TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 275/2016-RRC

Sucre, 11 de abril de 2016


Expediente                        : Pando 16/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : María Esther Caero Silva

Delitos        :        Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de julio de 2015, cursante de fs. 266 a 272, María Esther Caero Silva, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 30 de junio de 2015, de fs. 256 a 259, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, la Gerencia Distrital de Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el Consejo de la Magistratura del Distrito de Pando contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; y, Prevaricato, previstos y sancionados por los arts. 153 y 173 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 11/2014 de 15 de agosto (fs. 25 a 36 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando,  declaró a María Esther Caero Silva, absuelta de pena y culpa de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; y, Prevaricato; previstos y sancionados por los arts. 153 y 173 del CP, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra.


b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 51 a 58 vta.), la Gerencia Distrital de Pando del SIN (fs. 59 a 69 vta.) y el Consejo de la Magistratura del Distrito de Pando (fs. 70 a 73 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 14 de enero de 2015 (fs. 100 a 105 vta.), que fue dejado sin efecto  por Auto Supremo 267/2015-RRC de 23 de abril (fs. 245 a 250), que dispuso la emisión de nuevo Auto de Vista aplicando la doctrina legal establecida; en virtud a ello, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista de 30 de junio de 2015 (fs. 256 a 259), que declaró procedentes las apelaciones y anuló totalmente la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 145/2016-RA de 24 de febrero, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) La recurrente refiere que el Tribunal de alzada anuló la Sentencia de mérito bajo el argumento que existieron defectos a tiempo de la consideración de las dos declaraciones efectuadas por los Vocales de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Pando; empero, no tomó en cuenta que la declaración que vulneró el debido proceso, según lo previsto por los arts. 169 inc. 3) con relación al 93 ambos del CPP; fue la efectuada sin la presencia de fiscal y del abogado defensor; por lo que, la misma sería nula y no podría ser utilizada en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de quienes las reciban o utilicen; por lo tanto, la inobservancia de las referidas citas normativas procesales no permiten utilizar la información obtenida en contra del declarante. Por esos motivos, el razonamiento de los jueces ciudadanos en la Sentencia, en sentido que la única declaración válida es la que se obtuvo en el juicio oral, es coherente, puesto que la misma cumplió con los principios de inmediación y contradicción; evidenciando que no se vulneró derecho fundamental alguno del declarante y menos de la acusación.


Agrega que debe tenerse en cuenta que en su declaración informativa, el Tribunal de alzada señaló que el Auto 147/2010 emitido por la imputada era legal; extremo ratificado en la etapa del juicio oral; en cambio, con relación a la deposición que ambos realizaron sin la presencia de su abogado y del fiscal, no tiene valor alguno, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 13 del CPP. Por tanto, la labor realizada por los Jueces ciudadanos fue correcta; por lo tanto, el Auto de Vista al anular la Sentencia, incurrió en vulneración de los arts. 13, 93, 94, 171 y 173 del CPP; y, 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); además, cometió falta de fundamentación en desconocimiento del art. 124 del CPP.


2) Señala que otro de los motivos del Auto de Vista que justifica la nulidad de la Sentencia, es la supuesta falta de motivación y errónea interpretación del art. 231 de la Ley 1340, en la que hubieren incurrido los jueces ciudadanos  a tiempo de su emisión; empero, no se tomaron en cuenta las reglas procesales previstas por los arts. 57, 58, 59, 60 y 61 del CPP, en cuyo texto, establecen que los jueces ciudadanos se encuentran impedidos de motivar sus fallos, puesto que éstos no deben tener conocimientos técnicos ni jurídicos especializados para permitir discernir y aplicar criterios sólidos. Con relación a que los jueces ciudadanos hubieren interpretado erróneamente el art. 231 de la Ley 1340; y, no realizaron un análisis minucioso del mismo y menos cumplieron con el examen doctrinal de los delitos acusados; por cuanto, no se hubiere fundamentado respecto de los Autos 147/2010 y 199/2011 en los que se interpretó dicha norma; otro argumento fue, que los jueces ciudadanos confundieron fiscalización con ejecución tributaria de cobro coactivo; además, afirmó que los mismos deben conocer y fundamentar sobre la metodología teleológica de interpretación teniendo en cuenta esos conocimientos científicos de normas y leyes; aspectos de los cuales como ya se refirió, los jueces ciudadanos se encuentran impedidos de motivar sus decisiones por ser representantes de control social y de la sociedad que dentro del Estado de derecho les exime de conocimiento técnico; en ese sentido, el Auto de Vista se emitió con ausencia de motivación, al señalar que los jueces ciudadanos debieron fundamentar su determinación siendo que éstos deben estar exentos de conocimiento jurídico, según lo establecido en el art. 58 del CPP, lo que generó que el Auto de Vista no se encuentre debidamente fundamentado, infringiendo los preceptos contenidos en los arts. 115.I y II, 116.I y II, 117.I, 119.I y II y 120.I de la CPE (debido proceso, seguridad jurídica, igualdad jurídica, taxatividad legal, presunción de inocencia, derecho a la defensa y tutela judicial); al respecto, también expresa que ante la falta de fundamentación la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en su lineamiento estableció que cuando una resolución carece de fundamentación se constituye en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, porque los autos deben contener los principios de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita la admisión del presente recurso.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 145/2016-RA, cursante de fs. 309 a 312, este Tribunal admitió, el recurso de casación formulado por la imputada Esther Caero Silva, para su análisis de fondo, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 11/2014 de 15 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, suscrita por los Jueces Ciudadanos con la disidencia de un Juez Técnico, declaró a la imputada María Esther Caero Silva, absuelta de pena y culpa de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; y, Prevaricato, previstos y sancionados por los arts. 153 y 173 del CP, bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:


a) Fue legal el obrar de la Jueza imputada, al prohibir al SIN el ingreso a la Empresa Tahuamanu, dado que la Administración Tributaria no tenía por qué pretender fiscalizarla y cobrar impuestos dentro de un proceso que estaba suspendido por efecto de la interposición del Recurso Incidental de Inconstitucionalidad Concreta.


b) El Auto de Vista recurrido fue erróneamente recurrido de casación y rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el fundamento de que la Resolución impugnada no era definitiva. Finalmente el SIN, acudió a la vía del Amparo Constitucional interpuesto contra Ponciano Ruiz Quispe, Germán Apolinar Miranda Guerrero y María Esther Caero Silva, el cual fue declarado improcedente por inmediatez, demostrando total negligencia y consintiendo los actos denunciados de ilegales, descuido que dio vigencia y validez a la determinación asumida.


c) Los Vocales de la Sala Penal y Administrativa, en sus declaraciones contenidas en las pruebas PD-28 y PD-29, de 27 de mayo de 2013, indicaron que es legal el Auto 14/2010 que fue confirmado totalmente por sus propias autoridades; afirmación ratificada plenamente en la audiencia de juicio oral; por lo tanto, se prueba la teoría de la defensa, relativa a que el fallo impugnado es legal; por lo que, a decir de los jueces ciudadanos no se cometió delito alguno.


d) De la misma manera ocurrió con el Auto 199/2011, que a criterio de los jueces ciudadanos, resulta igualmente legal bajo los mismos argumentos esgrimidos en los puntos anteriores; de modo tal, que no se puede discutir la existencia de un delito cuando la Jueza Coactiva Fiscal y Tributaria, actuó de forma legal, así como sus inmediatos superiores, los Vocales de la Sala Penal y Administrativa; habida cuenta que, el hecho de haber negado la fiscalización de parte del SIN a la Empresa Tahuamanu, no constituye delito, puesto que no era atribución de dicha instancia, ingresar a realizar ese cometido cuando existe una determinación jurisdiccional que lo prohíbe; más aun, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra suspendido ante la presentación de un Recurso Incidental de Inconstitucionalidad Concreta; por lo que, la precitada Empresa hizo lo correcto al no permitir que el SIN ejecute la fiscalización, la cual sin duda, era consecuencia de la determinación de una deuda o tributo.


e) Las contradicciones de los Vocales no pueden ser tomadas en cuenta, pues su primera deposición en la que expresan que la Resolución emitida por la Jueza imputada es ilegal, fue depuesta sin presencia de abogados defensores y sin prestar juramento; no siendo por lo tanto, válida. En consecuencia, sólo debe tomarse en cuenta la última declaración al haber sido ésta confirmada en audiencia de juicio oral, consistente en la afirmación de que el fallo emitido por la Jueza procesada, es legal; por tanto, al ser autoridades superiores, es obvio que tienen que saber más que ella y éstos confirmaron la determinación de la A quo, entonces no se puede alegar luego ilegalidad alguna.


f) El testigo Freddy Muñuni Maija, afirmó que la más perjudicada resulta la Empresa Tahuamanu, porque tuvo que pagar la deuda más los intereses y las multas, lo que fue corroborado por otros testigos de cargo y por el Gerente de dicha Empresa; por lo que, en vez de existir un daño económico al Estado, hubo daño a las arcas de la Empresa; entonces, si no existió daño económico al Estado, no corresponde el juzgamiento de la autoridad jurisdiccional, siendo injusta la acusación contra María Esther Caero Silva.


g) El Fiscal que estuvo a cargo del procesamiento de la Jueza, al inicio del mismo, señaló que la actuación de la pre-nombrada era legal, y es más, luego en el mismo proceso, posteriormente, actuó como abogado defensor de la imputada.


h) Es inaudito que una persona que guardó detención en la cárcel y supuestamente cometió irregularidades, luego sea aceptada nuevamente en el mismo trabajo; extremo que demuestra que nunca cometió los ilícitos denunciados, sino como se entendería que uno tendría un negocio y su empleado roba, entonces por lógica no se lo podría volver a aceptar en dicho trabajo.


i)  El SIN debió haber instaurado el proceso penal en su debido momento y no después de tanto tiempo, haciendo suponer que dudó para iniciarlo, pues si se trata de buscar culpables, los únicos responsables son los Vocales por confirmar algo que supuestamente era ilegal, al ser sus superiores.


II.2. De la primera apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 51 a 58), la Gerencia Distrital de Pando del SIN (fs. 59 a 69 vta.) y el Consejo de la Magistratura (fs. 70 a 73), interpusieron recursos de apelación restringida; de los cuales, se pasarán a detallar los argumentos contenidos en el primero de los citados, por ser de interés al caso de análisis:


1) Alega falta de fundamentación de la Sentencia, extremo que vulnera el art. 124 del CPP, dado que los Jueces Ciudadanos concluyeron que el obrar de la imputada fue legal, al prohibir al SIN el ingreso a la empresa Tahuamanu a cobrar impuestos cuando el proceso principal estaba suspendido por efecto de la presentación de un Recurso Incidental de Inconstitucionalidad; y que el Auto 147/2010 estaría enmarcado en la legalidad al haber sido confirmado por los superiores en grado de la imputada, sin una debida motivación.


2) Al margen de realizar un detalle de todas las pruebas, la Sentencia no explicó el valor probatorio que tiene cada una de ellas a efectos de desvirtuar los hechos acusados que den lugar a la absolución, citando para el efecto la Sentencia Constitucional 1668/2004 de 14 de octubre. De otro lado, en su parte relativa a la valoración probatoria, debió haber contrastado la prueba de cargo y descargo, haciendo un análisis del por qué se desvirtuaron ciertas piezas probatorias o por qué se les dio valor probatorio a otras; no “menciona ni se refiere para nada a las pruebas de descargo presentadas por el Ministerio Público” (sic); y tampoco sobre el hecho que los testigos del Ministerio Público y acusador particular en el juicio oral manifestaron que les consta que la acusada prohibió el ingreso a la Empresa Tahuamanu para la fiscalización por varios años; sin embargo, los Jueces Ciudadanos la absolvieron sin ningún fundamento legal, pese a que la imputada no presentó un sólo indicio que demuestre que los Autos 147/2010 y 199/2011 estuvieron ajustados a la ley, limitándose a señalar que son legales por versión de los Vocales de la Sala Penal, sin tomar en cuenta la disidencia del Juez Técnico, vulnerándose la garantía del debido proceso respecto a la legalidad de la prueba incorporada al proceso, establecidos en los arts. 9 de la CPE y 13 del CPP.


3) No se especificó con claridad la tipificación del hecho en los elementos constitutivos de los delitos incursos en los arts. 153 y 173 del CP, no expresó si es culposo o doloso, menos que la insuficiencia de prueba hubiese causado error en la calificación del hecho; es decir, no se tomaron en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del tipo injusto, existiendo contradicción en la adecuación de los hechos a la subsunción a los tipos penales; finalmente, refiere que la falta de fundamentación de la Sentencia constituye defecto absoluto y contraviene los arts. 124 y 370 inc. 1) del CPP, al constituir la fundamentación un elemento del debido proceso y de la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 115 de la CPE.


II.3. Del primer Auto de Vista.


La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista de 14 de enero de 2015, expresando inicialmente que no se explicó lo suficiente el art. 231 de la Ley 1340, ni los delitos por los que se juzgó a la imputada; y, en observancia del art. 414 del CPP, procedió a desarrollar una fundamentación propia bajo el argumento que se trata de errores de derecho, expresando lo siguiente:


i) El Prevaricato es el acto por el cual, el Juez o Jueza, en ejercicio de sus funciones dicta resoluciones manifiestamente contrarias a la ley; al respecto, cita al autor Valda Daza Jorge José, quién puntualizó que, para que se dé la consumación de este tipo se requiere que la resolución, el concepto o dictamen sea manifiestamente contrario a la ley. No es punible la conducta cuando por cuestiones de hermenéutica jurídica se llega a una conclusión que sea errónea, la resolución debe ser arbitraria en un asunto administrativo o juicio, a sabiendas que dicha resolución es injusta, groseramente contraria a la ley y a la Constitución; agrega que, conforme el Auto Supremo “55/2004” (sic), en el Prevaricato deben concurrir los siguientes aspectos: a) El aspecto de conocimiento o cognoscitivo, b) El aspecto del querer o conativo; y, c) El aspecto de fallar manifiestamente contra la ley lesionando el valor de la justicia; por otra parte, cita también al autor Edwin Orlando Riveros Baptista, señalando que, la estructura del delito de Prevaricato es instantáneo, se consuma en el momento de dictarse la resolución, independientemente del daño que se pueda causar, el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia y que la antijuricidad radica en dictar resoluciones manifiestamente contrarias a la ley.


ii) El tipo penal de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, implica que la servidora o servidor público o autoridad dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución y a las Leyes, o ejecute o haga ejecutar dichas resoluciones u órdenes; al respecto, el autor Jorge José Valda Daza, establece la diferencia con el delito de Prevaricato señalando que, este último es el tipo penal que comete quien dicta una resolución contraria a la ley, resolviendo un caso, una controversia, un litigio, una solicitud al interior del ámbito de la justicia ordinaria, administrativa o indígena originaria; por su parte, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, es un delito cometido por cualquier servidor público o autoridad que dicta una resolución en el ejercicio de sus funciones, contrarias a la Constitución y a las Leyes, que no tenga que ver con la solución de una controversia o litigio alguno; concluyendo el Tribunal que: 1) Para que se cometa el delito de Prevaricato, la resolución o resoluciones emitidas por la jueza o juez, deben ser manifiestamente; es decir, abierta, clara y notoriamente contrarias a la ley o norma jurídica legal; 2) El delito de Prevaricato es propio del juez porque resuelve un caso concreto, mientras que el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, lo comete cualquier servidor público que emita resoluciones que no tengan que ver con la resolución de una controversia o litigio, sino que tiene efectos erga omnes; es decir, genérica y no concreta como en el Prevaricato; 3) No es punible la conducta cuando por cuestiones de hermenéutica jurídica se llega a una conclusión que sea errónea; y, 4) No es necesario el daño económico para la consumación de estos delitos, basta con dictar las resoluciones.


iii) Por otra parte, el Auto de Vista impugnado, procede a analizar si los Autos 147/2010 y 199/2011, emitidos por la imputada, son contrarios a la ley, para tal efecto señala que el art. 231 de la Ley 1340, es parte del Código y contiene una parte sustantiva y otra adjetiva, explica los arts. 1, 131, 134, 135 y 182 de la referida Ley y a continuación, expresa que las órdenes 0009FE00025 de 23 de abril de 2010 y 0011OFE00020 de 13 de septiembre de 2011, ¿son actos, resoluciones o procedimientos?, en el encabezamiento dicen orden de fiscalización y en la parte inferior refiere que es un proceso de determinación con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias; se entiende entonces, que al margen de ser órdenes de fiscalización, son procesos o procedimientos de determinación impositiva, procesos que emergen de la relación jurídica entre el SIN y la Empresa Tahuamanu S.A.; que las órdenes 0009FE00025 y 0011OFE00020, provienen de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley Financial de 2009 y de la Resolución Administrativa 001/09 de 28 de julio de 2009, emitida por el SIN de Pando, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa 001/2002 de 10 de junio, la misma que libera a la Empresa Tahuamanu del pago impositivo del IUE; y, cuando el SIN emitió órdenes de fiscalización y proceso de determinación, fueron impugnadas por la Empresa Tahuamanu, dando lugar a la dictación de los Autos 147/2010 y 199/2011, cuya razón de decidir radica esencialmente en que “la administración tributaria lleva adelante un proceso de determinación de tributos, basándose en una Resolución impugnada en vía judicial, y que la fiscalización que se lleva adelante, es un procedimiento para hacer efectiva la resolución de cese de exención tributaria, cuya validez se discute en el Juzgado al haber sido impugnada por supuesta ilegalidad.” (sic).


iv) En consecuencia, el hecho que la Jueza hubiere dispuesto la suspensión de los actos de fiscalización y determinación impositiva, más cuando éstas emergen de relaciones jurídicas tributarias establecidas entre las partes, restablecimiento cuestionando a través de recursos legales y constitucionales, las resoluciones cuestionadas no son manifiesta, abierta, clara y notoriamente contrarias a la ley o norma jurídica legal prevista en el art. 231 de la Ley 1340 para que se cometa Prevaricato, pues el artículo permite la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados; por tanto, sostener que la ejecución del acto se refiera nada más al cobro del tributo determinado, es ingresar a una interpretación muy restringida.


v) En cuanto a que los Jueces Ciudadanos, no tomaron en cuenta las contradicciones en las que incurrieron los testigos Germán Miranda Guerrero y Ponciano Ruiz Quispe, Vocales de la Sala Penal, quienes señalaron que las Resoluciones emitidas por la imputada eran ilegales y luego en juicio dijeron que eran legales; señalar que los Jueces Ciudadanos no escucharon la declaración de los Vocales en etapa preparatoria; sino, la del juicio que es la que tiene validez para ellos, entonces es comprensible que se hubiere atendido la última declaración sin tomar en cuenta la primera; por otra parte, que la legalidad o ilegalidad de las resoluciones no viene dada por las declaraciones precisamente, sino por el contenido de las mismas; en cuanto a la falta de fundamentación, que es la explicación de las razones jurídicas y fácticas de la decisión, en la misma debe describirse y valorarse la prueba, como se ve.


vi) Los Jueces hicieron la explicación de las normas que describen la conducta como delitos y las que se acusan de violadas con las Resoluciones, si bien no explicaron suficientemente, con la permisión del art. 414 del CPP y en virtud al principio iura novit curia, la Sala lo hace en esta instancia. 


II.4. Del primer recurso de casación


El Auto de Vista de 14 de enero de 2015, fue recurrido de casación por parte de la Gerencia Distrital de Pando del SIN (fs. 107 a 118); del Ministerio Público (fs. 191 a 198); y, del Consejo de la Magistratura (fs. 213 a 217); de los cuales, solamente fue admitido el segundo motivo contenido en el recurso planteado por el Ministerio Público que será expuesto a continuación; aclarando que las demás impugnaciones fueron declaradas inadmisibles, a través del Auto Supremo 254/2015-RA de 14 de abril.


El Ministerio Público denunció falta de fundamentación de la Sentencia de acuerdo a lo establecido por el art. 124 del CPP, argumentando que en apelación restringida cuestionó; sin embargo, el Tribunal de alzada tampoco dio cumplimiento a la citada norma, ratificando la Sentencia realizando una transcripción de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y Prevaricato, aceptando que los jueces ciudadanos se equivocaron y confundieron verificación con ejecución; por otra parte, expresa que le llama la atención lo establecido en el considerando II, inc. iii) de aquel Auto de Vista, respecto a las contradicciones de los Vocales German Miranda Guerrero y Ponciano Ruiz Quispe, quienes manifestaron inicialmente que las resoluciones emitidas por la imputada eran ilegales y luego en juicio dijeron que eran legales, expresando que los jueces ciudadanos no escucharon las declaraciones de la etapa preparatoria, sino las de juicio que son las que tienen valor para ellos; no obstante, refieren que tiene a su favor la disidencia del Vocal René Rojas Bonilla de la Sala Civil, que expresó falta de fundamentación de la Sentencia y que el Auto de Vista se pronunció ultra petita, de igual forma la disidencia del Juez Técnico, cuestionando cómo es posible que dos Jueces Ciudadanos puedan emitir una Sentencia absolutoria, ratificada por el Tribunal de alzada, sobre dos votos disidentes de jueces probos y con capacidad jurídica.


Finalmente, expresó que la falta de fundamentación de la Sentencia, constituye defecto absoluto, para el efecto cita como precedentes los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006, 444 de 15 de octubre de 2005, 437 de 24 de agosto de 2007, 241 de 1 de agosto de 2005, referidos a la motivación de las resoluciones y valoración de la prueba, señalando que cuando la resolución no contiene criterios sólidos que fundamenten la valoración de la prueba, constituye defecto absoluto incurso en el inc. 5) del art. 370 del CPP, porque genera incertidumbre en los sujetos procesales, aspecto que no existe en la Sentencia, siendo la misma insuficiente y contradictoria al absolver a la imputada; por otra parte, el Tribunal de Sentencia en su acápite fundamentación jurídica respecto a los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y Prevaricato, pese a que se demostró que la acusada es funcionaria pública, en el cargo de Juez Coactivo Tributario y que firmó de puño y letra los Autos contrarios y prevaricadores, ordenando de manera arbitraria y abusiva que el SIN Pando deje de hacer su trabajo como la fiscalización a la Empresa Tahuamano, no presentó prueba alguna que dichos Autos emitidos fueron legales, razones por las que se configura los delitos acusados, “…en tal sentido la antijuridicidad de estos delitos lo establece la conducta del servidor público; es decir, se refiere a la inadecuada manera como conduce la administración de justicia en relación al patrimonio económico y a los intereses del Estado” (sic).


II.5. Del primer Auto Supremo.


Mediante Auto Supremo 267/2015-RRC de 23 de abril, se resolvió el único motivo admitido del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Púbico, que  dejó sin efecto el Auto de Vista de 14 de enero de 2015, disponiendo que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronuncie una nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida, con los siguientes argumentos.


1) La fundamentación contenida en la Sentencia de mérito, no se ajustó a los marcos de una adecuada fundamentación jurídica, ni fáctica, ni dentro de los cánones de razonabilidad a los que debe someterse cualquier resolución judicial; lo que evidencia una insuficiencia argumentativa al constatarse que no existe la identificación mínima de cuál o qué normativa no fue contrariada, ni cuáles las razones jurídicas para considerar que la conducta de la imputada no se subsumió en los delitos acusados, ni cuáles los fundamentos claros e inequívocos de la absolución; prueba del cual, es que no existe la determinación sí la suspensión de la fiscalización a la Empresa Tahuamanu S.A., dispuesta por la imputada mediante los Autos 147/2010 de 23 de abril y 199/2011 de 10 de octubre, son emergentes de la aplicación del art. 231 del Código Tributario Boliviano (CTB), al haberse iniciado un Proceso Contencioso Tributario, o por efecto del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad que se formuló dentro del primero. En definitiva no fundó en derecho las razones por las que considera que la imputada no incurrió el Prevaricato ni en dictar Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; no siendo suficiente el criterio simple de que los fallos emitidos por ésta, fueron legales.


2) El Tribunal de alzada pretendió, haciendo uso de la facultad otorgada por el art. 414 del CPP, suplir la deficiencia argumentativa de la Sentencia de mérito, concluyendo que los Autos 147/2010 y 199/2011, emitidos por la imputada fueron correctos, en observancia del art. 231 del CTB, sosteniendo que la citada norma permite la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimientos impugnados; y que entender que la ejecución del acto se refiera nada más al cobro del Tributo determinado, es “…ingresar a una interpretación muy restringida…”(sic). Fundamento inconcluso que no explica por qué sería una interpretación restringida, ni las razones por las cuáles, los hechos denunciados contra la imputada no se subsumen en los delitos acusados, y constituye carencia de una debida motivación del fallo de alzada.


3) Si bien, al Tribunal de alzada le está conferida la facultad para realizar una fundamentación complementaria de la Sentencia al evidenciar errores mínimos de derecho; en el caso concreto, dicha instancia direccionó su accionar, realizando consideraciones generales de los delitos atribuidos; pero, sin explicar los razonamientos jurídicos que permitan concluir que las resoluciones emitidas por la Jueza imputada no fueron contrarias a la normativa legal; no ejerciendo adecuadamente su labor de control del fallo impugnado, pretendiendo suplir la labor del Tribunal inferior ante la ausencia de fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica de la Sentencia; lo que no puede ser subsanado directamente.


II.6. Del segundo Auto de Vista.


En cumplimiento del Auto Supremo 267/2015-RRC de 23 de abril, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista de 30 de junio de 2015, declarando procedente el recurso de apelación interpuesto; y en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia de mérito por falta de fundamentación, con los siguientes motivos:


a) En cuanto a la defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo, no puede ser observada por el Tribunal de apelación; y sobre la prueba documental, se constata que la prueba MP-10 relativa a un Auto de medidas cautelares, no fue valorada.


b) En lo que concierne a las contradicciones en las declaraciones de los Vocales, quienes habrían expresado en primera instancia que las resoluciones de la imputada eran legales, cabe realizar dos apreciaciones; la primera, es que los jueces ciudadanos no escucharon la primera deposición deducida en la etapa preparatoria, sino solamente la otorgada durante el juicio oral, ésta última que tendría validez para ellos; por lo tanto, resulta comprensible que se hubieren basado únicamente en la misma sin tomar en cuenta la primera; y segunda, es que la legalidad o ilegalidad de las resoluciones no viene dada por las declaraciones precisamente, sino por el contenido de las mismas.


c)  Es evidente que los Jueces Ciudadanos tomaron en cuenta la declaración de Freddy Muñuni Maija, al señalar que no hubo daño económico al Estado; pero, debe preverse que una persona no erudita en derecho se guía por un sentido de justicia más que por tecnicismos jurídicos; por lo tanto, no debe perderse de vista que si bien, el delito de Prevaricato no requiere daño económico como elemento constitutivo del tipo penal, todo se originó en la obligación de pagar impuestos por parte de la Empresa Tahuamanu, la cual, al haber pagado el adeudo tributario, no sería reprochable que dicho pago se lo hubiere considerado a la hora de decidir.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente caso la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Contiene defectos en la consideración de las declaraciones de los Vocales de la Sala Penal y Administrativa, sin tomar en cuenta que la declaración que vulneró el debido proceso fue la depuesta en la etapa preparatoria sin presencia del Fiscal y de abogado defensor, siendo nula al tenor del art. 93 del CPP; por tanto, no podría ser utilizada en el proceso; en cambio la otorgada en el juicio oral, cumplió con los marcos legales de inmediación y contradicción y no vulneró derecho alguno del declarante y menos de la acusación; lo que demuestra que el razonamiento de los jueces ciudadanos fue correcto; y, b) No es evidente la apreciación realizada con relación a la supuesta falta de fundamentación de la Sentencia, puesto que los jueces ciudadanos se encuentran impedidos de fundamentar y motivar sus resoluciones, conforme determina el art. 58 del CPP. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen vulneraciones a derechos y garantías constitucionales a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.


III.1. Fundamentación y motivación de los fallos.


Por mandato de lo preceptuado por el art. 124 del CPP, los jueces y tribunales de justicia están obligados a expresar en sus resoluciones, los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, así como citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo; fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es una premisa consolidada por este Órgano de Justicia Ordinaria, que todas las resoluciones, entre ellas, las pronunciadas por el Tribunal de alzada, deben cumplir con esta exigencia constitucional, emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentra en el recurso de apelación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP.


En ese orden, el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, determinó la siguiente doctrina legal: “Concluido el juicio oral, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; sólo así, se permitirá que los sujetos procesales y cualquier persona que lea la Sentencia, comprenda de dónde obtiene el Juez o Tribunal, la información que le permite llegar a una conclusión, sólo de esta manera, la Sentencia se explica por sí sola; incurriéndose en fundamentación insuficiente por la ausencia de cualquiera de los elementos o requisitos señalados; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, cuidando además, de no caer en contradicción entre su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, puesto que de ser así, se incurriría en la previsión del art. 370 inc. 8) del CPP”.


Asimismo, los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre entre otros, han establecido que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


La obligación de fundamentar las resoluciones es extensible a los Tribunales de alzada, los que también deben observar el cumplimiento de los requisitos esenciales de claridad, completitud, legitimidad, logicidad y de ser expresa, respecto de los puntos de agravio denunciados a fin de emitir una resolución formal y materialmente válida. Así lo estableció el Auto Supremo 49/2012 de 16 de marzo, al determinar lo siguiente: ”De acuerdo al entendimiento ratificado por el AS 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados”.


De la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos glosados precedentemente, es posible determinar que el derecho a una debida fundamentación es un elemento esencial del debido proceso, se encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I  y 180 de la CPE; se trata del derecho de todo ciudadano a contar con resoluciones debidamente motivadas, de tal manera que brinden certeza de su contenido y alcances de la decisión asumida.


Tiene la finalidad de precautelar el juzgamiento adecuado, justo, equitativo, oportuno, efectivo y eficaz de los ciudadanos, asegurando que toda persona involucrada en un proceso, reciba del órgano competente o administradores de justicia, la protección oportuna de sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, materializada en una decisión justa y ecuánime. Dichos presupuestos constituyen un límite para el poder del Estado frente al individuo, y por tanto, constriñe a las autoridades públicas a desarrollar sus actividades ajustadas al cumplimiento del núcleo esencial o duro del debido proceso en su triple dimensión, sometidas siempre; entre otros, al principio de legalidad, como elemento componente del anterior, ajustando su actividad al acatamiento irrebatible de lo que la ley manda.


III.2. Deber de motivación de los jueces ciudadanos.


Los jueces ciudadanos fueron incorporados por el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia (Ley 1970), el cual, en su art. 52, antes de su modificación, establecía que los Tribunales de Sentencia estarían integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública, con las excepciones señaladas en el art. 53 del mismo cuerpo legal. Autoridades que eran designadas mediante sorteo y previa revisión de las listas confeccionadas oportunamente por la Corte Nacional Electoral, y remitidas ante las Cortes Superiores de Distrito, para que previo juramento de ley, conozcan y fallen únicamente en el caso para el cual fueron nominados, sorteados y posesionados.


Los requisitos para su designación se encontraban establecidos expresamente en el adjetivo penal, y desde el momento de su designación, eran considerados como integrantes del tribunal y durante la sustanciación del juicio, tenían los mismos deberes y atribuciones que los jueces técnicos, conforme a los mandatos legales contenidos en la Ley de Organización Judicial y en las Leyes especiales de cada materia, entre otros, el art. 64 del CPP.


Ahora bien, tal como se señaló anteriormente, una de las obligaciones constitucionales y legales establecidas para las autoridades encargadas de impartir justicia, es el respeto del debido proceso, del cual emergen una serie de elementos, entre ellos, la debida motivación de los fallos; exigencia que sin duda era aplicable también para los jueces ciudadanos, quienes no solamente estaban constreñidos a participar de todo el juicio oral, público, continuo y contradictorio, sino también tenían la función de valorar las pruebas en forma imparcial y objetiva, no siendo necesario contar para ello, con conocimientos jurídicos y de técnica recursiva; siendo suficiente exponer sus decisiones en forma motivada, de acuerdo a lo visto y oído en la audiencia del juicio oral; emitiendo o participando como tribunal colegiado en la Sentencia.


De lo señalado, se desprende que los jueces ciudadanos si bien estaban exentos de conocimientos jurídicos; empero, ello no implicaba que los fallos emitidos por dichas autoridades quedaran exentos del deber de valoración de todos los elementos probatorios así como el de motivación, a tiempo de pronunciarlos, como una garantía otorgada al justiciable, de obtener una resolución que explique los motivos por los cuales se asumió una determinada decisión respecto de su situación jurídica; así como a los demás sujetos que formaban parte del proceso penal.


Para cumplir dicha tarea, de manera indefectible, cada resolución emitida por los jueces ciudadanos, como en el presente caso, en el cual, el fallo se encuentra suscrito únicamente por éstos, dado que el Juez Técnico, al no compartir los criterios de los primeros, formuló su disidencia; debía contener la exposición de los hechos que originaron el procesamiento, puesto que sólo a partir de ello, se constataría que dichas autoridades comprendieron los antecedentes de manera cabal, evitando cualquier tipo de incongruencia; en segundo lugar, les correspondía revisar y apreciar la prueba ofrecida y judicializada durante la etapa de juicio, explicando en su propio lenguaje, de acuerdo a su conciencia y comprensión, el valor otorgado a cada una de ellas, pues aunque los jueces ciudadanos no contaban con conocimientos jurídicos, dicho mecanismo proporcionaba al proceso una dimensión social, originada en su entorno profesional y familiar, procurando una simbiosis de conocimientos jurídicos y experiencia práctica de la vida. Finalmente correspondía de acuerdo a los hechos y elementos probatorios analizados, emitir su criterio respecto a la comisión o no del tipo penal; por cuanto,  indudablemente debían mínimamente saber y comprender el delito por el cual se instauró del proceso; lo contrario, desembocaría en un fallo injusto, al carecer de los elementos mínimos esenciales que expliquen de manera razonable las razones que llevaron a fallar de una forma determinada.


Entonces, no cabe duda que a los jueces ciudadanos no era posible exigirles de manera estricta el cumplimiento de los cánones específicos establecidos en la doctrina legal aplicable desarrollada para los jueces técnicos, precisamente porque éstos no contaban con los conocimientos técnicos ni jurídicos; pero sin duda debía establecerse una relación de todas las pruebas, sin excepción, apreciadas de acuerdo a su criterio de formación, estableciendo hasta qué punto un hecho u acto fue malo o no, para concluir si fue delictivo o no, todo ello dentro de su conocimiento del vivir bien.


III.3. Análisis del caso concreto


Con esos antecedentes, corresponde a continuación verificar a partir de las denuncias realizadas por la imputada, si las actuaciones realizadas por los Vocales a cargo de la apelación restringida, se enmarcaron en la legalidad y respetaron el ejercicio de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales de las partes involucradas en el proceso penal seguido en su contra.


En ese orden, se tiene que en el primer motivo, la parte recurrente alegó que los Vocales de la Sala Penal y Administrativa, anularon la Sentencia, entre otros argumentos, bajo el criterio que la Sentencia incurrió en una ilegalidad al otorgar valor a las declaraciones supuestamente contradictorias de los Vocales; cuando la única declaración válida es la depuesta durante la audiencia de juicio oral que fue sometida al contradictorio e inmediación por parte de los jueces ciudadanos; y no así, la primera de ellas realizada en la etapa preparatoria, la cual además sería nula al no haber contado con la presencia del fiscal y de abogado defensor.


En ese ámbito, se evidencias que en el Auto de Vista ahora impugnado, de manera expresa se sostuvo lo siguiente: “En cuanto a que los Jueces no tuvieron en cuenta las contradicciones de los Vocales Germán Miranda Guerrero y Ponciano Ruiz Quispe, pues primero dijeron que las resoluciones emitidas por la Dra. Caero eran ilegales, y luego, en juicio, dijeron que eran legales, cabe hacer dos apreciaciones: La primera es que los Jueces Ciudadanos no escucharon la declaración de los Vocales en la etapa preparatoria, sino la del juicio que es la que tiene validez para ellos, entonces es comprensible que se hayan atenido a esa declaración sin tomar en cuenta la primera. La segunda es que la legalidad o ilegalidad de las resoluciones no viene dada por las declaraciones precisamente, sino por el contenido de la misma” (sic).


De lo relatado es posible determinar que los Vocales encargados de resolver la apelación restringida interpretaron adecuadamente las normas legales en vigencia y las aplicaron de manera intrínseca al caso venido en revisión, puesto que afirmaron de manera clara, que resulta comprensible la determinación asumida por los Jueces Ciudadanos, quienes le otorgaron valor únicamente a la declaración de los Vocales identificados en su momento, otorgada durante la etapa del juicio oral; lo cual resulta correcto, puesto que tal como se desarrolló precedentemente, los jueces ciudadanos deliberarán y votarán sobre lo visto y oído en la audiencia del juicio; lo que resulta razonable, puesto que su convocatoria responde estrictamente para la sustanciación de la audiencia del contradictorio; por tanto, no es posible exigir a tales autoridades que valoren o fallen respecto de elementos procesales que nunca fueron de su incumbencia ni conocimiento.


En consecuencia, no resulta evidente lo expresado por la recurrente en el presente mecanismo de impugnación, puesto que el criterio de los Vocales, fue acorde a lo establecido en las normas legales, ratificando más bien, la forma de resolución de la Sentencia de mérito; no habiendo sido este elemento, un motivo que hubiere determinado la nulidad del fallo del inferior. Pues si bien, la apelación restringida fue declarada procedente, ello respondió a la falta de “…fundamentación y motivación de la sentencia apelada. En lo demás es inexacta la conclusión de que no se cometió el delito por haber vuelto la Dra. Caero a su fuente laboral…” (sic).


En esa línea de análisis, se constata que el Tribunal de alzada realizó un correcto análisis e interpretación de los argumentos contenidos en la Sentencia de mérito, con relación a la apreciación de la prueba testifical depuesta por los Vocales Germán Miranda Guerrero y Ponciano Ruiz Quispe; ratificando el valor concedido a la otorgada en la etapa de juicio oral, y no así a la entregada durante la etapa preparatoria, denotando que las autoridades de alzada, no vulneraron ningún derecho fundamental y garantía constitucional al resolver este primer motivo, lo que implica una denuncia infundada por parte de la recurrente de casación.


En el segundo motivo de casación, la imputada cuestiona la pretensión de exigirse a los jueces ciudadanos que motiven sus fallos, puesto que éstos no cuentan con conocimientos técnicos ni jurídicos especializados de normas y leyes, para discernir y aplicar criterios sólidos; al respecto, se deben realizar ciertas precisiones; de un lado, para efectos pedagógicos, es importante señalar que, tal como se desarrolló precedentemente, la falta de conocimientos técnicos y jurídicos de los jueces ciudadanos, no implica la liberalidad de motivar sus fallos; puesto que este elemento del debido proceso no solamente se traduce en una obligación constitucional y legal de parte de las autoridades públicas, sino también es un derecho y garantía para las partes procesales, y más aún para los imputados, quienes deben tener la seguridad jurídica de que la resolución emitida en su contra o a favor, expone de manera adecuada y comprensible, los motivos para haber asumido una determinada decisión. Claro está que como se explicó precedentemente, dicha exigencia para los jueces ciudadanos resulta ser más laxa; empero, indudablemente ello no implica de modo alguno la ausencia total de dicho requisito.


De otro lado, de los antecedentes del caso en análisis, se evidencia que los fundamentos contenidos en la Sentencia de mérito, ya fueron sometidos a revisión por parte de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Auto Supremo 267/2015-RRC de 23 de abril, por el cual, se dejó sin efecto el entonces impugnado Auto de Vista de 14 de enero de 2015, bajo el fundamento que el mismo, no identificó que la Sentencia aludida no cumplió con los cánones de razonabilidad a los que debe someterse cualquier resolución judicial, dado que se advirtió una insuficiencia argumentativa de parte de los jueces ciudadanos, al constatarse que no existió la identificación mínima de cuál o qué normativa no fue contrariada, ni cuáles las razones jurídicas para considerar que la conducta de la imputada no se subsumió en los delitos acusados, ni cuáles los fundamentos claros e inequívocos de la absolución; alegando que prueba de ello, es que no existía la determinación si la suspensión de la fiscalización a la Empresa Tahuamanu S.A. dispuesta por la imputada, mediante los Autos 14/2010 de 23 de abril y 199/2011 de 10 de octubre, fue emergente de la aplicación del art. 231 del CTB, en el Proceso Contencioso Tributario de nulidad de la Resolución Administrativa 001/2009 de 28 de julio emitida por el SIN de Pando, o que obedeció a la interposición del recurso indirecto incidental de inconstitucionalidad que formuló la citada Empresa dentro del Proceso Contencioso Tributario. Concluyendo en definitiva, que la Sentencia no fundó en derecho las razones por las que se consideró que la imputada no incurrió en Prevaricato o por qué las resoluciones dictadas por la Jueza procesada, no se subsumían en el tipo penal de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a la Ley, siendo insuficiente para fundar la Sentencia absolutoria; “…que los Autos 147/2010 y 199/2011, fueron emitidos legalmente y al ser uno de ellos confirmado por sus superiores en grado, son legales…” (sic), aspecto que vulneró la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, e implicó la concurrencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Además de lo señalado, el precitado Auto Supremo, también argumentó que si bien el Tribunal de apelación tiene la facultad para realizar una fundamentación complementaria, de manera directa, en el caso entonces analizado, las autoridades de alzada direccionaron su accionar, realizando consideraciones generales de los delitos de Prevaricato y de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, sin explicar los razonamientos jurídicos del por qué se arribó a la conclusión que  los Autos emitidos por la imputada en el ejercicio de la función de Juez Coactivo, Fiscal y Tributario, no eran contarios a la normativa legal.


Por lo tanto, al determinar en aquella oportunidad que el Tribunal de alzada, no ejerció adecuadamente su labor de control del fallo impugnado, determinó la emisión de un nuevo Auto de Vista, aplicando la doctrina legal establecida en el Auto Supremo; por lo tanto, la emisión del nuevo Auto de Vista, se encuentra constreñida al cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal; extremo que fue cumplido a cabalidad por la Sala Penal y Administrativa; por tanto, resulta ser un tema irrevisable por segunda vez, al haber sido ya sometido a revisión y obtenido una determinada resolución en casación en esa oportunidad.


En consecuencia, por los argumentos expuestos, el presente motivo también debe  ser declarado sin mérito.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por María Esther Caero Silva, cursante de fs. 266 a 272.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran -Sala Civil

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA