TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 305/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 88/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Hernán Guzmán Zeballos y otros

Delito                                : Robo Agravado y otros

Magistrada Relatora         Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de julio de 2015, cursante de fs. 916 a 919 Hernán Guzmán Zeballos, Hernán Guzmán Montalván y Eusebio Cruz Ramos, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 30 de 28 de mayo de 2015 de fs. 887 a 891 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Michel Sánchez Rivero contra los recurrentes,  por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Asociación delictuosa, Lesiones Leves, Tentativa de Homicidio; y, Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 332, 132, 271 segunda parte, 251 con relación al 8 y 298 segunda parte del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 59/2014 de 16 diciembre (fs. 741 a 745 vta.), el Tribunal de Sentencia de Montero - Provincia Santiestevan del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Hernán Guzmán Zeballos, Hernán Guzmán Montalván y Eusebio Cruz Ramos, absueltos de pena y culpa por el delito de Robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del CP; y, culpables de la comisión de los delitos de Asociación delictuosa, Lesiones Leves, Tentativa de Homicidio; y, Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 132 y 271 segunda parte, 251 con relación al 8 y 298 del CP, imponiéndoles la pena de trece años de reclusión.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Hernán Guzmán Zeballos, Hernán Guzmán Montalván y Eusebio Cruz Ramos, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 861 a 867 vta.), resuelto por Auto de Vista 30 de 28 de mayo de 2015, dictado por la Sala Penal Primera  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,  que declaró admisible e improcedente el citado recurso y en consecuencia confirmó la Sentencia apelada, motivado la interposición de recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 742/2015-RA de 2 de diciembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los  arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Los recurrentes reclaman que el Tribunal de alzada en el inc. c) del segundo Considerando de su resolución señaló en un primer momento, que en las declaraciones testificales no se afirmó cuál de los acusados hubiese ingresado al domicilio, ni cuál de ellos  provocó  la lesión a la esposa del denunciante; tampoco, cuál de ellos hubiese sacado algún objeto de la casa del denunciante; empero, coincidieron en que hubo un enfrentamiento por un lote de terreno, que las cosas del denunciado Hernán Guzmán estaba en la calle, y que de ninguna forma se logró constatar con certeza quién fue el sujeto activo de los delitos acusados, aspecto que no habrían sido tomados en cuenta en la Sentencia. 


Sin embargo, en el tercer Considerando declaró el de alzada que el Tribunal de juicio procedió en forma correcta y conforme a derecho; por cuanto, la prueba aportada era suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados por los delitos de Asociación Delictuosa, Lesiones Leves, Tentativa de Homicidio; y, Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, que no incurrió en ninguno de los defectos previstos por el art. 370 del CPP, sosteniendo: “…así como también en cuanto a la pena impuesta a los sentenciados, toda vez que ésta se ajusta a lo previsto por los Arts. 37 y 38 del Código Penal,  por lo que no se incurre  en ninguno de los defectos previstos por el Art. 370 del Código Procedimiento Penal (…) máxime si tomamos en cuenta que se ha probado que los hechos acusados existieron…” (sic), como afirmaban los apelantes. Y este es el argumento carente de fundamentación que deja en incertidumbre a los recurrentes, porque viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, al no permitir realizar un control efectivo sobre las razones que llevaron al Tribunal de alzada a asumir dicha conclusión, considerando además que no es suficiente que se limite a transcribir la doctrina legal aplicable sin realizar un efectivo control sobre cuáles fueron a su vez las  razones del Tribunal de juicio para asumir que los imputados subsumieron su conducta  a los tipos penales denunciados y cuáles serían las pruebas que corroboran la condena.


2) Reclaman que el Auto de Vista es contradictorio a la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 768/2014 de 30 de diciembre, cuando resuelve el defecto denunciado previsto en el inc. 2) del art. 370 del CPP y señala que el recurrente no mencionó cuál es el fundamento, violación o caso concreto de individualización que pretende y concluyó señalando que existe una correcta fundamentación e individualización de las conductas específicas de los acusados con relación a los tipos penales, sin plasmar cuál la participación de cada uno de los acusados, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular, violando así los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo  y el debido proceso establecidos en los arts. 155 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se dicte resolución declarando la doctrina legal aplicable de acuerdo al art. 419 del CPP.



I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 742/2015-RA de 2 de diciembre, cursante de fs. 934 a 937, se admitió el recurso de casación formulado por los imputados para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


Por Sentencia 59/2014 de 16 diciembre (fs. 741 a 745 vta.), el Tribunal de Sentencia de Montero Provincia Santiestevan del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Hernán Guzmán Zeballos, Hernán Guzmán Montalván y Eusebio Cruz Ramos, absueltos de la comisión del delito Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del CP; y, culpables de la comisión de los delitos de Asociación delictuosa, Lesiones Leves, Tentativa de Homicidio y Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 132, 271 segunda parte, 251 con relación al 8 y 298 del CP, imponiéndoles la pena de trece años de reclusión, en base a los siguientes motivos:


i) El Ministerio Público y la acusación particular no probaron que los imputados Eusebio Cruz Ramos, Hernán Guzmán Montalbán y Hernán Guzmán Zeballos, hubieren adecuado su conducta al delito de Robo, porque el resultado fáctico no es el único elemento que construye el delito, sino por el contrario el resultado y culpabilidad deben unirse a través de un vínculo que establezca que la conducta es típica, antijurídica y culpable, elementos que deben estar demostrados plenamente para que se configure un determinado tipo penal; en el presente caso, no se ha podido construir plenamente la culpabilidad de los coimputados, porque además del hecho de haber ingresado los imputados el 26 de mayo de 2012 al domicilio del acusador, haber intentado dar muerte a las personas que se encontraban en el domicilio, haber causado una lesión a Karla Yaneth Antelo Justiniano, no existe otro elemento vinculante que contribuya a establecer que los imputados se hubieren apoderado en forma ilegítima con violencia en las cosas o intimidación en los acusadores particulares, de bienes muebles de propiedad de Michel Sánchez Rivero, por lo que el Tribunal al haber analizado cada uno de los elementos de prueba ha determinado por unanimidad de votos que existe una duda razonable que se convierte en in dubio pro reo; por lo que, en forma determinante, ha establecido que los elementos de prueba no son suficientes para generar plena convicción sobre la responsabilidad penal de los imputados en el delito acusado de Robo Agravado; por cuanto, corresponde aplicar lo previsto en el art. 363 inc. 2) del CPP y absolverlos de pena y culpa.


ii) El Tribunal no tuvo duda alguna de la culpabilidad de los imputados Eusebio Cruz Ramos, Hernán Guzmán Montalbán y Hernán Guzmán Zeballos en grado de autores de la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, la certeza resulta del análisis de los siguientes elementos de hecho y de derecho: los imputados el 26 de mayo de 2012 aproximadamente entre las seis y siete de la noche, en forma arbitraria ingresaron al domicilio de Michel Sánchez Rivero, para decirles que se salgan del inmueble; hecho plenamente demostrado por los testigos de cargo; por lo cual, la conducta de los imputados, se enmarca en el delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art.  298 del CP, teniendo en cuenta que para que se configure dicho hecho al tipo penal basta con el hecho de haber ingresado los imputados referidos al domicilio de Michel Sánchez Rivero.


iii) Se estableció que Eusebio Cruz Ramos, Hernán Guzmán Montalbán y Hernán Guzmán Zeballos, juntamente con otras personas intentaron dar muerte a Michel Sánchez Rivero, Karla Yaneth Antelo Justiniano y otras personas que se encontraban en el domicilio del acusador particular, el 26 de mayo de 2012, puesto que los mismos con palos y piedras los atacaron, habiendo tenido que intervenir efectivos de la policía, logrando ingresar al inmueble en dos vehículos y evacuar a Michel Sánchez Rivero, su familia y sus invitados o amigos, teniendo que utilizar gases lacrimógenos, para poder sacar a las personas del inmueble, llegando inclusive a romper los vidrios de los vehículos y dañar los mismos, dañando también la humanidad de Karla Yaneth Antelo Justiniano; por lo que, los imputados subsumieron su conducta al tipo penal de Tentativa de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, con relación al art. 8 del CPP, teniendo en cuenta que para que se adecue este tipo penal basta que la persona hubiere comenzado la ejecución del delito o no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, como sucedió en el presente caso puesto que los imputados juntamente con otras personas tenían rodeada la casa de Michel Sánchez Rivero, munidos de palos y piedras que lanzaban desde fuera y por la intervención oportuna de la Policía, no permitieron que los imputados dieran muerte a Michel Sánchez Rivero su familia y amistades que habían en el inmueble.


iv) El Tribunal de Sentencia no tuvo duda de que los imputados Eusebio Cruz Ramos, Hernán Guzmán Montalbán y Hernán Guzmán Zeballos, provocaron una lesión en el rostro de Karla Yaneth Antelo Justiniano, que le ocasionó trece días de impedimento; por lo que, los imputados subsumieron su conducta al tipo penal de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segunda parte del CP, teniendo en cuenta que para que este delito se consumare basta con haberle ocasionado la herida y que la incapacidad sea hasta veinte nueve días, teniendo en el presente caso la víctima un impedimento de trece días.


v) Los imputados se asociaron con otras personas más para ingresar al inmueble de la víctima, con la finalidad de intentar dar muerte a Michel Sánchez Rivero, su familia y amistades; también, provocaron Lesiones Leves a Karla Yaneth Antelo Justiniano; por cuanto, los imputados adecuaron su conducta al tipo penal de Asociación Delictuosa, previsto y sancionado por el art. 132 del CP, porque para que dicha conducta se adecue al tipo penal, basta con asociarse y cometer hechos delictivos, como sucedió en el presente caso, puesto que los tres imputados y otras personas más al mando de ellos, ingresaron al domicilio para sacarlos del mismo con palos y piedras, intentando dar muerte a Michel Sánchez Rivero, su familia y a sus amistades, que estaban el 26 de mayo de 2012 en el domicilio del acusador particular, ubicado en el barrio Satélite Norte de la Calle Beni. 


II.2. De la apelación restringida.


Notificada la Sentencia, Hernán Guzmán Zeballos, Hernán Guzmán Montalbán y Eusebio Cruz Ramos, presentaron recurso de apelación restringida, señalando que se amparan en lo establecido en los arts. 115, 116, 117, 180, 169 inc. 3) y 370 incs. 2), 4), 5) y 6) del CPP, de los cuales señalan que:


i) Con relación al 370 inc. 2) del CPP, manifiestan que para que se dicte una Sentencia condenatoria tiene que existir la certeza plena, inequívoca, infalible o prueba que permita sostener sin lugar a equivocaciones o dudas, que el imputado fue la persona que cometió un delito; sin embargo, la fundamentación de la Sentencia se sustenta únicamente en la prueba testifical de Michael Sánchez Rivero, Karla Yaneth Antelo, Carlos Olivera Caballero, Nadir Evelin Gandarilla y María Julia Pestaña Durán, quienes en ningún momento manifestaron que los acusados hubiesen entrado al domicilio del denunciante, ni tampoco vieron que los acusados provocaron las lesiones o que hubieren sustraído algún objeto de la casa del denunciante; además, los recurrentes manifiestan que los testigos presenciales de descargo no fueron tomados en cuenta en la Sentencia, no se ha demostrado con ningún elemento probatorio que el acusador particular vivía ahí, siendo que jamás vivió en el domicilio y que los testigos de cargo eran familiares del acusador.


ii) Con relación al art. 370 inc. 4) del CPP, los recurrentes manifiestan que la Sentencia se basa en medios y elementos de prueba no incorporados legalmente a juicio en violación a las normas procesales; toda vez, que el denunciante Michael Sánchez Rivero y su esposa Yaneth Antelo Justiniano, fueron ofrecidos como testigos de cargo; sin embargo, los mismos estaban desde el primer día del juicio al lado de su abogado en la Sala y no afuera como establece el procedimiento siendo que el defensor solicitó en el segundo día que sea desalojada la testigo, porque no podía quedarse a escuchar la audiencia, quien si bien salió por orden del Tribunal, ya habría escuchado parte del juicio y las otras declaraciones de los testigos. Asimismo, manifiestan que el Juez David Gonzales Alpire no estuvo en el primer día del juicio oral cuando se leyó la acusación, de igual manera el juez ciudadano Constantino Ferrel Molina, tampoco estuvo presente en la audiencia del día 24 de octubre de 2014 como consta en el acta de suspensión, siendo reemplazada porque extrañamente aparece la firma del juez ciudadano.


iii) Señalan que se incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, porque de la Sentencia se advierte que la misma carece de fundamentación y que la misma es contradictoria; toda vez, que no se otorgó el valor probatorio a cada una de las pruebas aportadas y judicializadas, por lo tanto no tiene fundamentación valedera alguna, no existiendo en la Sentencia una fundamentación dialéctica ni jurídica que demuestre que los acusados adecuaron su conducta a los tipos penales acusados, limitándose el Tribunal a realizar apreciaciones generales, sin referirse a un tipo penal determinado o a elementos constitutivos de los tipos penales.


iv) Respecto del art. 370 inc. 6) del CPP, los recurrentes manifiestan que la Sentencia se basa en hechos inexistentes y en la valoración defectuosa de la prueba, porque en ningún momento se determinó la participación y autoría de los acusados, pues las pruebas solo enervan presunciones, sospechas y meras conjeturas, pero no son plena prueba, que es el requisito esencial para fundar la responsabilidad penal de los acusados, violentando de esta manera la libertad probatoria, la sana crítica, el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de objetividad, dando solo fe de las declaraciones del acusador particular y de su esposa y de nadie más, siendo que además que todos los hechos denunciados no fueron ofrecidos ni produjeron alguna prueba de parte del Ministerio Público o el acusador particular; es decir, no hubo debate dentro del juicio oral sobre todos los supuestos hechos acusados, por cuanto, no se debió tomar en cuenta dentro de la fundamentación como segundo hecho probado estos extremos, razón por la cual solicitan se anule la Sentencia.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


El referido recurso de apelación restringida fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista impugnado, bajo los siguientes argumentos:


a)  Respecto al defecto previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP, se tiene que sólo es mencionado en el recurso sin haber sido fundamentado correctamente por los recurrentes, pues se tiene que tomar en cuenta que no cumplió con las previsiones establecidas en los arts. 408 y 410 del CPP porque no se citó de manera concreta y precisa las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente el Tribunal Superior tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es su pretensión. En el caso concreto, si bien es cierto que los recurrentes mencionan el inc. 2) del art. 370 del CPP, como defecto de la Sentencia, no cumplen con los requisitos de contenido en la interposición de la apelación restringida; es decir, no mencionan cuál es el fundamento, la violación o el caso concreto de individualización que pretenden, más por el contrario hacen una relación de los hechos suscitados antes y durante el juicio oral y no así en lo que respecta a la fundamentación del presente inciso; máxime si se toma en cuenta que en la Sentencia venida en apelación se constata una correcta fundamentación e individualización de las conductas específicas de los acusados con relación a los tipos penales sentenciados, su debida participación y cooperación de cada uno de ellos dentro del presente caso, evidenciándose que se ha procedido a fundamentar debidamente la correcta individualización del grado de participación de todos los acusados además que en los hechos probados se individualiza a cada uno de ellos, habiendo determinado el Tribunal la responsabilidad penal de los mismos, siendo que dicha Sentencia cuenta con sustentos fácticos y con una argumentación con relación a todos los acusados; toda vez, que cada uno de ellos respondió a situaciones jurídicas y circunstancias distintas en el presente hecho delictivo, siendo que además en el presente caso existen situaciones y hechos similares donde han participado en conjunto los tres acusados.


b) Sobre la denuncia del defecto comprendido en el art. 370 inc. 4) del CPP, se tiene que el fundamento que argumentan los imputados se basa en el hecho de que uno de los testigos de cargo (Yaneth Antelo Justiniano), estuvo presenciando la audiencia cuando no debió ni escuchar la declaración de los otros testigos, habiendo el Tribunal procedido a recibirle su declaración; al respecto, se tiene que la declaración de esta testigo fue incorporada al juicio de manera legal mediante la recepción de su declaración testifical de cargo conforme a procedimiento, siendo que antes de realizar su declaración, el Tribunal de Sentencia a solicitud del abogado de los acusados, cumplió con su deber de solicitar el desalojo del referido testigo del salón de audiencia, situación muy diferente a que la misma hubiere seguido pese al reclamo del abogado, razón por la cual al haber cumplido el Tribunal con sacar a la testigo, no se evidencia defecto alguno relacionado con el inc. 4) del art. 370 del CPP y tampoco corresponde pronunciarse sobre la asistencia o inasistencia del juez técnico o ciudadano, si esta situación no ha sido plenamente demostrada por los recurrentes, quienes se basan en presunciones subjetivas que no pueden ser consideradas ni analizadas por el Tribunal de alzada.


c) Con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, el motivo no fue debidamente fundamentado y no se demostró con algún medio de prueba el supuesto defecto; asimismo, se constata en el acta de juicio oral y los fundamentos de la Sentencia, que la misma tiene la debida motivación y fundamentación conforme lo establecen los arts. 124, 171 y 173 del CPP, así como los parámetros legales, sin vulnerarse derechos y garantías constitucionales; por lo que, el Tribunal de alzada considera que no es cierto ni evidente lo manifestado por los recurrentes, en cuanto a que no existe fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, cuando ni los recurrentes indicaron cual la contradicción relacionada con este inciso, más al contrario ese advierte que el Tribunal inferior fundamentó su resolución de conformidad a las disposiciones legales en actual vigencia, demostrándose un debido proceso, resguardando los derechos y garantías de las partes conforme los previsto por los arts. 115, 116 y 117 de la CPE.


d) En cuanto al defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, se verifica que en la Sentencia venida en apelación restringida, el Tribunal inferior ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas, aplicando también los arts. 171 y 173 del CPP; además, de que dicha motivación y valoración es convincente porque el Ministerio Público con sus pruebas de cargo en el juicio oral demostró el total convencimiento de los hechos acusados; consecuentemente, la Sentencia se basa en hechos existentes y acreditados por las pruebas de cargo, prueba de ello es que los recurrentes no fundamentan debidamente cuál es la prueba valorada defectuosamente, o cual es el hecho inexistente o no acreditado por el Tribunal inferior, simplemente hacen un resumen de los hechos suscitados durante el juicio oral, siendo por el contrario que durante el juicio oral se ha demostrado la existencia de los hechos delictivos denunciados y las circunstancias en que sucedieron, además de sus consecuencias que fueron claramente probadas por las pruebas testificales de cargo, constando en las actas de juicio oral que dicha audiencia se llevó a cabo dentro de los parámetros legales y conforme a procedimiento. Además, durante la tramitación del proceso, todas las diligencias que se realizaron fueron de su total y absoluto conocimiento, en ningún momento se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, no siendo cierto ni evidente lo manifestado por los recurrentes; toda vez, que el Tribunal inferior actuó y fundó su resolución de conformidad a las disposiciones que corresponden, demostrando un debido proceso, resguardando los derechos  y garantías de los acusados conforme a los arts. 115, 116 y 117 de la CPE y el art. 6 del CPP. Por último, también se advierte que el Ministerio Público dio cumplimiento a las previsiones contenidas en los arts. 11, 12, 13, 16, 21 del CPP porque se calificó y adecuó el accionar antijurídico de los imputados, siendo que las pruebas testificales de cargo ofrecidas fueron incorporadas al juicio oral conforme al procedimiento que rige la materia, siendo debidamente valoradas por el Tribunal inferior en uso de las reglas de la sana crítica, conforme a los arts. 124, 171 y 173 del CPP; por lo que, no se incurrió en ningún defecto comprendido en el art. 370 de la referida norma procesal.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


En el caso presente, los imputados denuncian de falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, porque no estableció los motivos por los que concluyó que la Sentencia está debidamente fundamentada respecto a la subsunción de sus conductas a los tipos penales acusados; y, que señaló la existencia de una correcta fundamentación e individualización de sus conductas específicas con relación a los tipos penales, sin plasmar cuál la participación de cada uno, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular, correspondiendo resolver en el fondo ambas problemáticas.


III.1. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I. Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, entre otros, que refiere: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Con relación al primer motivopor el cual se denuncia de falta de fundamentación del Auto de Vista, en relación a que no se estableció los motivos por lo que concluyó que la Sentencia estaba debidamente fundamentada respecto a la subsunción de las conductas de los imputados a los tipos penales acusados, limitándose a transcribir la doctrina legal establecida en el Auto Supremo vulnerando así sus derechos y garantías como son el debido proceso y la presunción de inocencia, corresponde analizar el Auto de Vista con la finalidad de verificar la veracidad de los aspectos señalados en el recurso de casación, de ahí que se puede advertir que dicha resolución señala: “…el Juez 5to de Sentencia de esta Capital al dictar el fallo judicial apelado de fs. 307 a 317 ha procedido en forma correcta y confirme a derecho, ya que ha tomado en cuenta e interpretado correctamente lo determinado por el art. 365 del CPP, en cuanto a que la prueba aportada es suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados Eusebio Cruz Ramos, Hernán Guzmán Montalbán y Hernán Guzmán Zeballos en la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Lesiones Leves, Tentativa de Homicidio y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 132, 271 segunda parte, 251 con relación al 8 y 298 segunda parte del CP, así como también en cuanto a la pena impuesta a los sentenciados, toda vez que ésta se ajusta a lo previsto por los arts. 37 y 38 del CP, por lo que no se incurre en ninguno de los defectos previstos en el art. 370 del CPP como citan los apelantes en su memorial de apelación restringida, máxime si tomamos en cuenta que se ha probado que los hechos acusados existieron, razón por la cual no se puede decir que no existe una correcta aplicación de la Ley cuando por el contrario se ha demostrado que existen los elementos constitutivos de estos tipos penales, siendo que además el Tribunal inferior resolvió adjudicar plena credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público y del acusado particular, habiendo considerado la verosimilitud de los testimonios que prestaron los testigos de cargo, mismos que están rodeadas de ciertas corroboraciones de carácter objetivo que le dotan de aptitud probatoria y refleja la real existencia de los hechos sometidos a juzgamiento.”


De la glosa anterior, se advierte que el Tribunal de alzada no resuelve de manera concreta el reclamo formulado por los imputados en el recurso de apelación restringida, debido a que de manera general señala que el Juez Quinto de Montero estableció que los imputados subsumieron su conducta a los tipos penales de Asociación Delictuosa, Lesiones Leves, Tentativa de Homicidio y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, sin especificar cuáles los elementos probatorios que constituyeron base para esa determinación y si se empleó la sana crítica, la lógica, la experiencia, etc., que deben existir para evidenciar si todos los elementos fueron debidamente valorados por el inferior identificando la fundamentación probatoria, descriptiva, intelectiva, etc., que es la apreciación que realiza el titular del órgano jurisdiccional de los medios de prueba, extrayendo los elementos probatorios de los cuales obtiene la verdad jurídica del hecho y sobre la que resolverá el conflicto puesto a su consideración, análisis que no se advierte en el Auto de Vista impugnado de casación, que se le limita a exponer una argumentación carente de criterios fundados, teniendo en cuenta que no aclaró respecto del reclamo que los testigos entraron en contradicción, aspecto que no fuera valorado por el Tribunal de Sentencia de Montero; asimismo, no explicó cómo se pudo constatar la acreditación del sujeto activo de los delitos acusados (imputados), siendo que de manera general señala que la autoría se atribuye a todos los intervinientes en el hecho e incluso son sancionados con las mismas penas; asimismo, no esclareció respecto del reclamo del instrumento que ocasionó las lesiones y a quién se atribuyó; estableciéndose en definitiva que el presente motivo deviene en fundado.


En el segundo motivo, los recurrentes denuncian que el Auto de Vista señaló que existió una correcta fundamentación e individualización de las conductas específicas de los acusados con relación a los tipos penales, sin plasmar cuál la participación de cada uno de ellos, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular, violando así los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo  y el debido proceso establecidos en los art. 155 y 116 de la CPE; además, de constituir una resolución contraria a la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 768/2014 de 30 de diciembre, que estableció: “La fundamentación es un requisito formal que constituye el elemento intelectual, crítico, valorativo y lógico; a la vez constituye una garantía de orden Constitucional, reconocido en el art. 180.I de la CPE), que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Haciendo referencia a la exigencia de fundamentación de la Sentencia y su correspondiente control, este Tribunal mediante Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril, señaló: `(…) uno de los presupuestos del ámbito del derecho al debido proceso exige que toda Resolución judicial sea debidamente fundamentada, lo que genera en cada autoridad que dicte una Resolución, el deber de exponer imprescindiblemente los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma; pues en el caso de inobservar estas exigencias, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en la práctica toma una decisión de hecho mas no de derecho que vulnera el debido proceso, que permite a las partes conocer cuáles son las razones, los motivos o las argumentaciones jurídicas de la decisión adoptada por un tribunal de justicia a fin de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.


De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.


En la fundamentación descriptiva la autoridad judicial debe proceder a consignar cada elemento probatorio útil, mediante una referencia explícita a los aspectos mas sobresalientes de su contenido, dejando constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración del testigo, procurando no hacer una trascripción literal de la declaración; siendo también aplicable este criterio con relación a los peritos que puedan concurrir personalmente a la audiencia de juicio. En el caso de la prueba documental y pericial, esta fundamentación descriptiva quedará cumplida al dejarse constancia de los datos más relevantes de esta  prueba con mayor énfasis de las conclusiones atinentes o relevantes del caso.


La fundamentación fáctica es el momento en el cual debe establecerse cuales los hechos estimados como probados; es decir, el establecimiento de los hechos que positivamente se tengan por demostrados de conformidad con los elementos probatorios que hayan sido incorporados legalmente en la audiencia de juicio; esta fundamentación es necesaria, pues de ella posteriormente se procederá a extraer las consecuencias jurídicas fundamentales y establecer en su caso la responsabilidad penal del imputado o su absolución; siendo esencial que en esta fundamentación se proceda a efectuar una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos.


El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos, es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no.


La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando por qué considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción.


Por último, deberá procederse a la motivación en el momento de la individualización de la pena precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto”.


La referida resolución precisó que: “Una vez desarrollado el acto de juicio y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del derecho al debido proceso, deberá proceder a emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, tiene el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente, en consecuencia del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP; disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia”.


Sobre el control de logicidad el escritor Fernando de la Rúa, con mucho acierto expresó: `La garantía de motivación consiste en que mientras por un lado se deja al juez libertad de apreciación psicológica, queda en cambio obligado a correlacionar lógicamente los argumentos, demostrando su conclusión, para prevenir la arbitrariedad´.


Por lo que se concluye, en base a los fundamentos expuestos precedentemente, que en toda Sentencia, el Juez o Tribunal de mérito está compelido a realizar una fundamentación probatoria intelectiva, que lo obliga a consignar las razones que en base a la valoración de la prueba, lo llevaron a concluir sobre la punibilidad o impunibilidad de la conducta del encausado; lo que garantiza por un lado, el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial; y por otro lado, asegura la publicidad de las razones que tuvieron los jueces de mérito al pronunciar una sentencia”.


Tal como se puede apreciar, el precedente trata de la debida fundamentación que debe contener una resolución judicial, así como la motivación que debe existir en el momento de la individualización de la pena, precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto y el hecho de no contener estos aspectos, hace que se constituya en defecto absoluto insubsanable.


En el caso de autos, los recurrentes denunciaron que: i) El Juzgador debió necesariamente exponer cuál la participación de cada uno de los imputados debido a que no es permitido para el juez referirse a dos o más y en conjunto establecer cuál era su actuar en el hecho investigado; ii) La Sentencia se limitó a señalar los nombres de los acusados, pero no determinó cual la participación de cada uno de los imputados en los delitos acusados; iii) El Tribunal de alzada no demuestra como asegura y confirma, que se determinó que en el hecho existen situaciones similares donde han participado en conjunto los tres acusados; y, iv) El Tribunal no consideró la presunción de inocencia ni el principio del in dubio pro reo ante la inexistencia de prueba plena ignorando la doctrina legal aplicable que establece que al existir sólo prueba semiplena, corresponde aplicar la Sentencia absolutoria.


En ese sentido, respecto de la denuncia de la falta de individualización de los imputados, el Auto de Vista señaló: “…Respecto de la denuncia de haber incurrido en el defecto previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP se tiene que solo es mencionado en su recurso sin haber sido fundamentado correctamente por los recurrentes porque se tiene que tomar en cuenta que no cumplió con las previsiones establecidas en el los arts. 408 y 410 del CPP porque no se citó de manera concreta y preciada las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cual es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente el Tribunal Superior tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es su pretensión, de lo que se establece en el caso concreto si bien es cierto, que los recurrentes mencionan el inc. 2) del art. 370 del CPP como defecto de la Sentencia sin embargo éste no cumplió con los requisitos de contenido en la interposición de la apelación restringida, es decir que no ha mencionado cuál es el fundamento, la violación o el caso concreto de individualización que pretende, más por el contrario hace una relación de los hechos solicitado antes y durante el juicio oral y no así en lo que respecta a la fundamentación del presente inciso; máxime si se toma en cuenta que en la Sentencia venida en apelación se constata una correcta fundamentación e individualización de las conductas específica de los acusados con relación a los tipos penales sentenciados, su debida participación y cooperación de cada uno de ellos dentro del presente caso, evidenciándose que se ha procedido a fundamentar debidamente la correcta individualización del grado de participación de todos los acusados además que en los hechos probados se individualiza a cada uno de ellos, habiendo determinado el Tribunal la responsabilidad penal de los mismos, siendo que dicha Sentencia cuenta con sustentos fácticos y con una argumentación con relación a todos los acusados, toda vez que cada uno de ellos respondió a situaciones jurídicas y circunstancias distintas en el presente hecho delictivo, siendo que además en el presente caso existen situaciones y hechos similares donde han participado en conjunto los tres acusados.”


De lo extractado del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada, deja en la incertidumbre tanto a la parte recurrente como a este Tribunal, pues no permite realizar un control efectivo sobre las razones que lo llevaron a asumir dicha conclusión, que expresa la carencia de un efectivo control sobre cuáles fueron las razones que tuvo el Tribunal de mérito para llegar a la conclusión de que los imputados se encontraban debidamente individualizados, y cuáles las conductas específicas de cada uno de ellos en relación a los tipos penales acusados y sentenciados, su debida participación, si se procedió a fundamentar debidamente la correcta individualización del grado de participación de todos los acusados; habida cuenta que el Tribunal de alzada asume de forma general que en los hechos probados se individualiza a cada uno de los imputados, que el Tribunal de Sentencia determinó la responsabilidad penal de los mismos y que la Sentencia contaría con sustentos fácticos y con una argumentación con relación a todos ellos quienes respondieron a situaciones jurídicas y circunstancias distintas en el hecho delictivo, sin soslayar que también existen situaciones y hechos similares donde han participado en conjunto los tres acusados; sin considerar ni aclarar en absoluto, cuál la individualización de los implicados y la participación de cada uno de los imputados en los delitos acusados teniendo en cuenta que de manera general se realiza un análisis respecto de los mismos; asimismo, sin especificar como asegura y confirma, cuáles las situaciones similares donde participaron en conjunto los tres acusados, sin tener en cuenta que cada partícipe será penado conforme a su culpabilidad, sin considerar la culpabilidad de los otros.

De ese modo, el Tribunal de alzada con la afirmación lacónica precedentemente transcrita, reemplazó un análisis crítico por una remisión genérica e incurrió en el mismo error denunciado en apelación, pues el argumento del Tribunal de apelación, no cumple con la finalidad ni el requisito de ser una resolución expresa y debidamente fundamentada, en cuanto a los fundamentos para declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida formulada por los recurrentes, de manera específica respecto a la denuncia de existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, omitiendo a su vez el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia habría desarrollado la debida labor de motivación; en cuyo mérito, corresponde dejar sin efecto la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de alzada emita nueva resolución conforme la doctrina legal aplicable establecida por este Tribunal que conforme al art. 420 parte final del CPP, es obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores, motivo por el cual se recomienda a los integrantes de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ejercer sus funciones con responsabilidad y diligencia, evitando el pronunciamiento de fallos que además de resultar contrarios a la doctrina legal aplicable que por su permanente reiteración debe ser de conocimiento y dominio de los Tribunales inferiores, provoca la dilación de la causa afectando principios en los que se basa la jurisdicción ordinaria como los de celeridad, eficacia, eficiencia, entre otros.


Por lo señalado, el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado incumplió con el deber de fundamentación que deben contener las resoluciones judiciales, en consecuencia el recurso interpuesto resulta fundado.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art.

42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hernán Guzmán Zeballos, Hernán Guzmán Montalbán y Eusebio Cruz Ramos, con los fundamentos expuestos precedentemente; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 30 de 28 de mayo de 2015, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA