TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 276/2016-RRC

Sucre, 11 de abril de 2016


Expediente                        : La Paz 106/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Honorio Chuquimia Apaza y otros

Delitos                        : Tentativa de Homicidio y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de junio de 2015, cursante de fs. 1165 a 1169, Honorio, Félix y Cristóbal, todos de apellidos Chuquimia Apaza y Pascual Chuquimia Yujra, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2015 de 20 de marzo de fs. 1159 a 1163, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y René Mamani Cali contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Tentativa de Homicidio, Lesiones Gravísimas, Lesiones Graves y Leves, Robo y Daño Simple, previstos y sancionados por el art. 251 con relación al art. 8; además, de los arts. 270, 271, 331 y 357, todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I.DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 003/13 de 18 de marzo de 2013 (fs. 1015 a 1039), el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados Honorio, Félix y Cristóbal, todos de apellidos Chuquimia Apaza y Pascual Chuquimia Yujra, autores de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 4) del CP, y los condenó a cinco años de reclusión, más el pago de costas al Estado, así como daños y perjuicios a favor de la acusadora particular, a regularse en ejecución de Sentencia; por otro lado, los absolvió de la comisión de los delitos de Homicidio en grado de tentativa, Robo, Lesiones Graves y Leves, además de Daño Simple.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Honorio, Félix y Cristóbal, todos de apellidos Chuquimia Apaza y Pascual Chuquimia Yujra (fs. 1047 a 1052 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, siendo resuelto por Auto de Vista 91/13 de 28 de octubre de 2013 (fs. 1076 a 1077 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 768/2014-RRC de 30 de diciembre de 2014 (fs. 1150 a 1155 vta.). En consecuencia, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 22/2015 de 20 de marzo (fs. 1159 a 1163) que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. De los motivos del recurso.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 144/2016-RA de 24 de febrero (fs. 1207 a 1209), se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


1) Los recurrentes denuncian la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido pues, pese a que en el presente proceso se emitió el Auto Supremo 768/2014 que en su doctrina aplicable estableció que se emita nueva Resolución debidamente fundamentada; sin embargo, incurriendo en la misma deficiencia, el Tribunal de alzada dicta el Auto de Vista 22/2015, precisando para ello que: i) En el último considerando numeral primero se limitó a expresar lo que establece el recurso de apelación restringida, y en el numeral tercero confundió la denuncia sobre la individualización de los imputados en la participación de delito, señalando que dicho agravio ya fue resuelto en el numeral segundo del ya mencionado considerando, y; ii) A la denuncia de inexistencia de análisis individualizado de la participación en el hecho juzgado, el argumento del Tribunal de alzada expresado en el numeral segundo, les deja en incertidumbre ya que no les permite realizar un control efectivo sobre las razones que llevaron a asumir la decisión asumida, pues no se tiene certeza cómo se concluyó que sus conductas se subsumieron al tipo penal de Lesiones Gravísimas y qué pruebas habrían llevado a la conclusión de que efectivamente adecuaron su acción al delito acusado, defecto existente tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista recurrido.


2) También denuncian la defectuosa valoración probatoria e inexistencia de prueba plena para sustentar la Sentencia, procediendo a transcribir y citar las parte pertinente de lo señalado en el Auto Supremo 369/2007 que refiere que ante la falta de plena convicción sobre la responsabilidad del imputado corresponde su absolución; sin embargo, de manera contraria el Tribunal de alzada en el inciso segundo de la Resolución recurrida, señaló que se generó convicción sobre la responsabilidad de los acusados y posteriormente en el numeral cuarto asumió que no puede revalorizar prueba, cuando lo que se solicitó fue que se cumpla con la doctrina legal aplicable invocada y no como se mal interpretó por el Tribunal Ad quem, pues la condena se basó en contradicción de las pruebas testificales y documentales.


I.1.2 Petitorio.


Los recurrentes solicitan que al amparo del art. 419 del CPP, se emita Auto Supremo determinando las contradicciones del Auto de Vista impugnado, a fin de que sea dejado sin efecto, para que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, emita nueva Resolución de acuerdo con la doctrina legal a establecerse.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 144/2016-RA de 24 de febrero (fs. 1207 a 1209), este Tribunal admitió por precedentes el recurso de casación interpuesto por Honorio Félix y Cristóbal, todos de apellido Chuquimia Apaza y Pascual Chuquimia Yujra, para el correspondiente análisis de fondo de las denuncias planteadas.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 003/13 de 18 de marzo de 2013 (fs. 1015 a 1039), el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los recurrentes, autores de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, imponiendo la pena privativa de libertad de cinco años, más el pago de costas al Estado, daños y perjuicios a favor de la acusadora particular, siendo absueltos de la comisión de los delitos de Homicidio en grado de tentativa, Robo, Lesiones Graves y Leves, y Daño Simple; al concluir en lo sustancial que en el acontecimiento que derivó en actos reñidos con la ley, se produjo una reyerta o pelea que derivó en una lesión con marca indeleble producida y efectuada en la nariz de la víctima, así determinada por documentación pericial y de la actuación de galenos entendidos en la materia.


Señaló la Sentencia que: “Referente a la individualización de los actores o sujetos procesales en los hechos se llegó a establecer que los acusados tuvieron actuación directa en relación al delito de Lesiones Gravísimas y no así en lo demás delitos, por cuanto no fueron propiamente individualizados ni identificados como participes sea en su condición de autores, co-autores, cómplices o encubridores”.


II.2. Recurso de apelación restringida.


Contra la referida Sentencia, los imputados formularon recurso de apelación restringida (fs. 1047 a 1052 vta.), alegando como motivos, en cuanto a lo atinente a los agravios traídos en casación, lo siguiente:


a) Haciendo referencia a la “FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA”, los recurrentes expresaron que se los absolvió de la comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves, en aplicación del art. 363 incs. 1) y 2) del CPP, y cuestionaron su condena refiriendo que para unos delitos no fueron identificados pero para otros sí; asimismo, indicaron que hicieron notar la existencia de duda razonable ante la inexistencia de prueba plena.


b) A tiempo de denunciar la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, alegaron que existe errónea aplicación de los arts. 124, 173 y 359 del CPP, pues el Tribunal de Sentencia habría argumentado: “Que referente a la individualización de los actores o sujetos procesales en los hechos se llega a establecer que tienen actuación directa para el caso es el de los acusados en relación al delito de lesiones y no así en los demás delitos”, argumento que en el planteamiento de los impugnantes, el de mérito no habría realizado alusión a ninguna prueba testifical ni documental.


II.3. Resolución del recurso y Auto Supremo emergente.


La apelación señalada en el anterior acápite fue resuelta por Auto de Vista 91/13 de 28 de octubre de 2013 (fs. 1076 a 1077 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 768/2014-RRC de 30 de diciembre.


II.4. Del Auto de Vista impugnado.


El Tribunal de alzada resolvió la apelación restringida con los siguientes argumentos:


a) Con relación a la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 2) del art. 370 del CPP, bajo el entendido de que el Tribunal de Sentencia habría declarado Sentencia absolutoria por los delitos de Homicidio, Tentativa, Robo, Lesiones Graves y Leves y lo hubiese encontrado culpable de la comisión del delito Lesiones Gravísimas, no significa vulneración alguna, toda vez que si bien es un solo hecho el que se juzgó, el Tribunal de Sentencia con las facultades que la Ley les otorga y después de una valoración de la prueba y el desarrollo del juicio oral, estableció que se generó la convicción de la responsabilidad penal de los acusados sobre la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, lo cual significó que la conducta de los acusados se subsuma a lo previsto por el art. 270 inc. 4) del CPP, y que si bien se emitió Sentencia absolutoria respecto a los demás delitos acusados, no quiere decir que deba absolverles de todos los delitos, toda vez que cada delito tiene diferentes elementos constitutivos, y cuando un hecho no se subsume en algún delito no implica que no se podrá subsumir en otro; ahora sobre la individualización de los acusados en la sentencia, se evidencia de la revisión de la misma que en el acápite Datos Generales o personales de los acusados y sus correspondientes declaraciones, asimismo en el fundamento probatorio y jurídico de la sentencia se estableció que se identificó e individualizó a cada uno de los acusados no siendo evidente la vulneración referida.


b) Respecto de la errónea aplicación de la norma adjetiva de los arts. 124, 173 y 359 del CPP, el recurrente no expresó de forma clara en qué sentido se habrían vulnerado las disposiciones legales antes señaladas sin fundamentar su agravio, limitándose a hacer mención a un párrafo de la sentencia que corresponde a la individualización y refiriendo nuevamente sobre porqué se le condenó por un delito y se absolvió por otros delitos, aspecto reiterativo que ya fue resuelto en el anterior punto; sin embargo, de la revisión de la sentencia se concluye que cumplió con la respectiva motivación y fundamentación, conforme lo prevé el art. 124 del CPP, debido a que manifestó congruentemente los motivos por los que se asumió la determinación tomada a través de la Sentencia 003/13 de 18 de marzo de 2013, efectuando una fundamentación probatoria, jurídica, asimismo efectuó una descripción de las pruebas y un análisis intelectivo de las mismas para luego establecer que las conclusiones en las que se basa la Sentencia condenatoria fue correcta, por lo que no existe la vulneración alegada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente se denuncia que el Tribunal de alzada pese al Auto Supremo emitido con anterioridad en la causa, incurrió nuevamente en falta de fundamentación en cuanto a la participación individualizada de los imputados en el delito de Lesiones Gravísimas y la prueba que sustente la condena; además, de la existencia de defectuosa valoración probatoria por inexistencia de prueba plena para sustentar la Sentencia, correspondiendo resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que sólo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente, ningún juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia.


III.2. De los precedentes invocados.


Los recurrentes a tiempo de plantear la denuncia de falta de fundamentación, hacen referencia al Auto Supremo 768/2014-RRC de 30 de diciembre, dictado dentro del presente proceso penal, que dejó sin efecto la anterior resolución emitida por el Tribunal de alzada, con base a los siguientes argumentos: “En el caso de autos, los recurrentes denunciaron que el Auto de Vista impugnado: i) No tomó en cuenta que los jueces ciudadanos fundaron su decisión condenatoria sin mencionar ninguna prueba; ii) Tampoco realizó mención alguna al voto disidente que los absolvía al no existir prueba plena; e, iii) Ignoraron la doctrina legal aplicable que establece que al existir sólo prueba semiplena, corresponde aplicar la sentencia absolutoria.


Respecto a la primera observación, en apelación restringida los recurrentes fundaron su denuncia en la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 5) toda vez que los jueces ciudadanos para condenarlos habrían usado el siguiente argumento: `Que referente a la individualización de los actores o sujetos procesales en los hechos se llega a establecer que tienen actuación directa para el caso es el de los acusados en relación al delito de lesiones y no así en los demás delitos´ (sic), sin basar su argumento en pruebas testificales ni documentales; denuncia que al ser resuelta por el Tribunal de alzada, éste se limitó a hacer referencia a los Autos Supremos 349 de 28 de agosto de 2006, 183 de 6 de febrero de 2007, 25 de 4 de febrero de 2010 y la SC 178/2010-R de 6 de septiembre, todas referidas a la obligación de fundamentación, para finalmente concluir: `De lo que se tiene que en la sentencia motivo de apelación, no existe incongruencia ya que la misma cuenta con la respectiva fundamentación´ (sic).


Argumento del Tribunal de alzada, que deja en la incertidumbre tanto a la parte recurrente como a este Tribunal, pues no permite realizar un control efectivo sobre las razones que lo llevaron a asumir dicha conclusión, pues no es suficiente que el Tribunal de alzada se limite a transcribir la doctrina legal aplicable sentada por este Tribunal, sin realizar un efectivo control sobre cuáles fueron las razones que tuvo el Tribunal de mérito para llegar a la conclusión de que la conducta de los imputados se subsumió al tipo penal de Lesiones Gravísimas, y qué pruebas habrían llevado a esta autoridad judicial a concluir que los recurrentes efectivamente adecuaron su accionar al tipo penal por el cual fueron condenados; máxime si se tiene presente que la aplicación de la norma jurídica estará precedida de la existencia de hechos previamente establecidos como probados por el Tribunal de Sentencia.


De ese modo el Tribunal de alzada, con la afirmación lacónica precedentemente transcrita, reemplazó un análisis crítico por una remisión genérica e incurrió en el mismo error denunciado en apelación, pues el argumento del Tribunal de alzada, no cumple con la finalidad ni el requisito de ser una resolución expresa y debidamente fundamentada; al respecto, a esta altura del análisis, es oportuno mencionar que según el escritor Orlando Rodríguez, citando a Joan Pico I Junoy, la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades undamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos. Fines que la resolución hoy impugnada no cumple.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre otros el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que refirió: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica” (Las negrillas son nuestras). En consecuencia, al evidenciarse que la resolución recurrida de casación no es expresa en cuanto a los fundamentos para declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida formulada por los recurrentes, de manera específica respecto a la denuncia de existencia del defecto previsto por el art. 370.5) del CPP, omitiendo a su vez el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, corresponde sea dejada sin efecto a fin de que el Tribunal de alzada emita nueva resolución conforme la doctrina legal aplicable establecida por este Tribunal que conforme al art. 420 parte final del CPP es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores”.


También los recurrentes invocan el Auto Supremo 369/2007 de 5 de abril, dictado dentro del proceso penal seguido por el MP contra OCA y otra, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, que tuvo como antecedente la denuncia de insuficiente fundamentación del fallo apelado, no existiendo en la Sentencia un análisis individualizado de la participación del imputado en el hecho juzgado; defecto absoluto que se inscribe en el inc. 3) del art. 169 del CPP; siendo este antecedente uno de los motivos que generó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable: “En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan, los Tribunales de Justicia deben aplicar las normas positivas de acuerdo a la preferencia prevista por el Art. 228 de la Constitución Política del Estado, correspondiendo en el nuevo modelo procesal penal la carga de la prueba al acusador particular o público, o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, en tanto no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada material basada en un análisis individualizado de su participación en el delito, misma que debe ser plena sin lugar a duda razonable, resultando afectación al principio del debido proceso la valoración defectuosa o incorrecta de la prueba aportada en juicio, no siendo necesaria la realización de nuevo juicio si el Tribunal de la apelación considera que los hechos han sido demostrados y probados en juicio y únicamente corresponde actuar asignando correctamente a tales hechos el derecho, en este caso, la absolución.


En consecuencia, corresponde que cumpliendo su función de control jurisdiccional de legalidad el Tribunal de Apelación pronuncie nuevo fallo, donde sin necesidad de realización de nuevo juicio oral, resuelva conforme determina la doctrina legal aplicable”.


Respecto al primer fallo, corresponde verificar si evidentemente el Tribunal de alzada incumplió sus entendimientos y en cuanto al segundo si incurrió en contradicción, al corresponder a una situación de hecho similar a la denunciada, es decir una presunta falta de fundamentación y defectuosa valoración probatoria.


III.3. Análisis del caso concreto.


Respecto del primer motivo de casación, relacionado a la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, en cuanto a la participación individualizada de los recurrentes en el delito de Lesiones Gravísimas y la prueba que sustente la condena, es menester reiterar que la debida fundamentación de las resoluciones de alzada, constituye una exigencia que emerge del art. 180.I de la CPE, que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, el acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello, es obligación de los Tribunales de alzada, pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, de modo que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, pues debe tenerse presente que el cumplimiento de estas exigencias exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella; sin embargo, ello no implica imponer una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, pues una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación ampulosa tampoco garantiza que lo sea. Lo fundamental es que la Resolución contenga una relación fáctica o de antecedentes y en el caso concreto de la apelación, del o los agravios denunciados y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de dichos agravios.


Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se tiene que en su último considerando inciso 2), el Tribunal de alzada señaló: “…ahora sobre la individualización de los acusados en la Sentencia, se evidencia de la revisión de la misma que en el acápite Datos Generales o personales de los acusados y sus correspondientes declaraciones; asimismo, en el fundamento probatorio y jurídico de la Sentencia se estableció que se identificó e individualizó a cada uno de los acusados no siendo evidente la vulneración referida”. Esta conclusión de ninguna manera cumple con las previsiones del art. 124 del CPP, pues resulta general y abstracta, incurriéndose en un evidente vicio de falta de fundamentación que afecta al deber de emisión de Resolución debidamente motivada vulnerando al derecho a la defensa y al debido proceso, ya que no se puede alegar el cumplimiento de dicha exigencia (debida fundamentación), a través del simple argumento de que en el fundamento probatorio y jurídico de la sentencia se identificó a los acusados, sin responder a los recurrentes qué pruebas respaldan dichas conclusiones, por lo que se evidencia que pese a lo dispuesto por esta Sala en un anterior fallo, el Tribunal de alzada en absoluta inobservancia del art. 419 del CPP, incurre en el mismo defecto de no otorgar una respuesta fundada a los planteamientos de los recurrentes contenidos en su apelación restringida.


En cuanto al segundo motivo, referido a la defectuosa valoración probatoria denunciada por inexistencia de prueba plena para sustentar la Sentencia, se debe tener presente que el sistema procesal impone que el Juez o Tribunal de Sentencia fundamente debidamente su fallo, que permita a las partes y en su caso al Tribunal de alzada, efectuar el control de las inferencias lógicas del juzgador, porque los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una Sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.


Por otra parte, reiterando la idea central del sistema en sentido de que los Tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes; y, que el Tribunal de apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba; no es menos cierto que al resolver el recurso de apelación restringida y en mérito a la denuncia de una defectuosa valoración de prueba, tiene el deber de ejercer el control de que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica de modo que la Sentencia esté debidamente fundamentada en la experiencia, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas; caso contrario, deberá disponer lo que corresponda en derecho.


Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se tiene en cuanto a la resolución del motivo denunciado por los recurrentes, que el Tribunal de alzada en el último considerando de la Resolución impugnada en los incisos 2 y 3, nuevamente se pronunció de manera genérica, sin efectuar un control jurídico legal a la valoración probatoria que permita sustentar la conclusión establecida en la Sentencia, denotando en contrario una respuesta evasiva, ya que se extraña una fundamentación que permita efectuar en esta instancia un análisis si efectivamente existió o no una correcta valoración probatoria, en base a la sana crítica, pues el simplemente limitarse a señalar que en la Sentencia: “se efectuó una fundamentación, probatoria, jurídica, realizando una descripción de las pruebas (sin señalar cuáles) y un análisis intelectivo de la misma, para luego llegar a establecer conclusiones que basan la Sentencia condenatoria”, denota la falta de motivación expresa, clara, completa, legítima y lógica, debiendo tener presente los integrantes del Tribunal de alzada, que el Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad o absolución del procesado, mientras que los Tribunales de alzada verifican si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, como la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano.


En consecuencia, se concluye que es evidente por un lado, la inobservancia del Tribunal de alzada a una resolución emitida en la presente causa por esta Sala, además de la concurrencia de contradicción con el segundo precedente, por la falta de respuesta fundamentada al cuestionamiento planteado por los recurrentes con base al art. 370 inc. 6) del CPP; en este sentido, corresponde dejar nuevamente sin efecto la Resolución emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, a los fines de que emita una nueva, fundamentando conforme las exigencias legales la respuesta a cada uno de los planteamientos efectuados por los imputados en apelación restringida.


Por esa razón y en armonía con los criterios asumidos en el acápite III.1. de la presente resolución, resulta ilustrativo para la emisión de una nueva Resolución por parte del Tribunal de apelación, las precisiones efectuadas en el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, que sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores, señaló: “Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra.


En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.


El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal” (las negrillas y subrayado no cursan en el original).


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 22/2015 de 20 de marzo de 2015, de fs. 1159 a 1163, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA