TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 273/2016-RRC

Sucre, 31 de marzo de 2016


Expediente                        : Tarija 32/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y otros

Delitos                        : Concusión y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de abril de 2015 cursante de fs. 5123 a 5136 vta., Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y Armando Lema Gonzáles interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 3/2015 de 2 de marzo, de fs. 4036 a 4049, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Carlos Eduardo Vicente Martínez Paz contra los recurrentes, Juan Carlos Grajeda Soto y Sergio Manuel Oliva Castrillo, por los delitos de Concusión, Uso Indebido de Influencias, Asociación Delictuosa, Organización Criminal e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 151, 146, 132, 132 Bis y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) En mérito a las acusaciones pública y particular, presentadas por el Ministerio Público y el querellante, y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, se dictó la Sentencia 03/2012 de 23 de marzo (fs. 2824 a 2836), pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró a los imputados: Jorge Ramiro Ugarte Calizaya, autor de los delitos de Concusión y Uso Indebido de Influencias en grado de Tentativa, previstos por los arts. 151 y 146 con relación al art. 8, todos del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de cinco años y dos meses de presidio, y al pago de cien días multa a razón de bolivianos tres por día, más costas a favor del Estado y daños y perjuicios a la víctima; asimismo, se lo absolvió de los delitos de Asociación Delictuosa, Organización Criminal e Incumplimiento de Deberes; Armando Lema Gonzáles, autor del delito de Concusión en grado de Tentativa, tipificado por el art. 151 con relación al art. 8, ambos del CP, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de presidio; además del pago de cincuenta días multa a razón de bolivianos tres por día, y costas en favor del Estado y daños y perjuicios para la víctima; en cuanto a los delitos de Asociación Delictuosa, Organización Criminal, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, se dictó sentencia absolutoria; Juan Carlos Grajeda Soto, autor del delito de Concusión en grado de Complicidad, previsto por el arts. 151 con relación al art. 23 del CP, condenándole a la pena de un año de presidio; sin embargo, se le otorgó el beneficio del perdón judicial; absolviéndolo de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Asociación Delictuosa y Organización Criminal; y finalmente, Sergio Manuel Oliva Castrillo, absuelto de los delitos de Concusión, Uso Indebido de Influencias y Asociación Delictuosa.

b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ramiro Ugarte Callizaya y Armando Lema Gonzáles (fs. 2899 a 2918 vta. y 2129 a 2935 vta.), así como el Ministerio Público (fs. 2937 a 2938 vta.) con la adhesión de la parte  querellante (fs. 2936 y vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 32/2014 de 21 de julio (fs. 3038 a 3046 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 666/2014-RRC de 20 de noviembre; razón por la cual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció el Auto de Vista 3/2015 de 2 de marzo (fs. 4036 a 4049), que declaró sin lugar las apelaciones interpuestas y confirmó la Sentencia impugnada; por otra parte, mediante Resoluciones de Complementación y Enmienda 02/2015 de 2 de abril (fs. 4059 y vta.) y 04/2015 de 6 de abril de 2015 (fs. 5062 y vta.), fueron rechazadas las solicitudes de los imputados, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación interpuesto por los acusados y del Auto Supremo de admisión 089/2016-RA de 10 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


1) Los recurrentes denuncian la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos del acceso efectivo a la justicia, Resolución motivada, defensa e impugnación, ya que el Tribunal de alzada, pese a la petición de audiencia no señaló la audiencia de fundamentación oral de su recurso y producción de prueba, lo cual constituye un defecto absoluto insubsanable e inconvalidable, más aun, cuando los vocales al negar el incidente de nulidad de actividad procesal defectuosa (de la falta de fijación de audiencia) citaron el Auto Supremo 73/2013 de 20 de marzo, en relación a la preclusión en casos no reclamados oportunamente, Resolución que es posterior y caso fáctico diferente al Auto Supremo 82 de 26 de marzo de 2013, que debió aplicar con prioridad en cumplimiento estricto al método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia, correspondiendo anular el Auto de Vista impugnado. Continúan señalando que la contradicción consiste en que el Tribunal de apelación no señaló audiencia de fundamentación oral pese a haberse solicitado de forma expresa en su apelación restringida, caso diferente al Auto Supremo 061/2013-RRC de 8 de marzo.


2) Reclaman la incongruencia omisiva que atenta los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el cual incurrió el Tribunal de alzada por: i) No ingresar a resolver la denuncia en apelación restringida sobre la inobservancia del art. 13 del CP, a tiempo de dictarse la Sentencia sin considerar la declaración del procesado Juan Carlos Grajeda para así determinar que no se hubo configurado el delito de Concusión, sin que ello signifique la revalorización de la prueba como entiende el Tribunal Departamental, decisión contradictoria al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, cuyo contenido establece que al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el demandante incurre en incongruencia omisiva; ii) Citar in extenso en el punto II.2.6. lo señalado en la Sentencia; empero, sin llegar a decir nada más en relación a la denuncia de la incorrecta aplicación del art. 20 del CP, con relación al 146 del CP, en que incurrió el Tribunal de juicio, lo cual es contrario al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, cuya contradicción reside en que la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas incurre en incongruencia omisiva; iii) Comenzar a analizar el agravio pero sin completar la misma en relación al reclamo de la incorrecta aplicación del art. 151 del CP, en el punto II.2.7 de la Resolución de alzada, es decir no dicen nada más que citar lo dicho en Sentencia, lo cual es contrario al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, al no explicar las razones suficientes de como hubiere cometido el delito acusado; y, iv) No resolver de manera completa y detallada el agravio denunciado en la apelación restringida sobre la defectuosa valoración de la prueba de la D-39 y la testifical, como se evidencia en el punto II.2.10 de la Resolución de alzada; aspectos que son contrarios al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, el cual establece, que todo operador de justicia debe pronunciarse sobre todas las pretensiones planteadas.


4) Señalan que el Tribunal de apelación con relación al reclamo en su recurso de apelación restringida, sobre la incorrecta aplicación de los arts. 146 con referencia al 8 del CP y 151 de la misma norma Sustantiva Penal, no se manifestó de manera coherente, al no considerar; en relación al primer ilícito la falta de dos elementos constitutivos del delito acusado en su actuar; y en el segundo la ausencia de los elementos constitutivos del hecho ilícito atribuido, inserto en los puntos II.2.5 y II.2.7. de la Resolución Departamental, lo cual entra en contradicción con el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, cuyo razonamiento sostiene, que se debe comparar las características de la conducta del sujeto acusado de un ilícito con los elementos constitutivos del delito, en el presente caso los vocales, no consideraron la falta de dos elementos constitutivos del delito de Uso Indebido de Influencias inserto en el art. 146 del CP, como son la forma “directa” o “por interpuesta persona”, y al no existir estos dos elementos el hecho acusado no constituiría delito y tampoco se adecuaría al grado de tentativa; y, tampoco consideraron la ausencia de los elementos constitutivos del delito de Concusión establecido en el art. 151 de la norma Sustantiva Penal, como ser de forma “directa” o “indirecta” u “obtener ventaja o dinero”, y ante la inexistencia de estos elementos el hecho no constituye delito; esta contradicción atenta contra el derecho al debido proceso.


I.1.2. Petitorio


Los imputados recurren en casación, solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 089/2016-RA de 10 de febrero, de fs. 5152 a 5157, este Tribunal determinó la admisión del recurso interpuesto por los recurrentes para el análisis de fondo de los tres motivos descritos precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y detallado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. Sentencia.


Una vez concluido el debate del juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó Sentencia condenatoria contra los imputados Jorge Ramiro Ugarte Calizaya, Armando Lema Gonzáles y Juan Carlos Grájeda Soto, en base a los siguientes argumentos: i) Los imputados Jorge Ramiro Ugarte Callizaya y Armando Lema Gonzáles, fungieron los cargos de Fiscal de Distrito y Fiscal de Materia del distrito de Tarija, durante las gestiones 2008 a 2010, respectivamente; ii) El acusador particular Carlos Eduardo Vicente Martínez Paz, desde el año 2008 fue objeto de cuatro procesos penales por motivos emergentes de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Tarija (COSETT), cuya investigación se encontraba a cargo de los fiscales Sandra Gutiérrez y Justino Ugarte; iii) Se demostró que el 31 de julio de 2009, se reunieron el fiscal Armando Lema Gonzáles, Carlos Eduardo Vicente Martínez Paz y el abogado Sergio Manuel Oliva en la localidad de San Lorenzo para conversar temas relativos a los procesos penales de Carlos Eduardo Martínez, oportunidad en la cual el Fiscal Armando Lema, le insinuó que tenía poder en la Fiscalía Departamental y que le podría ayudar a cambio de un rédito económico; iv) Por instrucción del entonces Fiscal de Distrito Jorge Ramiro Ugarte, el 19 de agosto de 2009, los Fiscales que estaban asignados a los procesos penales de COSETT Justino Ugarte y Sandra Gutiérrez, fueron removidos y puestos en conocimiento de los fiscales Gilbert Muñoz y Jorge Montero; v) El 26 de agosto de 2009, seis días después de haber asumido conocimiento de los casos de COSETT, es promovido al Programa Integral Anticorrupción (PIA) y sus titulares fueron reasignados a otras funciones; vi) Desde el momento en que los fiscales Gilbert Muñoz y Jorge Montero se hicieron cargo de los casos de COSETT, tuvieron mayor publicidad en los medios de comunicación y el Ministerio Público se dedicó a buscar la aprehensión de Carlos Eduardo Martínez, con una persecución y despliegue policial en su domicilio y en las oficinas de la Unidad PIA, participando la prensa, al llamado del Fiscal de Distrito, hasta lograr someterlo a audiencia cautelar; vii) Juan Carlos Grájeda desde un teléfono de la fiscalía llamó al hermano del querellante Álvaro Martínez Paz, para sostener una reunión en las puertas de PROSALUD; una vez que el querellante obtiene la cesación de la detención preventiva, Juan Carlos Grájeda lo visita en su domicilio y le insinúa, que el Fiscal de Distrito puede ayudarlo a cambio de la suma de $us. 400.000 (cuatrocientos mil dólares estadounidenses), logrando gravar las conversaciones, ocultando la grabadora bajo la venda de su herida cuando estuvo internado; es decir, Juan Carlos Grájeda se convirtió en el portavoz del Fiscal de Distrito; siendo una de las exigencias el cambio de sus abogados defensores por otros de una lista que proporcionó Grájeda, aspecto que fue cumplido por Carlos Eduardo Martínez Paz, quedándose sin defensa técnica, para luego ser visitado por dos abogados de la lista, César Oliva y Franz Carlos Gutiérrez; viii) Asimismo, el Ministerio Público continuó recibiendo denuncias en contra de Carlos Eduardo Martínez, expidiéndose mandamiento de aprehensión en su contra por el caso denominado “Tarjeta”, habiendo sido aprehendido en su domicilio donde guardaba detención domiciliaria; posteriormente, estando sometido a presión y habiendo obtenido varias grabaciones de conversaciones con el imputado Ramiro Ugarte, denunció ante la Fiscalía de Distrito e hizo conocer a los medios de prensa, motivo por el cual se procedió a la investigación, culminando con la Resolución de rechazo a cargo del Fiscal Williams Rocha, impugnada la misma, dio lugar a la revocatoria.


II.2.  Apelaciones restringidas y solicitudes de audiencia y ofrecimiento de prueba.


Ramiro Ugarte Callizaya, argumentó en su recurso de apelación: a) Inobservancia de la ley sustantiva, defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, denunciando que no se observaron los arts. 9, 13, 14, 24, 8 con relación al 146, 20 y 151 del CP; b) La Sentencia contiene defectuosa fundamentación y es contradictoria, defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; por cuanto, se limitó a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos expuestos por los acusadores y una relación incorrecta de normas legales, incumpliendo el art. 124 del CPP; c) Defectuosa valoración de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia limitó su accionar a una valoración descriptiva y no así a una valoración intelectiva, otorgando determinado valor a cada uno de los elementos probatorios, vulnerando el art. 173 del CPP, particularmente la prueba “D-39”, la misma que desvirtúa lo aseverado en la Sentencia; d) Contradicción de la Sentencia entre la parte considerativa y resolutiva, defecto incurso en el art. 370 inc. 8 del CPP, afirmando que nunca se pusieron de acuerdo para pedir dinero a Carlos Martínez, por tal razón, no pudo haber cometido los delitos de Concusión y Uso Indebido de Influencias; agrega que no se observaron las reglas relativas a la congruencia, al invocarse figuras como tentativa, dejando en indefensión a los procesados porque este aspecto no fue contemplado en la acusación; e) Se vulneró el principio de duda razonable y el de in dubio pro reo, al existir prueba insuficiente se generó duda razonable y ante la inexistencia de medios probatorios que demuestren, que su persona se puso de acuerdo con Juan Carlos Grájeda para cometer los delitos, debió dictarse Sentencia absolutoria; f) Señaló también que se formuló una serie de apelaciones; así se planteó la excepción por defecto absoluto, respecto a la no celebración de la audiencia conclusiva, en razón de que la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, estaba vigente cuando se presentó el pliego acusatorio y debió cumplirse con la misma según el contenido del Auto Supremo 021/2012 de 14 de febrero, habiendo el Tribunal de Sentencia resuelto de manera contraria pese a que el Auto Supremo citado es vinculante conforme al art. 420 del CPP; g) Que, se adhirió a la excepción planteada por el imputado Armando Lema, respecto al impedimento legal para proseguir el juicio al haberse producido prueba de grabaciones sin cumplirse los requisitos esenciales para su introducción, conforme a lo establecido en los arts. 190 y 191 de la Ley Adjetiva Penal y el entendimiento jurisprudencial de la SC 0523/2011 de 25 de abril, debiendo anularse obrados hasta ese vicio.


Finalmente en su petitorio, solicitó que se anule la Sentencia apelada previa fundamentación oral y producción de prueba; asimismo en el otrosí primero fundamentó el incidente de defecto absoluto por la no celebración de la audiencia conclusiva y la adhesión sobre el impedimento de seguir la causa, ya que las grabaciones que sirvieron para el procesamiento no siguieron el procedimiento legal. En el Otrosí cuarto, ofreció prueba consistente en acta de juicio oral, grabación del juicio, grabaciones y transcripción de las mismas.


Armando Lema Gonzales, formuló recurso de apelación restringida esgrimiendo los siguientes argumentos: a) La Sentencia es una transcripción incompleta del acta de juicio oral, porque no realizó una correcta subsunción del hecho al derecho, repitiendo los fundamentos de la parte acusadora y no expresó los fundamentos de la defensa; b) Denuncia defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, inobservancia de la Ley sustantiva, relativa a los arts. 13, 8, 16 inc. 2), 20, 151 del CP, sosteniendo que no es autor del hecho acusado, menos en grado de tentativa; dijo que no obtuvo ni exigió dinero a su favor; consecuentemente, existió una inadecuada calificación del tipo penal, confundiéndose el término “exigir” con el de “insinuar”, de tal forma que su conducta no constituye delito; c) Alega que la fundamentación de la Sentencia es insuficiente y contradictoria, porque se limita a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos expuestos por los acusadores y realizó una incorrecta aplicación de las normas legales, sin poner de manifiesto el iter lógico que hubieran seguido para arribar a la parte resolutiva, incumpliendo el art. 124 del CPP, e incurriendo en defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 5) del mismo Código; d) Defectuosa valoración de la prueba, por cuanto según la doctrina no sólo se debe realizar una valoración descriptiva de los elementos probatorios, sino una valoración intelectiva otorgando valor a cada uno de los elementos, fundamentando fáctica y jurídicamente, lo que no ocurrió en el caso, vulnerándose los arts. 124, 173 del CPP; de igual forma refirió, que no se valoró adecuadamente la prueba “D-39”, la cual desvirtúa la acusación; e) Contradicción entre la parte considerativa con la parte resolutiva de la Sentencia, incurriendo en defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP; por cuanto, contiene afirmaciones contrarias a las leyes y a la lógica, debido a lo cual señaló, que su persona sólo realizó insinuaciones y luego concluyó condenándolo como autor en grado de Tentativa; f) Inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, al respecto aduce que, siendo la acusación la base del proceso, el Tribunal introduce figuras jurídicas o artículos no contemplados en la misma como es la Tentativa, vulnerando la reglas de la congruencia; puesto que, el Tribunal determinó condenarlo por el delito de Concusión en grado de Tentativa, aspecto que no estuvo establecido en la acusación, solicitando que se anule la Sentencia impugnada. Por otra parte, señaló que en el juicio oral formuló una serie de apelaciones, haciendo hincapié en la excepción de defecto absoluto, respecto a la no realización de la audiencia conclusiva y apelación del rechazo a la excepción de impedimento legal que formuló, en ambos casos con los mismos argumentos del imputado Ramiro Ugarte Callizaya.


En el petitorio, solicitó se anule la Sentencia, previa fundamentación oral y producción de prueba; asimismo, fundamentó la apelación de la excepción de defecto absoluto por la no celebración de la audiencia conclusiva y del impedimento legal al producirse prueba de grabaciones sin cumplir requisitos legales; ofreciendo prueba consistente en: acta de juicio oral y grabaciones del juicio.


II.3.Del Auto de Vista 32/2014 de 21 de julio y Auto Supremo 666/2014-RRC de 20 de noviembre.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no resolvió los recursos de apelación restringida priorizando la solución del incidente de defecto absoluto por falta de realización de la audiencia conclusiva pese a la vigencia de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, ya que planteado dicho incidente ante el Tribunal de juicio éste declaró sin lugar, cuando lo que correspondía era corregir procedimiento; consecuentemente, el Auto de Vista anuló el juicio, hasta la realización de la audiencia conclusiva.


Esta decisión fue recurrida en casación por parte del Ministerio Público, emitiendo el Tribunal Supremo de Justicia el Auto Supremo 666/2014-RRC de 20 de noviembre, que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, con el argumento de que el Tribunal de alzada al haber declarado la nulidad, no actuó conforme a la doctrina legal, que por su carácter dinámico y evolutivo se entendió la necesidad de modular el primer razonamiento expresado en el Auto Supremo 021/2012-RRC de 14 de febrero, que en su aplicación literal y formal, dio lugar a que el Tribunal de apelación disponga la nulidad sin analizar la finalidad de dicha doctrina, razonamiento reencausado por el Auto Supremo 279/2014-RRC de 27 de junio, ratificándose en consecuencia dicha doctrina legal en vigor; por ende correspondía a los vocales resolver el fondo de los recursos de apelación restringida formulados contra la Sentencia emitida en la causa.


II.4. Nuevo Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista de 3/2015 de 2 de marzo, bajo los siguientes criterios:


Respecto a  los incidentes interpuestos sobre: defecto absoluto por la no celebración de la audiencia conclusiva, aspecto que fue respondido al emitirse doctrina legal ordenando se emita nueva Resolución de alzada por no existir vulneración de derecho; y, de falta de acción por impedimento legal para proseguir el juicio al fundarse en prueba ilegal, la decisión del Tribunal fue correcta; toda vez, que la conversación telefónica mediante grabación tanto el emisor como del receptor, puede autorizar su divulgación por ser propietarios de las ideas transmitidas.


En relación a los agravios de Ramiro Ugarte: 1) De la inobservancia del art. 9 del CP, al no tomarse en cuenta el arrepentimiento y desistimiento; dicho artículo no tiene cabida en el caso, ya que solo la conducta funcionaria debe ceñirse a hacer u ordenar hacer “lo que se debe”; 2) De la inobservancia del art. 13 del CP, por no probarse la intencionalidad; para analizar dicha norma primero tendría que ingresarse a valorar la prueba para considerar si Grajeda actuó de mutuo propio, lo cual no es posible; 3) Del agravio de los arts. 14 y 24 del CP, no es posible ingresar a revalorizar la prueba, ya que debería partirse, de que el recurrente no tenía conocimiento de los hechos y no se probó que hubiera mediado su voluntad, dichas aseveraciones son propias del imputado y no así del Tribunal de juicio; 4) Errónea aplicación del art. 8 con relación al 146 del CP, no siendo posible analizar errónea aplicación de la ley porque el apelante parte de afirmaciones diferentes a las que arriba el Tribunal de Sentencia; además que, la prueba D-39 es relativa a la defectuosa valoración de la prueba; 5) Sobre la incorrecta aplicación de la tentativa en el Uso Indebido de Influencias; este delito se consuma a momento en que el infractor obtiene para sí o para un tercero, ventajas o beneficios y la tentativa cuando por causa ajena a su voluntad no llega a obtener dicha ventaja o beneficio; 6) De la incorrecta aplicación del art. 20 del CP al no tener dominio de hechos y que se hubiera cometido los delitos de Concusión y Uso Indebido de Influencias aun sin su participación; para la realización del delito de Concusión, se necesitó la participación de dos elementos que son el intermediario y la fuerza (imputado), quien para cumplir su propósito se necesitaba de la participación de un funcionario público ya que el dinero se obtiene bajo la presión de temor reverencial; asimismo, sobre el delito de Uso Indebido de Influencias, pese a la presión ejercida a la víctima esta no cedió, sin que haya faltado ningún elemento del tipo penal del art. 146 del CP; 7) Sobre la errónea aplicación del art. 151 del CP, al existir afirmaciones contrapuestas en la Sentencia, lo cual no es evidente; toda vez, que fue condenado por el delito de Concusión y la frase a la que se hace referencia corresponde a la Asociación delictuosa, del cual fueron absueltos; 8) sobre la defectuosa fundamentación de la Sentencia incurriéndose en vulneración del art. 124 del CPP; de la lectura de la Sentencia se constató que tiene base fáctica, la compulsa de hechos con la prueba aportada sin vulnerarse ningún derecho; 9) Sobre la contradicción en la fundamentación de la Sentencia, aspecto resuelto en el punto 7) cuestionando el mismo asunto jurídico; 10) Defectuosa valoración de la prueba, de las declaraciones de Álvaro Martínez Paz, Gilber Muñoz, Jorge Montero, prueba D-39 y grabación entre Grajeda y Martínez; al respecto, el Tribunal de alzada estaría impedido de revalorizar prueba, constatando de la lectura de la Sentencia, que de manera ordenada se compulsa la teoría fáctica de la acusación con los elementos probatorios incorporados a juicio, otorgándoles valor correspondiente; 11) De la contradicción entre la parte considerativa y de esta con la resolutiva, al no haberse puesto de acuerdo para exigir dineros; la fundamentación y reclamo que realiza el denunciante es distinto al expuesto en Sentencia, ya que fue condenado por los delitos de Concusión y Uso Indebido de Influencias que fue verificado de la lectura de Sentencia; 12) Falta de congruencia de la acusación con la Sentencia al haber sido acusado por el delito de Uso Indebido de Influencias y fue sentenciado por este ilícito pero en el grado de Tentativa, lo cual bajo el principio iura novit curia no quebranta ninguna norma jurídica al ser la acusación provisional y ser el juez quien determina la adecuación definitiva de la conducta después de establecer el hecho; 13) Del quebrantamiento del principio in dubio pro reo, no existe dicha vulneración al acompañar el principio en todo el proceso absolviendo por unos delitos y condenado por otros; además de no existir expresiones de dubitación del Tribunal de juicio; 14) De la fundamentación del Auto Complementario, el Tribunal inferior resuelve todas las cuestiones planteadas de manera detallada sin que falte razonamiento intelectivo; 15) Con relación a que el Auto Complementario fue resuelto solo por dos Jueces Técnicos, debe considerarse que no existe nulidad sin daño o perjuicio y debe observarse la trascendencia, prescindiendo de las rigurosidades formalistas; además, el art. 125 del CPP faculta al Juez o Tribunal aclarar o suplir alguna omisión sin que ello importe una modificación sustancial de la Sentencia; asimismo, los Jueces Técnicos deben efectuar distintos decretos inclusive de mero trámite en observancia de los principios de eficacia y eficiencia. Finalmente, citando la SC 09/2014 refirió que siempre que exista duda debe darse preeminencia a la validez del acto y no a su nulidad.


Respecto a las denuncias de Armando Lema señala que: i) Sobre la inobservancia del art. 13 del CP, al haber absuelto al otro imputado por la misma conducta que se lo hizo responsable, al efecto la responsabilidad penal es individual y que la responsabilidad que se atribuyó al apelante se sustentó en hechos probados por el Tribunal de juicio, sin existir posibilidad de determinar inobservancia de la ley en base a determinaciones que se adoptó en relación a otra persona; ii) Inobservancia del art. 16 inc. 2) del CP, al haber asistido a dicha reunión sin saber de qué tema se trataría, debiendo considerarse que el Tribunal no condenó al apelante por asistir a la reunión con el abogado Oliva sino porque intentó con sus insinuaciones ver si la víctima accedía y al no haber consumado por la poca receptividad de la parte afectada quedó el hecho como tentado, es decir el imputado habló sobre el tema al ser tocado; iii) De la errónea aplicación de los arts. 8, 20 y 151 del CP, al referir el imputado que su persona no llamó, que los actos preparatorios no son punibles como tentativa y la insinuación no se equipara con reclamar; en el caso en cuestión, según la Sentencia las insinuaciones tuvieron la finalidad de infundir temor aunque no alcanzaron su objetivo, habiendo el Tribunal de Juicio realizado una correcta subsunción del hecho al tipo penal; iv) En relación a la fundamentación insuficiente; el Tribunal parte de la base fáctica de la acusación fiscal compulsando los hechos con la prueba incorporada en juicio, ello significa que no se vulneró ningún derecho; y, de la fundamentación contradictoria al tenerse como hechos no probados, que no pidió dinero correspondía en consecuencia por su absolución, esto corresponde, a un tema de subsunción y no de fundamentación, habiéndose explicado las razones por las cuales el Tribunal hizo una correcta subsunción del ilícito endilgado; v) Respecto a la defectuosa valoración de la prueba; no se valoró ni describió la grabación judicializada ni las declaraciones, no pudiendo el Tribunal de alzada revalorizar la prueba lo cual corresponde a los Jueces y Tribunales de juicio; vi) La contradicción en la parte considerativa y entre esta con la parte resolutiva de la Sentencia ya que solo habría hecho insinuaciones y se le condenó como Tentativa de Concusión; son aspectos que fueron dilucidados cuando se consideró como errónea aplicación del art. 151 del CP; vii) Sobre la congruencia entre la acusación y la Sentencia, al haber sido condenado por tentativa de concusión cuando fue acusado solo por Concusión; al ser la acusación reflejo de los hechos acusados el Juez en aplicación del principio iura novit curia subsumió correctamente en el grado de Tentativa el ilícito acusado, sin existir vulneración de derechos en observancia del principio de congruencia; y, viii) El principio de inocencia, imparcialidad e inmediación, siendo que el principio de in dubio pro reo tiene su origen en el principio de inocencia que implica duda razonable, aspecto que en el caso, el Tribunal tuvo plena certeza de la participación del acusado.


El Tribunal de apelación declaró sin lugar a las apelaciones restringidas planteadas confirmando la Sentencia en su integridad.


II.5  Auto interlocutorio de complementación y explicación.


Emitido el Auto de Vista antes referido, el imputado Ramiro Ugarte Calizaya solicitó complementación y explicación, resolviendo el Tribunal de alzada mediante Auto interlocutorio 02/2015 en sentido que no existe nada que explicar ni complementar. Respecto a la supuesta falta de señalamiento, indicó que el art. 411 del CPP, establece la posibilidad de atender dicha solicitud cuando se ofrezca prueba o se solicite expresamente; advirtiendo que admitido el recurso de apelación el imputado fue notificado personalmente, sin observar ni plantear reposición de esa supuesta falta de señalamiento, posteriormente tampoco lo hizo como en su memorial de 12 de junio de 2013 y otros similares; además, guardó silencio cuando fue notificado con el Auto Supremo “66/14 “ y con el respectivo “cúmplase”; de modo que sabiendo que se iba a dictar nueva Resolución de alzada, pudo también hacerlo en ese momento y no esperar se resuelva y recién conocida que dicha Resolución le era adversa, reclamar lo que no hizo de manera oportuna, lo cual vulnera el principio de preclusión establecido en el art. 16.II de la Ley 025, no pudiendo ser tutelada dicha actitud negligente u omisiva al haberse colocado voluntariamente en una aparente situación de indefensión, aspecto contrario a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia e igualdad.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, los recurrentes denuncian que el Tribunal de apelación: i) Pese a la solicitud de audiencia de fundamentación oral y producción de prueba, no señaló fecha para dicha actuación, situación contraria al Auto Supremo 061/2013-RRC de 8 de marzo, lo cual vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de acceso efectivo a la justicia, Resolución motivada, defensa e impugnación; ii) Incurrió en incongruencia omisiva al no otorgar respuesta a las denuncias en apelación restringida de: a) Inobservancia del art. 13 del CP; b) Incorrecta aplicación del art. 20 con relación al art. 146, ambos del CP, c)  Incorrecta aplicación del art. 151 del CP, y iv) Defectuosa valoración de la prueba testifical y de la prueba D-39; en contradicción con el Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013; y, iii) No se manifestó coherentemente sobre la incorrecta aplicación de los arts. 146 y 151 con relación al 8 del CP, decisión contraria al Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, correspondiendo resolver en el fondo las problemáticas planteadas.


III.1. Sobre la denuncia de falta de señalamiento de audiencia de fundamentación oral y ofrecimiento de prueba.


En este primer motivo los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada, pese a la petición de audiencia no señaló la audiencia de fundamentación oral y producción de prueba, aspecto que vulneraría el derecho al debido proceso en sus elementos de acceso a la justicia, defensa e impugnación, lo cual es contrario al precedente judicial invocado, y al plantear incidente de nulidad de actividad procesal defectuosa los vocales señalaron que su derecho habría precluido sin aplicar el estándar mas alto.

III.1.1. Del precedente invocado.


Al efecto, citaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 061/2013-RRC de 8 de marzo, que resolvió el respectivo recurso de casación en el cual denunció el recurrente que en ejercicio de sus derechos, hizo conocer ante el Tribunal de alzada en forma expresa que fundamentaría oralmente su recurso, en base al art. 408 del CPP; empero, en desconocimiento de las normas procedimentales, se omitió señalar día y hora de audiencia para escuchar la fundamentación oral del recurso. Ante esa denuncia, el Tribunal de casación advirtió que el Tribunal de apelación, omitió considerar la petición expresa que realizó el recurrente de fundamentar oralmente su recurso, obviando señalar día y hora de audiencia para dicho fin, desconociendo los alcances de los arts. 408 y 411 del CPP e incurriendo en un defecto absoluto; estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “…ante la petición expresa del recurrente de fundamentar su recurso en forma oral, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 408 y 411 del CPP, el Tribunal de apelación tiene la ineludible e insoslayable obligación de señalar día y hora de audiencia para escuchar los fundamentos del recurso de apelación restringida; omitir esta obligación implica desconocer y restringir los derechos y garantías constitucionales del recurrente que hacen al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”.


Esta doctrina legal aplicable claramente señala que ante la petición expresa de señalamiento de audiencia el Tribunal de apelación en aplicación de los arts. 408 y 411 del CPP, el Tribunal Departamental tiene la obligación de señalar día y hora de audiencia de fundamentación oral, lo contrario implicaría la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentales.


III.1.2. Sobre la audiencia de fundamentación oral de la apelación restringida: sus supuestos, pertinencia de la prueba y el no señalamiento del acto no implica per se la nulidad.


La fundamentación oral de la apelación restringida. La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el principio a la impugnación, que se encuentra previsto en su art. 180.II, refiriendo textualmente que: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, el cual conforme a la doctrina es fundamental en todo procedimiento; consecuentemente, los actos de los administradores de justicia que causen agravio al interés de cualquiera de las partes, pueden ser impugnados con la finalidad de que se enmienden los agravios causados; asimismo, las normas internacionales en materia de derechos humanos, establecen, que la impugnación es una garantía judicial, conforme lo establece el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. En el ordenamiento penal boliviano se reconoce el derecho a recurrir conforme a lo establecido en el art. 394 y siguientes de la norma Adjetiva Penal.


Dentro de esta estructura de recursos, se tiene la apelación restringida, que es planteada contra la sentencia emitida dentro del proceso, ante la posible inobservancia o errónea aplicación de la ley, conforme las previsiones del art. 407 del CPP, correspondiendo al Tribunal de apelación imprimir el trámite regulado por la normativa legal.


Supuestos para señalar la audiencia de fundamentación oral. Una vez remitidas las actuaciones ante el Tribunal de alzada, éste debe garantizar que las partes procesales, puedan ejercitar los derechos que la ley les otorga, debiendo convocar a audiencia pública en dos supuestos conforme expresa el art. 411 de la norma procesal de la materia, que dispone: “Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública…”  (Negrillas nuestras) de lo que se infiere que la audiencia a celebrarse ante el Tribunal de alzada, opera en dos supuestos: a) Cuando el apelante solicite expresamente en su memorial de recurso de apelación el señalamiento de audiencia con el propósito de fundamentar oralmente los motivos que denuncie a través del citado medio de impugnación; o b) Cuando se haya ofrecido prueba ante la denuncia de un defecto de forma o de procedimiento, en cuyo caso corresponde el señalamiento de audiencia dentro de los diez días de recibidas las actuaciones, sin necesidad de que la parte apelante la solicite expresamente, debiendo resolver el Tribunal sólo con la prueba incorporada. Estos dos supuestos emergen del contenido de dicha norma y de la propia jurisprudencia de este Tribunal de Justicia establecida sobre el tema, como la precisada en el Auto Supremo 135/2014-RRC de 28 de abril de 2014, que señaló: “… debiendo convocar a audiencia pública en los supuestos de que se haya ofrecido prueba o se haya solicitado expresamente su realización conforme previene el art. 411 del CPP…” , ratificado en el Auto Supremo 142/2015-RRC de 27 de febrero y la propia jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional 321/2004 de 10 de marzo.


Entonces, ofrecida la prueba o solicitada expresamente su realización, y una vez que el Tribunal de apelación haya señalado la misma, dicha actuación está sujeta a las reglas del juicio oral en lo que fuere pertinente. Cabe destacar que esta audiencia de fundamentación, tiene la finalidad de dar la oportunidad a las partes a exponer sus posiciones, razón por la cual bajo los principios de igualdad y de contradicción, el Tribunal de alzada debe escuchar las respectivas posturas expresadas en este acto, pudiendo incluso concluida la última intervención, interrogar libremente conforme prevé el citado artículo, sin que el ejercicio de esa potestad implique prejuzgamiento.


Pertinencia del ofrecimiento de prueba. Efectuada la anterior precisión, también resulta necesario definir el alcance de los arts. 410 y 411 del CPP, en relación al ofrecimiento de la prueba, pues el primero prevé: “Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto…”, y el segundo que dispone: “…si se ha ofrecido prueba…” (el subrayado es propio).


De ambas normas, se establece que el ofrecimiento de prueba está dirigido exclusivamente a un defecto de procedimiento o de forma, más no así para sostener argumentos relativos a los hechos juzgados que se constituyen en el objeto del juicio, conforme lo entendió el Auto Supremo 512 de 16 de noviembre de 2006, al manifestar que: “(…) el tribunal de apelación tiene competencia para aceptar prueba ofrecida y dilucidar defectos de forma o de procedimiento, la producción de la prueba se realizará con las reglas del juicio oral y contradictorio, valorará sólo la prueba o testigos ofrecidos; empero, carece de competencia para aceptar y valorar prueba referida al objeto del proceso penal” (las negrillas son nuestras), entendimiento que guarda coherencia con el principio de que la valoración probatoria relativa a los hechos, constituye una facultad privativa del Juez o Tribunal de mérito, tal como lo precisó el Auto Supremo 524 de 17 de noviembre de 2006 al señalar: “que de acuerdo a la uniforme línea jurisprudencial definida por éste Tribunal de Alzada se encuentran impedidos de valorar la prueba, puesto que por mandato imperativo de la ley, es facultad privativa del Juez o Tribunal de Sentencia hacerlo, porque estos perciben, interpretan y comprenden como se producen las pruebas en el fragor de la contradicción de las partes”, motivo por el cual la misma Resolución destacó: “De conformidad al mandato del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal, ´cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto la misma deberá ser producida y judicializada aplicándose las normas previstas para la producción de prueba en el recurso de apelación incidental´ y las reglas previstas para el juicio oral, teniendo la obligación el Tribunal de apelación, resolver de conformidad a lo dispuesto en el artículo 413 del Procedimiento Penal”.


En el mismo sentido, se pronunció la Sentencia Constitucional 1811/2003-R de 5 de diciembre, que sobre la temática abordada precisó lo siguiente: “ (…) si bien es cierto, que el recurrente tiene derecho de ofrecer prueba en grado de apelación; empero, esta prueba únicamente puede ser producida para acreditar defectos de procedimiento y de ninguna manera para acreditar o desvirtuar los hechos juzgados, en razón de que en el nuevo sistema de impugnación, el tribunal se limita a revisar el juicio de derecho y por lo mismo, desaparece la posibilidad de la doble instancia que permita al Tribunal de Apelación, ingresar a considerar los hechos debatidos en el juicio oral y público, y menos, admitir o incorporar prueba encaminada a demostrar o desvirtuar los hechos que fueron objeto del debate” (Las negrillas son nuestras).


Además, es preciso aclarar que el señalamiento de la audiencia de fundamentación en base al ofrecimiento de prueba se la hará siempre y cuando el Tribunal de alzada considere su utilidad y su necesidad, entendimiento coherente con el criterio establecido en la Sentencia Constitucional 321/2004 de 10 de marzo, que señalo: “En cuanto al señalamiento de la audiencia para la fundamentación oral y la recepción de prueba, cabe aclarar que en ambos casos el verificativo de la audiencia no constituye un actuado obligatorio e ineludible, por el contrario, el recurrente, en el primer caso, a tiempo de la interposición del recurso debe manifestar si fundamentará oralmente su recurso para que el Tribunal de apelación señale audiencia y, en el segundo, el tribunal señalará la audiencia correspondiente si lo estima necesario y útil. Así se colige de la previsión de los arts. 408 in fine, 410 concordante con el art. 406 CPP” (Negrillas son nuestras).


Ahora bien, establecido el alcance del ofrecimiento probatorio que está vinculado a cuestiones de procedimiento y que podrá ser fijado si el Tribunal de apelación lo ve pertinente, también es necesario hacer referencia en esa línea de análisis que una oferta probatoria está estrechamente vinculada a la pertinencia, que implica la carga tenida para el apelante de explicar mínimamente en que consiste el hecho procesal que pretende demostrar con la prueba ofertada, razonamiento que se desprende del contenido del art. 410 del CPP, que sostiene que “Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto” y en relación al principio de igualdad que tienen las partes conforme el art. 180 de la CPE, toda vez que ofrecida la prueba la parte contraria tiene el derecho a conocer el efecto al cual apunta dicho ofrecimiento; ello quiere decir, que en un eventual ofrecimiento de prueba en el recurso de apelación restringida, el denunciante no se limitará simplemente a citar la prueba ofrecida sino está obligado a señalar el defecto procedimental que alega en el cual incurrió el juez o tribunal que emitió la sentencia; de no hacerlo el Tribunal de alzada no está obligado a fijar la audiencia de fundamentación oral.


La falta de señalamiento de audiencia de fundamentación no significa per se la nulidad de actuados. Si bien se ha mantenido latente la doctrina en sentido de que si el Tribunal de apelación ante el ofrecimiento de la prueba o solicitud de la audiencia de fundamentación, no señala audiencia conforme se precisó en el Auto Supremo 455 de 14 de noviembre de 2005, que sostuvo que el Tribunal de apelación “al omitir la petición de audiencia de ampliación y fundamentación oral del recurso de apelación restringida, vulnera el derecho a la defensa y, consecuentemente, a la garantía constitucional del debido proceso ”, y el Auto Supremo 61 de 27 de enero de 2007, que estableció que “La celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, como parte del derecho a la defensa del recurrente, necesariamente debe ser celebrada por el Tribunal que resolverá la causa, a efecto de garantizar los principios de publicidad, oralidad e inmediación.”; incurrirá en un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP y corresponderá la consiguiente nulidad de la resolución de alzada emitida, siempre y cuando con esa omisión se haya provocado una vulneración directa del derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, resulta necesario a los fines de establecer si se incurrió en dicha vulneración, tomar en cuenta los siguientes parámetros:


i) El ofendido se encuentre en un estado de debilidad manifiesta frente a la contraparte.


ii) El denunciante carezca de los medios jurídicos para asumir su defensa o aun existiendo dichos medios, estos resultan ser ineficaces por tanto insuficientes para repeler una vulneración de sus derechos.


iii) El afectado no tenga la posibilidad de emprender una respuesta efectiva ante la violación o posible vulneración de sus derechos.


Estos criterios que se asumen, resultan de la jurisprudencia comparada y de la entendida por el Tribunal Constitucional Plurinacional referente al estado de indefensión; así se tiene que la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-277 de 1999, que: “La jurisprudencia de esta Corporación tiene previsto que de ordinario una persona se encuentra en estado de indefensión cuando no puede enfrentar los ataques de que es víctima, no solo por la ausencia o ineficacia de los medios que la ley tiene previsto para repelerlos, sino porque ante su especial situación dichos mecanismos pierden toda eficacia. Y, esto es lo que le viene sucediendo con el actor, quien acudió a la justicia y fue escuchado, pero los trámites iniciados y las decisiones que le correspondía tomar, en aras de solucionar el litigio que tiene con la accionada Castaño, superaron, ampliamente, su capacidad de discernimiento, comprensión y decisión”; además, la Sentencia Constitucional T-015/15 estableció que:“ … ante la consideración de que las personas no siempre se encuentran en un plano de igualdad (…) , es preciso establecer si existe o no un estado de subordinación o indefensión por parte de los accionantes frente a las demandadas y, en caso de ser así, si por dicho motivo, es procedente esta acción. (…) según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos[7].

Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales [8].


Al delimitar el alcance conceptual de la indefensión como criterio para legitimar la tutela contra particulares,  ha precisado la Corte que ésta `(…) no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)´[9]”. (las negrillas y resaltado son propios).


Por otra parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en las Sentencias 0995/2004-R de 29 de junio y 0451/2015-S3 de 7 de mayo definió que: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (las negrillas son nuestras).


Consecuentemente, la ausencia de fijación de la audiencia de fundamentación oral pese al pedido expreso u ofrecimiento de prueba no significa per se la nulidad de actuaciones posteriores sino se comprueba que existió evidentemente la vulneración del derecho a la defensa en aplicación de los principios de celeridad, igualdad y economía procesal.


III.1.3. Análisis del motivo denunciado.


Precisado el ámbito de análisis del presente motivo y el contenido del Auto Supremo citado como precedente contradictorio, -además de la comprensión constitucional, legal y jurisprudencial de esta problemática- se puede constatar que los recurrentes plantearon recursos de apelación restringida, en cuyos petitorios ofrecieron prueba consistente en el acta de juicio oral, grabaciones del juicio y transcripciones de éstas, dejando constancia que fundamentarían oralmente el recurso de apelación restringida; ante ello, el Tribunal de alzada dictó el Auto de Vista 32/2014 de 21 de julio, que fue dejado sin efecto por el Auto Supremo 666/2014-RRC de 20 de noviembre, para que el Tribunal de apelación se pronuncie sobre los agravios presentados en apelación restringida. Devueltos los actuados al Tribunal Departamental, se emitió el impugnado Auto de Vista de 3/2015 de 2 de marzo, solicitando el imputado Ramiro Ugarte su explicación y enmienda, resolviendo los vocales dicha petición mediante el Auto interlocutorio 02/2015 de 2 de abril, en sentido de no existir nada que explicar ni complementar y sobre la supuesta falta de señalamiento de audiencia de fundamentación del recurso, dejó constancia que una vez admitida la apelación restringida, el imputado fue notificado personalmente, sin haber observado ni planteado reposición ante la supuesta falta de señalamiento, tampoco lo hizo de manera posterior, tanto en su memorial de 12 de junio de 2013 y en otros presentados; asimismo, guardó silencio cuando fue notificado con el Auto Supremo “66/14 “ y con su respectivo “cúmplase”, finalmente teniendo conocimiento que se iba a dictar nuevo Auto de Vista, pudo solicitar la actuación extrañada y no esperar, que se resuelva los recursos de apelación, para luego conocida que la resolución le era contraria, plantear su reclamo que no formuló de manera oportuna, vulnerando el principio de preclusión establecido en el art. 16.II de la Ley 025, sin poderse tutelar esa actitud negligente u omisiva al colocarse voluntariamente en una aparente situación de indefensión, lo cual es contrario a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia e igualdad.


De lo anterior se puede evidenciar que el Tribunal de alzada pese al ofrecimiento de prueba y petición de la audiencia de fundamentación no llevó a cabo dicha actuación; sin embargo, también debe considerarse conforme se estableció en el apartado III.1.2. del presente fallo, que la ausencia de fijación de la audiencia de fundamentación no implica per se la nulidad de actuados.


Entonces se tiene sobre el ofrecimiento de la prueba, que los recurrentes una vez presentada la apelación restringida, expusieron dos supuestos para viabilizar la audiencia, primero, ofertaron las actas del juicio y sus grabaciones; empero, de la revisión del Auto Supremo invocado como contradictorio, se evidencia que ese entendimiento está orientado a la petición expresa de la audiencia de fundamentación oral y no se refiere al ofrecimiento de prueba como ocurre en el motivo de análisis, lo cual hace ver, que la temática procesal trata de elementos fácticos diferentes; a esto debe agregarse, que conforme se desarrolló en el apartado III.1.2. de esta Resolución, el ofrecimiento de la prueba debe estar orientado o vinculado a defectos de procedimiento que deben ser precisados conforme establece el art. 410 del CPP; esto implica, que al ofrecer prueba debe establecerse su pertinencia, lo cual no ocurrió en el presente caso, al haber simplemente señalado los apelantes en el petitorio de sus correspondientes apelaciones restringidas a modo de cita las pruebas del acta de juicio y grabaciones, sin explicar menos fundamentar, a cuál defecto de procedimiento estaban vinculadas las pruebas ofertadas, a fin de otorgar a la contraparte en aplicación estricta del principio constitucional de la igualdad -establecido en el art. 180 de la CPE-, la oportunidad de conocer cuál era el hecho procedimental que cuestionaban y tener la oportunidad de contrarrestar dicha pertinencia probatoria; consecuentemente, estos dos aspectos, la ausencia de similitud fáctica como la falta de explicación de la pertinencia probatoria impiden que se pueda dar curso a la denuncia traída en este motivo.


En segundo lugar, con relación a la petición de fundamentación oral, si bien el Tribunal de apelación ante la solicitud expresa de la fundamentación oral, en cumplimiento del art. 411 del CPP, está obligado a fijarla; sin embargo, la nulidad de posteriores actuados a dicha petición no opera automáticamente, sino se verifica una real vulneración del derecho a la defensa. Para ello corresponde analizar los parámetros que deben ser considerados por toda autoridad judicial para identificar la posible vulneración de este derecho, los cuales son: i) Que el ofendido se encuentre en un estado de debilidad manifiesta frente a la contraparte, aspecto que en el presente reclamo no sucedió; toda vez, que los imputados tuvieron todas las posibilidades para interponer los reclamos o pedidos correspondientes para activar la omisión extrañada de falta de señalamiento de audiencia de fundamentación oral, observación que pudieron formularla en distintas fases del proceso, como ser: i) cuando el Tribunal de alzada admitió el recurso de apelación restringida (fs. 2994), pues con dicho decreto se notificó a los recurrentes el 21 y 22 de febrero de 2013 (fs. 2994 vta. y 2995 vta.) sin que existiera reclamo a la ausencia de señalamiento de fundamentación oral; ii) cuando se presentó memoriales de Ramiro Ugarte de 12, 19 y 30 de junio de 2013; y, iii) En momento posterior a la emisión del primer Auto de Vista que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 666/2014 de 20 de noviembre, ya que emitido el decreto de 13 de enero de 2015 (fs. 4034 vta.), fue notificada la determinación a los recurrentes el 21 de enero de 2015 (fs. 4035); sin embargo, no plantearon ninguna petición, dejando precluir ese derecho colocándose intencionalmente en un estado de indefensión, lo cual es evidente; entonces no existió una debilidad exteriorizada o puesta en evidencia frente a la contraparte al tener oportunidad en distintas fases del proceso de ejercer dicho derecho; conclusión a la que se llega, concordante con el test de determinación de la existencia o no de vulneración del derecho a la defensa, ampliamente explicado en el acápite III.1.2. de esta resolución; ii) Que el denunciante carezca de los medios jurídicos para asumir su defensa o aun existiendo dichos medios, estos resultan ser ineficaces e insuficientes para repeler una vulneración de sus derechos; como se precisó en distintos momentos, antes de la emisión del Auto de Vista gravoso a sus intereses, los recurrentes pudieron  activar los mecanismos jurídicos para ejercer su derecho a la defensa, habiendo tenido posibilidades ciertas y eficaces; y, iii) Que, el afectado no tiene la posibilidad de emprender una respuesta efectiva ante la violación o posible vulneración de sus derechos; en el caso, los imputados tuvieron toda posibilidad de alertar la supuesta vulneración de derechos por la no fijación de la audiencia de fundamentación oral conforme se precisó en el inciso i).


Además, es menester expresar que el derecho a la defensa no genera simplemente la obligación de la autoridad jurisdiccional, de otorgar los mecanismos para su ejercicio, sino que el imputado también tiene a su alcance los medios para activar su ejercicio, resultando en el caso, que los imputados teniendo las ocasiones de hacer oportuno los reclamos correspondientes no los efectuaron, sino que cuando emergió el resultado del último Auto de Vista que les era adverso, recién reclamaron dicha supuesta vulneración.


Entonces, queda evidente que la problemática procesal entre el precedente judicial invocado como contrario y el escenario procesal en este motivo es diferente; ya que si bien, en la Resolución judicial invocada, ante la petición expresa de solicitud de audiencia de fundamentación oral el Tribunal de alzada no fijó dicho actuado; en el escenario presente los recurrentes solicitaron la realización de la audiencia de fundamentación oral, pero voluntariamente se colocaron en estado de indefensión al no ejercer dicho derecho cuando en las distintas actuaciones posteriores a la emisión del primer Auto de Vista no reclamaron el cumplimiento de su pedido, más aun cuando plantearon distintos memoriales sin exigir el actuado extrañado.


Consiguientemente, ya que el Auto Supremo 061/2013-RRC de 8 de marzo, no resulta contrario al Auto de Vista impugnado, y no se incurrió en vulneración del derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa; toda vez, que los recurrentes pese a que tuvieron todas las posibilidades de asumir defensa no lo hicieron, corresponde declarar el presente motivo como infundado.


III.2.En cuanto a la denuncia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado.


Con relación al segundo motivo, los recurrentes denuncian que el Tribunal de apelación incurrió en el vicio de incongruencia omisiva al no dar respuesta a sus reclamos de apelación restringida respecto a: i) La inobservancia del art. 13 del CP, ii) La incorrecta aplicación del art. 20 con relación al art. 146, ambos del CP, iii) la incorrecta aplicación del art. 151 del CP, y iv) la defectuosa valoración de la prueba testifical y de la prueba D-39; omisión que sería contraria al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, que fue invocado como precedente contradictorio.


Revisado ese fallo, se tiene que fue pronunciado dentro del caso seguido por S.C.A. y otro contra R.M.C., por la presunta comisión del delito de Despojo y declaró infundado el motivo de casación; de lo cual se desprende, que esta decisión no contiene doctrina legal aplicable en el sentido estricto previsto por el art. 416 en relación con el art. 419, ambos del CPP, de cuya normativa se colige que, constituyen precedentes únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y los Autos Supremos que, al dejar sin efecto Autos emitidos en el mismo tipo de recursos, establecen doctrina legal aplicable; entonces, ante una resolución que declara infundado un recurso de casación, no es posible que este Tribunal ejerza su función nomofiláctica en cumplimiento del art. 416 última parte de la norma Adjetiva Penal, y de acuerdo al entendimiento asumido por este Tribunal en los Autos Supremos: 742/2014-RRC de 17 de diciembre, 465/2014-RA de 15 de septiembre y 592/2015-RA de 11 de septiembre; consiguientemente, al no poder realizar la labor de contraste entre la resolución judicial invocada como contraria al Auto de Vista impugnado, el presente motivo deviene infundado.


III.3.Respecto a la denuncia de falta de coherencia en la Resolución impugnada.


Previamente al análisis de este tercer motivo, es menester precisar que de acuerdo al art. 180 de la CPE, uno de los principios procesales en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, es la igualdad de las partes ante el juez, lo que supone la prohibición de hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales; en ese marco, las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y contenidas en los Autos de Vista, deben ser emitidas conforme a la doctrina legal aplicable establecida por este Tribunal Supremo de Justicia, que resulta obligatoria y vinculante, evitando que sean contrarias a los precedentes jurisprudenciales; entonces, la primera tarea conforme determinan los arts. 416 y 419 del CPP, que regulan el recurso de casación, es precisar si el precedente invocado por la parte recurrente es contrario al Auto de Vista impugnado, verificando que la situación de hecho sea similar y el sentido jurídico asignado en la Resolución cuestionada contrario al precedente ofrecido, por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con distinto alcance.


Dicho entendimiento, sobre la labor de contraste que debe desarrollar este Tribunal fue traducido ampliamente en el Auto Supremo 130/2014-RRC de 22 de abril, señalando que “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


Ahora bien, en el caso presente los recurrentes esencialmente denuncian que el Tribunal de apelación no se manifestó de manera coherente sobre la incorrecta aplicación de parte del Tribunal de Sentencia de los arts. 146 con relación a los arts. 8 y 151 del CP, al faltar en el primer ilícito dos elementos constitutivos del delito de Uso Indebido de Influencias y en el segundo la ausencia de los elementos constitutivos del delito de Concusión.


Al efecto, citan como precedente contradictorio el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, emitido en un proceso penal seguido por el delito de Suministro sancionado por la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), cuya Sentencia condenó al imputado, siendo confirmada en apelación; ante lo cual, el acusado planteó recurso de casación denunciando que al haber sido detenido en momentos previos al acto de la entrega de sustancias controladas, le correspondía se le aplique la tentativa por haber infringido la norma sustantiva. Ante este reclamo, el Tribunal de casación fundamentó en sentido que al haber sido encontrado el imputado con sustancias controladas dispuesto para proveer; además de las llamadas al celular incautado solicitando la droga, estas acciones constituían actos previos para el aprovisionamiento de las personas que requerían dichas sustancias controladas, subsumiéndose entonces el hecho al delito de Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008 con relación al art. 8 del CP; lo cual no fue tomado en cuenta por el Tribunal de alzada; estableciendo como doctrina: “que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


Esta doctrina legal aplicable se originó en el hecho de que el imputado al haber realizado acciones previas a la entrega de sustancias controladas, su conducta se subsumía en el ilícito de Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas, previsto en el art. 51 de la Ley 1008 con relación al art. 8 del CP y para ello debía calificarse el hecho a un tipo penal comparando las características de la conducta realizada con los elementos constitutivos del ilícito endilgado, de faltar uno de los elementos constitutivos podía derivar que el hecho: no sea un delito, que se adecue a tentativa o a otro tipo penal.


Precisado el ámbito de análisis del presente motivo y el contenido del Auto Supremo citado como precedente contradictorio, se puede constatar que los recurrentes en su recurso de apelación restringida, expresamente señalaron, que el Tribunal de juicio incurrió en la inobservancia de la ley sustantiva con relación a los arts. 146 y 151 con relación al 8 del CP, al no ser autores de los hechos acusados menos en grado de tentativa; ya que Ramiro Ugarte precisó sobre el primer ilícito de Uso Indebido de influencias que no se puede dar la tentativa, ya que el verbo rector de este ilícito es OBTENER y no así pretender; sobre el segundo delito de Concusión, en Sentencia se argumentó que de manera directa hubiera exigido dinero, pero contradictoriamente también se dice, que no se demostró su participación en la organización para cometer este ilícito, sin haber concurrido el verbo rector de la EXIGENCIA u OBTENCION. Por su lado, Armando Lema sobre el delito de Concusión en grado de tentativa sostuvo, que no es autor del hecho acusado, menos en grado de Tentativa, porque no se cumplieron los verbos rectores de este delito como ser OBTENER ni EXIGIR, porque no obtuvo, ni exigió dinero a su favor, confundiendo en Sentencia el término “exigir” con el de “insinuar”.


Con estos antecedentes, el Tribunal de apelación en la Resolución de alzada 3/2015 de 02 de marzo, señaló respecto a las denuncias de Ramiro Ugarte concerniente a la errónea aplicación del art. 146 con relación al 8 del CP, que no era posible analizar dicho agravio, ya que el apelante partió de afirmaciones diferentes a las que arribó el Tribunal de Sentencia, además que la prueba D-39 estuvo relacionada a la defectuosa valoración de la prueba; y, sobre la errónea aplicación del art. 151 del CP, por existir afirmaciones contrapuestas en la Sentencia, argumento que no es evidente, al haber sido condenado por el delito de Concusión y la frase a la cual aludió correspondía a la Asociación Delictuosa, ilícito del que fueron absueltos los imputados; y de Armando Lema, respecto al delito de Concusión, según la Sentencia las insinuaciones tuvieron la finalidad de infundir temor aunque no alcanzaron su objetivo, lo cual denota una correcta subsunción del hecho al tipo penal.


Del análisis del precedente invocado, se evidencia que si bien emitió doctrina legal aplicable en la labor que debe desarrollarse para la subsunción del tipo penal endilgado, considerando la conducta del imputado, la problemática sustantiva no resulta similar a la analizada en el presente motivo, pues en el precedente se evidenció, que el imputado fue condenado por el delito de Suministro decisión que fue ratificado por el Tribunal de alzada, sin considerar como fundamentó el Tribunal de casación, que el acusado realizó los actos preparatorios a la entrega de las sustancias controladas correspondiendo entonces aplicar el art. 51 de la Ley 1008 con relación al art. 8 del CP, debiéndose calificar el hecho a un tipo penal determinado, describiendo el hecho para luego comparar las características de la conducta desplegada por el acusado con los elementos constitutivos del delito; mientras que en el presente motivo, los recurrentes denuncian la incorrecta aplicación de los arts. 146 y 151 con relación al 8 del CP, al no configurarse la Tentativa en ambos ilícitos por la ausencia de los elementos constitutivos; lo cual supone, la concurrencia de un hecho sustantivo diferente en cuanto a los tipos penales y al contenido fáctico, ya que la Resolución invocada está orientada a un tema inmerso en la Ley 1008 con relación al art. 8 del CP, cuya doctrina legal de dicha Resolución ya fue superada, al no existir la Tentativa en los ilícitos concernientes al narcotráfico (Auto Supremo 308/2015 RRC de 20 mayo); eso quiere decir, que la doctrina invocada para comparar aspectos de tentativa en suministro, ha quedado excluida del referente jurisprudencial de ser invocada como elemento contradictorio para situaciones de hecho similares y procurar la aplicación de la tentativa; en cambio, la situación del presente motivo está relacionada a la norma Sustantiva Penal, que al no configurarse los elementos constitutivos de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Concusión, no correspondería el grado de Tentativa por el cual fueron condenados, a decir de los denunciantes; asimismo, en el precedente judicial invocado el imputado procura la APLICACIÓN del art. 8 del CP que es la tentativa en el delito de Suministro; en tanto que en el caso presente, los recurrentes buscan la INAPLICABILIDAD de la tentativa al no configurarse los elementos constitutivos para los ilícitos endilgados.


En consecuencia, el sentido jurídico asignado en el precedente invocado, no es contrario al Auto de Vista impugnado, ya que el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, parte del hecho que en Sentencia no se aplicó correctamente el delito de Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas, cuya doctrina además fue superada; este entendimiento, no coincide con el presente motivo, ya que la denuncia de los recurrentes está orientada a la ausencia de los elementos constitutivos para la configuración de los delitos atribuidos como el Uso Indebido de Influencias y Concusión, ambos en grado de Tentativa; lo cual, denota que no son hechos similares, ni que la aplicabilidad de la norma jurídica contenida en el Auto de Vista recurrido sea distinta a la doctrina legal invocada.


Por otro lado, no se evidencia haberse aplicado normas distintas o una misma norma con distinto alcance, ya que el precedente invocado refiere que la norma que debió ser aplicada era el art. 8 del CP emergente de un hecho vinculado al Narcotráfico, mientras que, en la presente denuncia los recurrentes señalan que no correspondía la aplicación del art. 8 del CP, en relación a los arts. 146 y 151 del CP.


En conclusión, la ausencia de similitud fáctica y jurídica del precedente contradictorio invocado con el Auto de Vista impugnado, determina la inexistencia de la contradicción alegada por los recurrentes, motivo por el cual la denuncia resulta infundada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y Armando Lema Gonzáles, de fs. 5123 a 5136 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA