TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 352/2016

Sucre, 09 de mayo de 2016


Expediente                : Chuquisaca 6/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Daniel Gonzalo Cors Casso y otro

Delitos          : Estafa y Estelionato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de abril de 2016, cursante de fs. 383 a 390, Daniel Gonzalo Cors Casso y Hugo Víctor Delgadillo Solíz, oponen excepción de extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alfredo Caballero Cuba contra los oponentes, por la presunta comisión de los delitos de cuya declaratoria de prescripción se solicita.


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN


Al amparo de los arts. 13.I, 14.III y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 308 inc. 4), 27 inc. 8), 29 inc. 2), 314 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP), las Sentencias Constitucionales 1061/2015-S2 de 26 de octubre, 600/2011-R de 3 de mayo, 0104/2013 de 22 de enero, 0023/2007-R de 16 de enero, 0101/2006 de 25 de enero, “600/2011-R, de mayo” (sic), 0997/2003-R de 15 de julio y los Autos Supremos 51 de 29 de enero de 2008, 165 de 8 de junio de 2006 y 076-P de 15 de enero de 2007; los imputados refieren que en el caso de autos tal como se precisa en la querella, imputación formal, acusación formal, Auto de apertura de juicio y la fundamentación fáctica de la Sentencia 09/2015 de 16 de septiembre, los hechos sucedieron el 19 de marzo de 2008, siendo la fecha de inicio del cómputo del término de la prescripción el 20 de marzo del 2008; por lo que, conforme los arts. 29 y 30 del CPP, al 11 de abril del 2016, transcurrió 8 (ocho) años y 22 (veintidós) días; es decir, que se cumplió a cabalidad y superabundantemente el plazo para la prescripción, tomando en cuenta que los delitos de Estafa y Estelionato, al no tener una pena privativa de libertad mayor a cinco años, prescriben en cinco años.


Asimismo, alegan que son instantáneos los delitos cuya prescripción se solicita, lo que quiere decir que no se requiere ningún acto posterior para su vigencia; por lo que, al haber sido cometidos el 19 de marzo de 2008, conforme el art. 30 del CPP, el plazo de la prescripción empezó a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, que en el caso de autos es a partir del 20 de marzo del 2008. Por otro lado, alegan que los delitos juzgados no son imprescriptibles y que en el caso de autos tampoco existió interrupción del término de la prescripción, pues conforme el informe de antecedentes penales REJAP, los impetrantes no registrarían antecedentes penales referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, corroborado este extremo también por las actas del proceso del juicio oral y la Sentencia 09/2015 de 16 de septiembre; tampoco, habría existido suspensión del término de la prescripción.


II. RESPUESTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ACUSADOR PARTICULAR


Por decreto de 18 de abril de 2016, cursante de fs. 391, conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 20 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, conforme se tiene de las diligencias cursante a fs. 392, sin que el representante del Ministerio Público haya presentado respuesta; por su parte, el acusador particular Alfredo Caballero Cuba, expresó que la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, es un acto desesperado de los imputados, quienes presentaron su recurso de casación después de 10 (diez) días hábiles de haber sido notificados con el Auto de Vista, sin observar que este Tribunal de casación no tiene abierta su competencia para resolver incidentes, pues la competencia se abriría con la admisibilidad del recurso de casación.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


III.1. Consideraciones Generales de la Prescripción.


De acuerdo a la doctrina, la prescripción es un medio de liberarse de las consecuencias penales de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley, siendo el transcurso del tiempo factor predominante para que opere esta excepción.


Respecto a su naturaleza, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 1030/2003-R de 21 de julio, ha señalado que es una institución de carácter sustantivo, porque afecta el ámbito de la esfera de libertad del imputado, puesto que: "el principio de favorabilidad no puede estar limitado sólo a supuestos en los que la nueva norma penal descriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, la nueva ley (ley penal material, procesal o de ejecución) que beneficie al delincuente, en el ámbito de su esfera de la libertad; siendo comprensivas de tal ámbito, entre otras: las circunstancias, el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, y las medidas cautelares personales".


De igual forma, en el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006, entre otros, se definió que la prescripción de la acción penal es una figura liberadora, en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción; toda vez, que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica; por lo que, ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa hasta concluir la misma, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad; siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 del CPP.


En relación al instituto jurídico de la prescripción, el ordenamiento jurídico nacional a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, señaló: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa.


A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”


Además, es menester señalar que la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre,  estableció: “(…) al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. Análisis del caso concreto.


Con base a todo el recuento jurisprudencial destacado en el acápite anterior,  debe precisarse que conforme las previsiones del art. 14 del CPP, la acción penal que nace de la comisión de todo delito, está encaminada a la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad; lo que implica, que la pretensión de prescripción de la acción penal podrá ser formulada durante la tramitación de las tres primeras etapas del proceso, vale decir durante la etapa preparatoria, la etapa del juicio y de los medios de impugnación, en tanto la sentencia no quede ejecutoriada, pues en la cuarta etapa del proceso destinada a la ejecución penal, sólo restará aplicar la sanción o medida de seguridad dispuesta en la causa; esto supone, que no es posible aplicar las normas legales atinentes a la prescripción de la acción penal a los procesos penales que cuentan con sentencia ejecutoriada o en fase de ejecución de la sentencia, donde no hay acción penal pendiente de perseguir, habida cuenta que en la fase de ejecución de la sentencia la única prescripción posible es la relativa a la pena de acuerdo al marco normativo previsto por el art. 105 del Código Penal; siendo responsabilidad de este Tribunal observar el art. 13.I de la CPE, que establece: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.” (las negrillas son nuestras). Por otra parte, debe considerarse que el art. 180.I de la misma norma suprema, establece un conjunto de principios sobre los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, entre ellos, el de legalidad al que está limitado el ejercicio del ius puniendi del Estado, el cual a decir de Carlos Creus en su obra “Derecho Penal” parte general, está condicionado a: “(…) las limitaciones legales (ley previa) y del cumplimiento de determinados procedimientos de aplicación (debido proceso legal) y ejecución de la pena, especificando con ello finalidades de la pena que el legislador penal no puede desconocer con relación a algunas de sus especies (las privativas de libertad) (…)” (las negrillas son nuestras).


Por otra parte, es relevante para la resolución de la problemática planteada, tener en cuenta que si bien es cierto que el ius puniendi del Estado, se halla limitado al principio de legalidad, de la misma manera los derechos y garantías reconocidos por la CPE, también se hallan sujetos al referido principio, entendiéndose que la prescripción de la acción penal tiene como requisito; además, del transcurso del tiempo, la falta de una resolución ejecutoriada que ponga fin al litigio, sobre el particular, debe tenerse presente que el art. 126 del CPP dispone: “Las resoluciones judiciales quedarán ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, cuando no se hubiesen interpuesto los recurso en los plazos legales o no admitan recurso ulterior.” (las negrillas y subrayado son nuestros).


Ahora bien, en el caso de autos, los imputados argumentan que a la fecha de presentación de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción 15 de abril del 2016-, ya transcurrieron 8 (ocho) años y 22 (veintidós) días, desde la fecha de la comisión del delito -19 de marzo de 2008-, por lo que al amparo de lo dispuesto por los arts. 13.I, 14.III y 24 de la CPE, 308 inc. 4), 27 inc. 8), 29 inc. 2) y 314 del CPP, solicitan la extinción de la acción penal por prescripción; en tanto que la parte contraria al responder la pretensión, destaca que los imputados formularon recurso de casación fuera del plazo otorgado por ley, resultando que la competencia de este Tribunal no estaría aperturada; en cuyo mérito, corresponde verificar en primer término si este extremo es o no evidente.


En ese sentido, de los antecedentes del proceso, se evidencia que una vez emitida la Sentencia 09/2015 de 16 de septiembre, que condenó a los imputados Daniel Gonzalo Cors Casso y Hugo Víctor Delgadillo Solíz, a la pena de cinco años de reclusión por los delitos de Estafa y Estelionato, los nombrados formularon recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 51/016 de 11 de febrero, que rechazó el referido medio de impugnación por inadmisible, emitiéndose a solicitud expresa el Auto 59/016 de 24 de febrero, que declaró no ha lugar a la petición de explicación y complementación solicitada. Es así, que el viernes 26 de febrero de 2016, conforme las actuaciones de fs. 281 a 283, se notificó con la última resolución emitida en alzada a los imputados, quienes dejando constancia de hacerlo “en tiempo y forma oportuna”, el 10 de marzo de 2016, formularon recurso de casación.


Esto supone que evidentemente el recurso de casación fue presentado de forma extemporánea, pues teniendo presente que por disposición del art. 130 del CPP, los plazos determinados por días corren al día siguiente de practicada la notificación venciendo a las veinticuatro horas del último día señalado, el plazo de interposición del recurso de casación para los imputados, comenzó a correr a partir del lunes 29 de febrero y venció a las veinticuatro horas del viernes 4 de marzo del presente año, quedando establecido que por disposición del art. 126 del CPP, el Auto de Vista que resolvió rechazar por inadmisible el recurso de apelación restringida formulada por los imputados ahora excepcionistas, quedó ejecutoriado sin necesidad de declaración expresa, en virtud al principio de legalidad; sin que ello implique que este Tribunal se halle exento de pronunciarse sobre la inadmisibilidad del recurso de casación, el cual al ser el recurso planteado de manera extemporánea, constituye una simple ratificación de la ejecución de la resolución impugnada.


Por todo lo expuesto, no corresponde efectuar el cálculo propuesto por los imputados, teniendo en cuenta que ante la existencia de una resolución ejecutoriada, no es posible aplicar el régimen de prescripción respecto a la acción penal que en el caso presente alcanzó su finalidad, demostrando todos los antecedentes referidos la intención maliciosa y dilatoria de la excepción planteada, encaminada a evitar el cumplimiento de una sentencia que por la presentación extemporánea del recurso de casación, se hallaba ejecutoriada; y si bien no es posible aplicar una sanción pecuniaria en los términos previstos por el art. 315.III del CPP, dado que el estado de la causa y su radicatoria ante este Tribunal, no permitió la previa advertencia de poder coercitivo y moderador, no es óbice para instar a los abogados suscribientes del memorial a observar un mínimo de lealtad procesal que debe caracterizar la tramitación de todo proceso judicial.  

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción de los delitos de  Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, opuesta  por los imputados Daniel Gonzalo Cors Casso y Hugo Víctor Delgadillo Solíz, con costas, dejando constancia que en  cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, la  presente resolución no es recurrible.


Asimismo, tomando en cuenta que del análisis de requisitos para la procedencia de la extinción por prescripción de la acción penal, se estableció que el recurso de casación fue interpuesto fuera del plazo de cinco días previsto por el art. 417 del CPP, con la facultad conferida por el art. 418 de la norma adjetiva penal, se declara INADMISIBLE por su formulación extemporánea.


Notifíquese a las partes conforme al art. 163 del CPP.


Regístrese, cúmplase y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA