TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 252/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016


Expediente                : Santa Cruz 10/2016

Parte Acusadora        : Rodolfo Alessandro Ocaña Salazar

Parte Imputada        : María Gueisa Languidey Justiniano y otro

Delitos                : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de noviembre de 2015, cursante de fs. 301 a 304, José Ubil Zeballos Santos y María Gueisa Languidey Justiniano, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 29 de agosto de 2014, de fs. 231 a 236 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Rodolfo Alessandro Ocaña Salazar en contra de los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por lo art. 351 del Código Penal (CP).


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 04/2014 de 28 de marzo (fs. 187 a 189 vta.), el Juez de Partido de Sentencia Mixto de la Niñez y Adolescencia de Cotoca del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a José Ubil Zeballos Santos y María Gueisa Languidey Justiniano, autores de la comisión del delito de Despojo previsto y sancionado en el art. 351 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de presidio, con costas a favor del Estado, averiguables en ejecución de Sentencia.

b) Contra la mencionada Sentencia los imputados José Ubil Zeballos Santos y María Gueisa Languidey Justiniano, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 197 a 207), resuelto por Auto de Vista de 29 de agosto de 2014, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


c) Por diligencia de 5 de noviembre de 2015 (fs. 290 y 291), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista y el 12 del mismo me y año, interpusieron recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Los recurrentes arguyen, que en el primer considerando bajo el título de: “DESCRIPCION TIPICA DEL DESPOJO Y ANALISIS DEL CASO CONCRETO…” (sic),  el Tribunal de alzada habría reconocido que los imputados ingresaron al lote de terreno de buena fe, para descansar y pasar sus últimos días y fue precisamente ése hecho -a decir- de los recurrentes, el que fue tomado en cuenta por el Tribunal de juicio, adecuándolo al tipo penal del art. 351 del CP, sin percatarse que para la configuración del ilícito endilgado, exige invasión violenta a un inmueble, y que a pesar de haberse demostrado que el día de los hechos (11 de agosto de 2012), una turba de personas desconocidas, entre ellas Irma Escóbar Miranda, fueron las que invadieron el lote de terreno en cuestión, desocupando al querellante y a su esposa, habiéndose identificado otra persona como autora del delito endilgado y no así a los imputados; empero, sin tomar en cuenta los antecedentes referidos, se habría emitido Sentencia Condenatoria contra los imputados, sin explicar por qué se llegó a esa conclusión, ni precisar si el acusador se encontraba en posesión del lote de terreno y menos establecer plenamente que los autores del hecho fueran los imputados; toda vez, que las declaraciones testificales fueron muy genéricas y contradictorias, y que no lograron individualizar a los autores del ilícito ni acreditar los elementos constitutivos del tipo penal de Despojo, por la inexistencia de prueba plena para merecer Sentencia Condenatoria; sobre estos supuestos agravios invocan los Autos Supremos 30 de 26 de enero de 2007, “2000/01-Sala Penal-1-012, Sucre 18 de enero de 2000” (sic), 562/2004 de 01 de octubre, 20/2012-RRC de 14 de febrero, 32/2012 de 23 de marzo, sosteniendo que existe contradicción con los mencionados precedentes; toda vez, que el Auto de Vista advirtió de forma expresa en el acápite subtitulado: Descripción Típica del Despojo y Análisis del caso concreto, en su primer considerando, los  hechos ya mencionados; sin embargo, no se revocó la Sentencia, como correspondía, de acuerdo al art. 363 incs. 2) del CPP. 

2) Por otro lado, alegan los recurrentes que el Tribunal de juicio arbitrariamente sin ningún sustento legal en el desarrollo del juicio, se les negó el derecho a la defensa, al no suspender la audiencia por ausencia de los testigos de descargo, así como al aceptar prueba extraordinaria presentada por el acusador particular, a la cual no tuvieron acceso, sino hasta la etapa de conclusiones, vulnerando a la vez, el principio de imparcialidad y probidad, sobre este agravio invoca el Auto Supremo 92 de 28 de marzo de 2013.


3) Finalmente, reclaman que no fue aplicado el principio constitucional de congruencia por el juzgador, puesto que cuando se analizó la subsunción de la conducta al tipo penal, el Auto de Vista impugnado estableció que el despojo se habría producido invadiendo y expulsando a los ocupantes; sin embargo, esos presuntos hechos no habrían sido denunciados en la acusación respecto a su personas, lo que develó la vulneración del principio de la congruencia, al no haber coherencia entre la acusación y la sentencia, incurriendo en lo previsto por el art. 370 inc. 11) del CPP; al respecto invoca los Autos Supremos 103 de 25 de febrero de 2011, 684/2010 de 18 de diciembre y 77/ 2012 de 20 de abril.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; b) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: a) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; b) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO O NO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días, ya que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 5 de noviembre del 2015 (fs. 290 y 291), presentando su recurso el 12 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Con relación al primer motivo, en lo sustancial, los recurrentes afirman que no obstante el Tribunal de alzada reconoció que los hechos que sirvieron para fundar la Sentencia condenatoria no fueron debidamente explicados ni precisados en la misma, por cuanto las declaraciones testificales fueron muy genéricas y contradictorias, omitió revocar la Sentencia, citando al respecto los Autos Supremos 30 del 26 de enero de 2007, 562/2004 de 01 de octubre y 20/2012-RRC de 14 de febrero, sobre los cuales se limitaron a efectuar una transcripción parcial de su contenido, sin explicar mínimamente cuáles serían los supuestos fácticos análogos entre la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido con los hechos que dieron lugar a los precedentes simplemente referidos por los recurrentes, soslayando observar su obligación de explicar cuál la presunta contradicción, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; en consecuencia resulta inadmisible.


Con relación a los Autos Supremos 012 de 18 de enero de 2000 y 32/2012 de 23 de marzo, además de los fundamentos expuestos, revisado el banco de datos de este Tribunal, se constata que los mismos fueron declarados infundados; en consecuencia, no contienen doctrina legal aplicable.


Respecto al motivo segundo, los recurrentes alegan vulneración de derechos y garantías constitucionales, identificados como el derecho a la defensa, principio de parcialidad y probidad, señalando que el Tribunal juicio arbitrariamente les habría negado la suspensión de audiencia por falta de testigos de descargo, así como por haber aceptado prueba extraordinaria a la que no pudieron acceder, sino hasta la etapa de conclusiones, que sólo era de conocimiento de la Juez y del acusador,  que los imputados; y, en cuanto al motivo tercero denuncian violación del principio constitucional de congruencia, sosteniendo que no fue aplicado el mencionado principio constitucional por el juzgador, puesto que cuando se analiza la subsunción de la conducta al tipo penal el Auto de Vista impugnado estableció que el despojo se habría producido invadiendo y expulsando a los ocupantes; sin embargo, esos presuntos hechos no habrían sido denunciados en la acusación respecto a su personas, lo que develó la vulneración del principio de la congruencia entre la acusación y la Sentencia.  Ahora bien, se advierte del contenido del recurso, que en los dos motivos, si bien los recurrentes citan Autos Supremos como posibles precedentes, omiten observar la carga procesal de establecer cuál la contradicción existente entre esos fallos y la resolución recurrida, sumado al hecho de que el Auto Supremo 77 de 20 de abril de 2012, con los datos proporcionados, es inexistente; por tal motivo, se reitera que la simple invocación, mención, trascripción del precedente o un planteamiento subjetivo del recurrente de cómo debió ser resuelto el proceso, no es suficiente para admitir el recurso de casación, concluyéndose que en los presentes motivos se incurrió en una omisión que no puede ser suplida por este Tribunal.


No obstante lo anterior, al haberse denunciado la vulneración de derechos constitucionales, corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para viabilizar el examen del referido agravio; así, de la lectura del motivo se establece que los recurrentes mínimamente proveyeron los antecedentes generadores del hecho (que arbitrariamente el Juez de la causa decidió no suspender la audiencia por ausencia de los testigos de descargo, así como para conocer la prueba extraordinaria de cargo, que únicamente fue conocida en la etapa de conclusiones; y, finalmente, que no se acusó la invasión del lote expulsando a los ocupantes), precisando el derecho constitucional vulnerado (debido derecho a la defensa, principio de imparcialidad, probidad y congruencia) y explicando mínimamente el agravio sufrido (la emisión de una sentencia condenatoria contra los imputados); en consecuencia, al haberse cumplido los presupuestos de flexibilización explicados en el acápite IV de este Auto, corresponde abrir la competencia de este Tribunal en forma excepcional, para verificar si evidentemente se vulneraron los derechos de los imputados; consecuentemente, deviene en admisible el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Ubil Zeballos Santos y María Gueisa Laguidey Justiniano, cursante de fojas 301 a 304, únicamente con relación a los motivos descritos en los incs. 2) y 3) del acápite II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA