TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 301/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : Chuquisaca 26/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Orlando David Soza Villanueva

Delitos                : Estafa y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de octubre de 2015, cursante de fs. 286 a 292, Orlando David Soza Villanueva, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 328/2015 de 16 de septiembre, de fs. 270 a 273, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Andrés Heredia Taboada en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) Por Sentencia 1/2015 de 8 de enero (fs. 231 a 240), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Orlando David Soza Villanueva, autor y culpable de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, condenándole a la pena de cuatro años de reclusión, más costas, pago de daños y perjuicios a favor de la víctima.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Orlando David Soza Villanueva (fs. 245 a 251 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que previa  subsanación (fs. 266 a 267 vta.), fueron resueltos por Auto de Vista 328/2015 de 16 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazó por inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto.


I.1.1. Motivo del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 715/2015-RA de 02 de diciembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los  arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Refiere que el Auto de Vista no tomó en cuenta los argumentos de su recurso de apelación restringida, porque de manera simple declaró la inadmisibilidad del recurso en vulneración de sus derechos constitucionales; además, el Tribunal de alzada no consideró que las observaciones que pidió se realicen, se cumplieron a cabalidad; sin embargo, se declara la inadmisibilidad en violación a la garantía del debido proceso, en su vertiente de la falta de motivación y vulneración al derecho a la defensa, derecho a recurrir; además, de la inadecuada aplicación del art. 408 del CPP, porque el Auto de Vista en su primer motivo señaló que el recurso no precisó ni explicó que es lo que se pretende de las normas adjetivas que denunció; en consecuencia, no se hubiere cumplido con el art. 408 del CPP; sin embargo, en el memorial que subsana lo observado se precisó que las normas violadas eran, el art. 361 del CPP y la Ley 586 señalando que la aplicación que se pretende era dictar una Sentencia en aplicación del art. 361 del CPP, debido a que se incurrió en un defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por incumplimiento del plazo. Con relación al segundo punto apelado, el Auto de Vista señaló que su recurso no precisó las normas legales adjetivas y sustantivas que hubieren sido inobservadas como tampoco precisó que pretende respecto de ellas, por tanto incumplimiento del art. 408 del CPP,  lo cual no es evidente pues en el memorial de subsanación se precisó la norma consistente en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) respecto al (Principio de legalidad), solicitando se de aplicación al art. 363 inc. 3) del CPP, porque su conducta no se subsume a los delitos de Estafa y Estelionato; por lo que, el Auto de Vista incurre en errónea interpretación del art. 408 del CPP, al señalar que normas adjetivas o sustantivas hubieren sido inobservadas o erróneamente aplicadas por el A quo, sobre este punto señaló que el principio de legalidad está relacionado a la adecuada subsunción de los tipos penales; es decir, la tipicidad de los delitos de Estafa y Estelionato ambas normas sustantivas; asimismo, también señaló que además constituye una violación del principio constitucional del in dubio pro reo establecido en el art. 116.I de la CPE, porque ante la duda de la comisión de dichos delitos se le debió absolver. El Auto de Vista en el tercer motivo señaló que no se especifica que se pretende respecto del art. 173 del CPP y cuál el medio probatorio del que se hubiere incurrido en defecto; al respecto, señala que en el memorial de subsanación se refirió la norma infringida como lo es el art. 173 del CPP, porque no se realizó una correcta aplicación de la sana crítica en su vertiente de la lógica y la experiencia por lo que correspondía la aplicación del art. 363 incs. 2) y 3) del CPP, porque no existió prueba suficiente para dictarse una Sentencia condenatoria; por otro lado, con relación a que no se especificó la aplicación de la sana crítica en la valoración de la prueba, sí se señaló como defectuosa la valoración de la declaraciones testificales de Andrés Heredia, Hilarión Durán, Laura Durán, Pablo Camacho; además, de precisar la mala valoración del documento privado de 21 de febrero de 2012, consistiendo en una apreciación equivocada del Tribunal de Sentencia contrarios a los memoriales de apelación y subsanación. El Tribunal de alzada en el cuarto motivo mencionó que no se señala que se pretende de la aplicación del art. 362 del CPP; lo señalado, no es evidente porque del referido artículo indicó que se le sentenció por Estelionato por un bien motorizado diferente al que se señaló en la acusación fiscal y acusación particular y con relación del art. 342 se tiene que la acusación fiscal y particular difiere en cuanto al motorizado, se dice que fue un camión marca Nissan Cóndor y no un automóvil Nissan Wingroad; asimismo, se advierte que el Tribunal de alzada sólo tomo en cuenta la primera parte de su recurso y no la totalidad del mismo porque en él se precisó la norma infringida, como lo que se pretende; asimismo, señaló que los Vocales al declarar inadmisible su recurso obviaron el principio pro actione, favor debilis, pro homine, al no aplicar correctamente el art. 408 del CPP, más aún si en su recurso de apelación restringida señalaron la vulneración de derechos y garantías constitucionales respecto de defectos absolutos que son insubsanables por lo que correspondía al Tribunal de alzada se pronuncie sobre los mismos declarando su procedencia de dicho recurso; sin embargo, de manera lacónica declaran inadmisible sin considerar la vulneración de los arts. 115 y 180 de la CPE.


Con relación la temática planteada invocó como precedentes contradictorios con relación al principio pro actione, favor debilis, pro homine, los Autos Supremos 201/2013 de 2 de agosto, 85/2012-RA de 4 de mayo y con relación a la falta de motivación, el Auto Supremo 52/2012


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se admita el recurso y que este Alto Tribunal “CASE” dicho Auto disponiendo, se anule el Auto de Vista 328/2015 de 16 septiembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, disponiendo que el mencionado Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la apelación restringida, de conformidad al art. 419 del CPP.

I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 715/2015-RA de 02 de diciembre, cursante de fs. 299 a 301, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 01/2015 de 08 de enero, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Orlando David Soza Villanueva, autor de los delitos de Estafa y Estelionato, previsto y sancionado por los arts. 335 y 337 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de presidio, más costas, pago de daños y perjuicios a favor de la víctima.


II.2. De la apelación restringida.


Notificada la parte con tal determinación, Orlando David Soza Villanueva, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 245 a 251 vta.), especificando: 1) En previsión del art. 370 inc. 10) CPP, se incurrió en el siguiente agravio: Según el art. 361 del CPP, la lectura íntegra de la Sentencia deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de tres días, en el caso de autos la Sentencia apelada fue dictada en su parte resolutiva en fecha 8 de enero de 2015, disponiendo su lectura el 11 de enero de 2015 y siendo este día no laborable, habría formulado su objeción para que se lleve a cabo la mencionada audiencia, que como respuesta recibió que en aplicación de la Ley 586 se puede habilitar días y horas inhábiles para ésa audiencia, señalando el imputado que la mencionada norma procesal la Ley 586 en el art. 334, establece que la habilitación se circunscribe para la sustanciación de los juicios orales y no así para todo tipo de audiencias, que de conformidad al art. 130 del CPP, los plazos fijados en días se computan al día siguiente de su legal citación y “SÓLO SE COMPUTAN LOS DIAS HABILES” (sic), refiriendo que por no ser los sábados y domingos días laborables la Sentencia tendría que haberse leído a las 24 horas posteriores a su lectura de su parte resolutiva y no así en  el plazo de tres días, que se debió señalar dicha audiencia para el marte 13 de enero de 2015, considerando defecto insubsanable en virtud de art. 169 inc. 3) del CPP, denunció vulneración del debido proceso, por incumplimiento de plazos, por no ser susceptible de enmienda, conforme las previsiones de los arts. 130, 169 inc. 3) y 370 inc. 10) del CPP, concordante con el art. 115 y 116 parágrafo I de la CPE, citó el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005; 2) Inobservancia o Errónea aplicación de la Ley Sustantiva de los tipos penales de: i) Estafa, por cuanto, para este delito según la Sentencia se habría configurado, cuando ofreció un vehículo en venta al querellante y contradictoriamente habría referido también que se le entregaron $us. 9.000.- (nueve mil dólares estadounidenses) en su beneficio para concretizar la venta de un camión, con la promesa de que iba a cumplir y honrar dicho compromiso, que la mencionada fundamentación jurídica, no configura los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa; toda vez, que: “…para su consumación debe reunir requisitos como usar ardides, engaño, inducir a error al sujeto pasivo para disposición de su patrimonio, haciéndole creer algo inexistente” (sic), que en el caso de autos fue el mismo querellante quien habría manifestado que entregó los dineros de forma voluntaria para  que se lo trajera un motorizado con ciertas características, extremos con los que se habría vulnerado el principio básico de la tipicidad del delito, invocando al efecto los Autos Supremos 241 de 1 de agosto de 2005, 308 de 11 de junio de 2003 y 059/2007 de 27 de enero, los que establecen los parámetros a tomarse en cuenta para adecuar la conducta al tipo penal en cuestión y que al no haber valorado adecuadamente el Tribunal de Sentencia los elementos constitutivos de delito de Estafa, debieron absolverlo de pena y culpa; y, ii) Estelionato, por cuanto el Tribunal de Sentencia fundamentó la comisión del ilícito, refiriendo que la vagoneta dada en garantía en audiencia de conciliación de 16 de marzo de 2012 no era de propiedad del apelante, que de su fundamento se puede observar dos elementos que no se puede obviar; primero, el delito de Estelionato tiene: “…dos presupuestos a) cuando se vende un bien propio, teniendo gravámenes o se halla el litigio y b)  cuando se transfiere un bien ajeno como suyo, en el caso de autos ninguno de estos presupuestos se ha dado, ya al no existir motorizado, no se puede cometer este ilícito, ya que el documento de fecha 21 de febrero de 2012, se habla de un vehículo de manera general, no especifica No. De placa, motor chasis, etc…” (sic), sosteniendo el recurrente como segundo aspecto  de la errónea aplicación del ilícito de Estelionato, sostiene que “ ofreciendo en garantía una vagoneta Nissan Wingroad, esta aseveración del Tribunal ha sido introducida de manera errónea ya que  la querella y las acusaciones tanto fiscal como particular, no hablan de este motorizado como objeto de delito, sino de Nissan Cóndor CM 215, entonces el Tribunal porque refiere este hecho cuando, este bien no ha sido motivo del delito de estelionato” (sic), agregando que, para la configuración del ilícito de Estelionato los bienes deben estar perfectamente individualizados, según la doctrina de Jorge José Valda Daza, que el caso de autos no existiría la individualización de motorizado, sino las referencias de carácter general, aduciendo que no se habría cometido el mencionado ilícito, por inexistencia de los elementos constitutivos, debiendo emitirse Sentencia absolutoria; por lo que, ante la duda razonable debió aplicarse el principio indubio pro reo, según el art. 116 parágrafo I de la CPE, al efecto cita el Auto Supremo 043/2007 de 27 de enero; y, 3) La Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba previsto en el art. 370  inc. 6) del CPP, refiriendo el apelante que el Tribunal de Sentencia arribó a las siguientes conclusiones equivocadas: i) El apelante iba al domicilio del querellante, situación ésta por la que considera valoradas incorrectamente la prueba, pues no se aplicó la sana crítica prevista el art. 173 del CPP, al efecto cita el Auto Supremo 210 de 28 de marzo; ii) El año 2010 hubiere concretizado la venta de un camión a favor del querellante y luego el 2010 le habrían ofrecido otro motorizado, realizando insistentes llamadas a su celular y que ante esa insistencia decidió comprar el camión, afirmación que estaría refrendado por prueba testifical de cargo y descargo; iii) La suma de dinero de $u. 9.000.- (nueve mil dólares estadounidenses), le hubiere ocasionado problemas laborales, familiares, incluso bancarios, por haber obtenido un préstamo bancario que no pudo pagar, que esta conclusión no es cierta; toda vez, que “jamás” habría manifestado tal situación; por lo que, considera que tal declaración testifical es inexistente; iv) Que tres testigos de cargo habrían afirmado que el apelante se ocultaba para no asumir su responsabilidad de la devolución de los $us. 9.000.- (nueve mil dólares estadounidenses), conclusión errada a decir del imputado; v) La conclusión del Tribunal de juicio es errónea al sostener que habiéndose suscrito el documento privado de 21 de febrero de 2012 hasta la fecha, el apelante hubiese utilizado ardides y engaños para sonsacar dineros a la víctima haciéndole creer que les vendía un camión y que sería el documento mencionado la que sustentaría los elementos del tipo penal de estafa, además del Certificado de la Alcaldía de Sucre y las declaraciones testificales de cargo; rebatiendo el apelante esas valoraciones alegando que en fecha 24 de enero de 2010 habría recibido los $us. 9.000.- (nueve mil dólares estadounidenses) y no a momento de suscribir dicho documento privado que fue suscrita el 21 de febrero de 2012, que el primer documento habría sido faccionado por el abogado del querellante, en el que no se acreditaría qué vehículo se transfiere; toda  vez, que no existe número de placa, color, número de motor y número de chasis, “POR CUANTO JAMAS HA EXISTIDO EN MI PODER UN MOTORIZADO…”(sic), que el documento que se suscribió fue para adquirir un motorizado con ciertas características técnicas; por lo que, no se podría aducir que por el incumplimiento del mencionado documento se encontrarían elementos constitutivos del ilícito de estafa; vi) El Tribunal inferior equivocadamente habría concluido que al incumplimiento del documento de 21 de febrero de 2012, se habría suscrito otro de conciliación el 16 de marzo de 2012 en el que reconoció la deuda de los $us. 9.000.- (nueve mil dólares estadounidenses), en el que se habría comprometido a pagar en cierto plazo ése dinero y que además ofreció un motorizado en garantía marca Nissan Wingroad; y, que dicho acuerdo fue incumplido, cuando a criterio del apelante las pruebas de la acusación particular como fiscal harían referencia del compromiso de venta de un camión Nissan Cóndor CM 215 y que no se hizo referencia a una Nissan Wingroad, llegando el Tribunal de juicio a una defectuosa valoración de las pruebas signadas como PD 1, PD2, PD 3, PD4, PD5, PD6 y PD7; vii)  El Tribunal de juicio habría llegado a otra equivocada conclusión, al sostener que el apelante no acreditó documentalmente que se dedicaba a la venta de vehículos, así como no se habría demostrado ningún arrepentimiento y que habría utilizado sus conocimientos legales para engañar a una persona humilde, señalando de temeraria la afirmación realizada por el de mérito; toda vez, que habría asumido su responsabilidad desde un inicio, concluyendo que también existió una defectuosa valoración respecto al punto en cuestión; y, viii) El Tribunal de juicio  afirmó que por su manera de actuar, con relación a los documentos firmados, tenía la intención de llegar a juicio para burlar su responsabilidad, que al fingir una venta de un camión y de garantía un vehículo que no era suyo se hubiere consumado los delitos de Estafa y Estelionato. Arguyendo el apelante que no se puede criminalizar acciones civiles a través de procesos penales, como al que se lo habría sometido en el presente caso.  Y que al hacerlo habrían vulnerado el debido proceso previsto el al art. 116.I de la CPE, afectando la seguridad jurídica y la previsión del art 342 de CPP, por lo que el Tribunal de juicio habría infringido lo previsto por el art 173 del CPP, al no haber explicado la sana crítica en cada una de las pruebas; y, finalmente 4) Denuncia defectos del art 370 inc. 11) del CPP, alegando que la acusación particular fue observada en audiencia conclusiva disponiendo su subsanación respecto al delito de Estafa, misma que no se cumplió y que en base a esa “pseudo” (sic), acusación se inició el juicio oral y que el Tribunal de primera instancia, para sustentar el delito de estelionato habría valorado como prueba un bien dado en garantía, el vehículo motorizado Nissan Wingroad, cuando de las acusaciones tanto particular como fiscal se observaría que se habría cometido el delito de Estelionato cuando transfirió el motorizado NISSAN Cóndor CM215 mediante documento de 21 de febrero de 2012, objetos de delitos muy diferentes, excediéndose el Tribunal de juicio de sus atribuciones al introducir fundamentos de un hecho no traído en la acusación fiscal ni particular, aspectos por los que considera el apelante debió anularse la Sentencia; por cuanto, no le estaría permitido condenarle por hechos distintos a la acusación, invocando la Sentencia Constitucional 0487/2004-R de 31 de marzo de 2004.


II.3.De la orden de subsanación al recurso de apelación restringida


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por decreto de 04 de marzo de 2015 (fs. 264), observó, el recurso interpuesto bajo el siguiente argumento: que en cuanto al primer y segundo motivo: “no explica cuales fueren las normas supuestamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, ni la aplicación que pretende de cada una de ellas; no siendo lo mismo la forma de resolución que se pretende del Tribunal de Alzada (…). En cuanto al tercer motivo de apelación, no indica la aplicación que pretende de las normas que considera supuestamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, ni explica qué reglas de la sana crítica también se hubieren omitido (observación que se realiza en mérito a los dispuesto por el A.S. No 151/2013 de 18 de junio y A.S. No 214 de 28 de marzo de 2007). Con relación al último motivo de apelación, ni explica cuáles fueren las normas supuestamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, ni la aplicación que pretende de cada una de ellas” (sic), de acuerdo a lo establecido por el art. 408 del CPP, concedió el plazo de tres días, para subsanar la omisión detallada, bajo apercibimiento de rechazo conforme prevé el art. 399 de la citada norma.


II.4. Memorial de subsanación.


El recurrente subsanó el recurso de apelación restringida interpuesto, con los siguientes argumentos:


a) Primer motivo.- Se puede evidenciar que en la Sentencia el Tribunal ha incumplido lo dispuesto por el art. 361 del CPP, que refiere que la lectura íntegra de la Sentencia se lo realice en plazo máximo de tres días, en el caso de autos la Sentencia se dictó el 8 de enero de 2015 (jueves)  dándose lectura el 11 de enero de 2015 (domingo), aplicando incorrectamente la Ley 586 que modifica el art. 334 del CPP; sin embargo, no modifica el art. 361 de la misma norma legal; por lo que, se hubiere incurrido en defecto insubsanable previsto por el art 169 inc. 3) de la norma citada violentando los arts. 1, 130, 160 inc. 3), 370 inc. 10) del CPP, concordante con los arts. 115 y 116 parágrafo I de la CPE, a cuyo efecto solicita anular la Sentencia y remitirse para nuevo juicio.


b) Segundo motivo.- Que el Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta los elementos constitutivos tanto objetivos como subjetivos de los tipos penales endilgados al imputado; por cuanto, no se subsumió su conducta de manera correcta a los ilícitos por los que fue juzgado, vulnerando el principio de tipicidad y legalidad que son parte del debido proceso, previstos en los arts. 115, 116 parágrafo I y 180 de la CPE, incurriendo en defecto absoluto no susceptible de convalidación previsto el art. 169 inc. 3) de la norma citada, debiendo dictar nueva Sentencia en aplicación al art. 363 inc. 3) del CPP; invocando los Autos Supremos 047/2012 de 23 de marzo, 111/2014 de 11 de abril y 82/2006 de 30 de enero.

c) Tercer motivo.- Que la Sentencia “confutada” (sic), no realizó una correcta valoración de las pruebas al no aplicar las reglas de a sana crítica, respecto a la lógica y la experiencia, ya que las pruebas documentales y testificales son contundentes cuando afirman que el querellante y sus dos familiares ha ido a dejar el dinero a su domicilio de manera voluntaria, para la compra de un camión con ciertas características, que el apelante se comprometió a comprar, señalando entonces que no podía cometer el delito de estelionato cuando   “JAMAS HA EXISTIDO DICHO MOTORIZADO” (sic), sosteniendo “si no existe objeto del delito, por LOGICA consecuencia, no pude haber cometido el delito de estelionato, menos de estafa, además se tiene que era un contrato a futuro, el mismo que debió resolverse en la vía civil…” (sic); consecuentemente, el Tribunal de juicio incurrió en incorrecta valoración de la prueba de conformidad al art. 173 del CPP y que debió aplicar el art. 363 incs. 2) y 3) de la Ley 1970, dictando Sentencia absolutoria.

d) Cuarto motivo.- De la acusación fiscal como particular, se estableció que el apelante cometió el delito de estelionato transfiriendo un vehículo “inexistente” (sic), marca Nissan Cóndor CMK 215, sin placa de control, ni numeración de chasis y motor, que el Tribunal de mérito lo sancionó por el delito de estelionato de un vehículo marca Nissan Wingroad, el mismo que no fue objeto de investigación, vulnerando el art. 362 del CPP, por habérsele condenado por un hecho distinto al acusado y que el Tribunal debió dar cumplimiento al art. 342 de la norma citada, consecuentemente se vulneró el debido proceso, el derecho amplio a la defensa, previsto en los arts. 115 y 116 de la CPE, sustentando  que debió aplicarse el art. 413 del CPP.


II.6. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista 328/2015 de 16 de septiembre (fs. 270 a 273), rechazó por inadmisible el recurso de apelación restringida, por no haber subsanado los defectos observados en el recurso, bajo los siguientes fundamentos referidos al motivo de casación: en cuanto se refiere al primer motivo del recurso, si bien el impugnante primero acusa que el Tribunal de Sentencia hubiere vulnerado el art. 361 del CPP, al dictar la Sentencia, incumpliendo plazo para dictarla en día domingo, también acusa de manera genérica y sin explicación y  menos precisión individualizada, la vulneración de los arts. 1, 130, 160 inc. 3), 370 inc. 10) del CPP, así como tampoco precisa y menos explica qué es lo que pretende respecto de dichas normas adjetivas penales acusadas de infringidas, limitándose a pedir el reenvío, cuando se habría hecho notar en el decreto de observación que debía precisar la aplicación pretendida; por lo que, concluyó el Tribunal de alzada que no se cumplió con la observación, con lo legal y específicamente exigido, especialmente a los párrafos primero y segundo del art. 408 del CPP, rechazando el motivo por inadmisible.


En cuanto a lo observado al segundo motivo, si bien se advierte del memorial de subsanación que hace mención a la infracción del principio de legalidad previsto en el art. 180 de la CPE y que el Tribunal de Sentencia debía dictar Sentencia absolutoria conforme la previsión del art. 363 inc. 3) del CPP; sin embargo, no precisó qué normas legales (adjetivas o sustantivas), hubieren sido inobservada o erróneamente aplicadas o interpretadas por el Ad quo, así como no precisó la aplicación pretendida respecto de ellas; por lo que, dio por no cumplido la observación realizada por el Tribunal de alzada, incumpliendo lo exigido principalmente por los párrafos primero y segundo del art. 408 del CPP, omisión que hizo inadmisible también el segundo motivo del recurso.


En cuanto al tercer motivo, el apelante si bien de manera genérica, acusa que el Ad quo no observó las reglas de la sana crítica referidas a la lógica y la experiencia y que con ello se hubiere infringido el art. 173 del CPP; sin embargo, no precisó respecto de la valoración de qué medio probatorio se hubiere incurrido en el defecto que acusó, teniendo en cuenta además que en el recurso de apelación se hizo referencia y se cuestionó todas las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito, en la cual se habría observado valoración intelectiva e integral de la prueba producida, así como tampoco especificó la aplicación pretendida respecto a la norma adjetiva penal que acusa de vulnerada, que como se lo observó no resulta ser lo mismo que la resolución que debe emitir el de alzada, no se cumplió con lo observado; y, menos aún con lo exigido en términos de fundamentación precisa y suficiente por el art. 408 del CPP.


Finalmente, respecto al cuarto motivo, sostiene, que si bien el apelante identificó la norma vulnerada, el art. 363 del CPP, explicando brevemente el por qué consideró infringida la misma; sin embargo, no precisó qué pretendía de ella, volviendo a incurrir en el error de considerar cómo este Tribunal debe resolver el recurso, puesto que pidió la anulación de la Sentencia en virtud del art. 413 del CPP, pidiendo se imponga responsabilidad al Tribunal de Sentencia; en consecuencia, se tuvo por no cumplidas con las observaciones efectuadas; por lo que, se rechazó también por inadmisible el recurso de apelación restringida, sin ingresar a su consideración en el fondo.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Precisado el motivo en el presente recurso, este Tribunal deberá resolver si evidentemente el Tribunal de alzada de manera simple e ilegal declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida, entrando en contradicción con los precedentes invocados.


III.1. De los precedentes invocados por el recurrente


En cuanto al Auto Supremo 201 de 2 de agosto de 2013, fue dictado por la Sala Penal Segunda de este alto Tribunal de Justica, en la resolución de un recurso de casación, interpuesto por los imputados por el delito de Sustancias Controladas, donde se observó que el Tribunal de apelación rechazó por inadmisible la apelación restringida,  a pesar de haber cumplido con la observación extrañada subsanando la apelación en el plazo legal ante el Tribunal de juicio, que fue el que les notificó con la observación, por lo que, el Tribunal de alzada aplicó el art. 399 del CPP, rechazándolo por inadmisible, con el argumento de que ambos imputados a pesar de haber sido notificados legalmente con la observación de subsanación, no cumplieron con la conminatoria dentro del plazo de tres días que se les otorgó; es decir, no han presentado ningún memorial complementario, cuyo fallo dio origen al recurso de casación, en el que se dejó sin efecto, habiendo emitido la siguiente conclusión:


  “En consecuencia, se concluye que el Tribunal de alzada al declarar inadmisibles los recursos de apelación restringida interpuestos por los recurrentes porque no hubiesen presentado memorial de subsanación ante ese Tribunal, vulneró el derecho de recurrir de los imputados, pues los antecedentes demuestran que en cumplimiento de la Resolución emitida por ese mismo Tribunal el 15 de noviembre de 2012, en tiempo hábil y oportuno, presentaron los memoriales de subsanación ante el Tribunal de Sentencia que diligenció la notificación con aquella Resolución, cuyo titular los aparejó al cuaderno procesal y los remitió ante el Tribunal de apelación, incluido el acta de lectura íntegra de sentencia que fuera extrañada; por lo que correspondía la consideración de esos memoriales a los fines de verificar si los recurrentes cumplieron o no con las observaciones que fueran formuladas, para ingresar al fondo de los recursos en el primer supuesto o declararlos inadmisibles en el segundo, pero con base a los motivos que la norma establece.


De lo glosado, se constató que no resulta aplicable al caso concreto, debido a que se dejó sin efecto el Auto Vista recurrido, por haber demostrado que en cumplimiento de la Resolución de subsanación, los apelantes habrían presentado en tiempo hábil y oportuno, los memoriales de subsanación ante el Tribunal de Sentencia que diligenció la notificación con aquella Resolución, cuyo titular los aparejó al cuaderno procesal y los remitió ante el Tribunal de apelación, incluido el acta de lectura íntegra de sentencia que fuera extrañada; por lo que este Tribunal concluyó que correspondía la consideración de los memoriales de apelación restringida a los fines de verificar si los recurrentes cumplieron o no con las observaciones que fueran formuladas, aspecto diferente al supuesto fáctico en análisis, donde el cuestionamiento se circunscribe al análisis de admisibilidad, una vez otorgado y cumplido el plazo de tres días para subsanar las observaciones efectuadas por el Tribunal de alzada; en consecuencia, no es posible efectuar una contrastación de su contenido con el motivo de casación.


El Auto Supremo 52 de 4 de mayo de 2012, dictado en un caso en el que los imputados fueron condenados por los delitos de difamación, calumnias, injurias y propalación de ofensas, razón por la que apelaron, medio de impugnación declarado improcedente por el Tribunal de alzada, originando el recurso de casación, denunciando que el Auto de Vista entre otros motivos no se encuentra debidamente fundamentada y motivada, incumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, vulnerando los arts. 124 y 398 del CPP, conculcando principios y garantías constitucionales, razón por la cual este alto Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el Auto de Vista apelado, con el siguiente razonamiento:

Al respecto es necesario expresar que siendo el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales una garantía para el justiciable, frente a posibles arbitrariedades judiciales, que tiene como finalidad resguardar que las resoluciones no se encuentren justificadas en meras apreciaciones de las autoridades judiciales, sino en datos objetivos que proporcionan los antecedentes cursantes en obrados y el ordenamiento jurídico, por lo que la fundamentación debe ser expresa y puntual, sin acudir a fundamentos evasivos, imprecisos, ni contradictorios y que dejen en estado de incertidumbre y/o inseguridad a las partes respecto a su pretensión jurídica.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida, o cuando recurriendo a argumentaciones evasivas, confusas, arbitrarias o contradictorias, omite pronunciarse sobre el fondo, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal, deviniendo en consecuencia en defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión al recurrente.”


El supuesto fáctico que dio lugar al precedente expuesto, referido a la falta de fundamentación y motivación de cada uno de los puntos apelados, al no guardar similitud con la problemática formulada en el recurso de casación, estrictamente referido al análisis de admisibilidad, en cumplimiento a los requisitos previstos en el 408 del CPP, no corresponde ser considerada a efecto de contrastación.


III.2. Del control de admisibilidad del recurso de apelación restringida y su análisis


Sobre la temática, el recurrente invocó el Auto Supremo 85 de 4 de mayo de 2012, dictado por la Sala Penal Segunda por este alto Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Daño Calificado, en el que la apelante denunció que el Tribunal de alzada, de manera simple declaró la inadmisibilidad de su recurso, sin considerar que el Tribunal de juicio incurrió en defectos absolutos por errónea aplicación de la Ley Sustantiva del delito de Daño Calificado, argumentado que su conducta no se adecuaba al tipo penal por el que se la sancionó a tres años y seis meses; es así, que se constató que la resolución impugnada incurrió en vulneración derechos y garantías constitucionales por errónea aplicación de la ley sustantiva, razón por la que fue dejada sin efecto, estableciendo como doctrina legal aplicable: “Constituyendo un derecho fundamental el "derecho de impugnación", conforme garantiza el 180.II de la CPE que coincide con art. 8.2 inc. h) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Tribunales de Alzada que conozcan recursos de apelación restringida, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, tienen el deber de realizar la labor de control del desarrollo del proceso, revisando que el mismo se haya desplegado sin la concurrencia de vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales, que según el art. 169.3 del CPP constituyen defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación; empero, estos tienen que ser denunciados al interior del proceso.” (las negrillas nuestra).


El precedente invocado por el apelante, resulta aplicable al caso concreto, debido a que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, por haber vulnerado el derecho de impugnación y principios de legalidad y tutela judicial efectiva, como efecto de la declaratoria de inadmisibilidad de su recurso de apelación restringida; aspecto similar al caso de autos en el que se denuncia que el tribunal de alzada al declarar de manera simple la inadmisibilidad de la apelación restringida, habría vulnerado la garantía del debido proceso, en su vertiente de falta de motivación, derechos a la defensa y a recurrir, por lo que es posible efectuar la contrastación de su contenido con el motivo de casación.


Adicionalmente, este máximo Tribunal de Justicia, con relación al resguardo del derecho de recurrir o de impugnación y el análisis que se debe desarrollar al respecto, estableció en el Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril de 2013, la siguiente doctrina legal: “…En consecuencia, la decisión de rechazo del recurso de apelación restringida de los motivos 1) a 5), asumida por el Tribunal de apelación, a través de la resolución judicial impugnada, ha vulnerado el derecho de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva, por excesivo rigorismo, pues por un lado su decisión se basó en supuestos defectos que no fueron advertidos al recurrente oportunamente para su subsanación dentro del plazo otorgado por el art. 399 del CPP, y por otro, no consideró que el ejercicio de la valoración para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, debe interpretar estas exigencias en el respeto del derecho de acceso al recurso y de la tutela judicial efectiva, sin limitarse a una aplicación literal de la disposición legal o aplicarla de forma excesivamente rigurosa y formalista, determinando obstáculos innecesarios carentes de justificación. A tal efecto, todo tribunal de apelación, debe analizar cuidadosamente la fundamentación que el recurrente realiza tanto en su recurso de apelación restringida como en la subsanación, si es el caso, para determinar si cumplió con las exigencias legales o puede entenderse de esas fundamentaciones la norma que considera violada o erróneamente aplicada y la aplicación que pretende(Resaltado propio).


En ese entendido, resulta claro que el Tribunal de alzada a tiempo de efectuar el análisis de admisibilidad, debe propugnar el derecho de impugnación del recurrente, evitando aplicar la norma de manera literal y excesivamente rigurosa, analizando si del contenido del memorial de apelación y/o subsanación, se infiere el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.


III.3.Análisis del caso concreto.


En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene que el recurrente Orlando David Soza Villanueva, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 328/2015 de 16 de septiembre, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que en cuanto a los motivos del recurso de apelación restringida, después de la subsanación, rechazó sin más trámite el recurso, correspondiendo en consecuencia analizar el rechazo del recurso de apelación restringida presentado por el recurrente, a fin de establecer si esa determinación es contradictoria con el Auto Supremo 85 de 4 de mayo de 2012 y si no se afectó los derechos y garantías constitucionales del recurrente.


Sobre tales argumentaciones, se tiene que el Tribunal de alzada, por proveído de 04 de marzo de 2015, observó el memorial de apelación restringida en lo referente a los motivos primero y segundo señalando: “no explica cuales fueren las normas supuestamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, ni la aplicación que pretende de cada una de ellas; no siendo lo mismo la forma de resolución que se pretende del Tribunal de Alzada” (sic). En cuanto al tercer motivo, “no indica la aplicación que pretende de las normas que considera supuestamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, ni explica qué reglas de la sana crítica también se hubieren omitido (observación que se realiza en mérito a los dispuesto por el A.S. No 151/2013 de 18 de junio y A.S. No 214 de 28 de marzo de 2007)” (sic); con relación al último motivo de apelación, “ni explica cuáles fueren las normas supuestamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, ni la aplicación que pretende de cada una de ellas” (sic).


Ante estas observaciones, el imputado Orlando David Soza Villanueva presentó memorial de subsanación, señalando: “Respecto al primer motivo, se puede evidenciar que en la Sentencia el Tribunal ha incumplido lo dispuesto por el art. 361 del CPP, que refiere que la lectura íntegra de la Sentencia se lo realice en plazo máximo de tres días, en el caso de autos la Sentencia se dictó el 8 de enero de 2015 (jueves) dándose lectura el 11 de enero de 2015 (domingo), aplicando incorrectamente la Ley 586 que modifica el art. 334 del CPP; sin embargo, no modifica el art. 361 de la misma norma legal; por lo que, se hubiere incurrido en defecto insubsanable previsto por el art 169 inc. 3) de la norma citada violentando los arts. 1, 130, 160 inc. 3), 370 inc. 10) del CPP, concordante con los arts. 115 y 116 parágrafo I de la CPE, a cuyo efecto solicitando anular la Sentencia y remitirse para nuevo juicio” (sic); respecto a lo cual, el Ad quem concluyó “…a su vez, también acusa y de manera genérica y sin explicación y menos precisión individualizada alguna, la vulneración de los arts. 1, 130, 160 inc. 3), 370 inc. 10) del CPP, así como tampoco precisa y menos explica qué es lo que pretende respecto de dichas normas adjetivas penales que acusa de infringidas, limitándose nuevamente a pedir que este Tribunal anule la Sentencia y se ordene el reenvío del juicio, cuando claramente se habría hecho notar en el decreto de observación que la aplicación debía precisar no estaba relacionada con la forma de Resolución que debía emitir el Tribunal de Alzada…” (sic), rechazando este motivo por inadmisible.


Ahora bien, este Tribunal entiende que el recurrente explicó como disposición vulnerada el art. 361 del CPP, argumentando que el Tribunal de mérito no dio cumplimiento al mismo, aplicándose incorrectamente la Ley 586, por lo se hubiere incurrido en defecto insubsanable previsto en el art. 169 inc. 3) violentando los arts. 1, 130, 160 inc. 3) y  370 inc. 10) de la misma norma procesal penal; en consecuencia, se advierte que el recurrente citó las normas vulneradas y erróneamente aplicadas, expresando su pretensión, traducida en la nulidad de la Sentencia y se remita para un nuevo juicio, por lo que la declaratoria de inadmisibilidad determinada por el Tribunal de alzada, vulneró los derechos al debido proceso, de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva, por excesivo rigorismo, entrando en contradicción con la doctrina legal desglosada en el apartado III.2. de este Auto Supremo; consecuentemente, este motivo deviene en fundado.


Respecto al segundo motivo, el imputado arguyó en su memorial de subsanación, que el Tribunal de Sentencia no habría tomado en cuenta los elementos constitutivos tanto objetivos como subjetivos de los tipos penales endilgados al imputado; por cuanto, no se subsumió su conducta de manera correcta a los ilícitos por los que fue juzgado, vulnerando el principio de tipicidad y legalidad que son parte del debido proceso, previstos en los arts. 115, 116 parágrafo I y 180 de la CPE, incurriendo en defecto absoluto no susceptible de convalidación previsto el art. 169 inc. 3) de la norma citada, debiendo dictar nueva Sentencia en aplicación al art. 363 inc. 3) del CPP. Al efecto, el Tribunal de apelación, concluyó que “si bien en dicho memorial se hace mención a la infracción del principio de legalidad previsto el en el art. 180 de la CPE y que el Tribunal de Sentencia debía dictar Sentencia absolutoria conforme lo prevé  el 363-3) del CPP; sin embargo, no precisa qué normas legales (adjetivas o sustantivas) hubieren sido inobservadas, erróneamente aplicadas o interpretadas por el Ad quo, así como tampoco precisa qué pretendiere respecto a ellas, volviendo a confundir el modo de cómo éste Tribunal de Alzada debe resolver el recurso formulado…” (sic), a cuyo efecto lo rechazó por inadmisible.


Revisada la actuación del Tribunal inferior, se advierte ser cierto y evidente que el recurrente no obstante aducir que el Tribunal de mérito, no tomó en cuenta los elementos constitutivos de los tipos endilgados, no especificó norma sustantiva o procesal penal respecto a dicha denuncia, mucho menos explicó cuál la forma en la que las normas extrañadas (que no fueron identificadas) debían haber sido aplicadas o interpretadas, resultando coherente el argumento de los de alzada en sentido de que, la pretensión respecto a las disposiciones cuya aplicación solicita el impugnante, no se equipara a la forma de resolución que pide del Tribunal de apelación, por cuanto ésta sería simplemente una consecuencia del análisis previo de la normas jurídicas extrañadas; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna del debido proceso, el derecho a la defensa y a recurrir, por cuanto el recurrente no cumplió con subsanar las observaciones efectuadas por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Del tercer motivo, se advierte que el imputado alegando que la Sentencia “confutada” (sic), no realizó una correcta valoración de las pruebas al no aplicar las reglas de la sana crítica, respecto a la lógica y la experiencia, ya que las pruebas documentales y testificales son contundentes cuando afirman que el querellante y sus dos familiares fueron a dejar el dinero a su domicilio de manera voluntaria, para la compra de un camión con ciertas características, que el apelante se comprometió a comprar, señalando entonces que no podía cometer el delito de estelionato cuando “JAMAS HA EXISTIDO DICHO MOTORIZADO” (sic), sosteniendo “si no existe objeto del delito, por LOGICA consecuencia, no pude haber cometido el delito de estelionato, menos de estafa, además se tiene que era un contrato a futuro, el mismo que debió resolverse en la vía civil…” (sic); acusando que el Tribunal de juicio incurrió en incorrecta valoración de la prueba de conformidad al art. 173 del CPP y que debió aplicar el art. 363 incs. 2) y 3) de la Ley 1970. Los Jueces de alzada, determinaron, que “no precisa respecto de la valoración de qué medio probatorio se hubiera incurrido en el defecto que se acusa, ello, teniendo en cuenta el hecho además, de que en el recurso de apelación principal, se hace referencia y se cuestiona todas las conclusiones arribadas por el Ad-quo en la Sentencia apelada ( ) así como tampoco especifica qué es lo que pretende respecto de la norma adjetiva penal que acusa de vulnerada…” (sic); razonamientos que resultan coherentes y evidentes de la lectura del memorial de subsanación, por cuanto el recurrente además de no concretar las pruebas cuestionadas o consideradas defectuosamente valoradas, respecto a este extremo no citó norma jurídica violada o inobservada, sumado a ello que, nuevamente omitió, establecer su pretensión, por lo que este Tribunal constata que el motivo traído a casación tampoco resulta evidente, por lo que mal se puede aducir que se vulneró algún derecho denunciado por el recurrente o que el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada y la adicional citada en este Auto Supremo.

Finalmente, con relación al cuarto motivo, del memorial de recurso de apelación restringida y subsanación, el imputado manifestó que: “De la acusación fiscal como particular, se estableció que el apelante cometió el delito de estelionato transfiriendo un vehículo inexistente (sic), marca Nissan Cóndor CMK 215, sin placa de control, ni numeración de chasis y motor, que el Tribunal de mérito lo sancionó por el delito de estelionato de un vehículo marca Nissan Wingroad, el mismo que no fue objeto de investigación, vulnerando el art. 362 del CPP, por habérsele condenado por un hecho distinto al acusado y que el Tribunal debió dar cumplimiento al art. 342 de la norma citada, consecuentemente se vulneró el debido proceso, el derecho amplio a la defensa, previsto en los arts. 115 y 116 de la CPE, sustentando que debió aplicarse el art. 413 del CPP” (sic); revisados los antecedentes, a fs. 272, el Auto de Vista en su considerando dos, señaló respecto al motivo: “…si bien precisa cuál considera la norma legal vulnerada, identificando la contenida en el art.  362 del CPP, explicando brevemente por qué considera infringida la misma; sin embargo, no precisa qué pretende de ella, volviendo a incurrir en el error de considerar cómo este Tribunal debe resolver el recurso, puesto que pide que de conformidad al art. 413 del CPP, se anule la sentencia y se imponga responsabilidad al tribunal de Sentencia;…” (sic). Al respecto, esta Sala halla que el recurrente cumplió con su obligación de identificar la norma que consideró vulnerada, tal cual lo reconoce el Tribunal de alzada, indicando como tal el art. 362 del CPP, señalando además que se lo condenó por un hecho distinto al acusado, refiriendo como aplicación pretendida el cumplimiento de los arts. 342 y 413 de la norma procesal citada; por lo que el fallo de rechazo del recurso de apelación restringida de este motivo, nuevamente, vulnera el debido derecho, así como el de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva, entrando en contradicción con la doctrina legal citada en el acápite III.2. de esta Resolución, por excesivo rigorismo y formalismo; pues si bien es cierto que el Tribunal de apelación a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, tiene la misión de velar por su cumplimiento, conforme la abundante jurisprudencia emanada por este Tribunal, no es menos cierto que también deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, con criterios de proporcionalidad a los efectos de admisión del recurso, que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales o dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional; en ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardara proporción con el fin. A tal efecto, todo tribunal de apelación, debe analizar cuidadosamente la fundamentación que el recurrente realiza tanto en su recurso de apelación restringida como en la subsanación, si es el caso, para determinar si cumplió con las exigencias legales o puede entenderse de esas fundamentaciones la norma que considera violada o erróneamente aplicada y la aplicación que pretende, consecuentemente este motivo deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, declara fundado en parte el recurso de casación interpuesto por Orlando David Soza Villanueva y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 328/2015 de 16 de septiembre de fs. 270 a 273, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces penales de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA