TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 284/2016-RRC

Sucre, 21 de abril de 2016


Expediente                        Cochabamba 64/2015        

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro 

Parte Imputada                Timothy Roger Kenny Ahlgrim

Delito                        Estafa

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de agosto de 2015, cursante de fs. 391 a 397 vta., Timothy Roger Kenny Ahlgrim, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 21 de julio de 2015, de fs. 356 a 362, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Marco Antonio Prado Rojas en representación de Miguel Ángel Rivero Zambrana, Irma Hortencia Barron Marquez, Mery Cervantes Flores y Suzane Elizabeth Luise Windsor contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al 346 Bis. del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 15/2014 de 5 de agosto (fs. 245 a 258 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró al imputado Timothy Roger Kenny Ahlgrim, autor y responsable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al 45 referente al Concurso Real de delitos, ambos del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de siete años de reclusión, más el pago de costas y resarcimiento de daños civiles a favor de las víctimas y del Estado a instancia de parte. La solicitud de explicación, complementación y enmienda del sentenciado (fs. 288 a 289 vta.), fue rechazada mediante Auto de 25 de agosto de 2014 (fs. 291 y vta.).


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 303 a 324); resuelto por Auto de Vista de 21 de julio de 2015 (fs. 356 a 362), emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte el recurso planteado, modificando la parte resolutiva de la Sentencia declarando a Timothy Roger Kenny Ahlgrim autor y responsable de la comisión del delito de Estafa Agravada, por la existencia de víctimas múltiples, tipificado por los arts. 335 y 346 bis del CP, imponiéndole la pena de siete años de reclusión, más el pago de costas y reparación del daño a favor de las víctimas y del Estado a instancia de parte y una vez ejecutoriada la Sentencia. Dando lugar a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 636/2015-RA de 26 de noviembre (fs. 406 a 409 vta.), se extrae el motivo admitido de los denunciados por el recurrente, a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, se circunscribirá el siguiente análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Argumenta el recurrente, que la presente acción penal no podía llevarse adelante porque se estableció la existencia de documentos públicos donde constan una relación contractual eminentemente de carácter civil y cuya situación de hecho demuestra que el presente caso fue tergiversado y distorsionado por los acusadores y juzgadores, convirtiéndolo en un proceso penal, siendo que esta vía es de última ratio, cita el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, como precedente, el cual determina la competencia civil en casos análogos; extremo no considerado por el Tribunal de alzada porque advertido del defecto, debió aplicar el art. 46 del CPP, al no demostrarse la concurrencia de los elementos del dolo para subsumir el hecho al tipo penal de Estafa; toda vez que no puede penalizarse una obligación civil, vulnerando el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE); además, de la expresa prohibición contenida en el art. 117.III de la CPE, con relación a la ley 1602 de 1994 Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, cuyo fundamento se encuentra en el Bloque de Constitucionalidad del art. 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, la recurrente solicita que el Tribunal Supremo dicte Resolución, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo, se disponga la nulidad de todo lo actuado hasta el estado de realizarse un nuevo juicio oral por otro Tribunal, con la respectiva condenación de costas.


I.2.Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 636/2015-RA, de fs. 406 a 409 vta., este Tribunal admitió, uno de los dos motivos denunciados por el imputado Timothy Roger Kenny Ahlgrim, en su recurso de casación, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia 15/2014 de 5 de agosto (fs. 245 a 258 vta.); por la que, declaró al imputado Timothy Roger Kenny Ahlgrim, autor y responsable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al 45 referente al Concurso Real de delitos ambos del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de siete años de reclusión, a cumplir en la Cárcel Pública de “San Sebastián” varones de la ciudad de Cochabamba, más el pago de costas y resarcimiento de daños civiles a favor de la víctima y del Estado a instancia de parte; bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho, relacionados al motivo admitido:


En el caso concurren todos los elementos del tipo penal de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, con el advertido de que el imputado incurrió en dicho ilícito en tres oportunidades, respecto de tres víctimas, lo cual muestra la concurrencia de un concurso de delitos, previsto en el art. 45 de la norma sustantiva penal:


a) Existencia de engaño o artificio; puesto que, de los hechos descritos por las víctimas, corroborados por sus testigos, se concluye que el proceso actuó de manera astuta, al desplegar intencionalmente conductas engañosas, en las que jugó un papel importante su apariencia de extranjero, dado su color de piel blanca, cabellos rubios, ojos de color azul y su acento; a lo que se sumó sus afirmaciones de haber cumplido actividades en los Estados Unidos, donde se habría jubilado de aviador, fuera de presentarse como una persona religiosa y con conocimientos sólidos de negocios, por cuya razón precisaba un medio simulado para traer su dinero a nuestro país haciendo parecer, a los ojos de las víctimas, una situación falsa como verdadera y determinante, llevando al convencimiento de tratarse de una persona solvente, honrada y sobre todo confiable, que cumpliría con las obligaciones asumidas, lo que en la realidad contenía una falsedad innegable, que en mente de sus ocasionales víctimas no fue apreciado o percibido.


b) Relación de causalidad entre la conducta activa y resultado, se conoce que el imputado buscó en todo momento congeniar con los habitantes del edificio, sirviéndole como instrumento perfecto, el negocio de la panadería y su condición religiosa, que resultan ser dos elementos básicos, el primero, por cuanto el pan es un producto de primera necesidad; y el segundo, un pilar fundamental del desarrollo personal de los seres humanos; a través de los cuales, pudo entablar una relación social y luego de amistad y consiguiente confianza, extremo este último que fortificó la suscripción de documentos, que lejos de constituir solamente un instrumento civil, avalan que entre los firmantes existía una relación, siendo en realidad un medio para fortalecer el error y lograr en el sujeto activo, una utilidad ilegal.


c) Elemento psíquico o voluntad de engañar, verificable en el caso, porque no existe ningún elemento probatorio el cual muestre, que el imputado tuvo la verdadera intención de cumplir con las obligaciones pecuniarias contraídas; por cuanto, se tiene acreditado en el proceso, que no consigna legalmente registrada la actividad de importación de movilidades, como tampoco que fuere piloto y que efectivamente hubiese comprado alguna aeronave para dedicarse al comercio.


d) El enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de las víctimas; toda vez, que valorados los mecanismos probatorios según las reglas de la sana crítica, avalan suficientemente y más allá de la simple sospecha, que las víctimas efectivamente contaban con dinero y efectuaron el desplazamiento de fondos a favor del imputado, los cuáles no les fueron devueltos; consecuentemente, efectuaron un acto de disposición que les generó perjuicio en su patrimonio; por ende, con el favorecimiento del peculio del procesado.


II.2.De la apelación restringida.


Contra la precitada Sentencia, el imputado Timothy Roger Kenny Ahlgrim (fs. 303 a 324), presentó recurso de apelación restringida; en el cual, no consta ningún argumento relacionado al motivo denunciado en su recurso de casación, referido a que el caso debió haberse ventilado en la vía civil y no así en la penal, ante el establecimiento de la existencia de documentos públicos donde constan una relación contractual eminentemente de carácter civil.


II.3.Del Auto de Vista.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista de 21 de julio de 2015 (fs. 356 a 362), que declaró procedente en parte el recurso de apelación restringida, modificando la parte resolutiva de la Sentencia declarando al imputado Timothy Roger Kenny Ahlgrim autor y responsable de la comisión del delito de Estafa Agravada, por la existencia de víctimas múltiples, tipificado por los arts. 335 y 346 bis del CP, imponiéndole la pena de siete años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de la ciudad de Cochabamba, más el pago de costas y reparación del daño a favor de las víctimas y del Estado a instancia de parte y una vez ejecutoriada la Sentencia.


Con relación al motivo traído en casación, no se encuentra ninguna fundamentación de parte del Tribunal de alzada.


III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación se analizará el agravio denunciado por el recurrente que fue admitido por Auto Supremo 636/2015-RA de 26 de noviembre, refiriendo que el Tribunal de alzada, advertido de que la presente causa debió haberse ventilado en la vía civil ante el establecimiento de la existencia de documentos públicos donde constan relaciones contractuales eminentemente de carácter civil, debió haber aplicado el art. 46 del CPP, al no demostrarse la concurrencia de los elementos del dolo para subsumir el hecho al tipo penal de Estafa. En consecuencia, corresponde a continuación dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicciones con los precedentes legales invocados a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.


III.1. Sobre la preclusión.


Desde el punto de vista doctrinal, la preclusión es un instituto jurídico, en virtud del cual, la parte dentro del proceso se encuentra imposibilitada de ejercer un derecho fuera del momento oportuno en que pudo haberlo hecho; en consecuencia, una vez concluidos los términos para hacer uso de alguna actuación procesal que estaba puesta a su alcance, no resulta posible acudir a los mismos por haberse perdido dicho derecho.


Edgardo Pallares, sostiene que la preclusión: "Es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido, alguna obligación de la misma naturaleza". También explica este autor que "… el término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal".


Con relación al mismo tópico, la extinta Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo 46 de 7 de mayo de 2006, señaló lo siguiente: “Para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


(...) en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas".


De lo referido, se puede concluir que el principio de preclusión se encuentra vinculado a la oportunidad y el momento en que los sujetos procesales deban hacer uso de los recursos que la ley les franquea; por tanto, para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes procesales tienen a su alcance, en cada etapa del proceso penal, los recursos impugnatorios que deben ser ejercidos en cada una de ellas; puesto que, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral; habida cuenta, que en la etapa de los recursos, el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se pueden acompañar pruebas para que el Tribunal de alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas.


III.2. Análisis del caso concreto.


Ahora bien, en el caso concreto, el recurrente sostiene que la presente acción penal no podía llevarse a cabo, porque a su parecer, se estableció la existencia de un documento público en el cual consta una relación contractual eminentemente de carácter civil, la cual fue tergiversada y distorsionada por los acusadores y juzgadores; direccionándola para su procesamiento en la vía penal, cuanto ésta es de última ratio. Extremo que, a su criterio no hubiera sido considerado por el Tribunal de alzada, el cual advertido del error, debió aplicar lo dispuesto por el art. 46 del CPP, en cuyo texto dispone que la incompetencia en razón de la materia será declarada, aún de oficio, en cualquier estado del proceso; todo ello, en atención a que no se demostró la concurrencia de los elementos del dolo para subsumir el hecho al tipo penal de Estafa; toda vez, que no se puede penalizar una obligación civil; puesto que vulnera lo prescrito por el art. 16 de la CPE, y contraría lo establecido por el art. 117 del mismo cuerpo constitucional y la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales.


Ingresando al análisis de los antecedentes aparejados el expediente y a las normas legales en vigencia, se constata que el ahora recurrente, plantea el presente recurso de casación, trayendo a colación un reclamo que no lo hizo efectivo ante el Tribunal de alzada a tiempo de plantear su recurso de apelación restringida, pretendiendo suplir dicha negligencia mediante la exigencia de aplicación del art. 46 del CPP.


Al respecto, resulta necesario aclarar que en la legislación penal boliviana, el derecho a recurrir no es absoluto, pues tanto su oportunidad como su ejercicio, va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos y condiciones de procedibilidad del mecanismo de impugnación; por lo tanto, se encuentra supeditado y condicionado por las leyes, las cuales exigen el cumplimiento de ciertos presupuestos que permitan su efectivización. Así en el caso concreto, correspondía al recurrente reclamar el presente agravio, previamente ante el Tribunal de apelación; omisión que denota negligencia procesal de su parte a los fines de su pretensión jurídica, aspecto extrañado por este Tribunal Supremo de Justicia, pues cómo podría efectuar el análisis y consideración de los argumentos contenidos en el Auto de Vista recurrido, el cual, naturalmente no se pronunció sobre la problemática en actual análisis, al haber sido ésta, expuesta recién en casación.


Por lo señalado, mal se podría pretender encontrar una supuesta contradicción con el precedente invocado en esta etapa directamente; puesto que, el mismo no fue ni remotamente citado en el recurso de alzada, cuando para cumplir con dicha labor, previamente debe concurrir una denuncia relativa al Auto de Vista, que no hubiere sido atendida de manera correcta por el Tribunal de apelación.


Al margen de lo señalado, resulta necesario realizar un análisis sobre la aplicación o no, del precepto contenido en el art. 46 del CPP; puesto que a criterio del recurrente, el Tribunal de alzada, debió haberlo tomado en cuenta, de oficio.


Con relación a ello, se debe señalar que el precepto citado y glosado anteriormente constituye un deber de las autoridades que tramitan una causa sometida a su conocimiento; quienes, en caso de considerarse incompetentes tienen el deber de declararse como tales, aún de oficio, en cualquier estado del proceso y remitir las actuaciones al Juez o Tribunal competente; y en contrario, si dichas autoridades se consideran competentes, resulta lógico que conozcan, tramiten y resuelvan la causa, asumiendo todas la atribuciones otorgadas de manera imperativa por la norma legal; no siendo razonable, que los sujetos procesales, pretendan luego de haber admitido una competencia determinada, impugnar directamente en etapa casacional la misma, bajo criterios subjetivos contrarios al razonamiento del Tribunal de juicio, el cual además fue expresamente hecho conocer durante la etapa del verificativo oral.


Lo señalado en el párrafo anterior responde a la verificación de que en la presente causa, durante la audiencia de juicio oral, la defensa del imputado, ahora recurrente, planteó excepción de falta de competencia en razón a la materia, alegando al igual que en el presente recurso, que la causa ahora analizada debió ventilarse y resolverse en la vía civil y no así en la penal, la cual correspondería sólo como última ratio; dando lugar al pronunciamiento de parte del Tribunal de Sentencia, mediante Resolución expresa, en la que resolvió lo demandado, haciendo notar que no obstante haberse otorgado la oportunidad para la presentación de incidentes y excepciones en la audiencia conclusiva, nadie hizo uso de dicho derecho, no planteando ninguna cuestión relativa a ello, pese a ello, pasó a resolver en el fondo, rechazando la excepción opuesta bajo el argumento que no puede sostenerse su procedencia, ante la inexistencia de los hechos que hacen a los elementos constitutivos del tipo penal, los cuales no pueden ser resueltos vía excepción; por cuanto, ello implicaría el pronunciamiento en el fondo del asunto y traspasaría la esencia de los obstáculos procesales como mecanismo de defensa; por lo tanto, al estarse iniciando el desarrollo de la audiencia de juicio oral, aún no se incorporaron ni judicializaron los medios de prueba, entre ellos, los documentos ejecutables en la vía civil referidos por la defensa y cumplida que sea esta actividad, recién en Sentencia se podrá establecer si en el caso, los hechos referidos por los acusadores refieren a una relación civil, en la que no existió dolo, ardid, engaño ni sonsacamiento de dineros, ameritando su absolución, o caso contrario, establecerá que los hechos acontecieron conforme refiere el Ministerio Público y la acusación particular.


A continuación, contra la determinación asumida en audiencia, la abogada del recurrente protestó interponer recurso de apelación ante el tribunal superior; impugnación que nunca se materializó por la vía incidental ni a tiempo de la interposición de la apelación restringida, pese a que en la propia Sentencia, el Tribunal de juicio aclaró al final del resumen de los fundamentos fácticos que motivaron la acusación, que la excepción de falta de competencia, fue previamente resuelta.


De donde se desprende, que en la etapa de juicio, el recurrente expuso e impugnó la competencia del Tribunal de Sentencia, obteniendo una Resolución de rechazo; contra la cual, nunca activó ningún medio de reclamación posterior, pese a tener a su alcance el recurso de apelación; aspecto cuestionable desde todo punto de vista; puesto que, ya en esa oportunidad obtuvo una respuesta en sentido desfavorable; y sin embargo, luego, no persiguió una reparación de este aspecto que consideraba gravoso de sus intereses; pues si bien en la Sentencia de grado no se volvió a analizar dicho extremo, de manera expresa, empero, sin duda su emisión y fundamentación arrojan la determinación de que el Tribunal de Sentencia, considerándose competente, pronunció un fallo condenatorio contra el imputado.


Pese a lo mencionado, tal como se señaló anteriormente, el ahora recurrente, no reclamó la supuesta incompetencia a tiempo de interponer su recurso de apelación, negligencia procesal a la cual se encontraba forzado a cumplir si consideraba que se vulneró el art. 46 del CPP; y no pretender plantear dicha impugnación recién ahora, en la etapa de casación, como si hubiera una obligación imperativa de hacerlo por parte del Tribunal de alzada, pese a que, a éste nunca se le dio la oportunidad de fundamentar al respecto, al haberse omitido impugnar oportunamente lo reclamado.


Dicho de otro modo, si el Juez o Tribunal que conoce un proceso, se considera incompetente para el conocimiento de una causa, entonces se encuentra constreñido a apartarse de ella, y dar aplicación a lo dispuesto por el art. 46 del CPP; empero, si no razona de esa manera, sino al contrario, se considera con competencia plena para su tramitación, no estaría obligado a fundamentar lo preceptuado por el mencionado articulado; empero, si alguna de las partes procesales tienen dudas razonables sobre dicha competencia, se encuentran en la obligación de activar los mecanismos de impugnación previstas por las normas legales de la materia y no consentir dicha atribución, para luego en la última fase de impugnación pretender suplir su negligencia, trasladando su deber procesal a los juzgadores; quienes además en su momento procesal analizaron y resolvieron el asunto.


En conclusión, si las partes consienten los extremos resueltos anteriormente, y no los objetan, dentro del principio de disposición de los derechos, no compete a este Tribunal reeditar un acto procesal de autoridad consentido como ocurre en el sub lite, porque no interesa al orden público sino a la esfera privada de los justiciables. No siendo posible ello, además por preclusión, retozar a fases consumadas cuando no se han comprometido ni vulnerado en ellas, normas adjetivas que causen indefensión a los contendientes. Así se encuentran orientados los arts. 252 del CPP y 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).


De lo señalado, es posible determinar que no es evidente, que el Tribunal de alzada hubiera incurrido en contradicción al precedente ni vulnerado derecho fundamental o garantía constitucional alguna, deviniendo por lo tanto, este motivo en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Timothy Roger Kenny Ahlgrim, de fs. 391 a 397 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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