TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 257/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016


Expediente                : Cochabamba 19/2016        

Parte Acusadora        : Sonia Claudia Orellana Duran

Parte Imputada        : Jhenny Elva Encinas Soriano

Delitos                : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de febrero de 2016, cursante de fs. 529 a 532 vta., Jhenny Elva Encinas Soriano, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 15 de junio de 2015, de fs. 515 a 525, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido Sonia Claudia Orellana Durán contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, previstos y sancionados por los arts. 335 y 344 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 09/09 de 9 de mayo (fs. 205 a 214-A), el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior de Distrito de Cochabamba declaró a la imputada hoy recurrente, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándola a tres años y cinco meses de reclusión, más multa de ciento cincuenta días a razón de Bs. 7.- por día, con costas y resarcimiento de daños civiles; de otro lado se lo absolvió de pena y culpa por el delito Alzamiento de Bienes o Falencia civil, previsto por el art. 344 del CP.


b) Contra la referida Sentencia, la imputada Jhenny Elva Encinas Soriano, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 358 a 364 vta.), resuelto por Auto de Vista de 1 de septiembre de 2009 (fs. 428 a 430), el cuál fue anulado por Auto Supremo 133/2015-RRC, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, determinando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable; en virtud al cuál se emitió el Auto de Vista de 15 de junio de 2015 (fs. 515 a 525), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida, interpuesto por la acusada y en consecuencia confirmó la Sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Sentencia de la Capital, sin costas.


c) Notificada la recurrente con el mencionado Auto de Vista, el 26 de enero de 2016 (fs. 526), interpuso recurso de casación que es caso de autos el 1 de febrero del mismo año, el cuál es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen el siguiente agravio:


Bajo el Epígrafe de “NULIDAD PROCESAL ABSOLUTA POR ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA Y ATENTANDO A DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES”: señala que, conforme a los precedentes que cita, cuando se presentan graves irregularidades en el proceso penal que afectan la garantía del debido proceso, no es requisito indispensable haber invocado previamente el precedente contradictorio en la Apelación restringida para que el Tribunal de casación ingrese al fondo, luego trascribe la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 401 de 18 de agosto de 2003 y 100 de 24 de marzo de 2005, a continuación Transcribe los arts. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), 167. 169 inc.3), del Código de Procedimiento Penal (CPP), concluye transcribiendo un párrafo de la Sentencia Constitucional 0593/2004-R; con esas referencias indica que, después de haberse pronunciado la Sentencia, se habría aplicado y ejecutado la medida de detención preventiva en su contra, luego indica que se habría presentado un documento transaccional celebrado entre la acusada y la querellante, documento que habría sido debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas, el cuál demostraría que pago la suma de 10.000 dólares americanos por concepto de la deuda más daños y perjuicios, además en dicho documento la acusadora habría desistido de la persecución penal, por lo que a decir de la recurrente el proceso penal ya no debió seguir, de conformidad al art. 380 del CPP, correspondiendo su archivo.


A continuación trascribe el art. 292 del CPP, mencionando que la querellante actuó con deslealtad procesal, al ocultar el documento transaccional y presentar el recurso de casación.


Concluye solicitando que se anule el Auto de Vista recurrido, disponiendo la extinción de la acción penal privada y el archivo de obrados.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


I. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


II Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la Resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


III. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella Resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la Resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la Resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se observa que el recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido por la normativa penal, habida cuenta que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista recurrido, el 26 de enero de 2016 (fs. 526), presentando su recurso el 1 de febrero del mismo año; cumpliendo con el art. 417 del CPP, correspondiendo por lo tanto.


Respecto a los demás requisitos de admisibilidad, se tiene que la recurrente acusa Nulidad procesal absoluta por actividad procesal absoluta, señalando que luego de haberse dictado la Sentencia que lo condena, se habría firmado un documento transaccional y de desistimiento de la acción penal, por lo que a decir de la recurrente la causa debió extinguirse y archivase.


Al respecto, es preciso recordar al impugnante que, conforme lo ampliamente establecido en el capítulo III de la presente Resolución, el recurrente tiene la carga argumentativa de explicar en forma clara y precisa la forma cómo el Auto de Vista recurrido, incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada; es decir, en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, cuáles serían las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, explicando por qué el precedente invocado sería aplicable al caso, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos distintos; y, la solución pretendida, de modo que este Tribunal pueda efectuar una efectiva contrastación con la doctrina cuya aplicación solicita el recurrente.


Por otra parte, también debe tener presente que el recurso de casación, en materia penal por su naturaleza jurídica, está destinado a unificar jurisprudencia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, este Máximo Tribunal de Justicia, únicamente puede efectuar un control de legalidad y derecho sobre los razonamientos del Auto de Vista recurrido, mas no directamente sobre las actuaciones procesales e interpretaciones sustantivas efectuadas por el Juez o Tribunal de mérito. En ese entendido, un motivo será admisible en la medida que el mismo este mínimamente fundamentado dentro de los alcances del recurso de casación; o, si fuera el caso, dentro de los criterios establecidos para la admisión excepcional del recurso, vía flexibilización, los cuales se desarrollaron ampliamente en el acápite IV de la presente Resolución.


En el caso de Autos, se tiene que en lo absoluto la recurrente señala alguna posible vulneración en que hubiera incurrido el Auto de Vista recurrido, y por tanto, no explica la posible contradicción que existiría con los precedentes invocados conforme exige los arts. 416 y 417 del CPP; y si bien denuncia la vulneración al debido proceso, sin embargo -como se dijo- no identifica que parte o fundamento de la resolución impugnada vía casación restringió dicho derecho,  garantía y principio; omisión que imposibilita materialmente que este Tribunal ingrese a conocer el fondo de este recurso y realizar la labor encomendada por el legislador, consiguientemente esa situación determina que este recurso devenga en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jhenny Elva Encinas Soriano de fs. 529 a 232 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA