TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 338/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : La Paz 166/2015

Parte Acusadora                : Rytberth Rodríguez Cabrera

Parte Imputada                : Gumercindo Machaca Peñaranda

Delitos                : Giro de Cheque en Descubierto y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2015, cursante de fs. 450 a 458 vta., Gumercindo Machaca Peñaranda, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 64/2015 de 7 de septiembre, de fs. 428 a 431, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Alberto Loayza Caro en representación legal de Rytberth Rodríguez Cabrera contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Giro de Cheque en Descubierto y Giro Defectuoso de Cheque, previstos y sancionados por los arts. 204 y 205 del Código Penal (CP).


I.DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes.


a) Por Sentencia 22/2014 de 13 de agosto (fs. 211 a 215), el Juzgado Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Gumercindo Machaca Peñaranda, autor de la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, imponiéndole la pena de reclusión de tres años y seis meses, mas multa de sesenta días a razón de Bs.- 10 (diez bolivianos) por día, con costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia; además lo absolvió por el delito de Giro Defectuoso de Cheque.


b) Contra la referida Sentencia, el imputado Gumercindo Machaca Peñaranda, formuló recurso de apelación restringida (fs. 386 a 399), resuelto por Auto de Vista 64/2015 de 7 de septiembre (fs. 428 a 431), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada.


c) Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista, el 12 de noviembre de 2015 (fs. 432), interpuso recurso de casación, el 19 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


I.1.1. Motivos del recurso.


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


1) Alega que en su recurso de apelación restringida denunció, que la Sentencia de mérito no valoró en su verdadera dimensión las pruebas de cargo ofrecidas e introducidas en juicio oral, consistentes en el Cheque 10154, objeto de la litis que no fue presentado al Banco para su respectivo cobro, no existiendo ningún elemento probatorio que demuestre lo contrario; la publicación en el periódico Jornada que no es de circulación nacional; por lo que, no existió una conminatoria efectiva para que pueda realizar el pago del cheque que su persona supuestamente giró, la certificación del Banco Económico que se encuentra datada como agosto pero no se sabe de qué año; sin embargo, dichos fundamentos no fueron considerados y mucho menos valorados por el Tribunal de alzada que no resolvió los puntos mencionados del recurso de apelación restringida y menos aún consideró los precedentes contradictorios invocados, incurriendo en los defectos previstos en los arts. 370 incs. 1), 3) y 5), y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP). Invoca en calidad de precedentes contradictorios, el Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, cuya doctrina legal aplicable estaría referida a la obligación de los Tribunales de alzada de controlar que la Sentencia de mérito contenga una debida fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica. Así como señala, que no se cita los Autos Supremos 562 de 1 de octubre de 2004, 444 de 15 de octubre de 2005, 166 de 12 de mayo de 2005, 436 de 15 de octubre de 2005; no valorados a tiempo de emitirse el Auto de Vista impugnado.


2) Afirma que tampoco se dio respuesta a su denuncia sobre la falta de valoración de su personalidad, tal cual establecen los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, y sobre el hecho que en la Sentencia no existe un acápite que haga referencia a la fundamentación de la pena, pues no se demostró que tenga antecedentes penales y menos Sentencia ejecutoriada anterior al hecho acusado, habiéndosele fijado, una pena excesiva y sin una fundamentación fáctica y enmarcada en la legalidad, incurriendo en los defectos inmersos en los arts. 370 inc. 3) y 169 inc. 3) del CPP, y el debido proceso; pues si bien se cometió un error al citar el inc. 3) del art. 370, siendo el correcto el inc. 1); sin embargo, ello no pudo ser motivo para no resolver el contenido de su denuncia. Actuación infrapetita que le dejó en completo estado de indefensión; como tampoco se consideraron los precedentes contradictorios invocados en la apelación restringida, como ser los Autos Supremos 144 de 11 de abril de 2002, el cuál establece que compete al Juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad el hecho, las circunstancias y las consecuencia del delito, tomar conocimiento del sujeto en la medida que el caso requiera, para de ese modo determinar la pena dentro de los límites legales y 215/2013 de 12 de junio, que estaría referido a la fijación de la pena; alegando que dicha conducta de parte del Tribunal de apelación que contradice el contenido de lo estimado en el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, relativo a que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente impetró “ANULACIÓN DEL PROCESO” y la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, “o alternativamente” se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 068/2016-RA de 10 de febrero (fs. 72 a 474), este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Gumercindo Machaca Peñaranda, en los términos señalados en el acápite IV de la presente Resolución.


II.ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.Sentencia.


La Sentencia 22/2014 de 13 de agosto, emitida por el Juzgado Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, declaró a Gumercindo Machaca Peñaranda, autor de la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, sancionándolo a la pena de reclusión de tres años y seis meses, mas multa de sesenta días a razón de Bs.- 10 (diez bolivianos) por día, con costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia; además lo absolvió por el delito de Giro Defectuoso de Cheque, en mérito a los siguientes fundamentos: a) El imputado giró a favor del querellante, el cheque incriminado por la suma de $us. 22.000.-, en fecha 10 de agosto de 2012, en fecha 23 de abril del mismo año, dicha Cuenta fue cerrada, según certificación del Banco, con saldo cero al momento de su cobro, lo que significó que al momento de girar, menos de su cobro, no podría efectivizarse, dando lugar a que se realice la publicación, “sin que haya hecho efectivo dentro de las 72 Hrs. Que exige la norma”, adecuándose de esta manera la conducta del imputado al delito de Giro de Cheque en Descubierto; b) Las pruebas documentales del imputado, no desvirtúa la comisión del hecho acusado; y, c) En lo que refiere al delito de Giro Defectuoso de Cheque, no existe prueba alguna.


II.2. Apelación restringida.


Contra la referida Sentencia, el imputado Gumercindo Machaca Peñaranda, formuló recurso de apelación restringida, con los siguientes argumentos: 1) Mala valoración y fundamentación de la prueba de descargo, alegando que su persona entregó al acusador particular en la gestión 2001, no uno, sino cinco cheques en blanco, además que llenaba los cheques a pulso y que jamás usó máquina de escribir para dicho propósito, extremos no considerados por el Juez de Sentencia; para posteriormente señalar que existió defecto de Sentencia “al decir del art. 370 inc. 1), 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal”; 2) Mala valoración y fundamentación de la prueba de cargo, alegando que la publicación de periódico fue en medio de prensa escrito “JORNADA”, que no es de circulación nacional; por ende, no existió conminatoria efectiva para que el imputado realice el pago del cheque; además, la certificación del Banco Económico hace referencia al mes de agosto, pero no indica el año; y, finalmente refirió el mismo defecto de Sentencia referido en inciso anterior; 3) No se valoró la personalidad del acusado, porque no existe un acápite que haga referencia a la fundamentación de la pena, aunque hace alusión al cuarto considerando que referiría la atenuación de la pena porque no se demostró que el imputado tenga antecedentes penales, menos Sentencia ejecutoriada anterior al hecho acusado, para después hacer alusión a los arts. 37 al 40 del CP, alegando que ninguno de esos parámetros fueron enunciados ni considerados al momento de fijarse la pena en su contra; 4) Contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva de la Sentencia, refiriendo que el Juez no consideró su edad, educación, costumbres y otros, que si se habría valorado esos parámetros, la pena podía atenuarse mucho más, para posteriormente señalar “…pretendiendo en la parte resolutiva que si se consideraron ATENUANTES GENERALES establecidos en el artículo 40 del Código Penal, cuando en realidad no se consideraron en absoluto”; y, 5) Falta de fundamentación de la Sentencia, alegando que en ninguno de sus “parámetros”, la Sentencia apelada refiere cuál fue la conducta que el imputado desplegó para cometer el tipo penal, -señala el apelante- que no refirió los elementos constitutivos del delito, y si éstos se subsumieron a su conducta.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


El mencionado recurso interpuesto por el imputado, fue resuelto por Auto de Vista 64/2015 de 7 de septiembre (fs. 428 a 431), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada, en mérito a los siguientes fundamentos: i) Después de hacer referencia al primer y segundo agravio planteado por el apelante, respecto a la mala valoración y fundamentación de la prueba de cargo y descargo, señala que en la Sentencia existió una valoración integral de la prueba producida en juicio, aplicando las reglas de la sana crítica; ii) Hace referencia al tercer agravio referido a que la Sentencia no habría valorado la personalidad del imputado, y al respecto -señala el Auto de Vista impugnado-, que “en cuanto a la observación que se realiza sobre el hecho de que no se dio aplicación a los Arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, es decir que no puede considerarse como una falta de enunciación del hecho, pudo señalarse que existió inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y no como falta de enunciación del hecho” (fs. 430); iii) Alude al cuarto agravio, refiriendo defecto de Sentencia debido a que existe contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia; al respecto, el Auto de Vista impugnado, señala que “en punto cuarto del último considerando a momento de establecer los atenuantes también esta se la realiza en función al delito cometido” (fs. 430 vta.); y que por otro lado, no estableció que la Sentencia no se encuentre debidamente motivada y menos que exista contradicción entre la parte considerativa y dispositiva; en los considerandos se estableció el hecho y la participación del acusado; y iv) Haciendo referencia a la falta de fundamentación de la Sentencia, la Resolución ahora impugnada, señala que la Sentencia apelada, en sus conclusiones estableció que la parte acusadora demostró los hechos acusados, por las pruebas producidas en el juicio; y, que también se valoró la prueba producida por el imputado que no desvirtuó la prueba de cargo, concluyendo que se cumplió con la subsunción del delito incriminado; y, v) La Sentencia apelada fue debidamente fundamentada, cumpliendo con el mandato del art. 124 del CPP, siendo el resultado de la convicción razonada del Juez y que cumplió las reglas de la sana crítica a momento de valorar la prueba por existir la fundamentación debida. Concluye señalando que el Juez A quo obró conforme a ley, no advirtiéndo ningún defecto absoluto ni vicios en la Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


En el presente recurso la parte recurrente plantea distintas problemáticas relativas a la actuación del Tribunal de alzada a través de la emisión del Auto de Vista impugnado, en que alegó: a) Que sus fundamentos no fueron considerados y mucho menos valorados por el Tribunal de alzada que no resolvió los puntos mencionados del recurso de apelación restringida y menos aún consideró los precedentes contradictorios invocados; y, b) Tampoco dio respuesta a su denuncia sobre la falta de valoración de su personalidad, por lo que estando admitido el recurso, corresponde ingresar a su análisis de fondo, a partir de la labor de contraste con los precedentes invocados como contradictorios, en los términos señalados en el acápite IV. del Auto Supremo 068/2016-RA de 10 de febrero, (sólo algunos) siendo menester hacer referencia jurisprudencial sobre la temática planteada, para finalmente efectuar la labor de contraste encomendada a este Tribunal.


III.1. Sobre la motivación de las Resoluciones del Tribunal de Alzada.


Al respecto, la jurisprudencia, a través del Auto Supremo 65/2013 de 11 de marzo, señaló:


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, el acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello es obligación de los Tribunales de alzada, pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados.

No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida. El cumplimiento de estas exigencias exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella; sin embargo, ello no implica imponer una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, pues una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación ampulosa tampoco deja de serlo. Lo fundamental es que la Resolución contenga una relación fáctica o de antecedentes y en el caso concreto de la apelación, del o los agravios denunciados y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de dichos agravios.


En el caso, resulta evidente que el Tribunal de alzada vulneró la Ley Adjetiva Penal al obviar pronunciarse sobre los motivos del recurso de apelación restringida, a través de argumentaciones genéricas, por tanto, corresponde -velando por el respeto al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a una resolución judicial congruente- ordenar a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dicte un nuevo Auto de Vista en el que se corrija el defecto advertido”.


III.2. Del precedente invocado respecto a que sus fundamentos no fueron considerados y mucho menos valorados por el Tribunal de alzada que no resolvió los puntos mencionados del recurso de apelación restringida.


El precedente invocado por el recurrente admitido por Auto Supremo 068/2016-RA de 10 de febrero, fue el Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, pronunciado en un proceso seguido por el delito de Robo, en el que se emitió la Sentencia que declaró a dos imputadas, absueltas de la comisión del delito de Robo Agravado y a un imputado, autor del delito de Robo, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años, concediéndole además el beneficio de perdón judicial a su favor. Formulado el recurso de apelación restringida por el imputado, fue resuelto por Auto de Vista 41/2012 de 29 de noviembre, que declaró improcedente el recurso y deliberando en el fondo confirmó totalmente la Sentencia apelada. Interpuesto el recurso de casación por el imputado, el Tribunal Supremo de Justicia, refirió como reclamo fundado, el hecho de que pese a que el Tribunal de Sentencia no cumplió con el mandato del art. 124 del CPP y que el recurrente alegó la concurrencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del mencionado cuerpo legal, el Tribunal de apelación, no ejerció su función de control de verificación de la correcta fundamentación, siendo equivocado el justificativo del Tribunal de alzada, en sentido de que el ejercicio de esa labor importaría una revalorización de la prueba, emitiendo la siguiente doctrina legal aplicable:


El art. 115 de la CPE, reconoce el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, garantizando el Estado el derecho al debido proceso; estos derechos, considerados como la garantía de un procedimiento legal en resguardo de los derechos de las personas en el curso de un proceso judicial, así como el que tiene toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8 y 11; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Una vez desarrollado el acto de juicio oral y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia, en observancia del derecho al debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación de toda resolución judicial, deberá emitir la Sentencia que corresponda, a través de una resolución debidamente motivada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad, precisión y en términos positivos; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta, esto implica que en la Sentencia debe dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de la prueba, así como su relevancia o no; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, esto es la labor, a partir de los hechos estimados probados, de adecuar o no el hecho al presupuesto normativo aplicable; y, en caso de optarse por la responsabilidad del imputado, la determinación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que, de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente; en consecuencia, del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP, debe disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del art. 413 del CPP”.


Consiguientemente, al establecerse que las situaciones de hecho son similares a la planteada en el presente recurso al denunciarse que los fundamentos del apelante no fueron considerados por el Tribunal de alzada, que no resolvió los puntos mencionados en su recurso, este precedente resulta útil para desarrollar la labor de contrastación.


III.3. Del precedente invocado respecto a que tampoco dio respuesta a su denuncia sobre la falta de valoración de su personalidad.


El precedente invocado por el recurrente admitido por Auto Supremo 068/2016-RA de 10 de febrero, fue el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, que fue pronunciado en un proceso seguido por los delitos de delitos de Hurto agravado y Manipulación Informática, en el que se emitió la Sentencia que declaró a los imputados absueltos de pena y culpa. Formulado el recurso de apelación restringida por el querellante, fue resuelto por Auto de Vista 108/2005 pronunciado en fecha 27 de mayo de 2005, que declaró admisible y procedente, en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia mencionada y ordenó la reposición del juicio a cargo de otro Tribunal de Sentencia. Interpuesto recurso de casación por parte de los imputados, la entonces Corte Suprema de Justicia, evidenció que: a) Respecto de las pruebas B-4, B-9 y B-10 el Tribunal de alzada no toma en cuenta que las mismas fueron motivo de incidente de exclusión probatoria por el cual se determinó su exclusión y decisión que fue objeto de apelación restringida y que, en consecuencia, el Tribunal de alzada, sin previamente resolver respecto a este punto de impugnación, inmerso en el recurso de apelación restringida, “resuelve en sentido contrario” (sic); y, b) Con referencia al hecho de que el Auto de Vista adolece de falta de fundamentación, en consecuencia, se estarían vulnerando derechos y garantías constitucionales, estableció que este hecho es también evidente, ya que el último considerando refirió la existencia de "defectos de sentencia", sin establecer qué defectos. Consiguientemente, estableció la siguiente doctrina legal aplicable:


En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en "indefensión" a las partes y se viola la garantía constitucional del "debido proceso" cuando el Auto de Vista deviene en "infrapetita" es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes”.


Por tanto, al establecerse que las situaciones de hecho son similares a la planteada al recurso interpuesto por Gumercindo Machaca Peñaranda que refirió que tampoco se dio respuesta a su denuncia sobre la falta de valoración de su personalidad, este precedente resulta útil para desarrollar la labor de contrastación.


III.4. Análisis del caso concreto.


III.4.1. Respecto a que los fundamentos del recurrente no fueron considerados y mucho menos valorados por el Tribunal de alzada que no resolvió los puntos mencionados del recurso de apelación restringida.


De la revisión de obrados, se evidencia que el imputado entre sus argumentos del recurso de apelación, señaló mala valoración y fundamentación de la prueba de descargo, alegando que su persona entregó al acusador particular en la gestión 2001, no uno, sino cinco cheques en blanco, además que llenaba los cheques a pulso y que jamás usó máquina de escribir para dicho propósito, extremos no considerados por el Juez de Sentencia, también hubo mala valoración y fundamentación de la prueba de cargo, alegando que la publicación de periódico fue en medio de prensa escrito “JORNADA”, que no es de circulación nacional; por ende, no existió conminatoria efectiva para que el imputado realice el pago del cheque, además la certificación del Banco Económico hace referencia al mes de agosto, pero no indica el año. De la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte, que después de observar la enunciación que hizo el apelante de los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, se limitó a señalar que en la Sentencia existió una valoración integral de la prueba producida en juicio, aplicando las reglas de la sana crítica, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto.


Consiguientemente, se advierte que el Auto de Vista ahora impugnado, es contrario a la doctrina legal aplicable del precedente invocado por el recurrente, el Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, establece que el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación. Asimismo, se observa que es contrario a la jurisprudencia señalada en el acápite III.1. de la presente Resolución, el Auto Supremo 65/2013 de 11 de marzo, que señala que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida; y que el cumplimiento de estas exigencias exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella.


III.4.2. Respecto a que no se dio respuesta a su denuncia sobre la falta de valoración de su personalidad, tal cual establecen los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, y sobre el hecho que en la Sentencia no existe un acápite que haga referencia a la fundamentación de la pena.

De la revisión del recurso de apelación restringida interpuesta por el imputado, se advierte que señaló que no se valoró la personalidad del acusado, porque no existe un acápite que haga referencia a la fundamentación de la pena, aunque hace alusión al cuarto considerando que referiría la atenuación de la pena porque no se demostró que el imputado tenga antecedentes penales, menos Sentencia ejecutoriada anterior al hecho acusado, y posteriormente hace alusión a los arts. 37 al 40 del CP, alegando que ninguno de esos parámetros fueron enunciados ni considerados al momento de fijarse la pena en su contra; también señaló que hubo contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva de la Sentencia, refiriendo que el Juez no consideró su edad, educación, costumbres y otros, que si se habría valorado esos parámetros, la pena podía atenuarse mucho más, para posteriormente señalar “…pretendiendo en la parte resolutiva que si se consideraron ATENUANTES GENERALES establecidos en el artículo 40 del Código Penal, cuando en realidad no se consideraron en absoluto”. De la revisión de la Resolución ahora impugnada; se observa, un pronunciamiento evasivo cuando señala el Auto de Vista en fs. 430 que “en cuanto a la observación que se realiza sobre el hecho de que no se dio aplicación a los Arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, es decir que no puede considerarse como una falta de enunciación del hecho, pudo señalarse que existió inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y no como falta de enunciación del hecho” (sic). Al respecto, se advierte que en el tercer agravio, la temática central no es el hecho, sino que hace alusión a la personalidad del imputado. Es más, cuando el Auto de Vista alude a los arts. 37 al 40 del CP para referirse al hecho, se observa incoherencia, toda vez que el art. 37 del CP, refiere la fijación de la pena al indicar que compete al Juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito: a) Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso; y b) Determinar la pena aplicada a cada delito, dentro de los límites legales; por su parte, el art. 38 del CP, hace referencia a las circunstancias, al señalar que: 1) Para apreciar la personalidad del autor, se tomará principalmente en cuenta: a) La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social; b) Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva; se tendrá en cuenta asimismo la premeditación, el motivo bajo antisocial, la alevosía y el ensañamiento; y 2) Que para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. El art. 39 del CP hace alusión a las atenuantes especiales indicando que en los casos en que este Código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera: i) La pena de presidio de treinta (30) años se reducirá a quince (15); ii) Cuando el delito sea conminado con pena de presidio con un mínimo superior a un (1) año, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal del presidio; y, iii) Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de un año o pena de reclusión con un mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de la reclusión; y, finalmente, el art. 40 del CP hace referencia a las atenuantes generales, señalando que podrá también atenuarse la pena: l)        Cuando el autor ha obrado por un motivo honorable, o impulsado por la miseria, o bajo la influencia de padecimientos morales graves e injustos, o bajo la impresión de una amenaza grave, o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia o de la cual dependa; ll) Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particularmente meritorio; lll) Cuando ha demostrado su arrepentimiento mediante actos, y especialmente reparando los daños, en la medida en que ha sido posible; y, lV) Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la ley.


Por otra parte, el cuarto agravio del recurso de apelación restringida interpuesta, también hace alusión a que el Juez no consideró su edad, educación, costumbres y otros, si se habría valorado esos parámetros, la pena podía atenuarse mucho más. Al respecto, el Auto de Vista se limitó a señalar que “en punto cuarto del último considerando a momento de establecer los atenuantes también esta se la realiza en función al delito cometido” (fs. 430 vta.); por otro lado, no estableció que la Sentencia no se encuentre debidamente motivada y menos que exista contradicción entre la parte considerativa y dispositiva; en los considerandos se estableció el hecho y la participación del acusado, advirtiéndose que no existe mayor fundamentación clara al respecto.


En consecuencia, el Auto de Vista, resulta ser contrario al precedente invocado por el ahora recurrente, el Auto Supremo 068/2016-RA de 10 de febrero, que su doctrina legal aplicable estableció que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la Resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva; por otra parte, se deja en "indefensión" a las partes y se viola la garantía constitucional del "debido proceso" cuando el Auto de Vista deviene en "infrapetita"; es decir, cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida; señala finalmente que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes. Asimismo, se advierte que es contrario a la jurisprudencia señalada en el acápite III.1. de la presente Resolución, señala que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 64/2015 de 7 de septiembre, de fs. 428 a 431 y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente Resolución a los tribunales y jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presenta Auto Supremo al Consejo de la Judicatura a los fines del ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA