TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 293/2016-RRC

Sucre, 22 de abril de 2016


Expediente                        : Cochabamba 67/2015

Parte Acusadora                : Ercilia Salazar Zenteno de Silva

Parte Imputada                : Margarita Salazar Zenteno

Delitos                        : Difamación y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2015, cursante de fs. 139 a 140 vta., Margarita Salazar Zenteno, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 2 de abril de 2015, de fs. 107 a 111, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Ercilia Salazar Zenteno de Silva contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a) Por Sentencia 01/2014 de 7 de enero (fs. 74 a 79 vta.), el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Aiquile del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a la imputada Margarita Salazar Zenteno, autora y culpable de la comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del CP, sancionándole con prestación de trabajo de seis meses en su condición de ama de casa en la Guardería Hogar Comunitario Aiquile “Casa Bella” dependiente de la H. Alcaldía de la ciudad de Aiquile, con costas y resarcimiento de daños civiles.


b) Contra la referida Sentencia, la imputada Margarita Salazar Zenteno, formuló recurso de apelación restringida (fs. 86 a 91 vta.), resuelto por Auto de Vista de 2 de abril de 2015 (fs. 107 a 111), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Del motivo del recurso.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 638/2015-RA de 26 de noviembre (fs. 147 a 149), se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Acudiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica en concordancia con los arts. 398 y 408 del CPP, señala que pese a haber fundamentado de forma clara y precisa, el Auto de Vista no se pronunció respecto a la falta de notificación personal con el Auto de Convocatoria de juicio oral; la cuál, por disposición expresa de la propia Jueza de Sentencia mediante Auto de 7 de agosto de 2013, debió notificársele en forma personal a fin de responder y ofrecer prueba, argumentos por los que el Auto de Vista declaró improcedente vulnerando el art. 163 relacionado al art. 169 inc. 3) del CPP, concurrente con los arts. 1, 109, 110, 115 al 120.II de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales determinan, que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, la garantía del debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, y transparente; presunción de inocencia, al art. 119 el cual establece, que las partes en conflicto gozaran de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asista, art. 120 que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional independiente e imparcial. Por otro lado, señaló que se vulneraron los arts. 115, 178 y 180 de la CPE, todo esto de conformidad al art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)


I.1.2. Petitorio.


En mérito a los argumentos expuestos en su recurso, la recurrente solicita la nulidad de obrados hasta el estado en que se notifique en forma personal con el Acta y el Auto de 07 de agosto de 2013 a fin de responder y ofrecer prueba de descargo, con reposición hasta fs. 9 de obrados de acuerdo al art. 419 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 638/2015-RA de 26 de noviembre (fs. 147 a 149), este Tribunal admitió vía flexibilización únicamente el segundo motivo del recurso de casación formulado por Margarita Salazar Zenteno, para el correspondiente análisis de fondo de las denuncias planteadas.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. Planteamiento de incidente de nulidad en el juicio y su resolución.


En la fase destinada al planteamiento del incidentes en el acto de juicio (fs. 58 vta. a 59 vta.), la parte imputada opuso incidente de nulidad alegando que en la audiencia celebrada el 7 de agosto de 2013, en vista de no haberse conciliado, se emitió un auto de carácter definitivo, sin que conste en obrados su notificación personal a objeto de que la parte imputada responda y ofrezca prueba de descargo, por lo que se infringió el art. 163 del CPP, y se generó un defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del citado código por la indefensión provocada.


La pretensión fue rechazada mediante resolución (fs. 61 vta. a 62), con el argumento de que la imputada y su defensora al estar presente en la referida audiencia fueron notificadas en forma oral con el Auto que convocó a juicio oral, por lo que no procedía la nulidad impetrada; es así que previa advertencia efectuada por la Juez de mérito, la parte imputada anunció recurso de apelación incidental. 


II.2. De la Sentencia.


Por Sentencia 01/2014 de 7 de enero, se declaró a la imputada Margarita Salazar Zenteno, autora y culpable de la comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del CP, sancionándole con prestación de trabajo de seis meses en su condición de ama de casa en la Guardería Hogar Comunitario Aiquile “Casa Bella”, dependiente de la H. Alcaldía de la ciudad de Aiquile, con costas y resarcimiento de daños civiles, argumentando que de la prueba literal como testifical de cargo, se colige que Ercilia Salazar Zenteno de Silva, ciertamente fue objeto de ofensas difamantes e injuriantes, pues el 23 de mayo de 201,3 en horas de la mañana fue objeto de difamación e injuria, es así que la prueba A-1 acreditó que no fue la única ocasión en que la querellante fue objeto de estos delitos.


Además, que los testigos de cargo, manifestaron de manera uniforme sobre los hechos acaecidos el 23 de mayo de 2013, que inclusive la imputada hizo insultar con terceras personas quienes también le escupen, por lo que constató haberse adoptado en contra de la víctima, una conducta capaz de afectar su reputación, ya que las ofensas fueron de modo directo y de manera pública y en reiteradas ocasiones; dejando constancia que de que no podía referirse a la prueba de descargo ya que no fue ofrecida en el plazo establecido por la Ley una vez notificada a la imputada con el Auto que convocó al juicio oral.


II.3. De la apelación incidental relativo al incidente y su Resolución.


La acusada interpuso apelación incidental contra el Auto que rechazó su incidente de actividad procesal defectuosa (fs. 83 a 84), siendo resuelta por Auto de Vista de 25 de julio de 2014 (fs. 102 a 104), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, que declaró inadmisible y rechazó dicha apelación, expresando que si alguna de las partes se creía agraviada con el Auto que rechazó el incidente, debió realizar la reserva de apelación e impugnar dicho Auto conjuntamente con la Sentencia, aspecto que no ocurrió en el presente caso, toda vez que la apelante a más de reservarse el derecho de apelación restringida debió interponer la misma junto con la Sentencia a través de la apelación restringida y no a través de la apelación incidental.


II.4. De la apelación restringida interpuesta por la acusada.


Contra la Sentencia emitida en la causa, la imputada formuló recurso de apelación restringida, denunciando respecto al motivo alegado en casación, que ante la inexistencia de conciliación, el Juez dictó el Auto de 7 de agosto de 2013, por el cual convocó a juicio oral, donde de manera clara dispuso que dicha Resolución debía ser notificada de manera personal a la imputada, aspecto que no hubiese sido cumplido, pese a que el Auto tenía carácter definitivo y por el cual se le concedió el plazo de 10 días para que pueda ofrecer prueba de descargo y responder a la querella, por lo que solicitó la nulidad de obrados por no haber sido notificada legalmente.


II.5. Del Auto de Vista impugnado.


Respecto a la problemática planteada, el Tribunal de alzada en el Fundamento II del Auto Vista recurrido, previa referencia al alcance del art. 398 del CPP, a la impugnación y a la doctrina sobre el deber de los Tribunales de alzada de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados, señaló que la apelante alegó la existencia de defectos de nulidad por vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, bajo los mismos argumentos del memorial de 9 de enero de 2014 (fs. 83 a 84 ), aclarando que la imputada ya interpuso recurso de apelación incidental bajo los mismos fundamentos, teniendo como resultado el Auto de Vista de 25 de julio de 2014 (fs. 102 a 104), emitido por la misma Sala Penal; por lo que la imputada no dio cumplimiento a lo establecido por la Sentencia Constitucional 0421/2007-R de 22 de mayo, pues si bien realizó la reserva de recurrir contra el Auto de 7 de enero; sin embargo, la apelación incidental debió ser presentada conjuntamente con el recurso de apelación restringida de 24 de enero de 2015, asimismo, habiendo el Tribunal de alzada resuelto con anterioridad la apelación incidental de 9 de enero de 2014, los fundamentos del acápite I del memorial de apelación restringida, carecían de mérito.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES


En el caso presente, la parte imputada denuncia que el Auto de Vista no se pronunció respecto de la falta de notificación personal con el Auto de Convocatoria de juicio oral, pese a que la Jueza de Sentencia mediante Auto de 7 de agosto de 2013, dispuso expresamente dicha notificación, lo que le impidió responder y ofrecer prueba, conllevando a la vulneración de los derechos y principios a la legalidad, seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, y transparente; así como los arts. 1, 109, 110, 115 al 120.II, 178 y 180 de la CPE, correspondiendo resolver la problemática planteada.


III.1. Jurisprudencia sobre el principio de trascendencia.

El Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, se refirió sobre las nulidades y sobre el principio de trascendencia entre otros; indicando:

       

La nulidad procesal, de manera general, significa castigar con ineficacia algún acto jurídico llevado a cabo en el proceso con inobservancia de algunos de los requisitos que la ley establece para su validez.


En la legislación boliviana, el Código de Procedimiento Penal, en la primera parte (Parte General), Libro Tercero, Título VIII, establece el sistema de control de la actividad procesal defectuosa, que de forma implícita regula el régimen de nulidades en materia procesal penal, estableciendo en el art. 167: `No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio´.


Por otra parte, el art. 169 del mismo cuerpo legal señala `No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a:


1. La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria;


2. La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece;


3. Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y,


4. Los que estén expresamente sancionados con nulidad´ (Las negrillas son nuestras).


El art. 170 del CPP, refiere: `Los defectos relativos quedarán convalidados en los siguientes casos:


1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados;


2. Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y,


3. Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados´ (Las negrillas son nuestras).


Los defectos previamente descritos, se encuentran directamente vinculados a los principios procesales que rigen las nulidades, cuya finalidad es la de asegurar la garantía jurisdiccional de la defensa (art. 15 parágrafo III de la CPE); sin embargo, la nulidad procesal encuentra su límite en los principios que la rigen y a su vez excluyen los actos de la nulidad procesal; pues, bajo ningún aspecto se puede consentir el uso indiscriminado de esta institución, que de forma lógica atenta al principio de celeridad que es una de las características principales de nuestro actual sistema procesal, por lo que resulta trascendental  dejar sentando que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento tiene como efecto la nulidad, tal cual señala nuestra normativa.


Entre los principios que rigen las nulidades procesales, se tiene entre otros, los siguientes:


(…)


El principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que `no hay nulidad sin perjuicio´; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. 


El principio de protección, referido a que nadie puede solicitar la invalidez de un acto cuando esa es la parte que provocó la causal de nulidad, aplicándose el aforismo `nemo auditur propriam turpitudinem allegans´, que interpreta como `nadie será oído si alega su propia torpeza´, pues nadie puede ir legítimamente contra sus propios actos.


El principio de Subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Todos estos principios (y otros que no fueron citados) orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que `no hay nulidad por la nulidad misma´, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE) (negrillas propias).


En este marco doctrinal y jurisprudencial que antecede, entre otros aspectos se tiene que, las irregularidades que originan una nulidad y por ende la invalidación de lo actuado, solo serán en aquellas que son trascendentes para la salud del proceso, claro está, siempre y cuando tengan una incidencia y por ello, esencialmente cambien el resultado.


III.2. Análisis del caso concreto.


La recurrente alega que, el Auto de Vista no se pronunció respecto de la falta de notificación personal con el Auto de Convocatoria de juicio oral; la cuál, por disposición expresa de la propia Jueza de Sentencia mediante Auto de 7 de agosto de 2013, debió notificársele de forma personal a fin de responder y ofrecer prueba, lo que hubiese conllevado a la vulneración de los derechos y principios a la legalidad, seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, y transparente; así como los arts. 1, 109, 110, 115 al 120.II, 178 y 180 de la CPE.


Ahora bien, corresponde a este Tribunal, realizar el control de legalidad sobre la actuación de los miembros del Tribunal de alzada que conocieron y resolvieron la apelación restringida mediante el Auto de Vista ahora cuestionado vía casación; por lo que, se debe analizar si la denuncia de vulneración a derechos y garantías constitucionales señaladas por la recurrente son ciertas o no; para dicho efecto se tiene que verificar si efectivamente el Auto de Vista de 2 de abril de 2015 se pronunció o no respecto a la falta de notificación con el Auto de Convocatoria a juicio y en su caso, si dicha respuesta se encuentra en el marco de la legalidad y razonabilidad; además, analizar si efectivamente en caso de anular el Auto de Vista ahora impugnado, el resultado será distinto.


Ingresando al fondo, según informan los datos del proceso, se tiene que el 7 de enero de 2014, la parte imputada en pleno desarrollo del juicio oral, reclamó por la vía incidental la falta de notificación personal del Auto Definitivo de 7 de agosto de 2013 (Acta de Audiencia de Juicio fs. 58 vta.); mereciendo la Resolución de la misma fecha, por la cual, la Jueza de Sentencia rechazó la nulidad de obrados ya que la imputada hubiese sido notificada conforme al art. 160 concordante con el art. 170 del CPP; posteriormente y de manera separada, mediante memorial de 9 de enero de 2014, la ahora recurrente interpuso apelación incidental contra el referido Auto de rechazo, mereciendo el Auto de Vista de 25 de julio de 2014, mediante el cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, rechazó el recurso de apelación incidental con el fundamento de que la imputada debió interponer la apelación incidental junto con la Sentencia a través de la apelación restringida.


Posterior a ello, se evidencia que la recurrente, interpuso el recurso de apelación restringida, también denunciando como se dijo anteriormente, la falta de notificación con el Auto de apertura de juicio; recurso que fue declaro improcedente mediante el Auto de Vista de 2 de abril de 2015, con el argumento de que la apelante alegó en dicho medio de impugnación, la existencia de defectos de nulidad por vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, bajo los mismos argumentos del memorial de 9 de enero de 2014, aclarando que la imputada ya interpuso recurso de apelación incidental bajo los mismos fundamentos, teniendo como resultado el Auto de Vista de 25 de julio de 2014, emitido por la misma Sala Penal; por lo que la imputada no dio cumplimiento a lo establecido por la Sentencia Constitucional 0421/2007-R de 22 de mayo, pues si bien realizó la reserva de recurrir contra el Auto de 7 de enero; sin embargo, la apelación incidental debió ser presentada conjuntamente con el recurso de apelación restringida; asimismo, habiendo el Tribunal de alzada resuelto con anterioridad la apelación incidental de 9 de enero de 2014, los fundamentos del parágrafo I del memorial de apelación restringida, carecían de mérito.


En consecuencia, del análisis de los antecedentes mencionados, se constata que efectivamente el Auto de Vista ahora impugnado vía recurso de casación, no se pronunció sobre el fondo de lo denunciado, pues en todo caso, utilizó similares argumentos que los plasmados en el Auto de 25 de julio de 2014, que resolvió  el recurso de apelación incidental; o sea, la imputada en ninguna de las Resoluciones mencionadas conoció el fondo de su denuncia; sin embargo, de ello, no es menos cierto que este Tribunal, en consonancia con el nuevo espíritu que refleja la Constitución Política del Estado, debe aplicar y remitirse a los principios que irradia dicha Ley Fundamental, específicamente al principio de celeridad, así también al principio procesal de trascendencia respecto a las nulidades procesales (ponderación).


En este sentido, se debe analizar de manera objetiva si la nulidad de obrados pretendida por la recurrente según su “petitium” del recurso de casación, tiene o no fundamento y si dicha pretensión resulta coherente con los principios ya señalados de celeridad y trascendencia, siempre con el horizonte que enseña la doctrina descrita en el apartado III.1. de la presente resolución.


En el presente caso -como se dijo- efectivamente se constata que los vocales del Tribunal de alzada, no se pronunciaron en el fondo de la cuestión planteada; sin embargo, de ello, la verdad material respecto a los actuados procesales, indican que aún este Tribunal disponga la nulidad del Auto de Vista ahora impugnado, el resultado posterior fruto de una nueva resolución sería prácticamente la misma, justamente porque conforme se evidencia del Auto de Convocatoria a Juicio de 7 de agosto de 2013, la imputada y su defensa, fueron notificadas en el acto por su lectura por lo que cualquier defecto quedó convalidado, habida cuenta que el acto consiguió su fin, conforme las previsiones del art. 170 inc. 3) del CPP; por lo que menos podría decirse que la imputada quedó en indefensión, porque tanto su defensa como ella misma, conocieron materialmente respecto a la convocatoria a juicio oral, pues escucharon en la audiencia pública lo que el Juzgador señaló claramente que las partes: “quedan notificadas por su lectura con el presente auto” (sic).


En la misma línea de entendimiento, la Sentencia Constitucional 110/2006-R, pronunciada por el Tribunal Constitucional expresó que “sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión” (SC 110/2006-R); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida(SC 1845/2004-R de 30 de noviembre)”.


“…cabe recordar que la parte in fine del art. 160 del CPP, como ya se tiene anotado, establece que las resoluciones que se dicten durante las audiencias orales, se notificarán en el mismo acto por su lectura. Ahora bien, partiendo del criterio que la Resolución dictada y leída en una audiencia fue de conocimiento de los asistentes a ese acto procesal, ciertamente no debe ser exigible que tengan que ser notificados obligatoriamente en los términos previstos por el art. 163 del CPP, por cuanto ya se cumplió en la audiencia la finalidad de hacer conocer una determinación judicial. Por otro lado, la parte final del art. 166 del CPP establece claramente que `La notificación será válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad (SCP 0985/2010-R de 23 de agosto).


Es más, después de casi dos meses del Auto de Convocatoria a Juicio, la imputada mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2013, sin reclamo o cuestionamiento jurídico alguno sobre la notificación ahora cuestionada, se dirig a la Jueza de Sentencia indicando que fue notificada con el señalamiento de audiencia para la celebración del juicio oral, para el 8 de octubre de 2013, pero que su abogado defensor se encuentra delicado de salud, por lo que solicitó diferir dicha audiencia para otro día; evidenciándose que la parte imputada convalidó cualquier “supuesto”, defecto procesal, pues voluntariamente se apersonó ante la autoridad jurisdiccional luego de transcurrido bastante tiempo de la Convocatoria a Juicio, solicitando inclusive la suspensión de audiencia, quedando demostrado que tenía pleno conocimiento y conformidad de todo lo actuado, pues no realizó ningún reclamo, esperando hacerlo recién el 7 de enero de 2014.


Consiguientemente, se constata que en el presente caso, es aplicable el principio de trascendencia, porque el dejar sin efecto el Auto de Vista ahora impugnado por falta de pronunciamiento, conllevaría la pretensión de la recurrente y la nueva Resolución al mismo resultado, desnaturalizando así el principio constitucional de celeridad que exige que un proceso sea desarrollado sin dilaciones; que así se desenvuelva y tramite en condiciones de normalidad, en el que las partes del proceso y los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción mediante un resultado que se encuentre dirimido y dictaminado en un tiempo razonable en el marco de la razonabilidad jurídica y el resguardo de los valores supremos y principios que constituyen la base esencial del Estado Constitucional de Derecho, en este caso, acordes a los principios de celeridad e inmediatez establecidos en la Constitución Política del Estado; por eso mismo, esta Sala en un caso en el cual el Tribunal de alzada no se pronunció sobre algún aspecto señaló que:“(…) si el Tribunal de alzada no se pronunció al respecto, eso no conlleva o incidirá en el resultado, pues en el hipotético caso de que este Tribunal anule el Auto de Vista para que la Sala Penal se pronuncie sobre dicho aspecto, pues llegaríamos al mismo resultado…”(AS 696/2015-L de 21 de septiembre).


Por lo que, este Tribunal no constata que la recurrente haya quedado en indefensión absoluta; por el contrario, se evidencia de que conoció todos los actuados procesales y por ende, tuvo a su alcance la facultad de activar cualquier pretensión o medio de defensa en los plazos establecidos por Ley; al respecto, el Tribunal Constitucional de España en su Sentencia Constitucional 48/1984, y adoptada por la jurisprudencia nacional, ha señalado que: "la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...); correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Margarita Salazar Zenteno.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA