TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 329/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 104/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Félix Enrique Pérez Ramos

Delito                        : Violación Niño, Niña y Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de febrero de 2014, cursante de fs. 531 a 538 vta., Félix Enrique Pérez Ramos, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 238 de 19 de noviembre de 2013, de fs. 524 a 528, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Zinaida Hussene Amad Damao contra él recurrente, por la presunta comisión del  delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) Desarrollado el audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 33/2011 de 16 de agosto (fs. 337 a 354), el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Cruz, declaró a Félix Enrique Pérez Ramos, autor del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el párrafo primero del art. 308 bis con las Agravantes previstas en los incs. 2) y 4) del art. 310, todos ellos del CP, condenándole a la pena de presidio de veinte años sin derecho a indulto, más el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 364 a 376), resuelto por Auto de Vista 135 de 14 de junio de 2012, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero (465 a 469 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncio el Auto de Vista (fs. 474 a 479); asimismo, fue nuevamente dejada sin efecto por Auto Supremo 286/2013 de 8 de octubre (fs. 509 a 518); en cuya virtud, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió nuevo Auto de Vista (fs. 524 a 528), que declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por el imputado.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de recurso de casación (fs. 531 a 538 vta.) y del Auto Supremo 029/2016-RA- de 19 de enero (fs. 735 a 739), dictado en el caso de autos, se extraen las denuncias a ser analizadas en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Denuncia el incumplimiento de lo dispuesto en el Auto Supremo 61 de 27 de enero de 2007, que estable la necesidad de celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida a fin de garantizar los principios de publicidad, oralidad e inmediación, aspecto que no aconteció en la emisión del Auto de Vista recurrido, pues si bien el Tribunal de alzada en atención a lo previsto en el Auto Supremo 14/2013-RRC, emitió nueva resolución, sin embargo, previo a dicho cumplimiento no se consideró que los Vocales suscribientes de la Resolución recurrida no son los mismos que estuvieron en la audiencia de fundamentación de su recurso incurriendo en contradicción al precedente citado así como los Autos Supremos 494 de 15 de noviembre de 2005 y 565 de 1 de octubre de 2004.


2) El Tribunal de alzada en la página 8, penúltima página del Auto de Vista recurrido, hubiese señalado que, en cuanto a su recurso de apelación restringida pese a lo ampuloso del mismo, este no cumplió con lo previsto en el art. 408 de CPP, al no haber efectuado la cita concreta de leyes que se consideraban violadas o erróneamente aplicadas, ni cual la aplicación pretendida, en consecuencia, a decir del recurrente este era el razonamiento del Tribunal de alzada lo que correspondía era aplicar el art. 399 del CPP, que manda a otorgar un plazo para subsanar el recurso, en consecuencia se actuó en contradicción a lo señalado en el Auto Supremo 58 de 27 de enero de 2007, mismo que se pronunció sobre la problemática planteada.


3) Invocando los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007, 309/2012 de 29 de octubre, 317/2012 de 30 de octubre y 368/2012 de 5 de diciembre, referidos a la incongruencia omisiva y falta de fundamentación, el recurrente denuncia que pese a haber identificado claramente en el punto I, incisos a, b y c de su recurso, la vulneración de derechos fundamentales, siendo estos el derecho a la igualdad procesal, derecho al juez natural y el derecho a la libertad probatoria, el Tribunal de alzada tan solo se hubiese pronunciado en el último párrafo de la Resolución recurrida sin la debida fundamentación señalando simplemente que no se solicitó su saneamiento oportunamente o en su caso efectuando conclusiones de ellas sin expresar por qué y cómo se llega a ese convencimiento, argumentos que resultan ilegales, pues no sería evidente que no haya efectuado la reserva de apelación, pero peor aún se debe tomar en cuenta que en el caso de denuncias de defectos absolutos ni siquiera es necesaria la reserva de apelación como lo mal interpreto el Tribunal de alzada.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 429/2015-RA-L de 29 de junio, cursante de fs. 767 a 769, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para el análisis de fondo de los motivos con los agravios identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Conforme consta en la enunciación del hecho en la Sentencia 33/2011 de 16 de agosto, cursante de fs. 337  a 354, Félix Enrique Pérez Ramos, habría abusado sexualmente a su hijastra Eva Fátima De Souza Pinto desde que tenía 11 años de edad, como conclusión al que llegó el Tribunal de Sentencia, como primer hecho probado, misma que emerge de las declaraciones testificales de cargo Zinaida L. y Dra. Ana Damao, Eva Fátima De Souza Pinto, Lic. Analie Coronado López y Dra. Ana Catherine Ramírez Gamón, de las pruebas documentales y periciales, que fueron producidas e incorporadas al juicio oral cumpliendo con todas las formalidades legales, halló probado de manera cierta, indubitable e inobjetable que la menor Eva Fátima De Souza Pinto, fue abusada sexualmente por su propio padrastro Félix Enrique Pérez Ramos, desde cuando la menor tenía 11 años de edad.


Teniéndose como segundo hecho probado, que el imputado, abusó sexualmente de la referida menor, a sabiendas que abusaba de su propia hijastra, en uso pleno de sus facultades mentales.


Así se coteja, como tercer hecho probado, que a consecuencia de los abusos sexuales sufridos por la menor, quedó con traumas psicológicos, conclusión que emerge de la declaración de la testigo-víctima, así como de la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Lic. Analie Coronado López; declarando al imputado autor y culpable del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescencia, previsto el art. 308 bis, del CP, incluido el art. 3 de la Ley 2033, con agravantes establecidas en el art. 310 incs. 2) y 4) del CP.


Condenando al imputado a 20 años presidio, sin derecho a indulto planteando el recurso de apelación contra esta resolución.


II.2. De la Apelación Restringida, Resolución de alzada y Autos Supremos.


Notificado con tal determinación, Félix Enrique Pérez Ramos, planteó apelación restringida (fs. 364 a 376) denunciando:


1. Defectos procesales referidos a la i) exclusión de prueba con intervención de oficio del Tribunal, sin que hubiera sido solicitada en la fase de los incidentes, de la testigo “PATRICIA CANDY”; ii) la denegación de determinación de los puntos para la prueba pericial que ofreció la pericia psicológica del entorno familiar incluida su persona; y, iii) a la designación ilegal de Consultores Técnicos, para la realización de la pericia, que según el art. 207 del CPP, los consultores deben ser propuestos por las partes; vulnerando el derecho a la igualdad, derecho a la defensa, derecho a la imparcialidad, derecho a la libertad probatoria y derecho al juez imparcial, previstos en los artículos 116-II, 120 de la Constitución Política del Estado, 3, 5, 12 y 171 del CPP.


2. Contradicciones en la fundamentación de la Sentencia, defecto de Sentencia previsto en el artículo 370 inciso 5) del CPP, por la existencia de contradicciones en la Sentencia, en cuanto refiere a los hechos probados.


3. Valoración defectuosa de toda la prueba de descargo, defecto de Sentencia previsto en el artículo 370 inciso 6) del CPP.


Radicado el recurso ante el Tribunal de Apelación, este emitió el Auto de Vista 135 de 14 de junio de 2012 (fs. 442 a 446 vta.), por el que declaró admisible y procedente la apelación restringida, consiguientemente anuló la sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley.

Contra el citado Auto de vista, la acusadora particular, formuló recurso de casación (fs. 450 a 455), resuelto mediante Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista Nro. 135 de 14 de junio de 2012, a fin de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.


En cumplimiento de la doctrina legal del Auto Supremo referido, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pasó a resolver la apelación restringida mediante Auto de Vista 44 de 20 de marzo de 2013 (fs. 474 a 479), declarándolo improcedente, por lo cual el imputado Félix Enrique Pérez Ramos, formuló recurso de casación, mereciendo la emisión del Auto Supremo 286/2013 de 8 de octubre, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado adjetivo penal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que, la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.


Asimismo, es menester destacar que en caso de que el Tribunal de Alzada advierta defecto u omisión de forma en el recurso de apelación restringida deberá imprimir el trámite previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del respeto al principio pro actione.”


II.3. Último Auto de Vista 238 de 19 de noviembre de 2013, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida, confirmando, consecuentemente la sentencia apelada, con los siguientes razonamientos:


En el primer considerando, se coteja la relación de los hechos denunciados como defectos procesales, amparando su apelación en lo previsto por los arts. 169 inc. 3), 407, 408 y 370 incs. 5) y 6) del CPP.


Del Considerando dos, se advierte que tanto el Ministerio Público, la parte querellante y  como la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, se apersonaron y contestaron el recurso de casación.

Así en el considerando tres, refirió que argumentos sobre  la finalidad de la acción penal como poder jurídico es el que persigue la averiguación del hecho que se presume delictivo, así como su juzgamiento y la imposición de una pena.


Por otro lado, en el considerando cuatro señaló que: “que en el proceso penal rige el principio de libertad probatoria, la prueba lícitamente obtenida deberá versar sobre la existencia del hecho delictuoso y las circunstancias que lo califiquen agraven o atenúen, justifiquen o influyan en la punibilidad y la extensión del daño causado, por lo que todo elemento probatorio deberá relacionarse con los extremos: objetivo o sea la existencia del hecho y subjetivo que se dirija a relacionar al acusado en la participación delictiva o con cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante del proceso, la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el elemento de prueba que se pretende utilizar para ello, se conoce como pertinencia de la prueba.” (sic).


Para en el considerando cinco, transcribir en parte el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, que estaría referido a que la apelación restringida no es el medio para revalorizar o revisar cuestiones de hechos de los jueces y tribunales inferiores.


Cotejándose en el considerando seis, que señaló: “…con relación a la denuncia del recurrente que el Tribunal 2º de Sentencia en lo Penal de la Capital habría incurrido en el defecto previsto en el inc. 5) del Art. 370 del CPP., no es cierto ni evidente, ya que el Tribunal inferior ha motivado y fundamentado su fallo judicial conforme lo manda el Art. 124 de la Ley 1970, ha realizado una adecuación correctas de la conducta antijurídica del acusado dentro de los alcances del Art. 308 del Código Penal y con las agravantes correspondiente, es así que la sentencia condenatoria impugnada cumple con lo normado por el Art. 124 del CPP…” concluyendo que el fallo judicial contiene los motivos de hecho y de derecho y que habría basado su decisión y otorgándoles valor probatorio a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación completa del hecho especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentos fácticos, el Tribunal inferior explicó adecuadamente cuál fue la prueba generada en el Tribunal que determinó que la conducta del acusado se habría adecuado al tipo penal acusado de violación agravada, y cuales habrían sido las pruebas que son consideradas como suficientes para generar en el tribunal la convicción sobre la culpabilidad del acusado, llegando a la conclusión definitiva de que el acusado Félix Enrique Pérez Ramos es culpable del delito acusado de violación agravada.- Además se evidencia que la sentencia se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, ya que en cuanto a la valoración de las pruebas (art. 370 inc. 6) se evidencia que el Tribunal inferior ha aplicado correctamente lo preceptuado  por el Art. 173 con relación al Art. 359 de la Ley 1970, toda vez que ha valorado las pruebas de cargo y de descargo desarrollando una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para destruir la presunción de inocencia y permitir con certeza plena é incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global é intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia; en ese entendido se evidencia que el Tribunal inferior ha establecido con exactitud cuándo o en qué fecha se habría producido la primera violación o abuso sexual, además se ha demostrado el hecho principal de violación agravada que hace adecuar la conducta del acusado dentro de los alcances del Arts. 308 Bis, párrafo primero con relación al 310 incs. 2) y 4) del Código Penal, además se ha establecido las pruebas en las que se basó el Tribunal inferior para establecer que la primera violación se habría producido cuando la víctima tenía la edad de 11 años, de lo que resulta que la sentencia  es correcta y no es contradictoria; también se valoraron correctamente las declaraciones testificales de los ciudadanos Francis Vaca Terrazas, Susana Faldin Peña, Julio Cesar Roca Mercado, Maida Cleila Saucedo Mindani, Lina Calderón Padilla, Aldo Omar Flores Crespo, Aldo Omar Flores Crespo, Verónica Inochea Pinto de Lemcke, Welinton Gomes Da Silva…” (sic), refiriendo que el procedimiento penal no le permite al Tribunal revalorizar dichas pruebas testificales, que simplemente se abocará a verificar si dichos testigos han sido presentados e insertados conforme a procedimiento y que no exista ningún defecto de procedimiento, ya que la valoración corresponde al Tribunal de mérito por la inmediatez y la oralidad, concluyendo que el Tribunal inferior se pronunció sobre todas y cada una de las pruebas que fueron fundamentales a efectos del esclarecimientos de los hechos acusados, en previsión de los arts. 171 y 173 del CPP, en el entendido de que esos hechos delictivos y antijurídicos se encuentran corroborados por la declaración informativa de los testigos de cargo, la entrevista psicológica y el Certificado Médico Forense. Refiriendo también que otro aspecto que demuestra la violación es la declaración de la propia víctima corroborada por la perito en Psicología, de los que se habría establecido que el imputado Félix Enrique Pérez Ramos es autor del ilícito endilgado a su persona.


Del considerando siete, refiere: “…podemos verificar que la sentencia se basa en pruebas que han sido debidamente valoradas, descritas en el inc. 6) del Art. 370 del CPP., aspecto cierto y evidente, por cuanto el Tribunal 2º de Sentencia en lo Penal de la Capital al dictar el fallo judicial apelado de fs. 337 a 354, procedió en forma correcta é interpretó correctamente los alcances del Art. 359 inc. 2) del citado cuerpo de leyes relativo a las normas de deliberación y votación con relación a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del acusado, ya que el Tribunal inferior ha basado su sentencia en pruebas físicas, documentales, testificales y periciales que muestran la realidad de los acontecimientos a que se refieren la acusación formal y acusación particular.” (sic).


Asimismo, en el considerando ocho, por un lado refirió: “…las pruebas presentadas por el Ministerio Público aún tienen suficiente consistencia y eficacia probatoria para individualizar al acusado, ya que cumple con el voto previsto en los Arts. 194, 200, 350 y 351 del CPP…” (sic);  y por otro: “ si bien la defensa ha presentado las pruebas de descargo para tratar de destruir la acusación fiscal, sin embargo debe tenerse presente que la prueba de cargo corresponde al acusador fiscal y particular, situación que el Tribunal inferior tuvo en cuenta a tiempo de dictar la sentencia condenatoria, cumpliendo con lo establecido por los Arts. 71, 171 y 172 del CPP.” (sic), concluyendo sobre este punto que la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal inferior es correcta y refleja la realidad de los hechos, y que habría valorado debidamente.


Asimismo, en la última parte del considerando ocho, el Tribunal de alzada refirió: “…el acusado a tiempo de presentar su apelación restringida de fs. 364 a 376, pese a lo ampuloso de su memorial, no ha cumplido con las condiciones exigidas por el art. 408 del Código de Procedimiento Penal, ya que no hace una expresión de agravios, no cita concretamente las leyes que se consideren violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que se pretende; es decir, no indica separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exige el procedimiento de la materia en sus arts. 370, 396 inc. 3) y 408.-” (sic).


Del último considerando, se  coteja: “…en cuanto a la declaración del médico forense, tenemos que éste en su intervención conformó el hallazgo del himen de la víctima que mostraba los rasgos de penetración y abuso sexual, y con referencia al aspecto de desgarro de data antigua” (sic), haciendo alusión a:” la Psicóloga Lic. Analie Coronado, fue la profesional que se encargó de recoger y evaluar el testimonio de la víctima () en sus conclusiones expresa que la víctima Eva en su testimonio relata haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro Félix Enrique Pérez, y que en su testimonio se pudo detectar indicadores de violencia que guardan relación con las investigaciones científicas sobre la materia;…” (sic), concluyendo que, no existen los defectos referidos a la supuesta exclusión de prueba con intervención de oficio del Tribunal de juicio, además de señalar que la testigo “Carla veizaga” (sic), no tiene relevancia alguna; asimismo,  que con relación a la designación de los Consultores Técnicos, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad jurídica, derecho a la defensa, a la imparcialidad, derecho a la libertad probatoria, sosteniendo que el imputado tomó conocimiento pleno de todos los actos de la investigación desde el inicio del proceso penal y no ha activado su derecho de defensa en cada fase que le correspondía hacerlo, dejando precluir su derecho, declarando admisible e improcedente la misma, confirmando la sentencia apelada.


El mencionado Auto de Vista, motivó la interposición del recurso de casación objeto del presente análisis.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada: i) que los miembros de la Sala Penal Segunda que estuvieron presentes en audiencia de fundamentación de la apelación restringida no fueron los mismos que resolvieron el Auto de Vista impugnado; ii) que según el razonamiento del Tribunal de alzada el recurrente no habría cumplido con el art. 408 del CPP, y que advertido del incumplimiento de los requisitos de forma le correspondía aplicar el art. 399 del mismo cuerpo de leyes; y, iii) que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva y falta de fundamentación del “punto I incisos a, b y c” (sic), de la apelación restringida y que con tal actuar habrían vulnerado derechos fundamentales, derecho a la igualdad procesal, derecho al juez natural y derecho a la libertad probatoria. 


III.1. De los precedentes invocados  en el recurso de casación, respecto al primer motivo


En relación a los Autos Supremos 61 de 27 de enero de 2007, 494 de 15 de noviembre de 2005 y 565 de 1 de octubre de 2004, invocados como precedentes contradictorios en relación  al primer motivo, no se realizará el contraste, toda vez que, la problemática traída a casación ya mereció pronunciamiento por este Tribunal en el Auto Supremo 286/2013 de 19 de noviembre, problemática que se desarrollará más adelante.


III.2. De los precedentes invocados referentes a la obligación de aplicar el art. 399 del CPP.


En lo que respecta al Auto Supremo 58 de 27 de enero de 2007, cuya doctrina legal aplicable prevé que: “El sistema de recursos contenido en el nuevo Código de Procedimiento Penal, trazado para efectivizar la revisión del fallo condenatorio dictado en su contra, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nro. 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nro. 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas que consagran el derecho que tiene toda persona declarada culpable de un delito para que el fallo condenatorio; así como, la pena impuesta sean objeto de control por un Juez o Tribunal superior al que pronunció la resolución condenatoria. Que dentro de esta lógica han sido pronunciadas las Sentencias Constitucionales Nros. 1075/2003-R y 1044/2003, por citar solamente algunas, cuyo fundamento o argumento principal radica en "otorgar a toda persona la posibilidad de acceso a un sistema de recursos y medios impugnativos, más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo, genérica y doctrinalmente denominado "Derecho a Segunda Opinión". De ahí que, si el Tribunal de alzada advierte que el recurso de apelación restringida no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, debe otorgar un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del citado cuerpo adjetivo de la materia, precisando de manera clara y expresa, en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas. Si el Tribunal advierte que no realizó la observación al recurso de manera clara y expresa, involuntariamente estaría restringiendo el derecho al recurso judicial efectivo, para ello debe dar aplicación a la previsión del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal y subsanar el acto, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, garantizando así el ejercicio del referido derecho. Ello deviene de considerar, que los requisitos formales, son a la vez un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice. Si a pesar de eso la parte recurrente no subsana su recurso conforme las observaciones extrañadas dentro del plazo determinado por ley, se debe aplicar la norma y RECHAZARLO por inadmisible, sin que ello importe denegación de justicia, restricción al derecho a la defensa o al recurso judicial efectivo, toda vez que se habrían otorgado los mecanismos legales razonables a efecto de que las impugnaciones observen las formalidades que proveen al operador de justicia el instrumento para su trámite, sólo así, en caso de haberse subsanado suficientemente el recurso, se señalará la audiencia de fundamentación oral y posteriormente se dictará la correspondiente resolución, declarando improcedente o procedente la impugnación formulada según corresponda” (sic).


Sobre la doctrina legal aplicable descrita precedentemente, cabe anotar que se desarrolló a consecuencia de la denuncia de que el trámite de la apelación restringida no observó la previsión del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en la cual el recurrente adujo que su recurso habría sido declarado inadmisible con el argumento de que el mismo no cumplía con los requisitos exigidos por los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal y que además no habría cumplido con el requisito de señalar precedente contradictorio, por lo que es aplicable al presente caso, habida cuenta que se reclama la falta de aplicación del art. 399, por que el Tribunal de alzada observó los requisitos de admisión.


III.3. De los precedentes contradictorios referidos a la Incongruencia Omisiva y la Falta de Fundamentación.


En cuanto al Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, cuya doctrina legal aplicable establece que: “Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación. Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso, y al recurso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación. Que el Tribunal de apelación no puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, actividad expresamente prohibida por el artículo 396 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal” (sic).


En esa misma línea la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 309/2012 de 29 de octubre de 2012, referente al derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales como componente de la garantía jurisdiccional del debido proceso, señala que: “Se considera que existe incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso en concreto sin que estos sean esquivos o imprecisos, lo contrario constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie” (sic).


Línea jurisprudencial ratificada por la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 317/2012 de 30 de octubre que determina: “De acuerdo al entendimiento de este máximo Tribunal de Justicia, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, en caso de denuncia expresa de defectos absolutos, se debe realizar una fundamentación bajo los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera o no defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron o no afectados. En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. De lo expuesto, se evidencia que es un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas” (sic), y; en el Auto Supremo Nro. 368/2012 de 5 de diciembre cuya doctrina legal aplicable indica que “El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resolución, de fundamentarla motivadamente en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensión; en ese entendido, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y específica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de uno o más cuestionamientos, omisión que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) de la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicación del art. 419 de la Ley adjetiva penal” (sic).


De acuerdo a la doctrina legal aplicable descrita precedentemente es irrefutable que el Tribunal de Alzada se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, mediante una correcta y adecuada fundamentación, conforme determinan los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario constituiría un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) e importaría el ingreso dentro del defecto absoluto por vulneración del derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y a la garantía jurisdiccional del debido proceso, en su elemento derecho a la fundamentación de las resoluciones judiciales, de conformidad al artículo 169 inciso 3) del citado adjetivo penal.


III.4. La obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.


Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; para esta construcción social continua, el poder constituyente estableció en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano los principios de suma qamaña (vivir bien) y ñandereko (vida armoniosa), entre otros, sobre los cuales se erigen y sirven de sustento a los valores de igualdad y armonía, entre muchos, para vivir bien.


El Estado boliviano para la construcción de una sociedad armoniosa y justa, ante la comisión de un conflicto de naturaleza penal tiene creado el Órgano Judicial, que según el art. 178 de la CPE tiene la potestad de impartir justicia, que emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Esta función es ejercida en la jurisdicción ordinaria por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces.


Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el art. 181 de la CPE; facultado para conocer y resolver los recursos de casación, cuya, procedencia, trámite y formas de resolución, se hallan previstas en los arts. 416 al 420 del CPP. En cuanto a las formas de resolución, se tiene que el Tribunal Supremo podrá establecer doctrina legal aplicable en el supuesto de que advierta la existencia de contradicción entre el Auto de Vista recurrido con el o los precedentes que fueron invocados, o en su caso declarar infundado, se entiende ante la inexistencia de contradicción. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las Salas Penales del Tribunal Supremo, pondrán en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable.


En consecuencia, todos los tribunales y jueces inferiores, tienen la obligación de observar en el pronunciamiento de sus fallos la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, más aún cuando ella se encuentra contenida en Autos Supremos emitidos dentro del mismo proceso, sin que resulte admisible una constante inobservancia y desobediencia al mandato constitucional y legal en la labor de acatar lo resuelto, que no sólo genera dilaciones innecesarias en el proceso con directa afectación a los derechos y garantías de las partes, sino también responsabilidad administrativa y  penal.


En esa misma línea, cuando se emite un Auto Supremo que establece la obligatoriedad de pronunciarse sobre todos los cuestionamientos realizados por el apelante conforme dispone el art. 398 del CPP, el Tribunal de apelación debe cumplir con el mandato dispuesto en razón a la doctrina legal aplicable emitida, conforme dispone la norma adjetiva penal; no es aceptable, que el Tribunal de alzada omita pronunciarse nuevamente sobre lo reclamado en apelación restringida, de ser así constituye esa inobservancia un vicio de incongruencia omisiva, además de conllevar una responsabilidad de parte de los operadores de justicia; en esa misma línea el Auto Supremo 252/2012-RRC de 12 de octubre de 2012, estableció que: “…En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Asimismo es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que solo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia” (El resaltado es  nuestro).


III.5. Análisis del caso concreto


En lo sustancial el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en tres agravios: i) No consideró que los vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado, no son los mismos que estuvieron en el audiencia de fundamentación de su recurso; ii) Declaró la improcedencia del recurso de apelación restringida porque no habría cumplido con los requisitos de forma, sosteniendo el recurrente que debió aplicarse el art. 399 del CPP; y, iii) Que pese a haber identificado en la apelación restringida claramente la vulneración de derechos en el “punto I incisos a, b y c“ (sic),  no se pronunció respecto a ellos.


III.5.1. Respecto a que no consideró que los vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado, no son los mismos que estuvieron en el audiencia de fundamentación de su recurso;


Respecto a la problemática del primer motivo analizado, se tiene que el Auto de Vista 44/2013 de 20 de mayo, fue dejado sin efecto por el Auto Supremo 286 de 8 de octubre de 2013, en mérito al recurso de casación que el imputado interpuso denunciando la misma problemática traída a casación; siendo declarado infundado el mismo, con el siguiente entendimiento: “Al respecto, es menester destacar que la doctrina legal establecida en el citado Auto Supremo se desarrolló a consecuencia de la denuncia de defecto absoluto, en la cual el recurrente adujo que el recurso de apelación restringida fue recibido y tramitado hasta el momento de celebración de la audiencia de fundamentación oral, en la Sala Penal Primera de la Corte de Santa Cruz, sin embargo habiendo sido remitido el caso a la Sala Penal Segunda que dictó el Auto de Vista no escuchó la fundamentación oral, por lo que la audiencia de fundamentación fue celebrada por un Tribunal incompetente.


Por el contrario, en autos, el recurrente denunció que si bien el Auto Supremo Nro. 14/2013-RRC de 6 de febrero de 2013 ordenó que sea la misma Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz la que dicte la nueva resolución de vista, empero dicho Tribunal de Alzada ya no se encontraba compuesto por los mismos integrantes, es decir que los miembros del Tribunal que estuvieron presentes en la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, no fueron los mismos que resolvieron el Auto de Vista que se impugna y que el Vocal Relator del Auto impugnado no formaba parte del Tribunal ante el cual se desarrolló la audiencia de fundamentación, lo que implica una vulneración a los principios de publicidad, oralidad y contradicción propios del sistema acusatorio.


Consecuentemente, contrastado el precedente contradictorio con relación al Auto de Vista impugnado, se evidencia que no existe situación de hecho similar conforme lo exige el párrafo tercero del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto las circunstancias fácticas son distintas a las establecidas en el Auto Supremo invocado como precedente, puesto que la celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida en el mencionado Auto Supremo fue enfocado por el recurrente a partir de que fue celebrada por Tribunal incompetente, con motivo de la remisión del recurso de apelación restringida de la Sala Penal Primera a la Sala Penal Segunda, y; por el contrario, en el caso de autos, la celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, fue enfocado por el recurrente a partir de que los miembros de la Sala Penal Segunda que estuvieron presentes en dicha audiencia no fueron los mismos que resolvieron el Auto de Vista impugnado; ante esta situación, resulta imposible la labor de contrastación por no existir situación de hecho similar.


Por lo expuesto y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe supuestos facticos similares entre el Auto de Vista impugnado con el precedente invocado en los términos exigidos por los artículos 416 y 419 segunda parte de la Ley Nro. 1970.


De lo expuesto, con respecto al segundo motivo y tercer motivo del recurso de casación de fojas 482 a 486, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, establecer doctrina legal aplicable, aclarándose que el primer motivo es infundado.”  (el resaltado y subrayado es nuestro).


De la glosa anterior, se advierte, que el motivo traído a casación por el imputado, referida a que no se consideró que los Vocales suscribientes de la Resolución recurrida no serían los mismos que estuvieron en la audiencia de fundamentación de su apelación restringida; ya fue resuelto por este Tribunal, y que mereció una respuesta, por lo que, claramente la parte imputada pretende que esta Sala revise nuevamente la problemática planteada, pese a que su anterior recurso referente a este motivo fue declarado infundado, lo que resulta inviable, determinando que el presente también resulte infundado.


III.5.2. Respecto a la denuncia de que debió aplicarse el art. 399 del CPP.


En el segundo motivo, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no aplicó el art. 399 del CPP, ante la advertencia de no haber efectuado la cita concreta de leyes que se consideraban violadas o erróneamente aplicadas, ni cual la aplicación pretendida, entrando en contradicción con los Autos Supremos desglosados en el acápite anterior, correspondiendo verificar si el Tribunal de alzada otorgó el plazo legal conforme manifiesta el imputado.

Revisado los antecedentes del proceso, se tiene que este motivo fue planteado en un anterior recurso, y la misma que fue acogida, mereciendo pronunciamiento expreso y declarado fundado y dejado sin efecto el Auto de Vista 44/2013 de 20 de mayo, por Auto Supremo 286/2013 de 8 de octubre, estableciendo doctrina legal sobre este motivo, con el siguiente razonamiento: “Consecuentemente, contrastado el precedente con los razonamientos insertos en el Auto de Vista impugnado, en relación a los fundamentos contenidos en el recurso de casación se evidencia que, efectivamente, el Tribunal de Alzada, en el Auto de Vista recurrido, advirtió que el recurso de apelación restringida no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal; ante esa situación, previamente al pronunciamiento de la resolución de vista impugnada, debió imprimir el trámite previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del respeto al principio pro actione; por lo que, el Auto de Vista impugnado contradice al precedente invocado, correspondiendo establecer doctrina legal aplicable respecto a la presente alegación.

(…)


Asimismo, es menester destacar que en caso de que el Tribunal de Alzada advierta defecto u omisión de forma en el recurso de apelación restringida deberá imprimir el trámite previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del respeto al principio pro actione.”


Ahora bien, de la revisión minuciosa del Auto de Vista impugnado, en relación a este motivo, el Tribunal de alzada, volvió a responder con los mismos argumentos que del Auto de Vista dejado sin efecto, sosteniendo el mismo tenor, que refiere: “… el acusado a tiempo de presentar su apelación restringida de fs. 364 a 376, pese a lo ampuloso de su memorial, no ha cumplido con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP., ya que no hace una expresión de agravios, no cita concretamente las leyes que se consideren violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que se pretende; es decir, no indica separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exige el CPP:, en sus Arts. 370, 396 inc. 3) y 408” (sic); ante esa situación, previamente al pronunciamiento de la resolución de vista impugnada, debió dar cumplimiento a la doctrina legal del Auto Supremo 286 de 8 octubre de 2013 e imprimir el trámite previsto en el artículo 399 del CPP, toda vez que es de cumplimiento obligatorio; por lo que, el Auto de Vista impugnado no sólo contradice los precedentes invocados, desglosados en el acápite III.3., sino además, el Auto Supremo 286 de 8 de octubre de 2013, dictado en el presente caso; en consecuencia, corresponde al Tribunal de alzada cumpla a cabalidad con la doctrina legal establecida del citado Auto Supremo, consecuentemente el motivo deviene en fundado.


III.5.3 En relación a la denuncia de incongruencia omisiva y falta de fundamentación sobre la vulneración de derechos en el “punto I incisos a, b y c” (sic), de la apelación restringida.

En relación al tercer motivo, cabe destacar que la problemática objeto de análisis, también fue traído a casación y de igual modo ya mereció pronunciamiento de parte de este Tribunal, dejando sin efecto el Auto de Vista 44/2013 por este motivo, declarándolo fundado, y estableciendo doctrina legal aplicable con el siguiente entendimiento: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado adjetivo penal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que, la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.”


En mérito a los fundamentos precedentemente expuestos, se concluye que el Auto de Vista impugnado, no solo contradice la doctrina establecida en el acápite III.1 de esta Resolución, sino que también entra en contradicción con la del Auto Supremo 286/2013 de 8 de octubre, emitido en el presente caso, pues, la problemática planteada en cuanto al este tercer motivo traído en casación es la misma por la que se dejó sin efecto el Auto de Vista 44/2013 de 20 de mayo a través del último Auto Supremo dictado en el presente caso, que resolvió los tres motivos traídos a casación nuevamente por el recurrente.


Ahora bien, en el presente análisis el Tribunal de alzada a tiempo de resolver las demandas, se limitó a realizar una copia exacta al Auto de Vista 44/2013, con la única diferencia de que en el Auto de Vista ahora impugnado, amplió argumentos referidos a la valoración de pruebas, refiriendo entre otros argumentos: “…en cuanto a la declaración del médico forense tenemos que en su intervención confirmó el hallazgo de himen de la víctima que mostraba los rasgos de penetración y abuso sexual, y con referencia al aspecto de desgarro de data antigua (), ya que la cicatrización total ocurre a los diez días, sin embargo al médico forense no le corresponde establecer quién es el responsable del abuso sexual; por su parte la Psicóloga Lic. Analie Coronado, fue la Profesional que se encargó de recoger y evaluar el testimonio de la víctima en fechas 21, 22 y 23 de junio de 2009 () ella en sus conclusiones expresa que la víctima Eva en su testimonio relata haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro Félix Enrique Pérez y que en su testimonio se pudo detectar indicadores de violencia que guardan relación con las investigaciones científicas sobre que guardan relación con las investigaciones científicas sobre la materia; en cuanto a la declaración de la testigo CARLA VEIZAGA, no tiene relevancia alguna, ()En suma, se evidencia que no existen los defectos referidos a la supuesta exclusión de prueba con intervención de oficio del Tribunal porque no ha sido solicitada oportunamente en la fase de los incidentes; no ha existido denegación de determinación de los puntos para la prueba y a la designación de Consultores Técnicos, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad jurídica, derecho a la defensa, a la imparcialidad, derecho a la libertad probatoria porque el acusado Félix Enrique Pérez Ramos ha tomado pleno conocimiento de todos los actos de la investigación desde el inicio del proceso penal y no ha activado su derecho de defensa en cada fase que le correspondía hacerlo, dejando precluir su derecho…” (sic); de lo que se evidencia que el Tribunal de alzada no dio cumplimiento cabal a la doctrina legal establecida con relación a este motivo, toda vez que claramente se estableció que el Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, así lo determinó la doctrina establecida en el Auto Supremo 286 de 8 de octubre de 2013, dictado en el caso de autos, que dejó sin efecto el Auto de Vista 44/2013, para que dicte uno nuevo conforme a la doctrina legal; empero, en lugar de eso, se limitó a esgrimir el mismo tenor, para en el último considerando, argumentar sobre algunas pruebas concluyendo “…se evidencia que no existen los defectos referidos a la supuesta exclusión de prueba con intervención de oficio del Tribunal porque no ha sido solicitada oportunamente en la fase de los incidentes; no ha existido denegación de determinación de los puntos para la prueba y a la designación de Consultores Técnicos, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad jurídica, derecho a la defensa, a la imparcialidad, derecho a la libertad probatoria…” (sic), haciendo alusión de que la declaración de la testigo ”CARLA VEIZAGA” (sic), no tendría relevancia alguna, al respecto, revisados los antecedentes, el imputado observó la exclusión de oficio de la testigo “PATRICIA CANDY” (sic), y no de Carla Veizaga, por lo que, se comprueba que el Auto de Vista impugnado, no sólo entró en contradicción con los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007, 309/2012 de 29 de octubre, 317/2012 de 30 de octubre y 368/2012 de 5 de diciembre, invocadas por el recurrente, sino también, con la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 286/2013 de 8 de octubre emitida en el presente caso, desglosadas en la presente resolución los acápites II.2 las primeras; y, III.3 la última; por lo que, el Tribunal de alzada debe emitir nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentra específicamente  en el punto I incisos a), b) y c) de la apelación restringida, en cumplimiento de la doctrina legal establecida en la jurisprudencia invocada por el recurrente y la dictada en el caso de autos; consecuentemente, la denuncia del recurrente deviene en fundada.


Finalmente, cabe destacar que el Tribunal de alzada al incumplir la doctrina legal establecida en el referido auto supremo emitido en el presente caso con anterioridad, contradijo la misma, y siendo tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, en consecuencia, todos los tribunales y jueces inferiores, tienen la obligación de observar en el pronunciamiento de sus fallos la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, más aún cuando ella se encuentra contenida en Autos Supremos emitidos dentro del mismo proceso, siendo de carácter obligatorio su cumplimiento, pues debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, conforme lo dispone el art. 420 del CPP, a fin de garantizar la protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; siendo así que ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades administrativas y  penales que emerjan de tal inobservancia.


Por lo referido es menester recordar a los integrantes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que del art. 419.II del CPP, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de uno nuevo, bajo los entendimientos de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; en ese sentido considerando el incumplimiento manifiesto del Tribunal de alzada de cumplir los fallos de esta Sala en detrimento de los principios procesales de celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, conforme las previsiones del art. 180.I de la CPE, impidiendo que las partes del proceso accedan a la resolución definitiva de su conflicto, se insta al Consejo de la Magistratura, iniciar las acciones que corresponda contra los Vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO en parte el recurso formulado por Félix Enrique Pérez Ramos, en cuyo mérito DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 238 de 19 de noviembre de 2013 y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en forma inmediata de devueltos los antecedentes bajo responsabilidad, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departa mentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley y expídase oficio dirigido a su Presidencia a los fines de lo resuelto en el último párrafo del acápite anterior del presente fallo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA