TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 313/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : Oruro 21/2015

Parte Acusadora                : Ronald Milton Tola Salvatierra y otra

Parte Imputada                : Walter León Titichoca

Delitos                                : Apropiación Indebida y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de octubre de 2015, cursante de fs. 148 a 156, Walter León Titichoca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 16/2015 de 14 de octubre, de fs. 69 a 75, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por Ronald Milton Tola Salvatierra y Emma Gutiérrez Torrez contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 17/2014 de 7 de octubre (fs. 26 a 31), la Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Walter León Titichoca, autor de la comisión del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del CP, imponiéndole la pena de un año de reclusión, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor de la parte acusadora; asimismo, lo declaró absuelto de pena y culpa por el delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Walter León Titichoca, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 35 a 42), resuelto por el Auto de Vista 16/2015 de 14 de octubre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 730/2015-RA de 2 de diciembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Refiere, que en su recurso de apelación restringida denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, con relación a los arts. 345 y 346 del CP, pues su denuncia estuvo vinculada a la similitud de elementos constitutivos en los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza; por lo que, resultaba contradictorio que se lo absuelva por uno de estos ilícitos y se lo condene por el otro; sin embargo, a este agravio se le respondió de manera poco motivada y con argumentos de carácter formal señalado que no se formuló su recurso de forma correcta, en consecuencia, a decir del recurrente debió aplicar el art. 399 del CPP y no declarar improcedente su recurso. Respecto del presente motivo el recurrente invoca el Auto Supremo 221 de 3 de julio de 2006.


2) Que, a su denuncia de contradictoria e insuficiente fundamentación de la Sentencia, en cuanto a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, el Tribunal de alzada nuevamente rechazó su agravio con el argumento de que su reclamo debió ser efectuado en la etapa procesal oportuna y en su caso hacer la reserva de apelación; sin embargo, esta respuesta es carente de fundamento puesto que no expresa porque razón los errores de transcripción en su recurso invalidan el resto de sus fundamentos, en todo caso la denuncia realizada es emergente de la Sentencia y no propiamente del desarrollo del juicio; además, de tenerse presente que el art. 407 del CPP, establece que no es necesaria la reserva de apelación cuando se trata de nulidades absolutas o de vicios de la Sentencia conforme previenen los arts. 169 y 370 del CPP, al respecto invoca el Auto Supremo 319/2012-RRC.


3) En apelación restringida denunció la valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 con relación a los arts. 171 y 173 del CPP; por cuanto, el Tribunal a quo se limitó a expresar la utilidad de la prueba testifical sin efectuar un análisis  de la amistad íntima existente entre los testigos Rolando Arias y Rodolfo Laime; empero, en alzada se señaló que dicho agravio, ya fue resuelto en los otros motivos y que se debe tener presente que el juez llegó a las conclusiones sobre la utilidad de la prueba testifical, después de un amplio análisis integral de todos los elementos de prueba y que en todo caso la denuncia corresponde a aspectos subjetivos. Al respecto el recurrente cita la jurisprudencia establecida en los Autos Supremos 582 de 28 de noviembre de 2009 y 171/2012-RRC, señala que los Jueces y Tribunales penales tienen la obligación de fundamentar tanto descriptiva como intelectivamente sus razonamiento probatorios; sin embargo, este aspecto no habría sido considerado en alzada, limitándose a convalidar la Sentencia sin expresar en que acápite o mediante que razonamiento, la juez hubiere cumplido con el análisis y valoración de la prueba extrañados, siendo que era su obligación conforme lo establecen los precedentes invocados.


4) Se denunció la incongruencia entre la Sentencia y la acusación, defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, refiriendo que en la acusación se dijo que respecto del equipo topográfico, cuya restitución se le exige su devolución le fue alquilado; sin embargo, en la Sentencia se señaló que el mismo fue prestado, al respecto el Auto de Vista sin considerar lo previsto en el Auto Supremo 268 de 27 de abril de 2009, no consideró que no puede ser condenado por hechos no contemplados en la acusación y de manera contraria se le respondió señalando que el termino de alquiler o préstamo es irrelevante argumento, que a decir del recurrente resulta incorrecto; además, al igual que en los otros motivos no sería válido que el Tribunal de alzada le habría señalado que dicha observación debió efectuarla en juicio, cuando el defecto emergió recién de la emisión de la Sentencia.


5) En cuanto a su denuncia de violación del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, defecto absoluto previsto por el art. 169 del CPP, con relación al art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), vinculado a los art. 346 y 379 del CPP, refiere que en su declaración, se utilizó prueba que no fue legalmente introducida a juicio; al respecto, el Tribunal de alzada sin la debida fundamentación le hubiese rechazado su recurso alegando que no objetó oportunamente dicha prueba; sin embargo, no se tomó en cuenta que el agravio denunciado se encuentra vinculado a derechos y garantías constitucionales; por lo que, se constituye en un defecto absoluto; por lo tanto, dicho reclamo no es necesario efectuar la reserva de apelación en juicio, al efecto invoca el Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2006.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita dejar sin efecto el Auto de Vista 16/2015 de 14 de octubre, a efectos de que se pueda emitir nueva Resolución, disponiendo el reenvío de la causa y la realización de un nuevo juicio donde se observen las formalidades legales.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 730/2015-RA de 2 de diciembre, cursante de fs. 166 a 168, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Conforme consta en la enunciación del hecho, Ronald Milton Tola Salvatierra y Emma Gutiérrez Tórrez (acusadores particulares) adquirieron un equipo de estación total marca TOPCON, industria japonesa, con todos sus accesorios para el desarrollo de sus actividades, constituyéndose en una herramienta básica que les genera ingresos económicos; empero, el 5 de febrero de 2012, debido a la relación de amistad con Walter León Titicocha (imputado), le alquilaron sin ninguna garantía por el tiempo de dos semanas, para que lo utilice en un contrato que había suscrito con el Municipio de Puerto Acosta, del Departamento de La Paz; sin embargo, hasta le fecha no les devolvió el equipo manifestándoles el imputado, que le habían robado y que le diesen un tiempo para su restitución; empero, concedido el tiempo no hay la restitución, situación por el que suscribieron un acta de compromiso de devolución con reconocimiento de firmas y rúbricas el 10 de marzo de 2013, donde el imputado se compromete a devolver el 10 de abril de 2013, compromiso que no honró, situación por el que le hicieron llegar una carta notarial para la devolución del equipo; empero, el imputado presenta una demanda en medida preparatoria donde afirmó que su persona nunca suscribió una carta de compromiso y que constituye un documento falso, conducta dolosa que demuestra su intención de apropiarse del equipo incurriendo sus conductas en los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza.


Con dichos antecedentes, la Jueza Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Sentencia 17/2014 de 7 de octubre,  declaró a Walter León Titichoca, autor de la comisión del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del CP, imponiéndole la pena de un año de reclusión, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor de la parte acusadora; asimismo, lo declaró absuelto de pena y culpa por el delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP. Resolución que se emitió bajo los siguientes hechos probados: 1) El demandante es propietario de un equipo de trabajo, estación total TOPCON, utilizado en trabajos de medición topográfica, adquirido en un monto de $us. 6.000.- (seis mil dólares estadounidenses) 2) Para la realización de un trabajo en Puerto Acosta, el imputado se prestó el equipo, utilizado por el personal contratado, responsable durante la realización del trabajo, Rodolfo Laime Huarachi al momento de concluir el trabajo y cuando les fue a recoger el acusado, le entregó el equipo más libreta; y, 3) Al retornar a la ciudad de El Alto de La Paz, a primeras horas bajan a desayunar, Rodolfo Laime Huarachi, le pide llevar con ellos el equipo recibiendo por respuesta del imputado que deje en la camioneta tapado, al salir del lugar ya no estaba el equipo ni el imputado, momento en el que sufren el robo, hecho que fue denunciado por Ramón Tola, Rolando Arias y Rodolfo Laime Huarachi en la Fuerza Especial de lucha contra el Crimen (FELCC) de esa ciudad, porque pese a varias llamadas no aparecía el imputado, denuncia que fue rechazado el 31 de diciembre de 2012 por el fiscal, misma que no tuvo objeción alguna.


II.2. Del recurso de apelación restringida del imputado.


Notificado Walter León Titichoca con la referida Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida, reclamando los siguientes agravios:


1) Errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto por el núm. 1) del art. 370 del CPP con relación a los arts. 345 y 346 del CP; previa descripción de los referidos artículos, manifiesta que del análisis de los tipos penales acusados se tiene que: i) Ambos delitos exigen que el sujeto activo pueda abusar de la confianza dispensada por el sujeto pasivo del delito; por lo que, solo mediante este requisito se podría hablar de una tenencia legítima por parte del sujeto activo del delito o del título posesorio obtenido mediante confianza; ii) En ambos delitos es un requisito que exista un perjuicio patrimonial en contra del sujeto pasivo; y, iii) El sujeto activo del delito debe tener la intencionalidad o elemento subjetivo de querer apoderase o apropiarse de la cosa, lo que está claramente especificado en el delito de Apropiación Indebida y se colige en el delito de Abuso de Confianza cuando se señala que el agente retuviere como dueño los que hubiere recibido por un título posesorio, lo que denota tácitamente el ánimo del infractor de apoderase del bien, reteniendo el mismo en su calidad de dueño; de ello, afirma que en su caso, se debió inculpar por ambos delitos o exonerase de responsabilidad también por ambos delitos; toda vez, que los presupuesto típicos de ambos delitos son similares, sino iguales; por lo que, una Sentencia que versa sobre ambos delitos con base en los mismos hechos absolutoria por un lado y condenatoria por otro lado, no guarda la coherencia lógica.


2) Contradictoria e insuficiente fundamentación de la Sentencia, defecto previsto por el núm. 5) del art. 370 del CPP, con relación al art. 115.II de la CPE, vinculado a los arts. 345, 346 del CP y 124 del CPP; toda vez, que la Sentencia se limitó a realizar mención de los elementos desfilados sin que se pueda evidenciar las razones por la que asumió la parte dispositiva, así en el considerando IV, denominado Motivos de Hecho y Derecho, valor otorgado a los medios de prueba, se limitó a realizar una transcripción con varios errores de su declaración en juicio, sin señalar qué partes o hechos fueren creíbles o no, sucediendo lo mismo con las declaraciones de los testigos de cargo, sin señalar las razones del por qué, o en qué sentido sirven de fundamento a la resolución que adoptó. Que en el considerando V, denominado motivos de derecho en que se basa la Sentencia, no establece claramente o establece contradictoriamente que se prestó el equipo de topografía y en otros lugares sostiene que lo alquiló; por lo que, si hubiere alquilado el equipo de los acusadores particulares lo que se estaría denunciando sería el incumplimiento de un contrato de alquiler que debió accionarse en la vía civil, más si se consta que el equipo fue robado y que su persona no tiene bajo su posesión el mismo; por tanto, no se denota su intencionalidad de apropiarse del mismo. Por otra parte la Sentencia no aclara quién hubiere contratado al personal que realizó el relevamiento topográfico en Puerto Acosta, elemento nuclear para establecer si hubo o no traslación de dominio de la estación total a su favor; empero, la Sentencia no dice nada, resultando insuficiente ya que no se cumplió la primera fase del delito que se le atribuye cual es la traslación del dominio o posesión de la cosa  a su favor, pues no señala cuando se le hubiere entregado el equipo topográfico, como tampoco expresa del hecho de robo del equipo, pues sin entrar en el debate de si el mismo se encontraba bajo su posesión o la de los topógrafos, ya que con la pérdida del equipo mal podría decirse que su persona pretende apropiarse o no devolver algo que no tiene. Finalmente la Sentencia en el acápite IV denominado Determinación de la Pena, sostiene que la pena se impone y esta debe reconocer su naturaleza retributiva, aspecto que evidencia que se actuó bajo parámetros ajenos al ordenamiento penal vigente, vulnerando el art. 25 del CP, en razón a que no se sabe por qué razones se habría aplicado la sanción.


3) Valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto por el núm. 6) del art. 370 del CPP, con relación a los arts. 171 y 173 de la citada norma; por lo que, en el acápite IV.2.1 Prueba Testifical y Documental de Cargo, se limitó a señalar que los datos proporcionados por los testigos sirvieron de fundamento para la resolución, sin señalar las razones del por qué sirven, existiendo una deficiente valoración de la prueba testifical, en razón a que no señala en qué medida el hecho de que Rolando Arias y Rodolfo Laime Huarachi,  habrían señalado ser amigos íntimos de los acusadores hubiere  podido tener repercusión, pues es obvio que actuaron en contubernio con los demandantes, aspecto que no fue analizado menos el vínculo consanguíneo que tiene Ramón Tola con el acusador particular, además, ninguno de ellos observó que se le hubiera entregado la estación total, suponiendo que así fue, no considerando, que la actitud asumida por los testigos y demostrada con la prueba extraordinaria incorporada a juicio demuestra que los responsables del equipo eran ellos y no su persona, pues cómo se explicaría que quienes no tenían ninguna obligación por el equipo se habrían movilizado con tanto esmero, cuando conocían que su persona en las versiones de ellos,  estaba obligado a reponer el equipo; sin embargo, no realizó ninguna valoración de los elementos incorporados existiendo defectuosa valoración en la prueba extraordinaria incorporada a juicio. Además en el acápite motivos de derecho en que se basa la sentencia, señaló que por referencia de Rodolfo Laime Huarachi su persona hubiere indicado que no bajen la estación total de su camioneta antes de ir a desayunar, cuando en su declaración señaló que más bien fue su persona que solicitó bajaran el equipo; empero, los hoy testigos, se negaron no señalando la sentencia porque tiene mayor credibilidad la declaración de Rodolfo Laime Huarachi.


4) Incongruencia entre la Sentencia y la acusación, defecto previsto en el núm. 11) del art. 370 del CPP; puesto que, la acusación particular refiere “…le alquilamos sin ninguna garantía y de palabra”; empero, en el considerando V, denominado Motivos de Derecho en que se basa la Sentencia, consta que se habría demostrado “Para la realización de un trabajo en la localidad de Puerto Acosta, Walter León Titichoca se prestó el equipo”; cuando, el préstamo y alquiler son dos figuras distintas que hacen variar la posibilidad de encuadrar una acción determinada a un tipo penal específico, ya que si se sostiene que el acusador le alquiló el equipo de estación y su persona hubiere incumplido con su obligación de devolver se estaría ante un contrato civil; empero, si acepta el hecho no probado de que se hubiere prestado el equipo topográfico de los acusadores los hechos podrían endilgarse al Abuso de Confianza; sin embargo, este hecho no quedo esclarecido en la Sentencia, subsistiendo una contradicción entre la acusación que señala que le alquilaron el equipo topográfico; no obstante, la Sentencia asevera que le hubieren prestado, manifestando la vulneración del principio de congruencia.


5) Violación a su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso vinculado a los arts. 346 y 379 del CPP; puesto que, en su caso, del acta de registro de audiencia de juicio oral, cuando su persona realizaba su declaración en contravención a las normas citadas, el abogado de la acusación particular en connivencia con su autoridad, realizó la producción de prueba documental, la que utilizó para realizar el interrogatorio a su persona, proceder que no solo es contrario al procedimiento establecido en el art. 346 del CPP, en razón a que se utilizó prueba ilegalmente introducida a juicio; sino, que le generó indefensión, en razón a que el procedimiento no establece que su persona deba manifestarse sobre prueba alguna, aspectos que se constituyen en defecto absoluto, por haberse vulnerado el debido proceso, seguridad jurídica y derecho a su defensa.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro por Auto de Vista 16/2015 de 14 de octubre, declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


Los argumentos de este fallo serán extractados a tiempo de realizar el análisis del caso concreto, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Este Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por la parte imputada, con la finalidad de verificar si el Tribunal de apelación incurrió o no en contradicción con la doctrina legal invocada, respecto a su denuncia referida a que el Auto de Vista impugnado hubiere incurrido en falta de fundamentación concerniente a los motivos denunciados en su recurso de apelación restringida referidos a: i) Errónea aplicación de la ley sustantiva; ii) Contradictoria e insuficiente fundamentación de la Sentencia; iii) Valoración defectuosa de la prueba; iv) Incongruencia entre la Sentencia y la acusación; y, v) Violación al derecho de seguridad jurídica y debido proceso.


III.1. De los precedentes invocados.


Con relación al primer reclamo invocó el el Auto Supremo 221 de 3 de julio de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Abuso de Confianza, donde constató, que el Auto de Vista recurrido, vulneró el art. 124 del CPP; puesto que, fundamentó la tipificación del ilícito de Abuso de Confianza,  haciendo  referencia a la promesa de los vendedores de entregar terrenos dentro de un plazo, habiéndose ya cancelado el dinero por los terrenos; empero, vencido el plazo no fueron entregados los terrenos por ser ajenos, fundamentación que hace referencia a distintos elementos constitutivos de otros tipos penales, situación por el que fue dejado sin efecto, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El ilícito de abuso de confianza, se halla clasificado entre aquellos delitos contra la propiedad que emergen de la apropiación indebida de bienes que, siendo ajenos, son indebidamente retenidos o dañados en perjuicio de su propietario; la tipificación penal de la apropiación requiere de la constatación del hecho de que el agente tiene la posesión legítima -y- la comisión del ilícito deriva en un aumento del patrimonio, un enriquecimiento ilegítimo del agente, atacando el derecho de propiedad en perjuicio del dueño.


Tales delitos se distinguen del hurto (Capítulo I) y del robo (Capítulo II), en que el sujeto activo se apropia de una cosa mueble o valor ajeno de quien tiene la tenencia legítima pero con la obligación de devolverlos y no lo hace; asimismo, se distinguen de las estafas (Capítulo IV) y no se hallan comprendidos entre tales ilícitos, porque en ellas se usa el engaño y artificios, en tanto que, en la apropiación indebida, no hay engaño.


Asimismo, corresponde puntualizar que "La ratio essendi delicti del abuso de confianza", es la tenencia que implica devolver o entregar una cosa mueble o valor ajeno que uno posee legítimamente y no actuar cumpliendo esta obligación. Este delito se consuma en el momento en que se niega la devolución de lo que se posee legítimamente pero de lo que uno no es propietario, y, primordialmente, la existencia de la violación de la confianza causando daño o perjuicio en los bienes de otra persona, daño patrimonial que resulta de dos modalidades de este tipo de conducta antijurídica: a) quien valiéndose de la confianza dispensada recibe, a título de posesión, un bien, lo daña o causa un perjuicio, y, b) el que retiene como dueño lo que simplemente recibe en posesión, en cuyo caso debe relievarse el hecho de que dicha posesión es legítima. Finalmente, ya que la relación jurídica impone a las partes a confiar mutuamente en el cumplimiento de la obligación pactada, se establece que el ilícito de abuso de confianza, por su naturaleza, es siempre doloso y es un delito de resultado cuya consecuencia puede ser, indistintamente, causar daño o perjuicio en los bienes o retener, como dueño, lo que se hubiere recibido a título posesorio”.


En cuanto al segundo reclamo, invocó el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Daño Simple, donde evidenció que el Auto de Vista recurrido, incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, no respondió de manera motivada antes dos puntos reclamados en apelación; razón, por el que fue dejado sin efecto, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:”(…)


Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el presente caso, donde no se da respuesta fundamentada ni motivada a varias denuncias efectuadas en la apelación restringida, lo que hace que este Tribunal deje sin efecto el Auto de Vista impugnado”.


Con relación al tercer reclamo, invocó los Autos Supremos 582 de 28 de noviembre de 2009 y 171/2012-RRC de 24 de julio; en cuanto al primero, no será considerado por cuanto corresponde a un recurso que fue declarado infundado; en consecuencia, no contiene doctrina legal aplicable; respecto al segundo Auto, fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Homicidio, donde constató que el Tribunal de apelación, no se pronunció fundadamente respecto a cinco de los siete motivos contenidos en el recurso de apelación restringida, ni ejerció el control respecto a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de sentencia; razón, por el que fue dejado sin efecto, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “El Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos objeto de impugnación o a los defectos absolutos advertidos, debe resolverlos con la fundamentación respectiva, al ser esta una obligación de inexcusable cumplimiento, constituyendo la falta de motivación en alguno de ellos, vulneración a los principios de Tutela Judicial Efectiva, Derecho de Defensa y Debido Proceso, consiguientemente defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme prevé el art. 169 inc. 3) del CPP.


Por otra parte, si bien los tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes y que por ende, el Tribunal de apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba; no es menos cierto que al resolver el recurso de apelación restringida y en mérito a la denuncia de una defectuosa valoración de prueba, tiene el deber de ejercer el control de que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica de modo que la sentencia esté debidamente fundamentada en la experiencia, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas; caso contrario, deberá disponer lo que corresponda en derecho”.


Respecto al cuarto reclamo, invocó el Auto Supremo 268 de 27 de abril de 2009, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la extinta Corte Suprema de Justicia, donde evidenció que el Auto de Vista recurrido vulneró el principio de congruencia; por cuanto, confirmó la sentencia pronunciada sólo por el delito de Despojo, cuando se acusó no solo por el delito sentenciado sino también por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de confianza; situación, por el que se dejó sin efecto la Resolución impugnada estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: ”De acuerdo a lo establecido por el art. 362 del Código de Procedimiento Penal, el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación, esto implica que debe haber congruencia entre los hechos por los que se ha planteado la acusación y la decisión final, correspondiendo al juez o tribunal pronunciarse de forma neutral dentro de los términos del debate, de la manera en que los hechos hubieren sido formulados y planteados tanto por la acusación y la defensa. No obstante, lo fundamental a considerarse, es que el fallo este relacionado con el mismo bien jurídico protegido por la norma penal que motivó la acusación, vale decir, que el bien jurídico protegido que sirvió de fundamento a la acusación y el de la sentencia, resulten ser homogéneos.


A mayor abundamiento, corresponde señalar que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial de los términos en los que fueron planteados los fundamentos de la acusación.


Por ello, el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre la parte considerativa y la parte dispositiva del fallo, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio los alcances de la solicitud, pues el tribunal se estaría pronunciando sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi. En otras palabras, la congruencia se refiere a la relación del suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, circunstancia que no debe ser confundida con la motivación de dicha resolución.


Dentro de la incongruencia, se distingue por una parte, la incongruencia omisiva o ex silentio y, de otra, la incongruencia por exceso o extra petitum. Ambas, constituyen siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser estas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, el que debe ceñirse a lo que fue objeto de impugnación, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (pelitum) y por los elementos de prueba que le aporte el fallo cuya revisión se pide, que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi)”.


Finalmente en el quinto reclamo, invocó el Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de dos recursos de casación presentados por los acusadores fiscal y particular, por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Encubrimiento, Omisión de denuncia, Apología pública del delito y Resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, donde constató que el Auto de Vista impugnado únicamente describió las pretensiones de los apelantes, sin efectuar fundamento alguno sobre la falta de congruencia entre la acusación y el auto de apertura de juicio con la parte dispositiva de la sentencia, omisión que constituye defecto absoluto que vulnera el debido proceso y el principio de la tutela judicial efectiva; situación, por el que fue dejado sin efecto estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “…que el Tribunal de Apelación al pronunciar su resolución debe fundamentar los aspectos de derecho aplicando la norma legal pertinente, en caso de incumplimiento, esta situación se convierte en defecto absoluto, porque vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y atenta contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva.


Que el principio de congruencia que señala el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal se refiere al hecho establecido en la acusación o precisado en el auto de apertura del juicio y que la sentencia debe referirse al mismo hecho; vale decir que se fija provisionalmente el hecho en la acusación fiscal y/o particular, en caso de contradicciones irreconciliables es el Juez o Tribunal de Sentencia, mediante el auto de apertura del juicio, que precisa el hecho adecuando a uno o varios tipos penales, esta es la base material con el que inicia el juicio, pero es necesario aclarar que lo que se juzga es el hecho y no el tipo penal, razón por la que en sentencia se puede subsumir el hecho en otro tipo penal distinto al que se encuentra en la acusación o auto de apertura de juicio, con el cuidado que el hecho sea adecuado al mismo u otro tipo penal que afecte el mismo bien jurídico, no se puede subsumir el hecho a otro delito que afecte un bien jurídico distinto al que provisionalmente fue adecuado.


Que el Tribunal de Apelación tiene limitada su competencia por el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, al considerar y resolver otro aspecto distinto a los puntos impugnados, acomoda su actuar fuera de lo pedido por el recurrente, actuación ultra petita, aspecto que constituye defecto absoluto porque desnaturaliza el recurso y contraviene la competencia del Tribunal. Si el Tribunal de Alzada resuelve utilizar la norma contenida en el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial que tiene el propósito de controlar los plazos y los actos del procedimiento con la finalidad concreta de sancionar a quienes inobservaron los propósitos señalados, sin embargo de una interpretación integral de dicha norma con relación a los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Penal que rigen los defectos relativos y absolutos se tiene los siguientes aspectos: el Tribunal de Apelación no podrá revisar de oficio los actos procesales o resoluciones cuando no haya solicitud expresa de subsanar un defecto relativo; sólo podrá revisar actos procesales o resoluciones que constituyen defectos absolutos.


Que el Tribunal de Alzada tiene facultad para rectificar el error de derecho según el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, pero no anular la sentencia y ordenar la reposición del juicio oral, proceder en contrario significa atentar la celeridad del proceso, acto jurisdiccional que constituye defecto absoluto que atenta contra la celeridad del proceso y una justicia pronta”.


III.2.Doctrina legal sobre la falta de fundamentación como defecto absoluto.


Sobre la debida fundamentación, nuestra Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la doctrina legal aplicable de este Tribunal en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no siendo necesaria una respuesta extensa, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP.


III.3.Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba.


Antes de ingresar al análisis del presente motivo, resulta pertinente hacer referencia a la carga procesal que tiene la parte apelante en los casos en los que se denuncie defectuosa valoración probatoria, así tenemos el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que estableció lo siguiente: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.


(…).


Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


(…).


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.

Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural”  (las negrillas son propias).


De lo anterior se concluye, que es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes de la sentencia donde constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando además la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito.


III.4. Análisis del caso concreto.


Asumiendo que el recurrente reclama que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación en cuanto a las respuestas efectuadas, ante sus reclamos concernientes a: i) Errónea aplicación de la ley sustantiva; ii) Contradictoria e insuficiente fundamentación de la sentencia; iii) Valoración defectuosa de la prueba; iv) Incongruencia entre la sentencia y la acusación; y, v) Violación al derecho de seguridad jurídica y debido proceso; para una mejor comprensión, serán analizadas de manera separada, a fin de establecer si evidentemente el Auto de Vista recurrido incurrió en el defecto denunciado.


1) Sintetizado el reclamo traído a casación el recurrente señala que ante su denuncia referida a la errónea aplicación de la ley sustantiva con relación a los arts. 345 y 346 del CP; toda vez, que su denuncia estaba vinculada a la similitud de elementos constitutivos en los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, resultado contradictorio que se lo haya absuelto por uno y se lo condene por otro; sin embargo, el Tribunal de alzada de manera poco motivada y con argumentos de carácter formal señaló que no hubiere formulado su recurso de forma correcta.

Ingresando al análisis del presente punto, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, en el acápite II.2 numeral 1), de este Auto Supremo, se tiene que el recurrente en la interposición de su recurso de apelación reclamó Errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP con relación a los arts. 345 y 346 del CP; arguyendo, que en su caso debió ser inculpado o exonerase de responsabilidad por ambos delitos; toda vez, que los presupuesto típicos de ambos delitos eran similares, sino iguales; por lo que, una Sentencia que versa sobre ambos delitos con base en los mismos hechos, absolutoria por un lado y condenatoria por otro lado, no guardaba la coherencia lógica.


Ahora bien, conforme se tiene de la revisión de antecedentes el Tribunal de apelación abrió su competencia alegando, en su segundo considerando del Auto de Vista impugnado, que el recurrente ingresó en una total incoherencia, lo que hacía una apelación carente de fundamentación; además, no cumplió con los requisitos que exige la apelación restringida prevista en los arts. 407 y 408 del CPP, por cuanto, a fs. 35 de su memorial afirmaría, “que mediante sentencia de fecha 017/2014 de 07 de octubre se le absolvió del delito de apropiación indebida y se le condenó por el delito de abuso deshonesto”; ahí, una de las incongruencias; toda vez, que el apelante no fue acusado por Abuso Deshonesto, menos condenado por el delito que afirma, generando confusión; por lo que, de oficio no podía ingresar a realizar correcciones, que de hacerlo vulneraría el principio de imparcialidad e igualdad; que otra incoherencia se dio, cuando señaló el recurrente, que su apelación “se dirige exclusivamente contra la parte dispositiva de la sentencia que le declaró culpable”; sin embargo, acusó la errónea aplicación de la ley y denunció defectos de sentencia aludiendo considerandos de la sentencia, lo que también debilitaría la apelación; otra incoherencia, se daría cuando refirió el recurrente que “si lo que se alude como incumplido es un contrato de alquiler por el que debía, luego de utilizar, devolver un equipo de topografía, estamos no frente a un hecho penal sino frente a un contrato incumplido por lo que se debió accionar en la vía civil”, aspecto que debió reclamar en el desarrollo del juicio oral y ante la no atención hacer constar reserva de apelación, empero no habría ocurrido.


Continuando con los fundamentos de la Resolución recurrida agregó, que la errónea aplicación de la norma sustantiva podía darse en tres circunstancias que son: una errónea calificación de los hechos (tipicidad), una errónea concreción del marco penal o en una errónea fijación judicial de la pena, que en el caso, el recurrente pide “que habiendo determinado su absolución por el delito de apropiación indebida, lo que debió haber hecho es absolverle también por el delito de abuso de confianza dado que los presupuestos fácticos y normativos de ambos tipos penales serian símiles sino iguales”, empero, por una parte, el recurrente no fundamenta en forma clara y expresa a qué componente se adecúa la errónea aplicación de la ley sustantiva y por otra parte, no habría explicado qué norma sustantiva es la que debió aplicarse, no existiendo fundamento alguno; por lo que, el recurrente sólo señalaría en forma impertinente que debió habérsele absuelto por el delito de Abuso de Confianza, dado que los presupuestos fácticos y normativos de ambos tipos penales serían símiles sino iguales, lo que advirtió, no era evidente, que los elementos constitutivos y normativos de los delitos eran distintos, que eran delitos independientes y  autónomos.


Esta relación necesaria de antecedentes permite constatar a éste Tribunal, que el Auto de Vista recurrido, no incurrió en contradicción con el Auto Supremo 221 de 3 de julio de 2006 que fue extractado en el acápite III.1., de la presente Resolución; por cuanto, si bien el precedente aborda el delito de Abuso de Confianza, donde se establecen sus elementos constitutivos, además del delito de Apropiación Indebida; empero, el precedente no refiere que ambos tipos penales sean similares y peor aún, que en caso de absolverse o condenarse por uno también deba de absolverse o condenarse por el otro, como refiere el recurrente; en consecuencia, la doctrina legal invocada, no es susceptible de contrastación con el Auto de Vista recurrido, al ser las problemáticas confrontadas distintas.


Ahora bien, respecto a que los argumentos del Auto de Vista impugnado resultarían carentes de fundamentación; en cuanto, al motivo en cuestión no resulta evidente, habida cuenta, que si bien el Tribunal de alzada observó cuestiones de carácter formal; sin embargo, se tiene que ingresó al fondo de la denuncia; por cuanto, señaló que si bien el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva; empero, desestimó su reclamo; puesto que, no fundamentó en forma clara y expresa a qué componente se hubiere adecuado el defecto denunciado, explicando además, que el recurrente, no señaló qué norma sustantiva es la que debió aplicarse, limitándose a referir que debió habérsele absuelto por el delito de Abuso de Confianza, dado que los presupuestos fácticos y normativos de ambos tipos penales serían símiles, lo que advirtió el Auto de Vista recurrido, no era evidente, que los elementos constitutivos y normativos de los delitos eran distintos, que son delitos independientes y autónomos, argumentos que evidencian que el Tribunal de alzada cumplió con su deber de fundamentación que fue extractado en el apartado jurídico III.2., de esta Resolución.


Por los argumentos expuestos, además de corroborarse que el Tribunal de alzada no incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada, se advierte que la fundamentación del Auto de Vista impugnado cumplió con lo previsto por el art. 124 del CPP; por cuanto, resulta  razonable y coherente; en consecuencia, el motivo analizado deviene en infundado.


2) Que ante su denuncia de contradictoria e insuficiente fundamentación de la sentencia, en cuanto a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, el Tribunal de alzada se habría limitado a referir, que su reclamo debió haberse efectuado en la etapa procesal oportuna y en su caso realizar la reserva de apelación, no expresando, por qué razón los errores de transcripción de su recurso invalidan el resto de los fundamentos.


De la revisión de antecedentes, resulta evidente que el recurrente, en su recurso de apelación restringida conforme se extrajo en el apartado II.2, numeral 2) de esta Resolución, reclamó la contradictoria e insuficiente fundamentación de la sentencia; denuncia, sobre el que el Auto de Vista recurrido abrió su competencia concluyendo que el recurrente nuevamente ingresó en incoherencias, ya que nuevamente sostendría que “si como señala su autoridad y los testigos se alquiló el equipo de los acusadores particulares, lo que se estaría haciendo es denunciar como incumplido un contrato de alquiler y no nos encontraríamos frente a un ilícito sino frente a un incumplimiento de contrato que debió accionarse en la vía civil”, aspecto, que arguyó, debió reclamar el recurrente ante el Juez de Sentencia y de no ser atendido hacer constar reserva de apelación; agregó, que por otro lado el recurrente afirmaría, que se le sentenció por el delito de Abuso Deshonesto al sostener “Lo que pide se haga es que, se establecería con objetividad, las razones por las que se decidió inculparle por el delito de Abuso Deshonesto, cuando no se habría aludido para nada a los elementos constitutivos del tipo penal”, aseveración que le resultó una total incongruencia, explicando, que la jueza no tuvo por qué referirse a los elementos constitutivos del delito de Abuso Deshonesto, porque el apelante no fue condenado por ese delito, que las incoherencias nombradas invalidaban los otros argumentos de apelación; no obstante, señaló que revisada la Sentencia constató que presentó fundamentos coherentes en los considerando V y VI, existiendo la debida fundamentación conforme al art. 124 del CPP.


Este conjunto de razones, señaladas en la Resolución impugnada, permiten concluir a este Tribunal Supremo de justicia, que si bien el Tribunal de alzada refirió “debió reclamar el recurrente ante el juez de sentencia y de no ser atendido hacer constar reserva de apelación”; ello fue, ante el aspecto referido por el recurrente de que su causa correspondería a la vía civil, aspecto que ciertamente el recurrente en su oportunidad pudo activar los medios impugnatorios necesarios; empero, no lo hizo; y, en cuanto al argumento de “que las incoherencias nombradas invalidaban los otros argumentos de apelación”; evidentemente, fue referido por el Tribunal de alzada, pero fue porque conforme se tiene del recurso de apelación restringida del recurrente en la parte referida a la aplicación pretendida, arguyó: “…lo que se pide se haga es que, se establece con meridiana objetividad, las razones por las que se decidió inculparme por el delito de abuso deshonesto”, aseveración que lógicamente le resultó incongruente al Tribunal de apelación; toda vez, que el recurrente fue condenado por el delito de Abuso de Confianza y no por el delito de Abuso Deshonesto.


No obstante lo referido por el Tribunal de apelación, se observa que no invalidó el resto de los fundamentos del recurso de apelación del recurrente; toda vez, que ingresó al fondo de la denuncia; por cuanto, constató que la Sentencia presentó fundamentos coherentes en los considerando V y VI, existiendo la debida fundamentación conforme al art. 124 del CP, agregando además, al momento de resolver el último reclamo efectuado por el recurrente, en su conclusión segunda, que el fallo de instancia se basó en los medios probatorios que se produjeron en el juicio conforme evidenció del Considerando IV, donde se realizó una descripción integral de los medios de prueba, de igual manera se otorgó el valor correspondiente a todos los medios probatorios así advierte, a lo largo del considerando V, se fijan los hechos y circunstancias del acontecer concreto y se establecen con nitidez los hechos probados y posteriormente en el considerando VI, somete a una calificación jurídica; por lo que, a lo largo de la resolución recurrida no advirtió, afirmaciones imposibles, hechos no ciertos, o que la prueba demuestre aspectos diferentes, concluyendo que la Sentencia se basó en todos los elementos de prueba producidos en juicio, resultándole la fundamentación coherente, lógica y conforme a todos los medios de prueba producidos; argumentos, que evidencian que el Tribunal de alzada, no incurrió en contradicción con el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, que fue extractado en el acápite III.1 de esta Resolución; toda vez, que la fundamentación del Auto de Vista recurrido, resulta lógica, legítima y suficiente, correspondiendo en consecuencia, declarar infundado el motivo analizado.


3) Que ante su denuncia de valoración defectuosa de la prueba; por cuanto, el Tribunal de juicio se limitó a expresar la utilidad de la prueba testifical sin efectuar un análisis de la amistad íntima existente entre los testigos Rolando Arias y Rodolfo Laime Huarachi, el Tribunal de alzada se limitó a señalar que dicho aspecto ya fue resuelto en los otros motivos, que el juez habría llegado a sus conclusiones después de un amplio análisis de todos los elementos de prueba, correspondiendo su denuncia a aspectos subjetivos, no expresando en qué acápite o mediante que razonamiento la jueza hubiere cumplido con el análisis y valoración de la prueba.


Conforme se extrajo en el apartado II.2, de este Auto Supremo, se evidencia que el imputado como tercer motivo de su recurso de apelación restringida denunció Valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, con relación a los arts. 171 y 173 de la citada norma; alegando al respecto el Auto de Vista recurrido en su considerando II, que sobre el presunto agravio, no obstante haber respondido en los puntos anteriores, demostrando las incoherencias en las que incurrió el recurrente que ya hacen la improcedencia del recurso de apelación, ante la afirmación de que “la juez se habría limitado a señalar que los datos proporcionados por dichos testigos sirven de fundamento de la presente resolución, sirve de sustento a la presente sentencia, su declaración es útil a la causa, sin señalar las razones que sirvieron de fundamento a la resolución que adoptó”, la juzgadora llegó a esa conclusión después de un amplio análisis y valoración integral de todos los medios de prueba judicializados de cargo y descargo, incurriendo el apelante en subjetivismos al señalar “no señala en qué medida el hecho de que los señores Rolando Arias y Rodolfo Laime hayan señalado ser amigos íntimos de los acusadores expresa que actuaron en contubernio con los demandantes aspecto que la juez no habría analizado”; aspecto, que debió ser reclamado en desarrollo del juicio oral, de no ser respondido en forma satisfactoria, hacer constar reserva de apelación.


Continuando con los argumentos del Auto de Vista señaló, que si bien el recurrente pretende hacer ver que existiría defectuosa valoración de la prueba; empero, se habría limitado a señalar en que en las declaraciones testificales existió contubernio, familiaridad, no refiriendo a la prueba documental que también fue valorada para dictar sentencia, que tampoco fundamentó sobre las reglas de la sana crítica y cómo la juzgadora hubiere vulnerado esas reglas de la sana crítica, explicando, que para una mejor comprensión, a efectos de la valoración de la prueba se reconocía tres sistemas de valoración: el sistema de la mínima convicción, el sistema de las pruebas legales y el sistema de la sana crítica, que éste último constituye un sistema de valoración que conjunciona normas y criterios basados en las reglas de la lógica, la experiencia, los principios las normas básicas de la psicología y el sentido común como medio de llegar a un convencimiento, aspecto asumido por el art. 173 del CPP. Que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica era preciso, que la motivación de la Sentencia este fundada por un hecho no cierto que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta; extremos, que no habrían acontecido en el caso de autos; por lo que, el apelante alegaría de manera genérica y contradictoria que la Sentencia se basó en hechos inexistentes confusos y no acreditados que emergen de una defectuosa valoración de la prueba, que lo que se pretendería era dar a las declaraciones de Rolando Arias y Rodolfo Laime Huarachi un cauce de hecho distinto, aseverando contubernio, familiaridad; no refiriendo si las declaraciones son el conjunto de pruebas judicializadas que resultarían siendo uniformes en tiempos conductas y hechos; empero, el impugnante no señaló de forma clara y concreta cuáles son las normas del correcto entendimiento humano, inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes en la que consta dicho agravio, cómo debió procederse y lo que se pretende, concluyendo que en definitiva la sentencia valoró correctamente las pruebas documentales y testificales, cumpliendo a cabalidad los arts. 171 y 173 del CPP.


De esta relación necesaria de antecedentes, se evidencia, que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista respecto a este motivo respondió de manera fundamentada; por cuanto, explicó, que la fundamentación de que “la juez se habría limitado a señalar que los datos proporcionados por dichos testigos sirven de fundamento de la presente resolución”, fue de un análisis y valoración integral de todos los medios de prueba y no sólo de los testigos que observó el recurrente, alegando además, que el recurso interpuesto por la recurrente no precedía, porque el recurrente no señaló de forma clara ni concreta cuáles son las normas del correcto entendimiento humano que hubieren sido inaplicadas o aplicadas erróneamente, que tampoco expresó las partes en la que constaría dicho agravio, o cómo debió procederse y lo que se pretende, omitiendo además señalar, la inobservancia de las reglas de la sana crítica; fundamentos, que resultan coherentes; puesto que, de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, ciertamente la parte recurrente se limitó a relatar que en las declaraciones testificales de Rolando Arias y Rodolfo Laime Huarachi hubiere existido contubernio, familiaridad, omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a esas pruebas; entonces, mal podemos exigir al Tribunal de alzada ejerza la labor de control, cuando la parte recurrente no proporcionó los insumos mínimos del porque consideró que el Tribunal de Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, entendimiento que fue asumido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que fue desarrollado en el apartado III.3., de esta Resolución, donde se destacó los criterios respecto a la carga procesal que posee el recurrente para la interposición de un recurso de apelación restringida en los casos donde se denuncie defectuosa valoración probatoria.


Por los argumentos expuestos se concluye que el Tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo, fundamentó del por qué su improcedencia; en consecuencia, no se advierte contradicción con el Auto Supremo 171/2012-RRC de 24 de julio, que fue extractado en el acápite III.1 de este Auto Supremo; toda vez, que el Tribunal de alzada resolvió de manera fundamentada los puntos impugnados en este motivo, adecuando además su acto a la norma y a la doctrina legal vinculante del Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007; toda vez, que como ya se señaló anteriormente es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar qué partes de la Sentencia constarían de errores lógico-jurídicos, proporcionando el recurrente la solución que pretende en base a un análisis explícito; en consecuencia, este motivo deviene en infundado.


4) Que ente su denuncia de incongruencia entre la sentencia y la acusación, ya que en la acusación se dijo que el equipo topográfico cuya restitución se exige le fue alquilado; empero, la sentencia referiría que fue prestado; aspecto, no considerado por el Tribunal de alzada, limitándose a señalar que los términos de alquiler o préstamo serían irrelevantes y que dicha observación debió efectuarse en juicio.


De la revisión del Auto de Vista recurrido ante este reclamo, señaló: que el apelante esgrimió presuntos agravios, cuando señaló “este hecho no habría quedado esclarecido por la a quo en la sentencia y de hecho lo que se sustrae de ella es que estaría subsistente la contradicción contenida en la acusación particular que señala que le alquilaron un equipo topográfico y la determinación asumida por la juzgadora en las sentencia que dicho equipo le hubieran prestado”, que la observación era irrelevante; por lo que,  el art. 346 del CP, en los elementos constitutivos del delito no establecía sobre el alquiler o préstamo como un elemento constitutivo para la comisión del delito; sin embargo, aspectos contradictorios en la acusación particular debió pedir se subsanen u observen en el juicio oral, de no ser atendido hacer constar reserva de apelación, cuestiones que no se habrían cumplido; argumentos, que resultan coherentes; por cuanto, se advierte que el recurrente en ningún momento observó ese aspecto, mucho menos pidió se subsane como alega el Tribunal de alzada; en consecuencia, no se advierte que el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo haya incurrido en falta de fundamentación ni que resulte contrario al Auto Supremo 268 de 27 de abril de 2009, que fue desglosado en el acápite III.1 de este Auto Supremo; por cuanto, se advierte que el recurrente fue acusado por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, habiendo sido absuelto por el primero y condenado por el segundo; existiendo congruencia entre la acusación y la Sentencia, situación por el que este motivo deviene en infundado.


5) Finalmente, en cuanto a su denuncia referida a la violación del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; por cuanto, en su declaración se hubiere utilizado prueba que no fue legalmente introducido a juicio, limitándose a referir el Tribunal de alzada que no objetó oportunamente dicha prueba.


Como una consideración previa antes de ingresar a resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley, así, la Constitución Política del Estado, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


Ahora bien, a los fines de resolver la problemática planteada,  necesariamente debemos remitirnos al Auto Supremo invocado por la parte recurrente, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo. Es así que el Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2006, extractado en el acápite III.1. de esta Resolución, fue dictado por la Sala Penal Primera de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de dos recursos de casación, por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Encubrimiento, Omisión de denuncia, Apología pública del delito y Resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, donde constató, que el Auto de Vista entonces impugnado únicamente describió las pretensiones de los apelantes; sin efectuar fundamento alguno sobre la falta de congruencia entre la acusación y el auto de apertura de juicio con la parte dispositiva de la sentencia, omisión que constituye defecto absoluto que vulnera el debido proceso y el principio de la tutela judicial efectiva; situación, por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista entonces recurrido; sin embargo, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; por lo que, se reclama que el Auto de Vista ahora recurrido incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, en la producción de la declaración del imputado se hubiere utilizado pruebas que no fueron legalmente introducidas a juicio, vulnerando el art. 346 del CPP; denuncia, que no tiene relación alguna con los fundamentos del precedente invocado.


Respecto a la falta de fundamentación en el que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, de la revisión del recurso de apelación restringida interpuesta por el recurrente y extractada en el apartado II.2 de esta Resolución, se observa que reclamó: la Violación a su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso vinculado a los arts. 346 y 379 del CPP; puesto que, en su caso, del acta de registro de audiencia de juicio oral, cuando su persona realizaba su declaración, el abogado de la acusación particular realizó la producción de prueba documental, que utilizó para realizarle el interrogatorio, habiéndose utilizado prueba ilegalmente introducida a juicio, causándole indefensión, en razón a que el procedimiento del art. 346 del CPP, no establece que su persona deba manifestarse sobre prueba alguna.


De la revisión del Auto de vista impugnado, se constata que respecto a este punto señaló, que la normativa anotada por el recurrente (art. 346 del CPP) no prohíbe que ha momento de que el acusado preste su declaración, porque así decidió, declarar, puedan manifestarse sobre prueba alguna, como lo hizo; no obstante, al respecto el recurrente debió en juicio manifestar su oposición a responder a través de alguna objeción si no es por sí, mediante su defensa técnica, quien estuvo presente y contrariamente también le habría hecho preguntas en base a prueba incorporada a juicio oral, y de no ser escuchado o atendido hacer constar reserva de apelación, que tampoco aconteció; argumentos, que evidencian, que la Resolución recurrida contiene una fundamentación concisa y clara, constatándose que actuó en cumplimiento de la doctrina legal aplicable establecido en el apartado III.2, de este Auto Supremo: habida cuenta, que cumplió con el presupuesto de fundamentación inmerso dentro del ámbito del derecho al debido proceso, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada.


Por los argumentos expuestos, queda establecido que la fundamentación del Tribunal de alzada, resulta lógica, legítima y suficiente, no denotando contradicción con la doctrina legal invocada; por cuanto, el fallo no contiene una problemática similar a la contenida en la Resolución impugnada, en consecuencia el motivo en cuestión deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Walter León Titichoca.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA