TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 274/2016-RRC

Sucre, 31 de marzo de 2016


Expediente                        : Tarija 51/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Emilio Hugo Rico Taborga

Delito                                : Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de julio de 2015, cursante de fs. 385 a 387 vta., el Ministerio Público, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 28/2015 de 19 de junio, de fs. 375 a 377 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija contra Emilio Hugo Rico Taborga, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 26 de la Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 02/2014 de 26 de marzo (fs. 295 vta. a 299 vta.), la Jueza Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Emilio Hugo Rico Taborga, absuelto de pena y culpa del  delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 26 de la Ley 004, sin costas.


b) Contra la mencionada Sentencia, la Unidad de Gestión Procesal Penal del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (fs. 318 a 325 vta.) y el Ministerio Público (fs. 346 a 350), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 28/2015 de 19 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar los recursos de apelación restringida planteados y confirmó totalmente la Sentencia, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 701/2015-RA de 30 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente refiere que el Tribunal de alzada: i) Incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, se limitó a transcribir íntegramente los fundamentos emitidos por el Juez de Sentencia; y, ii) Concluyó de manera contradictoria, que no se había demostrado que el 13 de diciembre de 2010, las personas fueron trasladadas en la volqueta de propiedad del Proyecto múltiple San Jacinto, pese a existir prueba testifical de Martha Norma Romero, Domitila Méndez Perales, Roberto Ramos Durán y Carlos Hugo Vargas que refieren lo contrario; empero, tanto el Tribunal de alzada como el de juicio manifestaron que ni siquiera se probó que el acusado era el chofer designado del Proyecto múltiple San Jacinto, aspecto que evidencia que el Tribunal de apelación no efectuó una correcta valoración de la prueba aportada.


Agrega, que durante el juicio se cumplió el mandato legal de identificar con certeza la conducta típica del acusado, la acción, la antijuricidad de su proceder, ameritando su punibilidad; sin embargo, estos aspectos no fueron observados en resguardo de los derechos de los acusadores, en franca vulneración a la libertad probatoria (art. 171 del CPP), y el debido proceso [art. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 1 del CPP], derecho a la igualdad (art. 119 de la CPE y 12 del CPP), derecho a ser oídos por una autoridad jurisdiccional competente independiente e imparcial (art. 120 de la CPE) en desmedro de la víctima particular.


Concluye, señalando que en el caso de autos se advierte una errónea e ilegal revalorización de la prueba que constituye una absoluta carencia de seguridad jurídica de las partes y la emisión de un fallo alejado del marco legal impuesto por el art. 124 del CPP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se case la Resolución recurrida y en el fondo se determine la doctrina legal aplicable, emitiendo el Tribunal de alzada un nuevo Auto de Vista, adecuado a la normativa legal, en respeto a los derechos y garantías constitucionales, debidamente fundamentado, sin incurrir en revalorización de la prueba por no estarle permitido, determinándose la revocatoria de la Sentencia que absolvió de pena y culpa al acusado. 

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 701/2015-RA de 30 de noviembre, cursante de fs. 399 a 401, cursante de fs. 399 a 401, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el recurrente para su análisis de fondo, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Conforme consta en la enunciación de los hechos, las acusaciones fiscal y particular de la Gobernación del Departamento de Tarija, sostienen que el 13 de diciembre de 2010 a horas 11:15 a.m., funcionarios policiales tomaron conocimiento del ilícito descubriendo en flagrancia el Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos de un motorizado modelo 2004, color blanco, motor J08CTT22442, chasis JHDFM1JLU6XX10149, con placa de control interno 003 propiedad de Proyecto Múltiple San Jacinto dependiente de la Gobernación del Departamento, que estaba destinado para el trabajo cotidiano que se venía ejecutando dentro del área de influencia y riego del Proyecto Múltiple San Jacinto; pero, que estaba siendo utilizado indebidamente para trasladar a funcionarios públicos (trabajadores del PEU), que se dirigían a la plaza con la finalidad de participar en movilizaciones destinadas a obstaculizar el desarrollo de una sesión programada por los asambleístas departamentales.


Con dichos antecedentes, la Jueza Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Emilio Hugo Rico Taborga, absuelto de pena y culpa por el  delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 26 de la Ley 004, sin costas; bajo las siguientes conclusiones:


1) De la valoración de la prueba documental y testifical producida por el Ministerio Público y la acusación particular, a efectos de demostrar la titularidad que tenía la Gobernación del Departamento de Tarija sobre el motorizado tipo volqueta, marca HINO, motor: J08CTT22442, Chasis: JHDFM1JLU6XX10149, se presentó la prueba signada como MP-8, consistente en el contrato 257/06-1 de adquisiciones de bienes y servicios Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo Nibol Ltda., celebrado entre el Prefecto del Departamento de Tarija y la Empresa NIBOL Ltda., para la compra exclusiva de seis camiones estacas de cuatro toneladas marca Nissan Diesel modelo MKB210F, advirtiendo que el motorizado que se alega haber dado un Uso Indebido, tiene otra marca y un modelo distinto al señalado en el contrato por el cual se habría adquirido a través del PNUD. También se presentó la copia del contrato 094/05-2 celebrado por la entonces Prefectura del Departamento y la Empresa TOYOSA S.A., para la adquisición de maquinaria y equipo pesado consistente en dieciocho volquetas tipo A y 2 volquetas tipo B, en dicho contrato no interviene el PNUD, cuando todos los testigos de cargo señalaron que las volquetas del Proyecto San Jacinto fueron adquiridas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, no se demostró que el Estado tenga la titularidad del motorizado modelo 2004, color blanco. Motor J08CTT22442, chasis: JHDFM1JLU6XX10149, con placa de control interno 003.


2) Las acusaciones fiscal y particular, no demostraron que el 13 de diciembre de 2010, personas hayan sido trasladadas en la volqueta de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto dependiente de la entonces prefectura del Departamento ahora Gobernación del Departamento de Tarija, que era manejada por Emilio Hugo Rico Taborga y se dirigían a una marcha con la finalidad de entorpecer la labor que desempeñaba la Asamblea Departamental para beneficio propio o de otra persona; más al contrario, los testigos de cargo Martha Norma Romero Jurado, Domitila Méndez Perales, Roberto Ramos Durán y Carlos Hugo Vargas, fueron contestes y uniformes al señalar que en la indicada fecha, solicitaron a Emilio Hugo Rico Taborga los dejara cerca de la oficina del PEU que se encontraba ubicado sobre la Avenida las Américas esquina General Trigo, donde debían ir a reclamar sobre su sueldo que les era adeudado, en razón a que el mencionado chofer era quien los recogía de distintos lugares de la ciudad y devolvía luego de la jornada de trabajo de igual forma en lugares que no eran específicos, sino que era de acuerdo al requerimiento del personal del PEU, concluyéndose que no se demostró la conducta dolosa del acusado a momento de trasladar al personal del PEU hasta el lugar donde fue aprehendido, ya que su trabajo era la de trasladar al personal del programa PEU a distintos lugares, para realizar trabajos asignados por el Proyecto Múltiple San Jacinto.


3) No se demostró con ningún elemento probatorio, que el imputado el 13 de diciembre de 2010, habría sido asignado como chofer de la volqueta modelo 2004, color blanco, motor: J08CTT22442, chasis: JHDFM1JLU6XX10149 con placa de control interno 003, cuando la propia prueba documental de cargo signada como MP-12 consistente en el comprobante de efectos en custodia de 10 de agosto de 2010 entregó al imputado una volqueta marca HINO, motor: J08CTT22376, chasis: JHDFM1JLU6XX10132, refrendada también por la prueba de cargo AP-19 y la prueba literal MP-7; es decir, que la volqueta que se asignó al imputado como chofer dependiente del Proyecto Múltiple San Jacinto, tiene un número de motor y chasis diferente al señalado en las acusaciones fiscal y particular, siendo que el número de chasis es único en cada motorizado.

    

II.2. De los recursos de apelación restringida.


II.2.1. Del recurso de la Gobernación del Departamento de Tarija.


La citada Gobernación interpuso recurso de apelación restringida, señalando los siguientes agravios: 1) Inobservancia y errónea aplicación de la ley procesal; por cuanto, el Tribunal de juicio incurrió en el defecto del art. 370 incs. 5), 6) y 10) del CPP; por lo que, vulneró el principio de la debida fundamentación, resultando insuficiente y defectuosa en la valoración de la prueba; toda vez, que no se hubiere pronunciado en forma clara ni precisa respecto a toda la prueba, ni mucho menos los motivos de hecho y derecho en los que supuestamente basó la decisión de absolución del acusado; no considerando los siguientes aspectos que: i. La volqueta con motor J08CTT22376 y chasis JHDFM1JU6XX10132, se encontraba registrada en los activos fijos de los bienes muebles de la Gobernación del Departamento de Tarija con placa de control interno 003 bajo la custodia de Emilio Hugo Rico Taborga; ii. Conforme a las pruebas signadas como MP-1, MP-2 y MP-3, el imputado fue aprehendido en flagrancia en inmediaciones de la rotonda de la fuente de los deseos ubicado en la Avenida Víctor Paz Estensoro, bajando a personal de PEU para realizar una protesta, aspecto que evidencia con prueba documental, además de los testigos de descargo Mirco Cesar Gutiérrez, Roberto Ramos, Martha Romero y Domitila Méndez que manifestaron que el imputado los trasladó hasta inmediaciones del lugar donde fue aprehendido para realizar protestas sobre su sueldo en esa gestión; iii. En el transcurso del juicio, por las declaraciones testificales se evidenció que el imputado era funcionario público del proyecto múltiple San Jacinto, incluso fue detenido en flagrancia manejando una volqueta de color blanco dependiente de la Gobernación del Departamento de Tarija. Agregó que la Sentencia no valoró las pruebas en su conjunto, basando su decisión en la prueba signada como MP8 en el punto 3), MP12 en el punto 4) y MP7 en el punto 5), no haciendo referencia a las reglas de la sana crítica, incurriendo en una falta de fundamentación intelectiva probatoria, ya que de las testificales de Antonio Eyzaguirre Ramírez, Patricia Casab Michel, Hugo Medrano Silva y Reynaldo Villca Escalante, evidenciarían al imputado como funcionario público en su calidad de chofer del Proyecto Múltiple San Jacinto, que tenía una volqueta bajo su custodia. 2) Valoración defectuosa de la prueba; por cuanto, se comprobó que en franca inobservancia de las reglas de la sana crítica la Sentencia, no justificó las razones por las cuales otorgó determinado valor, demostrándose como hecho probado la existencia del hecho y la participación en grado de autor del acusado por todas las declaraciones que evidenciaron su participación dolosa; empero, la Jueza de Sentencia no valoró correctamente la prueba testifical y documental de cargo, no considerando las evidentes contradicciones e intención de favorecimiento de la prueba testifical y documental de descargo. 3) Hechos inexistentes o no acreditados; por cuanto, la Sentencia alegaría no haberse demostrado que el 13 de diciembre de 2010, las personas que fueron trasladas en la volqueta de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto dependiente de la Gobernación del Departamento de Tarija, que era manejada por el imputado se dirigía a una marcha con la finalidad de entorpecer la labor que desempeñaba en ese momento la Asamblea Departamental; por el contrario, los testigos de descargo Martha Norma Romero, Domitila Méndez Perales, Roberto Ramos Durán y Carlos Hugo Vargas de manera uniforme señalaron que el 13 de diciembre de 2010, solicitaron al imputado los dejara cerca de la oficina del PEU; sin embargo, de la revisión del acta de juicio, no registra que los testigos de descargo hubieren sido contundentes sobre dicho particular, invocando en la Sentencia afirmaciones que no fueron demostradas. 4) Existencia de contradicción en la parte considerativa; toda vez, que en sus numerales 3 y 4 denominado fundamentación y valoración jurídica, concluye que no se demostró la titularidad del motorizado; sin embargo, en el numeral 5) hace hincapié a la prueba documental signada como MP12 consistente en el comprobante de efectos en custodia de 10 de agosto de 2010 entrega al imputado una volqueta, que si bien existe la diferencia de números de motor y chasis, como alegó la juzgadora, haciéndole presumir que no se demostró la titularidad del motorizado; empero, también establece que la volqueta fue asignada por la unidad del Estado como es el Proyecto Múltiple San Jacinto además de asumir que el imputado fungía como chofer dependiente de dicha unidad, denotándose la contradicción en la sentencia. 5) Defecto del art. 370 inc. 10) del CPP; puesto que, inobservó lo previsto por los “Arts. 359 y 360” (sic), toda vez, que no expuso los razonamientos en los que sustentó la Sentencia absolutoria.

II.2.2. Del recurso de apelación del Ministerio Público.


El fiscal reclamó: 1) Defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; ya que no existiría fundamentación en la Sentencia o que sea insuficiente o contradictoria; toda vez, que no se pronunció respecto a toda la prueba, no realizó una relación pormenorizada de la prueba judicializada en juicio y menos expresó los motivos de hecho y derecho; y, el valor que le asignan a cada uno de los elementos de prueba, tomando en cuenta sólo partes de las declaraciones testificales, no concretadas ni relacionadas con los hechos, ni la prueba documental y material contraviniendo la lógica racional, la experiencia y la psicología de la sana crítica, resultando la fundamentación insuficiente y contradictoria, no haciendo referencia a las fases del supuesto inter críminis, deliberación y resolución dentro del primer elemento como es la acción del imputado, situación por el que llegó a la determinación de absolver al imputado; 2) Defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; por cuanto vulneró los arts. 171, 173 y 359 de la citada ley; toda vez, que en la sentencia solo hizo un resumen de las declaraciones de los testigos haciendo una valoración subjetiva, advirtiéndose que el acta de juicio sería un resumen del juicio, no habiéndose plasmado todo lo acontecido, poniendo en duda la objetividad de la sentencia, ya que los testigos Víctor Hugo Medrano Silva y Reynaldo Villca Escalante, no fueron valoradas objetivamente; por lo que, los hechos se habrían producido en flagrancia, la testigo Patricia Casab Michel refirió que una volqueta del proyecto San Jacinto habría sido retenida, teniéndose claro que un vehículo del Estado fue retenido durante el hecho, declaraciones que fueron valoradas sesgadamente, no considerando que el hecho se dio en flagrancia siendo probada a través de las pruebas MP-1, MP-2, MP-3 y MP-4. Además, no  observó que se hubiere efectuado alguna valoración de la prueba testifical de descargo, señalando que respecto a la prueba documental no habría demostrado la titularidad del motorizado; empero, de la prueba MP-5 se tiene que la entidad Proyecto Múltiple San Jacinto solicitó al Ministerio Público la devolución de un vehículo de su propiedad, que fue secuestrado por los testigos Víctor Hugo Medrano Silva y Reynaldo Villca cuando aprehendieron en flagrancia al imputado, además a través de la prueba MP-8 se tiene que existe un documento por el que se adquiere el vehículo; y, por las declaraciones de cargo y descargo se tiene que el acusado transportaba a trabajadores del PEU en la volqueta del Proyecto Múltiple San Jacinto; empero, a criterio del Juez no se habría demostrado, que el 13 de diciembre de 2010 las personas que fueron trasladadas fueran a dirigirse a una marcha para entorpecer la labor que realizaba la Asamblea Departamental, aspecto subjetivo, no considerando las declaraciones de los testigos Víctor Medrano y Reynaldo Villca a momento de emitir la Sentencia absolutoria; tampoco, valoró la declaración de Antonio Eyzaguirre que refirió que la volqueta asignada al acusado era netamente destinada para actividades propias del Proyecto Múltiple San Jacinto, aspecto acreditado por la prueba de descargo I-1; sin embargo, la Sentencia incurre en contradicción, ya que señaló que sólo debía trasladar a gente para trabajos asignados al Proyecto Múltiple San Jacinto, razón por la cual el imputado no tenía por qué trasladar al personal a ningún lugar, no siendo lo mismo dentro de las funciones que debía desempeñar; por lo que, usó la volqueta asignada para la realización de actividades diferentes a las cuales estaba destinada; así también, refiere, que no se demostró con ningún elemento que el imputado el 13 de diciembre de 2010 habría sido asignado como chofer de la volqueta; empero, no valoró que de la prueba de cargo y descargo como la I-1 se le asignó la volqueta a efectos de que realice actividades en el área de influencia el Portillo área de influencia del proyecto múltiple San Jacinto.        

II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista 28/2015 de 19 de junio, declaró sin lugar los recursos de apelación restringida planteados; consecuentemente, confirmó la Sentencia en su integridad, con base a los argumentos a ser destacados en el análisis del recurso, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente recurso, la representación del Ministerio Público denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación al limitarse a transcribir los fundamentos de la Sentencia; asumió conclusiones contradictorias al igual que el Tribunal de Sentencia con base a una incorrecta valoración de la prueba; además, revalorizó la prueba en forma errónea e ilegal; por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. La falta de fundamentación como defecto absoluto.


Sobre la debida fundamentación, la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y la doctrina legal aplicable de este Tribunal en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


Así también, este Tribunal  a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, ratificó y complementó la doctrina legal sobre la falta de fundamentación y desarrollando los fundamentos de la misma determinó que: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, …”.


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no siendo necesaria una respuesta extensa, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, por el incumplimiento de las exigencias previstas en los arts. 124 y 398 del CPP.


III.2.La prohibición de revalorización probatoria en la resolución de la apelación restringida.


Sobre este tema, el Auto Supremo 251/2012-RRC de 12 de octubre estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “La apelación restringida no es un medio que abra la competencia del Tribunal de apelación para la revalorización de la prueba, puesto que en el sistema procesal acusatorio vigente rige el principio de inmediación por el que los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad, de modo que corresponde al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal de juicio, actividad que debe ceñirse al respeto de las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probandi-, la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de la valoración de la prueba está referido los vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida, valoración de prueba ilícita.


Estando delimitada las funciones del Tribunal alzada, que en el caso no han sido observadas, por cuanto la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no realizó un control de la valoración de la prueba sino una nueva valoración de la prueba, agravando ilegalmente la situación del imputado” (el resaltado es propio).


En ese contexto, el Tribunal de apelación no puede volver a valorar la prueba desfilada en juicio, siendo su labor realizar el control de la valoración efectuada por el juez o Tribunal de juicio referido a vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba no producida, exclusión de la prueba que hubiere sido producida, valoración de prueba ilícita. Ahora bien, respecto a la credibilidad de los testigos, debe considerarse que su valoración no sólo emerge de su declaración, sino también del comportamiento observado durante su declaración, por lo tanto, no basta con leer el acta que resume lo declarado por el testigo, puesto que sólo el juez que recibió esa atestación puede valorar ambos factores para concluir si el testigo es creíble o no, razón que justifica, porqué el Tribunal de apelación no puede ni debe efectuar actividad valorativa de la prueba producida en juicio y concluir sobre la credibilidad o no de un testigo.


III.3. Análisis del caso en concreto.


Del contenido del recurso de casación sujeto al presente análisis se identifican tres cuestionamientos a la labor desarrollada por el Tribunal de alzada en el pronunciamiento del Auto de Vista recurrido, por lo que se pasa a resolverlos separadamente en los siguientes términos.


III.3.1. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación.


La parte recurrente sostiene que en la emisión de la resolución impugnada se incurrió en falta de fundamentación, por cuanto el Tribunal de alzada se habría limitado a transcribir los fundamentos de la Sentencia; al respecto, conforme lo extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, se tiene que la parte recurrente, interpuso recurso de apelación restringida, cuyos antecedentes fueron remitidos a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que desestimó el recurso de apelación interpuesto argumentando que de la revisión de la Sentencia, estableció que en el título destinado a la valoración y fundamentación jurídica, tras un análisis de los elementos y naturaleza del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto por el art. 26 de la ley 004, en el acápite 3) arguyó no haberse demostrado que el Estado tenga la titularidad del motorizado modelo 2004, color blanco, motor J008CTT22442, chasis JHDFM1JLU6XX10149, con placa de control interno 003; que a su vez, en el punto 4) de la sentencia alegaría que: “no se ha demostrado que efectivamente el 13 de diciembre de 2010 las personas que fueron trasladadas en la volqueta de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto, dependiente de la ex Prefectura del Departamento ahora Gobernación del Departamento de Tarija y que era manejada por el señor Emilio Hugo Rico Taborga, se dirigían a la marcha con la finalidad de entorpecer la labor que desempeñaba en ese momento la Asamblea Departamental para beneficio propio o de otra persona, más al contrario los testigos de cargo Martha Norma Romero Jurado, Domitila Méndez Perales, Robertho Ramos Duran y Carlos Hugo Vargas fueron contestes y uniformes en señalar que el día 13 de Diciembre de 2010, le solicitaron a Emilio Hugo Rico Taborga los dejara cerca de la oficina del PEU, que se encontraba ubicado en la Av. Las Américas esq. Gral. Trigo… en razón que el mencionado chofer era quien los recogía de distintos lugares de la cuidad”.


Además se evidencia que el Tribunal de alzada, explicó que las impugnaciones versarían en que esas afirmaciones serían contradictorias; toda vez, que una parte estableció que no se demostró la titularidad del Estado sobre el motorizado; y, por otra que se trasladaba personas en una volqueta de propiedad de un proyecto dependiente de la Gobernación del departamento; entonces, constató el Tribunal de apelación, que lo que anotado en la sentencia, sería que el Ministerio Público no demostró que el Estado hubiere tenido la titularidad del motorizado de las características anotadas en la acusación “(Punto 3)”, mientras que en el otro acápite “(Punto 4)” de la Sentencia, asumió convicción de que las personas que trasladaba el imputado en un vehículo de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto el 13 de diciembre de 2010 no se dirigían a un marcha; sino, que los transportaba cumpliendo su rol habitual de recoger y dejar al personal del PEU. Además agregó, que en el acápite 5) de la Sentencia, aseveró que tampoco se demostró con ningún elemento probatorio que a Emilio Hugo Rico Taborga, el 13 de diciembre de 2010, se le habría asignado como chofer de la referida volqueta de las características señaladas en la acusación, siendo que por la propia prueba de cargo MP-12, consistente en el comprobante de efectos de custodia de 10 de agosto de 2010, se acreditó la entrega de una volqueta, pero de características diferentes, haciendo hincapié en que en cada motorizado por ser una secuencia de dígitos que identifica los vehículos de motor de cualquier tipo, el número del código es específico y único para cada unidad fabricada, aspecto que habría llevado a absolver al imputado del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, en aplicación del inc. 2) del art. 363 del CP, criterio que a decir del Tribunal de alzada le resultó acertado; por lo que, en virtud a la exigencia del tercer acápite del art. 6 del CPP “La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad”, de donde le resultó que no era factible exigir que la absolución fuera sustentada en elementos probatorios, que sería un contrasentido al principio fundamental y elemental principio del proceso penal la presunción de inocencia, que por supuesto no requiere prueba al ser una presunción legal la mayor de todas, siendo un absurdo jurídico pretender como lo hacía el apelante, que la misma se sustente en las reglas de la sana crítica.


Continuando con los fundamentos de la Resolución recurrida, el Tribunal de apelación aseveró que no podía argüirse fundamentación insuficiente o contradictoria; puesto que, de la lectura de la sentencia, evidenció: i) Su sometimiento a la CPE, los convenios y tratados internacionales, resguardando los derechos y garantías de las partes; ii) Expuso con claridad las razones por las que asumió su decisión, al constatar que los elementos probatorios eran insuficientes para determinar culpabilidad, por lo que era absolutamente comprensible y atinente que opte por la absolución del encausado y que además dicha decisión se basó en los principios de razonabilidad y equidad; iii) Su estructura facilitó su control jurídico; y, iv) Que, tras la enunciación del hecho, la relación de los elementos de prueba de cargo y descargo en los respectivos acápites, expuso las razones de hecho y derecho sopesadas de manera coherente, asumiendo la decisión de declarar la absolución del imputado; fundamentos, que le permitieron confirmar que no se vislumbró en modo alguno que sea arbitraria o contradictoria como habrían alegado los apelantes.


Finalmente, respecto a la falta de congruencia, constató que la Sentencia respondió a la estructura de una resolución, habida cuenta, que expuestas las pretensiones de las partes, el órgano jurisdiccional estaría impelido a resolver sobre la alegación propuesta; empero, en virtud a los elementos de prueba, no a su sola petición  que debe estar respaldada objetivamente. Agregó, que la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo; en cuanto, a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a conocimiento del juzgador, señalando, que también debe existir coherencia de criterio dentro de una misma resolución, debiendo guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, aspecto que se hubiere puesto de manifiesto en la resolución apelada, constatando el Tribunal de alzada, que se ajustó a la exigencia del art. 124 del CPP, asumiendo correctamente la aplicación del principio in dubio pro reo, sin que la ineficiencia del investigador o del Ministerio Público en la recolección de los elementos de prueba y su incorporación a juicio pueda cargárselas al sindicado pretendiendo que se le imponga una condena sin el respaldo probatorio indispensable que destruya la presunción de inocencia.


Este conjunto de razones, permite constatar a este Tribunal Supremo de Justicia, que la denuncia interpuesta por el recurrente referida a que el Auto de Vista recurrido hubiere incurrido en  falta de fundamentación no resulta evidente; por el contrario, se observa que los argumentos de la Resolución impugnada, resultan de un análisis acorde a los reclamos efectuados por el recurrente, sin que se advierta de su contenido que el Tribunal de alzada se haya limitado a transcribir los fundamentos de la Sentencia, como alega la parte recurrente; habida cuenta, que si bien, extractó una parte del acápite destinado a la valoración y fundamentación jurídica de la sentencia, evidenció en ejercicio de la labor de control que le corresponde, que el fallo apelado no incurrió en falta de fundamentación ni que resultó contradictorio; sino, por el contrario, señaló que le resultaron claras las razones por las que el Tribunal de mérito asumió su decisión, porque le habrían resultado insuficientes los elementos probatorios para asumir la culpabilidad del imputado, destacando que dicha decisión se basó en los principios de razonabilidad y equidad; por cuanto, expuso las razones de hecho y derecho. Argumentos, que evidencian que la Resolución recurrida contiene la fundamentación suficiente por la que dispuso desestimar el recurso de apelación formulado por la parte recurrente.


Consecuentemente, se advierte que el Auto de Vista ahora recurrido, de acuerdo a los antecedentes expuestos, cumplió con el presupuesto de fundamentación inmerso dentro del ámbito del derecho al debido proceso, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada, advirtiendo al presente, que la resolución impugnada de casación resulta: expresa, puesto que señaló los fundamentos que sustentan su decisión de desestimar los reclamos interpuestos por la parte apelante; clara, por cuanto resulta completamente comprensible; completa, toda vez que respondió a los puntos reclamados por el recurrente, permitiéndole llegar al conocimiento de los hechos para emitir su decisión; legítima, ya que de la revisión de la sentencia evidenció, que se pronunció en base a la valoración de las pruebas, sin que resulten suficientes para emitir una resolución condenatoria contra el imputado; y, lógica, pues cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarios, que fueron desarrollados en el apartado jurídico III.1. de este Auto Supremo.


III.3.2. Sobre la denuncia de fundamentación contradictoria.


La parte recurrente alega que el Tribunal de alzada, de manera contradictoria, concluyó que no se demostró que el 13 de diciembre de 2010, las personas fueron trasladadas en la volqueta de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto; pese, a existir prueba testifical de Martha Norma Romero, Domitila Méndez Perales, Roberto Ramos Durán y Carlos Hugo Vargas que refieren lo contrario; arguyendo además el Tribunal de alzada y el de juicio, que ni siquiera se hubiere probado que el acusado era el chofer designado del Proyecto, criterios que evidenciarían que el Tribunal de apelación no efectuó una correcta valoración de la prueba aportada.


Ingresando al análisis del presente punto, de la revisión de la sentencia  extractada en el acápite II.1 de este Auto Supremo, se tiene, que en su apartado denominado valoración y fundamentación jurídica, señaló que las acusaciones fiscal y particular, no demostraron que el 13 de diciembre de 2010, las personas que fueron trasladadas en la volqueta de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto dependiente de la ex prefectura del Departamento ahora Gobernación del Departamento de Tarija y que era manejada por Emilio Hugo Rico Taborga, se dirigían a una marcha con la finalidad de entorpecer la labor que desempeñaba la asamblea departamental para beneficio propio o de otra persona, más al contrario los testigos de cargo Martha Norma Romero Jurado, Domitila Méndez Perales, Roberto Ramos Duran y Carlos Hugo Vargas, fueron contestes y uniformes al señalar que el indicado día, le solicitaron a Emilio Hugo Rico Taborga los dejara cerca de la oficina del PEU que se encontraba ubicado sobre la Avenida Las Américas esquina General Trigo, donde debían ir a reclamar sobre su sueldo que les era adeudado, en razón a que el mencionado chofer era quien los recogía de distintos lugares de la ciudad y devolvía luego de la jornada de trabajo de igual forma en lugares que no eran específicos, sino que era de acuerdo al requerimiento del personal del PEU, concluyendo que no se demostró la conducta dolosa del imputado a momento de trasladar al personal del PEU hasta el lugar donde fue aprehendido, ya que su trabajo era el de trasladar al personal del programa PEU a distintos lugares para realizar trabajos asignados por el Proyecto Múltiple San Jacinto.


También estableció que no se demostró, con ningún elemento probatorio, que el imputado el 13 de diciembre de 2010, habría sido asignado como chofer de la volqueta modelo 2004, color blanco, motor: J08CTT22442, chasis: JHDFM1JLU6XX10149 con placa de control interno 003; ya que, la propia prueba documental de cargo signada como MP-12, consistente en el comprobante de efectos en custodia de 10 de agosto de 2010, entregó al imputado una volqueta marca HINO, motor J08CTT22376 y chasis JHDFM1JLU6XX10132, refrendada también por la prueba de cargo AP-19 y la prueba literal MP-7; concluyendo el Tribunal de sentencia, que la volqueta que se asignó al imputado como chofer dependiente del Proyecto Múltiple San Jacinto, tenía un número de motor y chasis diferente al señalado en ambas acusaciones.

Sobre los referidos criterios asumidos por el Tribunal de juicio, el Tribunal de alzada concluyó que le resultaban acertados, ya que conforme exige el tercer acápite del art. 6 del CPP: “La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad”, de donde le resultó, que no era factible exigir que la absolución sea sustentada en elementos probatorios, que sería un contrasentido al principio fundamental y elemental del principio de presunción de inocencia, que no requería prueba al ser una presunción legal, la mayor de todas, concluyendo que sería un absurdo que se sustente en las reglas de la sana crítica como habrían pretendido los apelantes.


De lo expuesto, no se constata que en el caso de autos, la Resolución recurrida contenga una fundamentación contradictoria como alega la parte recurrente; por cuanto, el criterio de que no se hubiere demostrado que el 13 de diciembre de 2010, las personas habrían sido trasladadas en la volqueta de propiedad del Proyecto Múltiple San Jacinto, no resultó un criterio propio del Tribunal de apelación, sino uno asumido por el Tribunal de juicio; de donde se advierte, que el Tribunal de alzada únicamente cumplió con su deber de control respecto a la valoración probatoria efectuada por el Juez de Sentencia, quien conforme se tiene de la sentencia, valorando las declaraciones testificales de Martha Norma Romero Jurado, Domitila Méndez Perales, Roberto Ramos Duran y Carlos Hugo Vargas, concluyó que no se habría demostrado la conducta dolosa del acusado a momento de trasladar al personal del PEU, explicando que su trabajo era el de trasladar al personal del programa a distintos lugares para realizar trabajos asignados por el Proyecto Múltiple San Jacinto; criterios que le resultaron acertados al Tribunal de alzada en virtud a la exigencia del art. 6 del CPP, aspecto que evidencia que el Auto de Vista recurrido, ejerció de manera correcta su deber de control sobre la valoración probatoria, no incurriendo sus fundamentos en contradicción; toda vez, que del análisis que efectuó a la sentencia, explicó por qué los razonamientos le resultaron acertados, situación por el que desestimó el reclamo efectuado por la parte apelante. Ahora bien, tampoco resulta evidente que el Tribunal de alzada haya concluido alegando que no se probó que el acusado era el chofer designado del Proyecto, aspecto que fue asumido por el Tribunal de juicio y debidamente controlado por el Tribunal de alzada conforme ya se señaló.


III.3.3. Respecto a la denuncia de errónea e ilegal revalorización probatoria.


A tiempo de destacar la incoherencia en los planteamientos del recurrente de alegar por un lado que el Tribunal de alzada no efectuó una correcta valoración de la prueba aportada y por otro lado denunciar que incurrió en revalorización probatoria; de la revisión del Auto de Vista impugnado, en lo concerniente a este último punto, se tiene que los criterios asumidos por el Tribunal de apelación, no emergieron de una nueva valoración probatoria, pues si bien extractó ciertos fundamentos de la sentencia, no ingresó a conocer las cuestiones de hecho de la causa penal, menos a valorar total o parcialmente alguna de las pruebas; por el contrario, se advierte que su actuación estuvo destinada a cumplir con su deber de cuidar que los actos procesales y los actuados jurisdiccionales se encuentren dentro del marco de la legalidad y no afecten derechos ni garantías constitucionales; en consecuencia, la actuación del Tribunal de apelación no puede considerarse como un acto de revalorización de la prueba, lo que evidentemente no le está permitido conforme los entendimientos asumidos en el acápite III.2 de este Auto Supremo; en tal situación, no se evidencia ninguna carencia de seguridad jurídica a las partes procesales como alega el recurrente.


Por los fundamentos expuestos, en atención a que no se advierte vulneración al debido proceso ni a la seguridad jurídica, en los razonamientos expuestos en el Auto de Vista recurrido, corresponde declarar sin mérito las denuncias expuestas en el presente recurso de casación, deviniendo en consecuencia en infundado. 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA