TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 355/2016-RA

Sucre, 23 de mayo de 2016


Expediente                : Cochabamba 24/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Luis Fernando Martínez Camacho Ávila

Delito        : Extorsión


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de febrero de 2016, que cursa de fs. 969 y 972, Eusebio Orlando Candia Romero, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 49 de 11 de diciembre de 2015, cursante de fs. 918 a 933, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Luis Fernando Martínez Camacho Ávila, por la presunta comisión del delito de Extorsión, previsto y sancionado por el art. 333 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 29/2015 de 25 de mayo de 2015 (fs. 764 a 799), el Juzgado de Partido Penal y de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró al imputado Luis Fernando Martínez Camacho Ávila, autor de la comisión del delito de Extorsión en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 333 en relación al art. 8 ambos del CP, condenándole a la pena de dos años de reclusión, con costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia en favor de la víctima, notificado el imputado solicitó, complementación y enmienda mereciendo el pronunciamiento del Auto de 12 de junio de 2015 (fs. 813).

b) Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 855 a 865), que fue resuelto por Auto de Vista 49 de 11 de diciembre de 2015 (fs. 918 a 933), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, previo sorteo de la causa.


c) Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 12 de febrero de 2016 (fs. 935), interpuso recurso de casación el 19 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 969 a 972, se extraen los siguientes motivos:


1. El recurrente, previa mención del segundo considerando del Auto de Vista recurrido, denuncia que en su parágrafo 8, punto 5.5, el Tribunal de apelación alejado de toda lógica dispuso anular la sentencia sobre un hecho ya precluido, incurriendo en revalorización de la prueba, toda vez, que señaló “que como un solo hombre pueda tener el dominio de un hecho para extorsionar”, argumento, que afirma el recurrente, omite la valoración efectuada por el juez de sentencia, quien comprendió que siendo el acusado el sujeto activo del delito no necesariamente debía actuar en forma conjunta y física con todos los miembros componentes que tienen el dominio del hecho con un despliegue del manejo de la información que generaron el convencimiento en su persona como víctima de que el imputado estaba vinculado a otras personas quienes no se mostraron en ningún momento, salvo las reuniones celebradas en la ciudad de La Paz; no obstante, el Tribunal de alzada observó y manifestó una falta de lógica respecto a los hechos probados y no probados incurriendo en contradicción con los Autos Supremos 104 de 20 de febrero de 2004 y 14/2013-RRC de 6 de febrero que fueron invocados por el propio Tribunal de apelación.


2. Por otra parte reclama, que el Tribunal de alzada cometió una contradicción doctrinal; por cuanto, anuló la sentencia afirmando que “el juez ha efectuado un análisis doctrinal del tipo penal de tentativa de extorsión, definiendo que la finalidad es la economía; sin embargo, no estableció motivadamente cual es el beneficio económico que el acusado iba a recibir o pretendía dolosamente para su persona…”, pretendiendo, que su persona acredite un hecho de imposible verificación toda vez que los acuerdos internos entre el autor y quienes de manera subrepticia lo respaldaban no son hechos que su persona deba o pueda conocer, no considerando el Tribunal de alzada que las acusaciones fiscal y particular acreditaron que la suma que ilícitamente pretendía que su persona entregue era $us. 500.000, resultándole, un despropósito que ese hecho sea base para considerar la errónea aplicación de la ley sustantiva, aspecto que incurre en contradicción a la doctrina del Dr. Benjamín Miguel Harb que en su libro “Código Penal Boliviano comentado y concordado” estableció que la Extorsión puede ser de hecho o verbal, directa o indirectamente, verbales o escritas, expresas o implícitas; no considerando, que doctrinalmente la extorsión contiene dos elementos, uno que el medio sea ilegal y otro que la causa sea ilícita, que en el caso de autos, la sentencia estableció debidamente los hechos probados que se subsumen a los elementos configurativos del tipo penal de Extorsión en grado de tentativa, cumpliendo la fundamentación con los requisitos del sistema de la valoración de la sana crítica.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se tiene, que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista recurrido el 12 de febrero de 2016 (fs. 935), presentando su recurso de casación el 19 del mismo mes y año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 969, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, en cuanto al primer motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista impugnado incurrió en una revalorización de la prueba; por cuanto, dispuso la anulación de la sentencia arguyendo que “como un solo hombre pueda tener el dominio de un hecho para extorsionar”, argumento, que afirma el recurrente, omite la valoración efectuada por el juez de sentencia, quien aseveró que el sujeto activo no necesariamente debía actuar en forma conjunta y física con todos los miembros componentes que tienen el dominio del hecho con un despliegue del manejo de la información que generaron el convencimiento en su persona como víctima de que el imputado estaba vinculado a otras personas quienes no se mostraron en ningún momento; al respecto, invoca los Autos Supremos 104 de 20 de febrero de 2004 y 14/2013-RRC de 6 de febrero que establecerían los límites competenciales de los Tribunales de alzada, haciendo hincapié en que se encuentran prohibidos de revalorizar la prueba o las cuestiones de hecho; en consecuencia, en la argumentación del recurso, se observa que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados; en tal sentido, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, este motivo deviene en admisible.


En cuanto, al segundo motivo, en el que el recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada incurrió en una contradicción doctrinal; por cuanto, anuló la sentencia afirmando que el juez de mérito incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez, que no habría establecido motivadamente cual fue el beneficio económico que el acusado iba a recibir; no considerando, que las acusaciones fiscal y particular acreditaron que la suma que ilícitamente pretendía que su persona entregue era $us. 500.000, resultándole, un despropósito que ese hecho sea base para considerar la errónea aplicación de la ley sustantiva, cuando la sentencia estableció debidamente los hechos probados que se subsumen a los elementos configurativos del tipo penal de Extorsión en grado de tentativa. Sobre este reclamo, corresponde señalar que si bien el recurrente no recurrió en apelación restringida; empero, en la interposición del presente motivo del recurso de casación, tenía la obligación de invocar precedentes contradictorios, aspecto que no ocurrió, en consecuencia tampoco cumplió con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en el que incurriría el Auto de Vista impugnado respecto de algún precedente, en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP; hecho que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió pueda ser suplida de oficio; consecuentemente, este motivo deviene en inadmisible.   


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto Eusebio Orlando Candia Romero, de fs. 969 a 972, únicamente con relación al primer motivo identificado en el acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Dra. Presidenta Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA