TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 353/2016

Sucre, 16 de mayo de 2016


Expediente                        : Chuquisaca 35/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Luis Germán Leytón

Delito                        : Estafa Agravada


RESULTANDO


Por memorial de 28 de marzo de 2016 cursante de fs. 96 a 102 del anexo, el imputado Luis Germán Leytón opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción al Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de la capital, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a querella de Humberto Barrón Gumiel y Cimar Avilés Fernández, por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al art. 346 Bis. ambos del Código Penal (CP).


I.ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD FORMULADA


El excepcionista refiere que 16 de junio de 2015, opuso similar excepción que fue declarada infundada por Auto 193/2015 de 26 de junio, lo que motivó a la formulación de recurso de apelación incidental que fue declarado improcedente mediante Auto de Vista 339/2015 de 8 de septiembre, enfatizando que la  circunstancia o motivo por el que se declaró infundada dicha Excepción, cambió o desapareció por cuanto la Sentencia condenatoria emitida por el delito de Estafa que le impone una pena de cinco años de reclusión, se encuentra ejecutoriada para las víctimas, pues tanto sus recursos de apelación restringida como el de casación fueron declarados inadmisibles, por Auto de Vista 339/2015 de 8 de septiembre y Auto Supremo 4/2016-RA de 18 de enero, respectivamente; de modo que la pena impuesta en la causa es definitiva y no puede ser modificada. Añade, que por su parte formuló recurso de casación siendo declarado admisible, por lo que está a la espera del pronunciamiento de fondo; en consecuencia, respecto a su persona, la sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada.


Después de hacer alusión a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0193/2013 de 27 de febrero y 1971/2013 de 4 de noviembre, alega que la excepción de extinción de la acción penal, sea por prescripción o por duración máxima del proceso, puede ser interpuesta en cualquier momento del proceso y las veces que sean necesarias; además, son de previo y especial pronunciamiento.


Alega que las propias víctimas, en la excepción que interpuso anteriormente,  presentaron (al Juzgado de Sentencia) “un EXTRACTO DE DEPÓSITOS correspondiente a la señora DELIA CABA” (sic), estableciendo como fecha de último depósito el 31 de agosto de 2009, habiendo transcurrido más de seis años, posibilitando la interposición de la presente excepción.


Después de referir el art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP), arguye que el término de la prescripción en su caso, empezó a correr desde el momento en que la supuesta víctima, Delia Caba, realizó el último depósito; y, que el delito de Estafa es de carácter instantáneo, porque se consuma en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el acto de disposición patrimonial, sin que su realización se prolongue en el tiempo, que en su caso ocurrió el 31 de agosto de 2009, momento en que Delia Caba realizó su última disposición patrimonial, conforme al extracto de depósitos, debiendo computarse desde la media noche de la referida fecha; y, que “el plazo de 5 años establecido para la PRESCRIPCIÓN del delito de ESTAFA se encuentra ampliamente superado ya que el mismo VENCÍA el 31 de Agosto de 2014” (sic).


Refiere que ninguna de las situaciones previstas en el art. 32 del CPP concurrió en su caso y que tampoco fue declarado rebelde, por lo que no existe motivo que altere el cómputo del término de la prescripción. También indica que el inicio de la acción penal (investigación) no constituye causal de suspensión del término de la prescripción, por lo que el inicio del presente proceso no interrumpió este plazo, haciendo alusión a las Sentencias Constitucionales 283/2013 de 13 de marzo y 1406 de 7 de julio; por lo expuesto, solicita se declare probada la excepción de prescripción disponiéndose la extinción de la acción penal con el consiguiente archivo de obrados.


II.RESPUESTAS Y TRÁMITE A LA EXCEPCIÓN PLANTEADA


Humberto Barrón Gumiel, Cimar Avilés Fernández y Delia Caba Copa, mediante escrito de fs. 108 a 109 vta. del anexo, contestan la excepción opuesta señalando que si hasta el presente el proceso no ha podido concluir, se debe a la conducta dilatoria del imputado, identificando actuaciones que respaldarían dicha afirmación; además, añaden que el delito fue cometido en la Cooperativa COMFIA Limitada, en la que el imputado fungía como Gerente, siendo detectada la Estafa en el 2011, de modo que no transcurrieron hasta la fecha cinco años.


Por su parte, la representación del Ministerio Público por memorial de fs. 110 a 111 del anexo, expresa que el imputado no adjunta la pieza principal consistente en la certificación del REJAP a los fines de acreditar que desde el inicio de la investigación nunca fue declarado rebelde. Además, por escrito de fs. 493 a 494, del cuaderno principal, enfatiza que la causa se sigue por el delito de Estafa Agravada y que anteriores resoluciones emitidas con relación a la excepción opuesta podían ser recurridas por la vía constitucional, solicitando en definitiva el rechazo de la excepción.


Con esos antecedentes, por Resolución 69/2016 de 11 de abril de fs. 117 y vta. del anexo, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del Tribunal Departamental del Justicia de Chuquisaca, en observancia de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, remite antecedentes ante esta Sala Penal para la resolución de la excepción planteada, al estar radicada la causa principal por la formulación de recursos de casación.


III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


En el caso presente, la parte imputada opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción; en cuyo mérito, resultar menester hacer referencia al marco normativo aplicable, a los antecedentes procesales del caso, para finalmente efectuar el análisis de la problemática planteada.


III.1. Marco normativo relativo a la prescripción. 


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I. La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III. En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial; y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


Por su parte, el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.


El art. 335 del Código Penal (CP), tipifica el delito de Estafa indicando que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días.


Y, el art. 346 Bis del CP, indica que los delitos tipificados en los artículos 335, 337, 343, 344, 345, 346 y 363 bis de este código (Penal), cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, y que serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días.


III.2. Antecedentes relevantes.


De la revisión de antecedentes, se advierte de fs. 295 a 299, que el 16 de junio de 2015, el imputado opuso una anterior excepción de extinción por prescripción al Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de la capital, con los siguientes argumentos: a) Que, la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, puede ser interpuesta en cualquier momento del proceso. b) Que en Sentencia, le condenaron a la pena de cinco años de privación de libertad por supuesta Estafa que se habría cometido en contra de Delia Caba Copa entre los años 2006 a 2008, y que en la Sentencia no especifica fecha exacta ni aproximada de la comisión del delito y que habría transcurrido más de 7 años. c) Lo señalado en Sentencia, se acomoda a lo previsto en el inc. 2) del art. 29 del CPP. d) Que la estafa es delito de carácter instantáneo y que se consuma “desde el momento en que el sujeto pasivo (DELIA CABA COPA) realizó la disposición patrimonial” (sic). También indica que se carece de fecha exacta en que se habría realizado la última disposición patrimonial. Asimismo, refiere que siendo amplios, habría empezado a correr desde el 1 de enero de 2009 y que hasta la presentación del memorial que plantea la excepción, transcurrieron 7 años y 6 meses, porque los 5 años establecidos en el inc. 2) del art. 29 del CPP para la prescripción de ese delito, venció el 1 de enero de 2014. e) Que ninguna de las situaciones previstas por el art. 32 del CPP, concurren en el presente caso; que el inicio de la acción penal (investigación) no constituye causal de suspensión del término de la prescripción, por lo que el inicio del presente proceso no interrumpió este plazo.


A fs. 304, se encuentra fotocopia simple de un documento que hace referencia a fecha, concepto, retiros, depósitos e intereses y saldo, de “COMFIA”, cuya última fecha indica “31/08/2009”; y que en la parte de Nombre indica “DELIA DE PINTO CABA Y/O JUAN PINTO DURAN…”; y en fs. 305 a 306, el memorial presentado el 22/6/2015, que en la suma indica “Contestan y se pronuncian”.

A fs. 326, se encuentra Acta de Audiencia Pública de excepción de extinción de la acción penal por prescripción de 26 de junio de 2015, cursando de fs. 327 a 328 vta., el Auto 193/2015 de 26 de junio, que resuelve la mencionada excepción, declarándola infundada con el argumento de que tanto el incidentista como el representante de las víctimas, presentan apelación restringida; y si bien el Tribunal de Sentencia condena al acusado por delito de Estafa y no de Estafa Agravada, eso no significa una renuncia de los derechos de los acusadores, en atención a que la resolución no tiene carácter definitivo, por lo que mal se puede dar por hecho la comisión del delito de Estafa a efectos de realizar un cómputo para la procedencia de la extinción de la acción por prescripción fundados únicamente en la Sentencia.


Previa interposición de recurso de apelación incidental de fs. 334 a 339, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emite el Auto 339/15 de 8 de septiembre de 2015, por el que declara improcedente el mencionado recurso, con el argumento principal de que la sentencia fue apelada por los acusadores que intentan la condena por el delito de Estafa Agravada por víctimas múltiples que tiene prevista una sanción o pena privativa de libertad de 3 a 10 años de reclusión. Además que: “el Tribunal resolvió la excepción independientemente del recurso de apelación restringida formulado contra la Sentencia” (sic).


III.3. Análisis de la excepción opuesta.


En mérito a lo expuesto precedentemente, se advierte que el excepcionista, interpone una vez más excepción de extinción de la acción penal por prescripción, con los mismos argumentos que planteó el 16 de junio de 2015, siendo relevante tomar en cuenta que para el 26 de junio de 2015, en que se desarrolló la audiencia pública de excepción de extinción de la acción penal por prescripción cuya acta cursa a fs. 326, ya se encontraba a disposición de las partes en fs. 304 la fotocopia simple de un documento que hace referencia a fecha, concepto, retiros, depósitos e intereses y saldo, de “COMFIA”, cuya última fecha indica “31/08/2009”; y que en la parte de Nombre indica “DELIA DE PINTO CABA Y/O JUAN PINTO DURAN…”, a la que hace alusión el ahora incidencista en su memorial presentado el 28 de marzo de 2016, para hacer referencia como último depósito el 31 de agosto de 2009, aspecto reconocido por el imputado en el último incidente planteado a fs. 98 del anexo, al señalar que las propias víctimas, en la excepción que interpuso anteriormente,  presentaron (al Juzgado de Sentencia) “un EXTRACTO DE DEPÓSITOS correspondiente a la señora DELIA CABA” (sic), estableciendo como fecha de último depósito el 31 de agosto de 2009.


Y lo único que alega como un aspecto sobreviniente, es que la circunstancia o motivo por el que se declaró “INFUNDADA la anterior Excepción de Prescripción, ha cambiado radicalmente, o para que se entienda mejor HA DESAPARECIDO” (sic), porque la Sentencia condenatoria por el delito de Estafa a cinco años de Privación de Libertad, se encuentra ejecutoriada para las víctimas, porque el Recurso de Casación que plantearon fue declarado inadmisible por Auto Supremo 4/2016-RA de 18 de enero, en tanto que el suyo fue declarado admisible, por lo que se está a la espera del pronunciamiento de fondo; en consecuencia, respecto a su persona, la Sentencia condenatoria en su contra no se encuentra ejecutoriada.


En suma, el motivo para la interposición de esta última excepción, es que la Sentencia se encuentra ejecutoriada para las víctimas y no así para el imputado, que sería el motivo que cambió en relación a la anterior excepción planteada; sin embargo, en el planteamiento, el excepcionista no funda su pretensión en ninguna disposición legal, limitándose a plantear un escenario fáctico a partir de la situación de los recursos de casación formulados en el presente proceso, resultando que los motivos son los mismos que fueron alegados a tiempo de oponer la misma excepción el 16 de junio de 2015, es decir relativos a la emisión de una sentencia condenatoria por el delito de Estafa con una sanción de cinco años de privación de libertad, por lo que corresponde dar aplicación al parágrafo IV del art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en mérito al párrafo tercero del art. 44 del CPP, declara INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción de fs. 96 a 102, interpuesta por Luis Germán Leytón.


Regístrese, hágase conocer y cúmplase.


Firmado


Magistrada Dra. Presidenta Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA