TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 327/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                : La Paz 159/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Germán Aliaga Taboada

Delitos        : Desobediencia a Resoluciones en procesos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de julio de 2015, cursante de fs. 696 a 699; y, subsanado y ratificado el 9 del mismo mes y año de fs. 701 a 704, Germán Aliaga Taboada, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 106/2014 de 11 de diciembre, de fs. 685 a 692, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y Eddy Rojas Alcón contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Desobediencia a Resoluciones en procesos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional; y, Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, previstos y sancionados por los arts. 179 Bis y 153, ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACION

I. 1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 10/2014 de 25 de agosto (fs. 634 a 645), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Germán Aliaga Taboada absuelto de pena y culpa de los delitos de Desobediencia a Resoluciones en proceso de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional; y, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previstos y sancionados por los arts. 179 Bis y 153, ambos del CP.

b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 652 a 659 vta.) y la parte querellante (fs. 661 a 668 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 106/2014 de 11 de diciembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles los recursos y procedentes las cuestiones planteadas; en cuya virtud, anuló totalmente la Sentencia, disponiendo la reposición del juicio por el Tribunal siguiente en número, dando lugar a la interposición del recurso de casación en análisis.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 009/2016-RA de 18 de enero, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) El recurrente, previa mención del art. 416 del CPP e invocando las Sentencias Constitucionales 1401/2003-R y 1149/2014-R, a los fines de la admisibilidad de su recurso de casación; toda vez, que en su caso no habría tenido la oportunidad de señalar precedente contradictorio, porque la sentencia le favorecía, denuncia que los acusadores público y particular al interponer sus recursos de apelaciones restringidas, no cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 de la citada Ley, pues ninguno identificó si sus recursos fueron por inobservancia o errónea aplicación de la ley, o por defectos de la Sentencia; empero, el Tribunal de alzada admitió los recursos por haber sido presentados dentro del plazo, sin realizar ningún otro juicio de admisibilidad; al efecto, invoca el Auto Supremo “174/2013” (sic).


2) Por otra parte, reclama que el Tribunal de alzada resolvió de manera ultra petita; puesto que, si bien los apelantes denunciaron la vulneración del art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP, no especificaron las disposiciones vulneradas o erróneamente aplicadas, como tampoco señalaron la aplicación que pretendían de ellas, siendo un requisito indispensable conforme prevén los arts. 407 y 408 de la referida Ley; sin embargo, el Auto de Vista recurrido en su último considerando, incorporó los arts. 173 y 124 del CPP, que no fueron invocados por los apelantes, aspecto contrario al Auto Supremo “174/2013” (sic).


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista 106/2014 de 11 de diciembre y subsistente la Sentencia absolutoria 10/2014 de 25 de agosto, que fue  emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 009/2016-RA de 18 de enero, cursante de fs. 711 a 713 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Germán Aliaga Taboada, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 10/2014 de 25 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Germán Aliaga Taboada, absuelto de pena y culpa de los delitos de Desobediencia a Resoluciones en proceso de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional; y, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previstos y sancionados por los arts. 179 Bis y 153 del CP, en base a los siguientes fundamentos:


1) Eddy Rojas en su condición de cadete de segundo año de la Academia Nacional de Policías, fue sometido a proceso disciplinario por la falta disciplinaria prevista en el art. 10 inc. D) numeral 1) del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Academia Nacional de Policías, en el proceso la Comisión del Régimen Disciplinario de la misma institución emitió la Resolución Administrativa No. 046/2009 de 5 de octubre de 2009; por lo que, lo sancionan con el retiro definitivo de la institución policial.


Ante el Recurso Revocatorio, se emitió la resolución administrativa 051/2009 de 10 de noviembre por la que confirma la resolución 046/2009, motivo por el que se interpuso el recurso jerárquico resuelto por Germán Aliaga Taboada, Vice-rector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, por la que se emitió la resolución 56/2010 de 17 de febrero por la que confirma las resoluciones administrativa 046/2009 y 051/2009.


2) Eddy Rojas Alcón presenta Acción de Amparo Constitucional solicitando la nulidad de las resoluciones administrativas 056/2010 de 17 de febrero, 046/2009 de 5 de octubre y 051/2009 de 10 de noviembre, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior de Justicia, constituido en Tribunal de Garantías, dictó la Resolución 365/2010 de 23 de junio por la que CONCEDE EN PARTE la tutela jurídica declarando PROCEDENTE en parte la Acción de Amparo  en contra del Vicerrector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, DEJANDO SIN EFECTO  la Resolución 56/2010 de 17 de febrero de 2010, disponiéndose que la mencionada autoridad dicte nueva resolución con la fundamentación debida y tomando en cuenta las garantías del debido proceso. El fundamento del Tribunal de Garantías para conceder la tutela jurídica fue la falta de consideración de los dos informes contradictorios, la inexistencia de motivación ni fundamentación sobre el valor otorgado a uno; y, a otro no, vulnerando el debido procesado, el derecho a la defensa y el derecho a la impugnación, porque este hecho observado debió ser enmendado por la autoridad accionada. Cursa como prueba extraordinaria de la acusación particular, la Sentencia Constitucional  0925/2012 que concede la tutela solicitada aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.


Eddy Rojas Alcón en base a la Resolución del Tribunal de Garantías 365/2010 de 23 de junio, solicitó su reincorporación inmediata, a pesar de que la resolución citada no dispone  una reincorporación inmediata del accionante como se conmine su cumplimiento y se emita informe sobre su cumplimiento.


El Vice-rector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” emitió una nueva Resolución Jerárquica 237/2010 de 2 de agosto, en la que consideró la resolución 365/2010 de 23 de junio, la que resolvió confirmar en todas sus partes las Resoluciones Administrativas 046/2009 y 051/2009, emitiéndose el Informe 66/2010 de la abogada Wendy L. Santa María Claros, Asesora Jurídica-Académica, sobre el cumplimiento de la Resolución de Amparo Constitucional, que fue puesta en conocimiento del Tribunal de garantías mediante oficio, que fue providenciada en conocimiento del accionante, que ante la solicitud de remisión al Ministerio Público, se dispuso la presentación de la denuncia a la instancia que correspondía, determinación contraria al art. 129.V concordante con el art. 127 de la Constitución Política del Estado (CPE), que faculta dar su inmediato cumplimiento.

II.2. De las apelaciones restringidas.


Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público y la parte querellante, interpusieron recursos de apelación restringida, memoriales idénticos en su contenido, denunciando los siguientes motivos:


1) Denuncia la insuficiencia fundamentación de la Sentencia, incurriendo en el inc. 5) del art. 370 del CPP; toda vez, que al emitir la Sentencia no absolvió todos los puntos esgrimidos por las partes en desobediencia de la Resolución del Recurso de Amparo Constitucional, la Sentencia no hace mención a la resolución administrativa 237/2010 de 2 de agosto, la que hubiese sido valorada y acredito la concurrencia de la comisión del delito, que tiene como fundamento la inobservancia de las reglas de la pericia y la falta de aplicación del art. 204 del CPP.


El Tribunal de mérito no se pronunció sobre el fundamento de la resolución de Amparo Constitucional que debió aplicar el indubio pro reo, al estar frente a dos exámenes periciales contradictorios; pero, en forma contraria el recurrido aplica el dictamen pericial más desfavorable y perjudicial a la víctima. Por la falta de fundamentación precisa y completa de la decisión, expresa una conclusión y al ser la nueva resolución administrativa copia de la primera que fue anulada, se reitera la vulneración de los derechos y garantías señaladas.; por lo que, al emitir una Sentencia de absolución por el Tribunal de origen, se establece que la misma no se encuentra respaldada con pruebas y más al contrario se produjo una apreciación arbitraria, que carece de fundamento.


2) Alega la valoración defectuosa de la prueba, según el inc 6) del art. 370 del CPP; toda vez, que el Tribunal de mérito no valoró la prueba extraordinaria de reciente obtención, Sentencia Constitucional que ratifica la Resolución de Amparo, que si se hubiese valorado ésta prueba no hubiese dado lugar a la Sentencia absolutoria, que sin consideración lógica y jurídica señala el cumplimiento de la resolución del Amparo Constitucional sin analizar si cumplió las condiciones y reglas a momento de dictar la nueva resolución jerárquica, que tomando en cuenta los fundamentos de la Sentencia Constitucional establece que el acusado no podía utilizar el Informe de 3 de abril de 2009, para sustentar la resolución de baja definitiva; toda vez, que vulneró el derecho a la presunción de inocencia y duda razonable; por lo que, mal puede concluir el Tribunal de mérito que el acusado cumplió con las resoluciones de Amparo Constitucional y Sentencia Constitución; por cuanto, denota que no se realizó un análisis intelectivo de las condiciones que debió cumplir el acusado.


3) Refiere la contradictoria fundamentación de la Sentencia, incurriendo en el art. 370 incs. 5) y 8) del CPP, cuando el Tribunal de origen determina que el efecto vinculante tiene las razones de la decisión y luego concluye que solamente la parte del decisum; por lo que, se lo absuelve al acusado lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva.


4) Asimismo, se establece que la parte considerativa y la dispositiva son contradictorias, al determinar que el hecho atribuible al acusado no constituye delito y que la prueba aportada fuere insuficiente para generar convicción de la responsabilidad, conclusión contradictoria y que acredita la falta de fundamentación del fallo.


II.3 Del Auto de Vista impugnado.


Los recursos de apelación restringida interpuestos por las partes, resueltos por Auto de Vista 106/2014 de 11 de diciembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles los recursos y procedentes las cuestiones planteadas anulando totalmente la Sentencia, disponiendo la reposición del juicio por el Tribunal siguiente en número, alegando los siguientes fundamentos:


1) Sobre el primer motivo denunciado, se tiene que el Tribunal de Sentencia ha llegado a la conclusión que el acusado al haber emitido la Resolución Jerárquica 237/2010 de 2 de agosto, ha cumplido con la determinación asumida por la justicia constitucional, resolviendo confirmar las resoluciones administrativa 046/2009 y 051/2009, limitándose solo al cumplimiento de los fallos; pero, que no refieren al correcto análisis de los fundamentos de la Acción de Amparo.


El  Tribunal de Sentencia  observó  la aplicación del principio indubio pro reo, al existir dos informes periciales contradictorios entre sí; toda vez, que se concedió la tutela por la existencia del principio de inocencia, no analiza ni valora la resolución jerárquica, confundiendo la pretensión del acusador particular cuando el objeto del juicio no constituía en objeto del juicio.


2) Constituye en un caso sui generis, cuyo deber del Tribunal del Sentencia es revisar y analizar las razones  por la que se concedió la tutela al accionante, que si bien no se dispuso la reincorporación inmediata, pero esa instancia tenía la obligación de verificar este aspecto extrañado por la Justicia Constitucional que no fue objeto de juicio; por lo que, se evidencia que es una Sentencia carente de fundamento, incurriendo en el defecto previsto en el art. 370 inc.  5) del CPP.


3) El Tribunal de Sentencia, en la exposición de motivo de hecho, la fundamentación jurídica y doctrinal, omitió realizar un análisis sobre la temática; toda vez, que el fondo del proceso penal seguido por el acusador tiene que ver con el fallo dictado por el Tribunal de Garantías como el contenido de lo dispuesto por el Tribunal Constitución Plurinacional; por lo que, al haber omitido efectuar un análisis del tema, no existió un pronunciamiento claro sobre si fue rectificado por el acusado en la nueva resolución administrativa jerárquica o no; tampoco, se pronuncia sobre la prueba del trámite disciplinario; por cuanto, omite aplicar el art. 173 del CPP; por tanto, incurre en defecto del art. 370 inc. 6) del CPP.


4) Respecto al tercer agravio sobre la concurrencia del defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, no encuentra ser cierta esta contradicción por cuanto la parte del decisuim, solo vincula a la partes que participan en la controversia a los fines de su cumplimiento, se concluye que no se incurrió en contradicción pues considerando la analogía de casos el efecto vinculante de un fallo constitucional es las ratido decidendi como precedente,  siendo evidente que lo que corresponde observar son las razones de la decisión.


5) Sobre el defecto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP, porque se  argumenta de que no concurren los elementos del delito acusado para luego señalar que la conducta del acusado no constituye delito; empero, en la parte resolutiva señala que la prueba aportada no fue suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal y que el hecho no constituye delito, de lo que se tiene la no concurrencia de los elementos del tipo penal, no existía ninguna razón para alegar que la prueba aportada sería insuficiente; grave contradicción que vulnera el debido procesos y el principio de certeza de los fallos judiciales, incumpliendo el art. 124 del CPP.


VERIFICACIÓN DE LA VULNERACION  DE LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar las denuncias interpuestas en el presente caso, en la que se alegó el incumplimiento de la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 174/2013, en la que denuncia que los acusadores público y particular al interponer sus recursos de apelaciones restringidas, no cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 de la citada ley, pues ninguno identificó si sus recursos fueron por inobservancia o errónea aplicación de la ley y por defectos de la Sentencia; empero, el Tribunal de alzada admitió los recursos por haber sido presentados dentro del plazo, sin realizar ningún otro juicio de admisibilidad; y por otra parte, reclama que el Tribunal de alzada resolvió de manera ultra petita; puesto que, si bien los apelantes denunciaron la vulneración del art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP, no especificaron las disposiciones vulneradas o erróneamente aplicadas, como tampoco señalaron la aplicación que pretendían de ellas, siendo un requisito indispensable conforme prevén los arts. 407 y 408 de la referida Ley; sin embargo, el Auto de Vista recurrido en su último considerando, incorporó los arts. 173 y 124 del CPP, que no fueron invocados por los apelantes, aspecto contrario al Auto Supremo “174/2013” (sic); por lo que, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre los precedentes citados con el Auto de Vista recurrido.


III.1.Doctrina legal aplicable del precedente invocado.


El Auto Supremo 174/2013, fue emitido dentro de un proceso por delitos contra el honor, ante la denuncia de que el Tribunal de alzada admitió un recurso de apelación restringida que no cumplía con los requisitos de admisibilidad, lo que determinó inclusive un fallo ultra petita, porque incorporó disposiciones supuestamente vulneradas que nunca fueron objeto de impugnación en el recurso, en consecuencia, el Tribunal de alzada tan solo verificó el cumplimiento del requisito formal del plazo y no hizo referencia ni dio cumplimiento a la segunda parte del art. 408 del CPP. En ese contexto, el Tribunal de casación estableció que el Tribunal de alzada, incumplió su obligación de efectuar juicio de admisibilidad conforme lo establecen los arts. 407, 408 y 399 del citado Código. Emitiéndose la siguiente doctrina legal aplicable:


“A tiempo de interponer un recurso, es obligación del recurrente cumplir los requisitos formales, que son a la vez que un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso.


Así mismo, es obligación del Tribunal de Alzada efectuar juicio de admisibilidad antes de resolver el fondo del recurso de apelación restringida, y en su caso cumplir con lo que establece el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario, implica vulneración de las normas del debido proceso en sus componentes del derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, que constituye defecto absoluto inconvalidable.  En todo caso, deberá dejar establecido de forma clara que el recurrente, en este caso, no podrá invocar nuevas denuncias fuera de las denuncias expuestas en el recurso de apelación restringida.”


El supuesto fáctico resuelto guarda similitud con la denuncia efectuada por el recurrente en el recurso de casación en estudio, debido a que el motivo radica, que a pesar de que los recurrentes de la apelación restringida no cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP; empero, el Tribunal de alzada admitió el recurso  sin haber realizado juicio de admisibilidad, resolvió el fondo de manera ultra petita e incorporando normas que no fueron invocadas por los apelantes, el precedente invocado resolvió la denuncia relativa a la necesidad de que el Tribunal de Alzada previamente a resolver el fondo de la causa, tenga que efectuar el juicio de admisibilidad;  toda vez, que constituiría una vulneración al debido proceso, razón por la cual corresponde su contraste jurisprudencial.


III.2. Doctrina legal.


III.2.1.Del recurso de apelación restringida, el análisis y control de admisibilidad.


El Auto Supremo 098/2013-RRC emitido por la Sala Penal Segunda, tiene la doctrina legal aplicable y los razonamientos jurídicos sobre la presente problemática, de lo que se establece:


III.1. Sobre el recurso de apelación restringida.


En el sistema procesal penal, en los arts. 394 y siguientes del CPP, se establecen las normas generales y los requisitos de tiempo y forma que se deben observar a tiempo de interponer los diferentes recursos, siendo facultad privativa de los Tribunales de apelación o alzada, velar por el cumplimiento de las normas que regulan el trámite y resolución de dichos recursos, y por ende, pronunciarse sobre la admisibilidad de los mismos.


De manera particular, por previsión expresa del art. 407 CPP, el recurso de apelación restringida se interpondrá por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, cuando el vicio versa sobre la incorrección del juicio contenido en la sentencia o violación de ley sustantiva, o sobre la irregularidad en la actividad procesal, en el segundo caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente, su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir durante la sustanciación del juicio, salvo en los casos de nulidad absoluta o vicios de sentencia previstos en los arts. 169 y 370 CPP.


Conforme señalan los arts. 408 y 410 CPP, a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, deberá citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación; esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso.  Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: “Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal”.


Por otra parte, si bien es cierto, que el recurrente tiene derecho de ofrecer prueba en grado de apelación; esta prueba únicamente puede ser producida para acreditar defectos de procedimiento y de ninguna manera para acreditar o desvirtuar los hechos juzgados, en razón de que en el nuevo sistema de impugnación, el Tribunal de alzada se limita a revisar el juicio de derecho y por lo mismo, desaparece la posibilidad de la doble instancia que permita al Tribunal de apelación, ingresar a considerar los hechos debatidos en el juicio oral y público, y menos, admitir o incorporar prueba encaminada a demostrar o desvirtuar los hechos que fueron objeto del debate.


De las previsiones legales referidas, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso; además, no puede ser ejercitado por cualquier persona, ni de cualquier forma, pues su ejercicio exige el cumplimiento de una serie de condiciones legalmente establecidas. Por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otro modo, el recurso de apelación restringida debe ser formulado tal y como prevé la norma procesal, requiriendo la diligencia del recurrente.


En ese ámbito, la jurisprudencia ha determinado criterios en cuanto a los requisitos de forma en la interposición de la apelación restringida, en los términos contenidos en el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007 que expresó: “El sistema de recursos contenido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido trazado para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el control del decisorio por un Juez o Tribunal Superior al que pronunció la resolución condenatoria”; para luego señalar lo siguiente: “…si el Tribunal de alzada observa el recurso de apelación restringida y otorga un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del Código Adjetivo Penal, debe precisar de manera clara y expresa en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.


En cuyo caso, si transcurridos los tres días, el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas, precluye el derecho del recurrente por el transcurso del tiempo, debiendo el Tribunal ad quem dar estricta aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y RECHAZAR el recurso, sin ingresar a realizar consideraciones de fondo; de lo contrario tramitará el recurso conforme a procedimiento y dictará resolución declarando procedente o improcedente el recurso”. Entendimiento consolidado en los Autos Supremos 58 de 27 de enero y 219 de 28 de marzo, ambos del 2007, entre otros.  


III.1.1. La previsión legal sobre el análisis de admisibilidad.


La razón del establecimiento de requisitos de acceso al recurso de apelación restringida se encuentra en que el derecho al mismo, se configura como garantía de las partes en el proceso, por lo que debe acomodarse a lo establecido por las disposiciones que lo regulan, puesto que si la admisión fuera indiscriminada, podría generar una práctica fraudulenta en sentido de que su utilización sería aprovechada por el litigante de mala fe con fines dilatorios, haciendo interminable la tramitación de los procesos en perjuicio de los derechos de las demás partes y el propio interés público, teniendo en cuenta que los requisitos condicionantes previstos por la ley, relativos a tiempo, forma y lugar, tienden a evitar excesos que pudieran impedir la posibilidad de conseguir un fallo dentro de un tiempo razonable.


Sin embargo, la admisibilidad del recurso no puede depender de requisitos contrarios a la Constitución, teniendo en cuenta que el acceso al mismo constituye un derecho fundamental; esto significa, que si bien el legislador ha determinado los requisitos de su admisibilidad, en el marco del respecto de los derechos y garantías de las partes, no pueden constituir una limitación al derecho fundamental, sino responden a la naturaleza del proceso y la finalidad que justifica su existencia, contribuyendo al ordenamiento del proceso.


III.1.2. Control de admisibilidad.


Compete a  los  Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación  interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.


Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.

En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanació.”


a. El principio de interpretación más favorable a la admisión del recurso.- Partiendo del derecho del acceso al recurso, se entiende que la Constitución contiene un mandato positivo que obliga a interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, de forma que, aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel importante para la ordenación del proceso, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insubsanable para su prosecución, este criterio tiene límites, atendiendo el carácter bilateral de un proceso, al efecto el juzgador deberá considerar si la norma aplicada permite otra interpretación alternativa y segundo si la interpretación adoptada es arbitraria o inmotivada.


b. Principio de proporcionalidad.- Los defectos determinantes de inadmisión deben interpretarse con criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales o dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional; en ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardara proporción con el fin.


c. Principio de subsanación.- En la legislación boliviana está recogido por el art. 399 del CPP, en cuya virtud el rechazo de un recurso de apelación restringida defectuosamente preparada o interpuesta, no podrá ser rechazado sin antes darse oportunidad a su subsanación cuando esta sea susceptible de reparación.”


III.3.Análisis del caso concreto.


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer en los términos previstos por el art. 419 del CPP, si se produjeron las denuncias alegadas, que los acusadores público y particular al interponer sus recursos de apelaciones restringidas, no cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 de la citada Ley, pues ninguno identificó si sus recursos fueron por inobservancia o errónea aplicación de la ley, o por defectos de la Sentencia; empero, el Tribunal de alzada admitió los recursos por haber sido presentados dentro del plazo, sin realizar ningún otro juicio de admisibilidad; y por otra parte, reclama que el Tribunal de alzada resolvió de manera ultra petita; puesto que, si bien los apelantes denunciaron la vulneración del art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP, no especificaron las disposiciones vulneradas o erróneamente aplicadas, como tampoco señalaron la aplicación que pretendían de ellas, siendo un requisito indispensable conforme prevén los arts. 407 y 408 de la referida Ley; sin embargo, el Auto de Vista recurrido en su último considerando, incorporó los arts. 173 y 124 del CPP, que no fueron invocados por los apelantes, motivos que permitieron el análisis de fondo.


Por lo expuesto corresponde analizar la problemática planteada en ambos motivos trayendo a consideración los antecedentes, a efecto de verificar si el recurso de apelación restringida fue correctamente admitido, y por ultimo determinar si el Tribunal de alzada, tuvo un pronunciamiento de manera ultra petita de los puntos observados en el presente recurso de casación.


Toda vez, que ambos motivos tienen relación a la temática del juicio de la admisibilidad,  ambos se los resolverá en una sola fundamentación, de lo que se tiene de los datos que informan el proceso, que interpuesto los recursos de apelación restringida por el Ministerio Público y el acusador particular, se puso en conocimiento a la parte acusada para la respectiva contestación del recurso, a éste efecto se presentó memorial a fs. 672 a 677 vta., donde observó dejando constancia que ambos memoriales de apelación fueron redactados por la misma persona, por ser ambos idénticos.


Ahora bien, ingresando al fondo y de la revisión de los recursos de apelación restringida, se evidencia que los mismos identifican claramente la norma habilitante y por ende el defecto de la Sentencia, alegando así la insuficiencia fundamentación de la Sentencia conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, argumentando por qué consideran que la resolución de primera instancia carece de fundamentación y que aspectos no merecieron pronunciamiento fundamentado, alegando también que existen conclusiones sin la labor de un razonamiento, especificando y transcribiendo partes de la Sentencia que consideran que no se encuentran debidamente fundamentados; en este sentido, resulta restrictivo y no acorde a los principios que irradia la Constitución, el hecho de pedirle a los recurrentes cual es la aplicación que se pretende, si en todo caso, es lógico que la pretensión es que la resolución se encuentre debidamente fundamentada justamente extrayendo de manera clara que la denuncia de los apelantes es la insuficiente fundamentación del Sentencia.


De la misma forma, los recursos referidos, señalan e identifican claramente la existencia de valoración defectuosa de la prueba citando como base legal el art. 370 inc. 6) del CPP por concurrir en la Sentencia, una valoración defectuosa de la prueba, es así que identifican que prueba no hubiese sido valorada correctamente, la relevancia de la misma en el resultado y también expresa los motivos del porque consideran que no debió utilizarse una determinada prueba al haberse vulnerado derechos y garantías constitucionales; fundamentando y concluyendo que el Tribunal de Sentencia no realizó un análisis intelectivo otorgando las razones de las mismas. En el mismo marco, los recurrentes de apelación restringida, identifican claramente la disposición legal infringida por la Sentencia, argumentando que la misma contiene una contradicción en la fundamentación conforme establece el art. 370 incs. 5) y 8) del CPP, explicando de manera clara y contundente del por qué consideran la existencia de contradicción la cual llevaría inclusive a una confusión, para posteriormente concluir que existen también defectos absolutos sobre la fundamentación y la valoración de la prueba, citando al efecto y transcribiendo precedentes respecto al tema cuestionado.


En este sentido, se constata que el Auto de Vista al ingresar al fondo de la problemática y resolver los agravios traídos por el recurso de apelación restringida, no vulnero ningún derecho fundamental ni garantía constitución, tampoco su actuación contradice el precedente invocado, sino más bien, actuó en el marco de los principios de interpretación más favorable, efectivizando así el derecho constitucional y específicamente el principio pro actione.


Por otra parte, el recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido en su último considerando, incorporó los arts. 173 y 124 del CPP, que no fueron invocados por los apelantes, sin embargo de ello, este Tribunal al respecto, no encuentra la vulneración de ningún derecho, ya que si bien el Juez o Tribunal de alzada debe circunscribir sus actos exclusivamente y únicamente a los puntos denunciados en un recurso, eso no significa que al momento de fundamentar y motivar su resolución tenga que utilizar otras normas que encuentran armonía con el caso concreto; en el presente caso, independientemente de que el art. 124 del CPP, fue referido como incumplido en los recursos de apelación restringida, tanto esta norma como el art. 173 del CPP, tienen coherencia y relación con lo denunciado; o sea, con la debida fundamentación de las resoluciones y la valoración de las pruebas, consiguientemente, el Tribunal de alzada no actuó ultra petita, sino más bien actuó correctamente utilizando como base legal normas relacionadas con lo denunciado; por lo que el recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Germán Aliaga Taboada.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA