo haber cometido un delito de resultado “ (atropello a una persona con mi vehículo motorizado, CUANDO NI SIQUIERA HABRÍA LLEGADO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA UNA PERSONA EN LA CALLE QUE SUPUESTAMENTE HABRIA SIDO ATROPELLADA POR UN VEHÍCULO)” (sic), transcribiendo las preguntas y respuestas realizadas al testigo José Nemecio Vargas Cabi, refirió, que no fue valorado el testimonio del mencionado testigo, tanto por el Tribunal de instancia y menos por el de alzada, causándole agravio e indefensión, atentando contra sus derechos fundamentales como el principio de presunción de inocencia, previsto en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que se incumplió con “la definición asignada al instituto de la Casación penal (definida por el máximo Tribunal; Vid. Fs. 218, renglones 5 al 10 del cuaderno procesal” (sic).

III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: a) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; b) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el  10 de diciembre de 2015 el recurrente fue notificado con el Auto de Vista y el 17  del mismo mes y año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, en el primer motivo del recurso de casación, el recurrente en lo sustancial denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en Inobservancia de la Ley Sustantiva, señalando: “el referido a las reglas del “Concurso de Delito” (sic) que carece de fundamentación en relación al concurso de delitos, que no se señaló cuál de las reglas del “Concurso de Delitos” (sic) fue utilizada; al efecto, cabe señalar que el recurrente incumplió con su deber de invocar el precedente contradictorio establecido en el art. 416 del CPP, como tampoco fundamentó la presunta contradicción, extremo que determina la declaratoria de inadmisibilidad del presente motivo, que tampoco es posible admitirlo vía flexibilización, en razón a que no denunció violación de ningún derecho o garantía constitucional, lo que impide a este Tribunal proceder a su admisión vía flexibilización; consecuentemente este motivo deviene en inadmisible.


Ahora bien, en relación al segundo motivo, denuncian el recurrente que el Auto de Vista recurrido incurrió en errónea aplicación de la Ley Adjetiva, sosteniendo que el  Tribunal de alzada no procedió a dar lectura íntegra de la Sentencia, incumpliendo lo previsto por el art. 361 del CPP, dado que la lectura íntegra de la misma se señaló para el día 26 de junio de 2010, sin que se haya realizado en la fecha indicada, incurriendo en defecto previsto por el art. 370 inc. 10) de la Ley 1970; no obstante se evidencia que el imputado simplemente se limita a realizar trascripción parcial del Autos Supremos 131 de 13 de mayo de 2005, citado como precedente, sin cumplir con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción existente entre la Resolución impugnada con el Auto Supremo invocado, siendo que en este caso en particular, la mera afirmación de lo que establecería el precedente, no brinda suficiente soporte argumentativo al recurso, por lo que no podrá ser tomado en cuenta por este tribunal para realizar la labor de contraste; en ese sentido, al no haberse identificado la posible contradicción en la que hubiera incurrido el Auto de Vista recurrido con el precedente invocado, se tiene por no cumplidos los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo declarar la inadmisibilidad de este motivo.


Finalmente, como tercer motivo, el recurrente, denuncia en lo esencial que el Tribunal de alzada no dio cumplimiento a la finalidad asignada por la doctrina legal establecida por este máximo Tribunal, argumentando que ni el Tribunal de Sentencia y menos el de alzada habrían valorado debidamente la prueba  testifical de José Nemecio Vargas Cabi, vulnerando su derecho al principio de presunción de inocencia; al respecto, el recurrente no invocó ningún precedente contradictorio aplicable y menos explicó ni fundamentó una presunta contradicción con el Auto de Vista impugnado, incumpliendo las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste, con relación al presente agravio; empero, aludió, que el de alzada habría incumplido la doctrina legal establecida en el Auto Supremo dictado en el caso de autos;  por lo que, a los fines de verificar únicamente el cumplimiento de la Doctrina Legal establecido en el Auto Supremo 426 de 24 de septiembre de 2014, dictado por la Sala Penal Liquidadora en el presente caso, se admite el recurso en forma extraordinaria.  


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 241 a 243 vta., interpuesto por Hermenegildo Marca Ríos, únicamente en lo concerniente al  tercer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA