TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 328/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : La Paz 160/2015

Parte Acusadora                : María Eugenia Chambi Bautista

Parte Imputada                : Petronila Guarachi Vda. de Condori y otra

Delito                        : Despojo

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de octubre de 2015, cursante de fs. 262 a 267, Petronila Guarachi Vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 63/2015 de 18 de septiembre, de fs. 246 a 251, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por María Eugenia Chambi Bautista contra la recurrentes, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) Por Sentencia 11/2015 de 30 de enero (fs. 149 a 152 vta.) la Juez Segunda de Partido y Sentencia del Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Petronila Guarachi Vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi, autoras y culpables de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndole a la primera la pena privativa de libertad de dos años de reclusión y a la segunda tres años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios a favor de la parte querellante. Asimismo de conformidad a lo previsto en el art. 368 de la Ley 1970 se otorgó en favor de Petronila Guarachi el Perdón Judicial, respecto de Nelly Condori Guarachi en aplicación del art. 366 del mismo cuerpo legal se le otorgó la suspensión condicional de la pena, la solicitud de complementación y enmienda por parte de las imputadas fue rechazada por Auto de 24 de marzo de 2015 (fs. 156 vta.).


b) Contra la mencionada Sentencia, las imputadas Petronila Guarachi Vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi (fs. 200 a 208 vta.) y la querellante María Eugenia Chambi (fs. 210 a 215 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 63/2015 de 18 de septiembre (fs.246 a 251), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró confirmada en parte la Sentencia apelada y su Auto complementario, con relación a la condena, reparando directamente la inobservancia del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se dejó sin efecto la disposición en relación a la suspensión condicional de la pena, dando lugar a la interposición del presente recurso de casación.


I.2.Del motivo del recurso de casación.


Del memorial de casación de fs. 262 a 267 y el Auto Supremo 010/2015-RA de 18 de enero (fs. 277 a 278 vta.), se tiene como motivo a ser analizado el siguiente:


Las recurrentes desarrollando los seis agravios denunciados en su recurso de apelación restringida, contenidos en la; i) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, por falta de prueba que acredite el legítimo dominio del inmueble por parte de la querellante; ii) La falta de individualización de las imputadas en los hechos acusados; iii) Falta de fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria; iv) Que la Sentencia se basó en presunciones; v) La defectuosa valoración de la prueba, y; vi) Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa. Respecto de los mismos a decir de las recurrentes el Tribunal de alzada en el considerando segundo del Auto de Vista recurrido si bien transcribió inextenso los mismos, sin embargo en el considerando iv puntos tercero, cuarto y quinto el Tribunal de alzada de forma grosera y violentando la fundamentación, motivación y la incongruencia hubiese señalado que; “… la autoridad Judicial a quo ha brindado aplicación a dicho contenido jurisprudencial, ya que la estructuración de la resolución claramente señala el fundamento de hecho, derecho, pruebas presentadas, y valorada de la mismas para concluir en la decisión adoptada…”, este argumento a decir de las recurrentes conlleva la falta de fundamentos a sus agravios denunciados, preguntándose “¿Qué pasó… se olvidó… o ya es una nueva doctrina… seguramente ahora es en COMBO el que se responda a los puntos demandados?”(sic.), fundamentos que contradicen el Auto Supremo 070/2015 de 29 de enero, que en lo principal establece que la falta  de pronunciamiento a las denuncias planteadas, genera la vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP.


En conclusión refieren que con la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido se vulneró el debido proceso en su componente de fundamentación, igualdad procesal, acceso a una administración de justicia imparcial, idónea y pronta, vulnerando los arts. 115, 119, 120.II) y 180.I) de la Constitución Política del Estado (CPE).

  

I.1.2.Petitorio.


Las recurrentes al considerar injusto y atentatorio el Auto de Vista recurrido por violar garantías constitucionales como el debido proceso en su vertiente fundamentación legal solicitan, se deje sin efecto la Resolución recurrida.


I.3.Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 010/2016-RA de 18 de enero, este Tribunal admitió por precedente el recurso interpuesto por Petronila Guarachi Vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi, a los fines de establecer la existencia o no de la contradicción alegada.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.De la Sentencia.


La Jueza Segunda de Partido y Sentencia del Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Sentencia 11/2015 de 30 de enero (fs. 149 a 152 vta.), declaró a Petronila Guarachi Vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi, autoras y culpables de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, de acuerdo a los siguientes argumentos de orden legal:


Efectuada la descripción señalada en el art. 351 del CP, en cuanto al delito de Despojo, la jurisprudencia existente al respecto tanto en el Tribunal Constitucional Plurinacional como en este Tribunal Supremo de Justicia, la Jueza de mérito estableció que este ilícito se comete cuando el sujeto activo del delito de manera dolosa priva al sujeto pasivo de una cosa, dirigida objetivamente y subjetivamente al apoderamiento de un inmueble, de lo que se infiere para la configuración del Despojo se requiere que se invada el inmueble, se expulse o desapodere al poseedor de este con el uso de la violencia, amenazas o abuso de confianza de manera dolosa. En el presente caso las acusadas Petronila Guarachi vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi, hubieran invadido el lote de terreno de 30 metros cuadrados ubicado en la urbanización “Villadrani” II, lote 103, manzano “B-6” sobre la calle Álamos 8574 en la ciudad de El alto, ingresando al mismo de manera violenta, de mala fe a sabiendas que los predios son de propiedad de MARIA EUGENIA CHAMBI BAUTISTA. Conocimiento adquirido por las acusadas en virtud a que se habían realizado actos de posesión en el inmueble por parte de la querellante; además de la advertencia escrita en el muro de la casa en el que figuraba el número de celular de la dueña del predio, obstaculizando trabajos de mejoramiento en el terreno. Agravando aún más su conducta al mantenerse a la fecha en posesión del terreno que no les pertenece por ningún concepto.


Aclaran que, en cuanto al “Auto Supremo 338 de 5 de abril” (sic), estableció que no necesariamente debe exigirse el cumplimiento de todos los elementos establecidos en el delito de Despojo, debiendo la conducta del imputado subsumirse en uno de los elementos ya sea al “de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en el”; Por lo que, en materia penal debe tenerse presente, dicho aspecto al realizar la subsunción de las conductas endilgadas de ilícitas; en consecuencia, las acusadas adecuaron su accionar al tipo penal de Despojo, correspondiendo dictar Sentencia condenatoria contra las mismas.


II.2.Apelación Restringida.


Contra la mencionada Sentencia, las acusadas Petronila Guarachi vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi (fs. 200 a 208) y la querellante María Eugenia Chambi Bautista (fs. 210 a 215 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida; en lo que respecta a los agravios a considerarse en casación contiene como motivos, los siguientes argumentos:


Siendo la denuncia traída en casación la falta de fundamentación de los agravios alegados por las acusadas, corresponde en consecuencia, precisar solo las denuncias de dicho recurso, teniéndose tales como; i) La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva inc. 1) del art. 370 del CPP, refiriendo que la Juez de mérito no observó que la querellante no probó de manera objetiva su dominio sobre el inmueble, ni las facultades originadas en Derecho Reales que se ejercen sobre él; por lo que, no concurrieron los elementos constitutivos del Despojo, en consecuencia, existe la vulneración de los arts. 171 y 173 del CPP, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 133/2013-RRC de 20 de mayo, 048/2014-RRC de 24 de febrero y 259/2014-RRC de 24 de junio; ii) La insuficiente individualización del imputado, defecto previsto en el inc. 2) del art. 370 CPP, denunciando que si bien se señaló en la querella y acusación particular que Petronila Guarachi vda. de Condori (madre) y Nelly Condori Guarachi (hija), habrían actuado de forma conjunta en el ilícito; sin embargo, de la Inspección Judicial y del punto IV de la Sentencia (motivos de hecho y fundamento probatorio descriptivo y valorativo), se acreditaría la falta de fundamentación en cuanto a la participación individual de las acusadas y se haya subsumido sus conductas en el delito de Despojo, alegando como disposiciones legales violadas los arts. 116.I) de la Constitución Política del Estado (CPE), 24 de CP y 6, 363 inc. 2) del CPP, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 111/2014-RRC de 11 abril, 329/2006 de 29 de agosto y 307/2006 de 25 de agosto; iii) Denuncian el defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, alegando la falta de fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, citando al efecto el Auto Supremo 307/2003 mismo que hubiese sido contradicho por la Jueza A quo,  en el momento que se observó el tema del mejor derecho propietario de cada una de las partes cuando en el motivo causante del proceso no se encontraba en entredicho el derecho propietario; iv) Que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditado; o en valoración defectuosa de la prueba, primero porque se basó en presunciones, identificando que el punto IV se la Sentencia apelada estableció “(…) está al margen de la documentación que ACREDITARÍA su titularidad sobre el terreno…” en consecuencia si la Jueza A quo basa su Resolución presumiendo en el verbo condicional “ACREDITARIA”, entonces no está lo suficientemente segura de que se “ACREDITÓ” su derecho propietario; toda vez, que no se dilucida DERECHOS PROPIETARIOS, ante juzgados de Sentencia Penal; en consecuencia, se vulneró el art. 6 del CPP, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 222 de 28 de marzo de 2007, sobre el mismo agravio denunció también; v) defectuosa valoración probatoria refiriendo que en ninguna parte de la Sentencia se establece con qué medios de prueba la querellante se basó para probar o demostrar la subsunción de las acusadas en el hecho endilgado, violándose los arts. 124 y 173 del CPP, al efecto invocaron los Autos Supremos 176/2013-RRC de 24 de junio y 089/2013 de 28 de marzo; vi) Se alegó la existencia de contradicción entre la parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa de la Sentencia, señalando que los Autos Supremos 054/2014-RRC de 24 de febrero y 307/2003 de 11 de junio, se pronunciaron al respecto indicando, que en ningún fallo puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva, considerando que esta última se constituye en la síntesis de la Resolución, doctrinas legales que a decir de las apelantes no fueron cumplidas por la Jueza de Sentencia identificando para el efecto el punto IV de la Sentencia apelada más precisamente los puntos IV.3 y IV.2 con los cuales se hubiese vulnerado el art. 6 del CPP.  


II.3.Auto de Vista Impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente además de la formulada por la querellante fueron resueltos por Auto de Vista 63/2015 de 18 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó en parte la Sentencia apelada y su Auto complementario, bajo los siguientes argumentos:


El Tribunal de alzada en el Considerando iv incs. 3), 4) y 5) dio respuesta a los agravios de las imputadas señalando que; i) Respecto a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, describiendo el tipo penal de Despojo, el Tribunal de alzada señaló que para la configuración de este tipo penal se requiere una serie de requisitos; toda vez que, el bien jurídico protegido es la posesión o tenencia que tenía la víctima a momento de materializar el ilícito, que puede ser consumado de diferentes maneras como ser la violencia, amenazas, abuso de confianza, resultando que el bien tutelado es la posesión o tenencia, estos elementos estarían acreditados en el punto IV.2 de la Sentencia apelada, consiguientemente la Jueza de mérito a momento de compulsar los elementos de prueba arribó a la conclusión de que los acusados no adquirieron el inmueble de manera legal, de igual manera se hubiese probado la posesión con la inspección ocular donde se estableció la forma e ingreso al predio, finalmente señalaron que el tipo penal enunciado tiene como objetivo tutelar el bien jurídico de la posesión o tenencia de un inmueble, no así la de determinar el mejor derecho propietario, pues el mismo tiene institutos jurídicos propios y los cuales están regulados en la vía Civil; ii) Sobre la falta de individualización en la comisión del hecho denunciado, de la lectura de la Sentencia, se tiene que, en el parágrafo II “personalidad de las imputadas” se puede entender que las acusadas son Petronila Guarachi vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi, madre e hija respectivamente que de manera conjunta habrían actuado dolosamente, en ese entendido se tiene de la Resolución apelada que actuaron de manera conjunta en la comisión del ilícito, sin tomar en cuenta la culpabilidad de otros, aspecto que no repercute en el presente caso; puesto que, la Sentencia apelada de manera escueta señala, que conducta desplazaron las acusadas; y, iii) Al agravio referido a la falta de fundamentación respecto de las pruebas valoradas, el Tribunal de alzada citando al Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, concluyó señalando que la autoridad Judicial A quo brindó aplicación a dicha jurisprudencia, ya que en la estructuración de la Resolución claramente señaló el fundamento de hecho, derecho, pruebas presentadas y valoración de las mismas para concluir en la decisión adoptada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el recurso de casación planteado por Petronila Guarachi vda. de Condori y Nelly Condori Guarachi se denunció, que el Tribunal de alzada resolvió su recurso de apelación restringida de forma grosera, violentando la fundamentación e incongruencia, vulnerando los arts. 124 y 398 del CPP, contradiciendo el Auto Supremo 070/2015 de 29 de enero.


III.1.La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores, ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de éste Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por éste Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2 Del precedente invocado.


Auto Supremo 70/2015 de 29 de enero, dictado dentro del proceso penal seguido por AAG contra NMQ y otros, por la presunta comisión del delito de Despojo, tuvo como antecedente la denuncia de que el Tribunal de alzada omitió referirse a dos de los seis puntos que fueron reclamados en su apelación, violentándose la fundamentación y motivación, como garantía constitucional, vulnerando de esta manera su derecho al debido proceso, a la igualdad procesal, al acceso a la justicia imparcial y la previsión de los arts. 24 del CPP, 115, 119, 120.I y 180.I de la CPE; siendo este antecedente el motivo que generó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Los derechos de acceso a la justicia y a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales; El Estado boliviano, a través de los operadores de justicia tiene como una de sus finalidades conforme señala el art. 9 inc. 4) de la CPE, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución; en cuanto al derecho de acceso a la justicia reconocido en la Constitución, el art. 115.I, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e interés legítimos, conforme el siguiente texto: "Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos". Este derecho, en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.


Por esta razón, la Constitución reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la Resolución, fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelve la apelación restringida formulada por las partes, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Siendo necesario reiterar que para una fundamentación o motivación suficiente, no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados…y La incongruencia omisiva como defecto absoluto.- Requisitos. En el contexto precisado en el acápite anterior, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) cuando una autoridad jurisdiccional omite pronunciarse sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: "...sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, `...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo´ (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada".


Respecto del precedente invocado al corresponder a una situación de hecho similar al denunciado, es decir la falta de fundamentación e incongruencia omisiva del Auto de Vista recurrido, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada a los fines de establecer la existencia o no de la contradicción alegada.


III.3Análisis del Caso Concreto.


En cuanto a la problemática planteada por las recurrentes y el precedente invocado se debe tener presente que evidentemente existirá falta de fundamentación e congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencie que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida pues, del cumplimiento de estas exigencias se exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella, aclarándose que, ello no implica imponer una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, pues una motivación escueta y concisa no deja, de ser motivación, así como una fundamentación ampulosa tampoco garantiza que lo sea. Lo fundamental es que la Resolución contenga una relación fáctica o de antecedentes y en el caso concreto de la apelación, del o los agravios denunciados y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de dichos agravios.


Con lo ya señalado además debe tenerse presente que la actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la Resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma Adjetiva Penal, predispone a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según sea el caso.


Ahora bien, en cuanto a los agravios denunciados por las ahora recurrentes sobre la falta de fundamentación de los puntos tercero, cuarto y quinto del  considerando IV del Auto de Vista recurrido, se tiene que, resolvió solo los agravios primero, segundo y tercero subidos en apelación restringida, correspondiendo a este Tribunal establecer la posible existencia de falta de fundamentación en cuanto a lo alegado por el Tribunal de alzada.


En este sentido, en el punto tercero (3ro) del considerando IV del Auto de Vista, se tiene que el Tribunal de alzada, respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, argumento introductoramente transcribiendo el art. 351 del CP, indicando que, para la configuración de este tipo penal se requiere una serie de requisitos toda vez que el bien jurídico protegido es la posesión o tenencia que tenía la victima ha momento de materializar el ilícito, que puede ser consumado de diferentes maneras como ser la violencia, amenazas, abuso de confianza, resaltando que el bien tutelado es la posesión o tenencia; y que de la revisión del punto IV 2 de la Sentencia, se desprendería que la autoridad judicial a quo ha momento de compulsar los elementos de prueba arribó a la conclusión de que las acusadas no adquirieron el inmueble de manera legal, concluyendo entre otras cosas que, el tipo penal enunciado tiene como objetivo tutelar el bien jurídico de la posesión o tenencia de un inmueble, no así la de determinar el mejor derecho propietario, pues el mismo tiene institutos jurídicos propios y los cuales están regulados en la vía civil. Así mismo, sobre la identificación de las imputadas en el punto (4to) del mismo considerando, el Tribunal de alzada señalo que, de la lectura de la Sentencia “se nota que en el parágrafo II “personalidad de las imputadas” se puede entender que las acusadas son Petronila Guarachi Vda., de Condori y Nelly Condori Guarachi, y tanto la madre como la hija de manera conjunta habrían actuado dolosamente….se tiene de la revisión de la sentencia se concluye un actuar conjunto, aunque por la individualización precisa por el contexto del ilícito, ambas dolosamente y de manera conjunta habrían consumado el ilícito, sin tomar en cuenta la culpabilidad de otros…” (sic).


Consiguientemente, el Auto de Vista efectivamente responde a estos dos agravios (3ro y 4to del considerando IV del Auto de Vista) de manera  precisa y fundamentada, otorgando claramente las razones lógicas y jurídicas de su determinación, realizando así una argumentación sobre el tipo penal, refiriéndose de manera concreta sobre la posesión del inmueble a partir de una inspección ocular; y que en todo caso, el tipo penal tiene el objetivo de tutelar el bien jurídico de la posesión y no así el dilucidar mejor derecho propietario que es un instituto que debe ser tramitado en la instancia civil. Por otra parte, el Auto de Vista también hace alusión al parágrafo II de la Sentencia, del cual se entiende claramente que el mismo identifico claramente a las ahora recurrentes y que en todo caso, constató que la actuación de las imputadas por la naturaleza del ilícito, fue consumada de manera conjunta; motivación que si bien es concisa, sin embargo -como se dijo- es clara ya que no deja duda a las partes, cual el sentido y el razonamiento adoptado para desestimar las referidas denuncias, por lo que al respecto no existe contradicción con el precedente invocado.


Sobre el numeral quinto (5to) del mismo considerando del Auto de Vista estableció que, el agravio referido a la falta de fundamentación respecto de las pruebas valoradas, el Tribunal de alzada citando y transcribiendo parte del Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, concluyo simplemente señalando que: “ Consiguientemente este Tribunal de alzada, concluye que la Autoridad Judicial a quo ha brindado aplicación a dicho contenido jurisprudencial, ya que en la estructuración de la resolución claramente señala el fundamento de hecho, derecho, pruebas presentadas y valoración de las mismas para concluir en la decisión adoptada” (sic). Esta conclusión de ninguna manera cumple con el art. 124 del CPP, es decir una correcta fundamentación pues, la misma resulta una argumentación general, en la cual simplemente se limitó a citar la jurisprudencia en el que sustenta su conclusión pero no la adecúa al caso concreto establecido, explicando por qué considera que la Jueza de mérito cumplió con dicha jurisprudencia identificando con precisión los argumentos que respalden la determinación asumida, resultando incompleta y poco clara la alegación que; “…de la estructura de la resolución claramente se señaló el fundamento de hecho…”, incurriendo en un evidente vicio de falta de fundamentación, pues no resulta suficiente citar o transcribir un Auto Supremo, si los mismos no son relacionados de manera clara y motivada sobre la denuncia efectuada como sucede en el presente caso, acreditándose la contradicción alegada por la parte recurrente; en consecuencia, corresponde declarar fundada la presente denuncia vía casación.


En cuanto a la incongruencia omisiva denunciada, de igual manera resulta evidente la contradicción alegada por las recurrentes, pues de la verificación de los agravios denunciados en su recurso de apelación restringida y los resueltos por el Tribunal de alzada, se acredita que no se resolvieron los motivos IV, V, y VI  descritas en el II.2  de la presente Resolución, es decir los referidos a las denuncias de que, la Sentencia se basó en presunciones, defectuosa valoración probatoria y contradicción de esta, constituyendo un evidente vicio de incongruencia omisiva que vulnera el art. 398 del CPP y repercute en un debido proceso; en consecuencia, conforme a los argumentos expresados, estableciéndose la contradicción del Auto de Vista recurrido con el precedente contradictorio invocado por las recurrentes, corresponde declarar fundado el recurso de casación para que el Tribunal llamado por ley emita nueva resolución, pronunciándose de manera fundamentada y motivada sobre cada uno de los puntos omitidos y referidos supra cumpliendo así con los parámetros establecidos en la presente Resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 63/2015 de 18 de septiembre, de fs. 246 a 251, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución pronuncie una nueva de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA