TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 300/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 83/2015

Parte Acusadora                : Juan Carlos Ortuño Salinas

Parte Imputada                : José Antonio Llanos Castellón y otra

Delitos                        : Despojo y otros

Magistrada Relatora                : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de julio de 2015, cursante de fs. 352 a 355 vta. José Antonio Llanos Castellón, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 29 de 17 de abril de 2015 (fs. 323 a 326 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Juan Carlos Ortuño Salinas en representación de Julio César Ortuño Ortuño contra el recurrente y Danelia Oliva Melgar, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 355 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) Por Sentencia 34/2014 de 25 de septiembre (fs. 237 a 244 vta.), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a José Antonio Llanos Castellón, autor de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión y absuelto de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Usurpación Agravada, tipificados por los arts. 353 y 355 de la citada Ley; asimismo, declaró a Danelia  Oliva Melgar, absuelta de la comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de la Posesión y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 355 del CP.


b) Contra la mencionada la Sentencia, el imputado José Antonio Llanos Castellón (fs. 281 a 284 vta.) y la parte acusadora Juan Carlos Ortuño Salinas en representación de Julio César Ortuño Ortuño (fs. 287 a 291), respectivamente, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 281 a 284 vta. y de fs. 287 a 291), resuelto por el Auto de Vista 29 de 17 de abril de 2015 (fs. 323 a 326 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación del recurso de casación.


I.2. Del motivo del recurso de casación


Del recurso de casación y el Auto Supremo 697/2015-RA de 30 de noviembre, cursante de fs. 364 a 366, se tiene el siguiente motivo a ser analizado:


El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en errónea interpretación de la ley por falta de reparación de sus “derechos constitucionales, como el debido proceso” (sic.), añade que no existió prueba suficiente que demuestre su culpabilidad debido a que nunca invadieron ni mandaron invadir el predio o habitaciones del querellante, sustentándose la Sentencia en pruebas sin asidero legal, basándose en el video ofrecido como prueba que no fue judicializado, introduciéndolo ilegalmente “sin dar oportunidad a las pruebas de descargo” (sic), debido a que el Juez dictó Sentencia minutos después de introducir la citada prueba, impidiéndole gozar de la igualdad de oportunidades incumpliéndose con el debido proceso y vulnerándose los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, errores y actividad procesal defectuosa que debieron ser corregidos por el Tribunal de alzada, debiendo tenerse en cuenta, que estos defectos provienen del Juez de Sentencia; por cuanto, no puede concebirse como convalidado.


Por otro lado, manifiesta que el Tribunal de alzada no consideró sus denuncias formuladas en apelación restringida, referidas a: i) Errónea aplicación de la norma sustantiva; ii) Que el imputado no se encuentra debidamente individualizado; iii) El hecho no fue determinado de acuerdo a las circunstancias; y, iv) La Sentencia se basó en elementos de prueba no incorporados legalmente; debido a que se introdujo el video poco antes de que se dicte Sentencia, sin darle la oportunidad de objetarlo a través de la exclusión probatoria; defectos previstos en los incs. 1), 2), 3) y 4) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Agrega que el presente caso es un error de tipo, debido a que los deterioros en los bienes del querellante se debieron a situaciones climáticas; además, que procedieron a la reparación de la pared colindante, resultando un error invencible conforme prevé el art. 16 del CP, porque nunca ingresaron al lugar del conflicto, lo cual decantó en una violación de sus derechos a un debido proceso con relación al derecho a la defensa conforme señalan los arts. 115. I - .II, y 117. I de la CPE; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita: “que se admita el presente recurso de Casación y se declare fundamentado, toda vez que Auto de Vista y sentencias constitucionales, todo de conformidad a lo dispuesto por los Arts, 416, 417, 418, 419 y 420 del Código de Procedimiento Penal, para que se pronuncie una nueva resolución debidamente motivada y de acuerdo con la doctrina legalmente establecida” (sic).


I.2. Admisión de los recursos.


Por Auto Supremo 697/2015-RA de 30 de noviembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación formulado por José Antonio Llanos Castellón, vía flexibilización, en lo concerniente solamente a que el Tribunal de alzada hubiere incurrido en errónea interpretación de la ley, por cuanto no habría considerado la introducción ilegal de la prueba consistente en un video que no fue judicializado previo al dictamen de la Resolución final, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. Juicio oral.


En juicio oral constituido en audiencia pública con la finalidad de realizar la inspección judicial en fecha 19 de septiembre de 2014 (fs. 228 a 229), el querellante Juan Carlos Ortuño Salinas presentó una filmación sobre los hechos que el relata y en la misma audiencia, el Dr. José Alfredo Lobos, abogado de la parte querellante, señala “tenga en cuenta doctor al momento de dictar su sentencia ya que las pruebas se han contaminado y a mi parecer creo que los videos no han sido presentado como prueba o en la apertura de juicio oral no se a judicializado, eso es todo señor juez” (sic).


II.2.De la Sentencia.


El Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz de la Sierra, en el apartado “Producción de la prueba”, inspección judicial de cargo y de descargo, estableció que en fecha 19 de septiembre de 2014, a horas 15:30, se procedió a la inspección judicial in situ, en el inmueble de la litis, con la presencia de todos los sujetos procesales y sus abogados en donde se pudo evidenciar que efectivamente existiría una pieza de habitación que habría sido inutilizada, y que se encontraba sin techo, “de igual manera el querellante muestra un video en el cual se puede observar la presencia de JOSÉ LUIS LLANOS CASTELLON con un martillo destruyendo la construcción de referencia, la cual fuera puesta a conocimiento del suscrito Juzgador”. (sic) (La negrilla es nuestra).


II.3.Recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, la parte imputada José Antonio Llanos Castellón formula recurso de apelación restringida, acusando que el fallo se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, bajo el justificativo de que se incorporó ilegalmente al proceso un video, sin haber sido judicializado, durante la inspección judicial en el lugar de los hechos, cuando no fue ofrecido como prueba de cargo y que esa situación habría sido observada por su abogado defensor José Alfredo Lobos, conforme consta a fs. 228. Se vulneró el derecho al defensa y el principio de contradicción en juicio.


II.4.Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida fue resuelta por el Auto de Vista 29 de 17 de abril de 2015, en el que se concluyó que las pruebas presentadas en el juicio oral, entre ellas las literales y testificales así como la inspección ocular, han sido insertadas al juicio oral y valoradas con sano criterio y prudente arbitrio, usando las facultades que otorgan los arts. 171 y 173 del CPP, no habiéndose incurrido en ninguno de los casos previstos por el art. 370 del CPP, valorando todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo correspondientes, con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el caso presente, la parte imputada recurre de casación denunciando que el Tribunal de alzada no hubiere considerado la introducción ilegal de la prueba consistente en un video que no fue judicializado, vulnerando el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa; correspondiendo resolver la problemática planteada en los siguientes términos:


III.1. De la incorporación de prueba al juicio oral.


A objeto de resolver problema jurídico planteado, conviene recordar las garantías constitucionales durante la actividad probatoria está regida en primera oportunidad dentro del texto del Código de Procedimiento Penal en el art. 13, que al tenor indica: “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”.


Con referencia, a las pruebas audiovisuales y legalidad, el art. 355 del CPP, estableció: “Las pruebas literales serán leídas y exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen. El Juez o el Presidente del Tribunal, en base al acuerdo de las partes, podrá ordenar la lectura parcial de éstas.


Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado.


Las grabaciones y elementos de convicción de prueba audiovisuales serán reproducidos en la forma habitual.


Se podrán efectuar careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado”. (La negrilla es nuestro).


En ese sentido, a efectos de establecer si la introducción al juicio oral de la prueba, fue de manera ilegal, es importante observar la previsión contenida en el art. 171 del CPP que señala: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho de la responsabilidad y de la personalidad del imputado.


Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto.

Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”.


La normativa glosada permite la libertad probatoria; es decir, el Juez o Tribunal de Sentencia durante el desarrollo del juicio oral, podrá admitir todos los medios de prueba lícitos que sirvan para esclarecer el hecho y la responsabilidad penal del imputado; sin embargo, la libertad probatoria tiene el límite establecido en el art. 172 del CPP, esto es, la posibilidad de excluir prueba cuando refiere: “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.


Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código”.


Lo anteriormente dicho, señala de manera clara los instrumentos y limitantes que el sistema procesal penal vigente posee con referencia a la introducción de pruebas en juicio oral; que se encuentran frontalmente referidos a los principios rectores de la prueba, tales como el de libertad probatoria y el de pertinencia (ambos recogidos en el texto del art. 171 del CPP); y a la plena actividad de acusación y defensa en el momento procesal pertinente a ser ejercida por las partes.


Dentro de este marco, este Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 14/2013 de 6 de febrero, respecto a la introducción de la prueba y su legalidad estableció: “Uno de los principios que sustentan la actividad probatoria en materia penal en la jurisdicción del Estado, es el de legitimidad, dónde un medio de prueba será legítimo si no está prohibido expresamente por el ordenamiento jurídico procesal penal vigente o por el ordenamiento jurídico en general; y extensivo a que la actividad de probanza no sea contraria a la ética, o la dignidad e integridad de las personas; por ello el respeto a las garantías constitucionales durante la actividad probatoria está regida en primera oportunidad dentro del texto del Código de Procedimiento Penal en el art. 13, que al tenor indica: Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.


Aquella garantía procesal, delimita un contrapeso y escudo de protección para con el imputado, pues de manera taxativa se instruye la labor de los juzgadores de constatación de no vulneración de garantías tanto constitucionales como procesales, en el momento preciso del desfile probatorio, como en el trabajo de valoración de la prueba producida, quedando eximida de manera frontal la probabilidad de valoración de elementos o medios que contradigan la gama de garantías constitucionales previstas no solo en la Constitución Política del Estado, sino también en las Convenciones y Tratados internacionales suscritos y vigentes en el Estado conforme prevé el art. 172 del CPP.


De igual manera el art. 71 del CPP, al señalar que los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la  Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes, inclina de manera específica acciones de protección para con el imputado sobre el actuar del Ministerio Público como sujeto procesal, concepto que se halla estrechamente ligado al llamado principio de oficialidad de la prueba detentado por aquella Magistratura.


Lo anteriormente dicho, señala de manera clara los instrumentos y limitantes que el sistema procesal penal vigente posee con referencia a la introducción de pruebas en juicio oral; que se encuentran frontalmente referidos a los principios rectores de la prueba, tales como el de libertad probatoria y el de pertinencia (ambos recogidos en el texto del art. 171 del CPP); y a la plena actividad de acusación y defensa en el momento procesal pertinente a ser ejercida por las partes”.


De igual forma, es pertinente precisar que en la actividad probatoria, puede existir error de hecho o de derecho, la primera siempre será cometida por el Juez o Tribunal de mérito, a tiempo de apreciar la prueba una vez incorporada a la comunidad probatoria; la segunda, se da durante la obtención y/o durante la incorporación de la prueba para que forme parte de la comunidad probatoria; sin embargo, se debe tener presente, que ante la existencia de error de derecho, la exclusión probatoria no opera de puro derecho, pues la parte que considera sus derechos lesionados por algún medio de prueba, ya sea porque la misma en su obtención o en su incorporación no observó los requisitos formales previstos por ley, debe reclamar oportunamente, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 172 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


En el caso en análisis, se advierte de la revisión de los antecedentes venidos en casación, que en juicio oral constituido en audiencia pública con la finalidad de realizar la inspección judicial de fecha 19 de septiembre de 2014 (fs. 228 a 229), el querellante Juan Carlos Ortuño Salinas, presentó una filmación sobre los hechos que el relata y en la misma audiencia, el Dr. José Alfredo Lobos, abogado de la parte querella, señaló: “tenga en cuenta doctor al momento de dictar su sentencia ya que las pruebas se han contaminado y a mi parecer creo que los videos no han sido presentado como prueba o en la apertura de juicio oral no se a judicializado, eso es todo señor juez” (sic). Es así que, el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz de la Sierra, en el apartado producción de la prueba, inspección judicial de cargo y de descargo, en su parte pertinente precisó: “en la audiencia de Inspección Ocular, mediante un video que fuera puesto a conocimiento del Suscrito Juzgador, se comprobó la participación plena e indubitable del hecho denunciado de JOSÉ LUIS LLANOS CASTELLON a quien se lo ve destruyendo el techo de la pieza de la habitación, inutilizándolo que es el hecho de despojar invadiendo el inmueble y expulsando a sus ocupantes” (sic).


Determinación judicial, que ameritó la interposición del recurso de apelación restringida, por parte del imputado, acusando que el fallo se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, bajo el fundamento de que se incorporó ilegalmente al proceso un video, sin haber sido judicializado, durante la inspección judicial y que esa situación habría sido observada por su abogado defensor José Alfredo Lobos, conforme a fs. 228. En respuesta, el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista 29 de 17 de abril de 2015, pronunció que las pruebas presentadas en el juicio oral, entre ellas las literales y testificales así como la inspección ocular, han sido insertadas al juicio oral y valoradas con sano criterio y prudente arbitrio, usando las facultades que otorgan los arts. 171 y 173 del CPP, no habiéndose incurrido en ninguno de los casos previstos por el art. 370 del CPP, valorando todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo, con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor.


Ahora bien, efectuadas las precisiones anteriores, con relación a la denuncia de que la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, sin la judicialización de la prueba y que no se le hubiere dado la oportunidad a observar u objetar a través de la exclusión probatoria del video en cuestión, dictándose Sentencia pocos minutos después de su introducción, sin que el Tribunal de alzada hubiese observado este extremo; se establece que lo aseverado no es evidente, por cuanto, el abogado de la parte imputada, el Dr. José Alfredo Lobos, no ha presentado el incidente de exclusión probatoria conforme lo establecen los arts. 171 y 172 del CPP, tal como consta a fs. 228 vta. in fine, en el que se limitó a señalar: “tenga en cuenta doctor al momento de dictar su sentencia ya que las pruebas se han contaminado y a mi parecer creo que los videos no han sido presentado como prueba o en la apertura de juicio oral no se a judicializado, eso es todo señor juez” (sic). En tal virtud, una de las facultades que tenía la parte imputada durante el desarrollo de la audiencia de inspección judicial, era el plantear el incidente de exclusión probatoria (no simplemente referir que no ha sido judicializado); supuesto en el cual a través del referido incidente, hubiese procurado evitar la judicialización de prueba y ante el eventual rechazo por el Juez, la defensa debió realizar la protesta de formular apelación en su momento; aspectos que no se observan en el caso de autos; en ese sentido, al no haberlo hecho en su oportunidad precluyó su derecho, conforme los razonamientos insertos en el Auto Supremo 46 de 7 de marzo de 2006, que precisó: “…para evitar las impugnaciones en Casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


Que en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas”.


Asimismo, se advierte que, el Tribunal de alzada si ha ejercido el control correspondiente, al pronunciar que las pruebas presentadas en el juicio oral, entre ellas las literales y testificales así como la inspección ocular, han sido insertadas al juicio oral y valoradas con sano criterio y prudente arbitrio, usando las facultades que otorgan los arts. 171 y 173 del CPP, y por lo que el video incorporado en audiencia de inspección judicial presentado por la parte querellante, en observancia del art. 355 del CPP, tiene valor probatorio, dentro del marco del principio de libertad probatoria, que conduzcan a la averiguación de la verdad histórica de los hechos; por consiguiente, no es evidente que el Tribunal de apelación hubiese vulnerado el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa. Por lo que el recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Antonio Llanos Castellón, de fs. 352 a 355 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA