TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 250/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016


Expediente                : La Paz 21/2016

Parte Acusadora        : Preciliano Yucra Quispe

Parte Imputada        : Carlos Gabriel Argote Taborga

Delito        : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 22 y 23 de diciembre de 2015, cursante de fs. 271 a 283 vta. y  fs. 292 a 301 vta., Carlos Gabriel Argote Taborga y Martha Flores Burgoa, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 65/2015 de 7 de septiembre, de fs. 247 a 251 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Preciliano Yucra Quispe contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337, ambos del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 23/2015 (fs. 197 a 199 vta.), la Jueza Segundo de Partido y  Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados Carlos Gabriel Argote Taborga y Martha Flores Burgoa, autores de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión. Asimismo, les concedió el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena previsto por el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), imponiéndoles el pago de daños y perjuicios a favor del querellante y costas a favor del Estado.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Carlos Gabriel Argote Taborga (fs. 212 a 222) y Martha Flores Burgoa (fs. 223 a 228), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 65/2015 de 7 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada.


c) Por diligencia de 30 de noviembre de 2015 (fs. 252), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista, la imputada Martha Flores Burgoa solicitó Enmienda y Complementación (fs. 255 a 256), petición que fue rechazada por Auto de 2 de diciembre de 2015 (Fs. 257),  notificados los recurrentes con dicha determinación el 16 del mismo mes y año (fs. 258), interpusieron sus recursos de casación el 22 y 23 de diciembre de 2015, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1.Recurso de casación de Carlos Gabriel Argote Taborga.


1) El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido en su numeral I.2, no tomó en cuenta su reclamo referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; toda vez, que en el punto IV de la Sentencia estableció la existencia de la comisión del delito de Estafa narrado en la querella y acusación particular; por cuanto, su persona habría estafado $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses); empero, en ninguna parte de la querella se refirió que su persona sonsacó documentos al querellante para apropiarse de su terreno; resultando injustamente procesado, evidenciándose de antecedentes que el querellante ya cobró los $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), que jamás le fue entregado a su persona, aspecto demostrado en juicio; empero, se habría modificado la pretensión del querellante convirtiéndose el juicio en quién tiene más derecho propietario sobre un terreno; puesto que, afirma si fue condenado por supuestamente haberse apropiado de un terreno, sonsacando los supuestos documentos de un lote de terreno, entonces también debió ser condenado por el delito de Estelionato; aspecto, no considerado por el Tribunal de alzada avalando una resolución prevaricadora.


2) Refiere que ante su denuncia concerniente a que la Sentencia se fundó en hechos y elementos no incorporados en juicio; habida cuenta, que la testigo Aurelia Huaynoca, figura como si hubiere dado algún tipo de declaración; sin embargo, de la revisión de antecedentes se demostró que jamás declaró en ninguna instancia, denuncia que fue omitida por el Tribunal de alzada, que sin la mínima reserva alegó “…no se evidencia que exista pruebas incorporadas ilegalmente, más aun que en consideración a los Art. 171 del C.P.C., referido a la libertad probatoria para llegar a la verdad histórica de los hechos…” (sic); criterio, que asevera, ni siquiera revisó si existe o no en el expediente, no pudiendo referirse a la libertad probatoria si la referida declaración no existe; limitándose el Auto de Vista, a realizar una copia de la Sentencia y extractos de las apelaciones interpuestas, deslegitimando su labor y obligación de revisar mínimamente los antecedentes para evidenciar si existe o no la declaración.


3) Manifiesta que la Resolución recurrida en su punto I.5, expresó “…valiéndose de la relación que existía con el querellante le sonsacó sus documentos de su casa que habría dado en garantía, es decir este aspecto fue detallado en la acusación y se habría demostrado en juicio en juicio el hecho acusado evidenciándose que se ha cumplido con las reglas de la congruencia y no se evidencia vulneración del art. 360 del C.P.P…” (sic); criterio, que carece de veracidad; toda vez, que en antecedentes no cursaría ningún documento que demuestre que el querellante sea el propietario del lote de terreno que pretende apropiarse ilegalmente; además, el inmueble con el que cuenta el querellante se encuentra debidamente registrado a su nombre como él mismo lo manifestó en audiencia; y, se encuentra registrado y transcrito en las actas de su intervención, donde alegó que el minibús que adquirió fue mediante un préstamo bajo garantía de su bien inmueble, ello en la gestión 2014; incurriendo el Auto de Vista, en una inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación.


4) Por otra parte expresa que en el punto 1.6 el Auto de Vista recurrido, se refirió al rechazo de la excepción de litispendencia, alegando que: “no es como indica el acusado, ya que el presente caso de estafa fue por el sonsacamiento de documentos del terreno objeto de la litis y no así por el monto de $US. 4.000.-,  que claramente hace referencia en la sentencia” (sic); empero, afirma el recurrente que de las pruebas PD-4, PD-7, PD-8 y PD-9, se evidencia que existe congruencia y relación de un proceso con idéntico argumento que en la querella presentada ante el juez donde se llevó el juicio, en todas ellas,  manifestando que fue estafado por Delicia Fernández y su persona por la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), mismo argumento que utilizó ante el Ministerio Público en el caso 1663/2010 y en el caso 1790/2012; sin embargo, en el caso 1663/2010 el querellante cobró la referida suma, de la persona a la que dio ese dinero; no obstante, esa acción continua en su contra, siendo juzgado dos veces por un supuesto delito; aspecto, no valorado por el Tribunal de alzada.


5) Denuncia que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a todos los puntos reclamados, resultando incongruente, poco precisa como clara en sus determinaciones, no considerando que la Sentencia contiene “DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUCEPTIBLES DE CONVALIDACION POR FALTA DE FUNDAMENTACION DE LA SENTENCIA, FALTA DE FUNDAMENTACION DESCRIPTIVA E INTELECTIVA DE LA PRUEBAS, MEDIOS Y ELEMENTOS NO INCORPORADOS EN JUICIO, BASADA EN HECHOS INEXISTENTES INACREDITADOS, VALORANDO DEFECTUOSAMENTE LA PRUEBA CON UNA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS RELATIVAS DE CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LA ACUSACION, POR SER LESIVO A LA IDONEA ADMINISTRACION DE JUSTICIA” (sic). Asimismo, identifica los siguientes puntos: i) Que en la parte de la enunciación de los hechos y circunstancias que fueron objeto de juicio, se basaron en el hecho de que la esposa del querellante habría recibido una llamada de Sara Díaz en el mes de abril de 2009, ofreciéndole que sus hijos podían ingresar a la ESBAPOL, situación por la que canceló $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), presentando el querellante recortes de periódicos, donde se estableció que fue capturada una banda de personas que habrían estafado a víctimas para ingresar a la ESBAPOL, entre ellas Delicia Fernández con la que el querellante suscribió un documento privado para que sus hijos ingresen a la ESBAPOL, documentos que se encuentran en calidad de pruebas y que fueron suscritos en el mes de diciembre de 2009; empero, el querellante manifiesta que fue en abril de 2009, que su persona presenta en calidad de pruebas de descargo las signadas como PD-4, PD-7, PD-8 y PD-9 que fueron ofrecidas y judicializadas; pero, no fueron valoradas, habiendo sido procesado dos veces por el delito de Estafa; también, fue defectuosamente valorada la prueba PD-10 consistente en un recibo, memorial y requerimiento entre Delicia Fernández y el querellante por la suma de $us. 500.- (quinientos dólares estadounidenses), pidiendo el cumplimiento del compromiso de pago que habrían firmado el 17 de junio de 2011 que fue puesto a conocimiento del Fiscal en el caso 1663/2010, abriéndose otra denuncia en la ciudad de El Alto bajo el mismo fundamento que la instaurada en la ciudad de La Paz, aspecto que fue advertido conforme la prueba PD-9; agrega, que respecto a las pruebas PD-12 y PD-13 consistentes en la resolución de rechazo del caso 1790/2011, que fue impugnado por el querellante; no obstante, fue confirmado por la fiscalía de Distrito; sin embargo, no fueron mencionadas en la sentencia siendo procesado por tercera vez por el mismo delito; ii) Transgresión al “Art. 370 núm. 4)” (sic); por cuanto, el Tribunal de alzada no constató si el hecho denunciado existió o no; toda vez, que en la Sentencia fueron introducidos elementos de prueba no incorporados legalmente a juicio; por lo que, en su numeral III.2 líneas 4 y 5 de la Sentencia erróneamente refiere que por las declaraciones de cargo de Tomás García Callejas y su esposa Aurelia Huaynoca habrían vendido el lote de terreno al querellante; aspecto falso; ya que, si bien fueron ofrecidos como prueba extraordinaria consta en actas que nunca concurrieron ante la juez, peor aún Aurelia Huaynoca en ninguno de los procesos declaró, resultando inadmisible que se introduzca en la Sentencia a la referida testigo que nunca vertió declaración; empero, el Tribunal de alzada no se pronunció, por el contrario dio fe a esa declaración refiriéndose a la libertad probatoria; iii) Respecto al poder 2734/2009 presentado por la parte querellante que extrañamente no se encuentra descrita en las pruebas de cargo; sin embargo, en el fundamento de la sentencia refiere “No debiendo perder de vista que el poder era un poder administrativo, entre cuyas facultades no estaba el de la libre disposición sobre el bien” (sic); empero, en dicho poder señalaría “MAS PODER PARA QUE SI EL CASO LO REQUIERA INICIE, PROSIGA Y CONCLUYA EN TODOS SUS GRADOS E INSTANCIAS EL PROCESO CIVIL ORDINARIO SOBRE USUCAPION Y OTROS” (sic); iv) La Sentencia sesgó las generales de su persona al manifestar que habitaba en el terreno; empero, de todas las actuaciones procesales se evidencia que su domicilio se encuentra en la avenida Pacífico Nº 1954, zona villa remedios, causándole extrañez lo aseverado por el Tribunal de juicio y avalado por el Tribunal de alzada, no entendiendo, de donde aparece que su persona habita en el terreno objeto de la Litis según la Juez; puesto que, la querella y acusación particular describen que se lo procesó por Estafa y no por un terreno, cambiando el proceso la dirección de la acusación cuando se pone en evidencia que los $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) a los que hace referencia el querellante ya fue cobrado en su totalidad; v) En la Sentencia refiere en el último parágrafo de la fundamentación probatoria descriptiva, que no se puede “satanizar” (sic), la conducta del querellante cuando inicia ante el Ministerio Público otros procesos ya que habría sido una de las víctimas de Delicia Fernández y prueba de ello sería un recorte del periódico el Extra, en el cual se haría conocer los hechos perpetrados por Delicia Fernández conocida de su persona, en atención a que en su casa se hubieren reunido por primera vez el querellante y la prenombrada; criterios, sobre los que -afirma- no se consideró que cuando dice que no se puede satanizar la conducta del querellante la juez acepto tácitamente que dentro de la presente causa existían otros procesos bajo el mismo argumento; ahora bien, para que le hubiere sido útil el recorte de periódico del Extra fundando una Sentencia condenatoria en su contra, la prueba no fue ofrecida por ninguna de las partes; sin embargo, fue tomada en cuenta en la “parte descriptiva y valorativa de la prueba”; finalmente en la parte descriptiva y valorativa de la sentencia afirmó que Delicia Fernández y su persona eran conocidos y que hubiere sido en su casa donde por primera vez se reunieron el querellante y Delicia Fernández, aspecto que no sería evidente, incurriendo en error el Tribunal de juicio y avalado por el Tribunal de alzada generándole indignación en su persona ya que nunca tuvo ninguna relación de amistad o parentesco con Delicia Fernández peor aún, que se hubiesen reunido en su domicilio invención subjetiva y mal intencionada de la Jueza puesto que ni la acusación mencionó tal afirmación.


6) Reclama que mientras su persona tenía un proceso penal en la ciudad de La Paz, signada con el caso 1663/2010, el querellante le habría instaurado otro en la ciudad de El Alto signado con el caso 1790/2011 y otro sería el presente proceso penal, todos bajo el argumento de que su persona estafó la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), siendo cómplice directo de Delicia Fernández, acusación que sería de junio de 2014; empero, asevera que el querellante mucho antes ya recibió de Delicia Fernández la suma de $us. 3.100.- (tres mil cien dólares estadounidenses), conforme se tiene de la prueba PD-11, consistente en un acuerdo conciliatorio de 14 de noviembre de 2013 con su reconocimiento de firmas y rúbricas en el caso 1663/2010, prueba que fue judicializada aclarando que el querellante ya habría recibido $us. 900.- (novecientos dólares estadounidenses) y que se estaba haciendo entrega de lo restante, aspectos que fueron ocultados por el querellante y no valorados por el Tribunal de Sentencia, llevándose el juicio en una contienda de mejor derecho propietario de un lote de terreno, donde se utilizó la prueba ofrecida para resolver quien tiene mejor derecho propietario; toda vez, que alegó “la Titularidad del bien inmueble donde refirieron los testigos que PRECILIANO YUCRA es el dueño del terreno” criterio, que asevera, no tuvo relación con la pretensión de la querella, acusación particular y la sentencia.


7) Arguye que no se valoró la prueba PD-3, consistente en un acuerdo conciliatorio de 4 de mayo de 2010 entre el querellante y Delicia Fernández, extremo corroborado por la prueba PD-11 donde Delicia Fernández canceló la totalidad del dinero que le sonsacó al querellante.


8) Refiere que en el punto III de la Sentencia, alegó que los testigos Eusebia Castillo de Yucra, Florencio Yucra, Rosemary Petrona Condori Ajata y Felipe Rene Chapi Cusi, habrían manifestado de forma uniforme que el titular del inmueble sería el querellante; empero, no consideró que Eusebia Castillo de Yucra manifestó conocer a todos los vecinos, menos a Martha Flores Burgoa que vive en el terreno que reclama como suyo, dando su proceso un giro respecto a la petición en la acusación particular circunscribiéndose únicamente probar en la Sentencia el mejor derecho propietario alejándose de la pretensión de la acusación particular que era sobre los delitos de Estafa y Estelionato, quedando plasmada en la Sentencia como única prueba contundente las declaraciones testificales de los testigos de cargo, quienes incurrieron en contradicciones, como la propia declaración del querellante, que reclama la titularidad del terreno siendo quien construyó el terreno como albañil de Martha Flores Burgoa, refiriendo que trabajó por siete meses y de la prueba PD-8 cursan los recibos firmados por el querellante por el trabajo que realizó como albañil en el lote de terreno, que Florencio Yucra señaló que habían trabajado en el lote de terreno; empero, que a él no le pagaron, pero sí a su papá el ahora querellante; y, cuando el juez le preguntó porque estaba construyendo para otra persona siendo que ellos eran los dueños, señaló que por que su papa le dijo que lo ayudara; Rosemary Petrona Condori Ajata señaló que vive al lado de Martha Flores Burgoa y que el terreno que compro lo hizo de Pedro López y la mitad le correspondía al ahora querellante y contradictoriamente el querellante manifestó, que compró de Tomás García Callejas y su esposa Aurelia Huaynoca; no obstante, la testigo Rosemary Petrona Condori Ajata  arguyó que compró hace diez años atrás, siendo un mismo lote de 300 mts2.; el testigo Felipe Rene Chapi Cusi arguyó que conoce a todos los vecinos menos a Martha Flores Burgoa que vive en el terreno donde dice jugaba desde niño con el hijo del querellante, declaración que es contradictoria a lo afirmado por Rosmery Petrona Condori Ajata quien alegó que en el lugar solo habían gallinas y conejos que eran de propiedad del querellante, que Jesús Chui Huanca manifestó que en su calidad de jefe de manzano conoce a todos los vecinos del lugar ya que vive en el lugar desde 1993, ahora bien por la prueba PD-8, consistente en una certificación de la junta de vecinos de la zona, el presidente de la junta de vecinos certifica que en la zona no existen jefes de manzano, enormes contradicciones sirvieron para emitir una Sentencia condenatoria, y finalmente de la declaración del querellante manifestó que trabajó en el lote de terreno alrededor de siete meses; empero, a criterio del recurrente, no se explica cómo una persona que dice ser dueño de un lote de terreno trabaje en el mismo como albañil y sea remunerado por su trabajo y posteriormente forcé ilegalmente por todos los medios la obtención de un inmueble.


9) Manifiesta que en el punto IV de los motivos y fundamentos de derecho de la Sentencia, transcribe la parte pertinente del delito de Estafa concluyendo que su conducta se adecuó al tipo penal; sin embargo, asevera, que en su caso la parte querellante no demostró qué beneficio su persona hubiere obtenido; peor aún, cuando la sentencia indicó en su parte descriptiva que de la revisión de antecedentes, no existió el mínimo indicio de que el querellante hubiere realizado documento de transferencia de dicho terreno, -afirma- que no puede existir un documento de transferencia si el querellante jamás fue propietario del lote de terreno, solo tenía su casa detrás de su terreno, acción que no le hace dueño.


10) Finalmente denuncia que el Tribunal de alzada avaló, la incorporación de elementos probatorios inexistentes en los antecedentes; por cuanto, en el punto IV.2, fundamento de derecho la Sentencia alegó que se hubiere demostrado la existencia del delito de Estafa narrado en la querella y acusación particular, afirmación que iría relacionado con lo dispuesto por el art. 370 inc. 11) del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez, que cómo afirmaría que se hubiere demostrado la comisión del delito de Estafa si la querella y acusación particular refieren que su persona con engaños habría sonsacado la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), de los que demostró, que fue cancelado en su totalidad por la misma persona a quien el querellante entregó el dinero, no precisando la sentencia el contenido de la prueba, hecho avalado por el Tribunal de alzada violentando el art. 370 incs. 1), 4), 5) y 11) del CPP, siendo estos defectos absolutos contenidos en la Sentencia.


En el otrosí 1º de su recurso invoca, los Autos Supremos “5/207” (sic), 411 de 20 de octubre de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006, 27 de 4 de mayo de 2009 y 550 de 15 de octubre de 2014.


II.2.Recurso de casación de Martha Flores Burgoa.


1) La recurrente denuncia que la resolución apelada se limitó a mencionar los fundamentos de su apelación restringida, que en su parágrafo II.2 alegó que “la apelante no concreta en señalar cuales de estos elementos constitutivos del tipo penal no se configuro” (sic), criterio que considera falso, ya que describió de manera puntual que la Sentencia se basó en un elemento inexistente dentro del juicio, señalado específicamente la declaración de la testigo Aurelia Huaynoca; no obstante, se emitió Sentencia condenatoria, concurriendo el defecto del art. 370 incs. 4) y 6) del CPP.


Agrega, que el Auto de Vista refirió que no se incurrió en el defecto del art. 370 inc. 4) del CPP, criterio que le resulta contrario a lo descrito en el parágrafo II.2, puesto que sí se afirma que no se señaló cuál de los elementos constitutivos no se configuró, no se explica porque en el parágrafo II.3, ahora  si se hubiere señalado el elemento constitutivo como es la prueba inexistente que se denunció; sin embargo, ahí sí se consideró que la prueba referente a una declaración inexistente no fue la única producida y valorada, no resultándole lógico que un elemento probatorio inexistente pueda ser objeto de valoración.

2) Denuncia que ante su reclamo referente al defecto del art. 370 inc. 11) del CPP, la resolución recurrida alegó, que no se inobservaron las reglas de congruencia, resultándole la Sentencia congruente con la acusación; al respecto, asevera que en su apelación restringida puntualizó la incongruencia entre la acusación particular y la Sentencia; toda vez, que el querellante subsanando la observación a su acusación particular reiteró la participación de su persona en grado de Complicidad; empero, fue sentenciada como autora del Delito de Estafa, no pronunciándose el Juez de juicio ni el Tribunal de alzada de manera clara ni precisa, dónde quedó su participación como cómplice.

3) Manifiesta que el Tribunal de alzada avaló la Sentencia que contiene defectos absolutos por falta de fundamentación, falta de fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, medios y elementos no incorporados en juicio, basada en hechos inexistentes inacreditados, valorando defectuosamente la prueba con una inobservancia de las reglas relativas de congruencia entre la Sentencia y la acusación. Asimismo, identifica los puntos apelados, siendo estos: i) Que en la sentencia se incorporó elementos probatorios inexistentes en antecedentes, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 incs. 1), 4), 5) y 11) del CPP; y, ii) Que ni en la acusación ni en las declaraciones de los testigos, ninguno indicó que su persona hubiere estafado al querellante, menos que su persona con engaño o artificios se hubiere apropiado de un terreno ilegítimamente, forzando el querellante un proceso penal para beneficiarse ilegalmente de su patrimonio, situación por la que denunció que no fue valorada debidamente las pruebas PD-1, PD-2, PD-3, PD-4 y PD-5.


4) Reclama que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a sus reclamos referidos a que: i) La prueba signada como PD-6 consistente en una carta dirigida al fiscal dentro del caso 1790/2011 donde un vecino de nombre Roberto Mamani Ali dijo ser jefe de manzano y por la declaración de Jesús Chui Huanca también manifiesta ser jefe de manzano, ahora bien por la prueba PD-8 se desprende una certificación de la junta de vecinos en la cual el presidente de la junta certifica que en la zona no existen jefes de manzano; sin embargo, de la prueba PD-6 según la declaración de Jesús Chui Huanca existirían dos jefes de un mismo manzano; no otorgándole valor el juez a la certificación de la junta de vecinos, reclamo sobre el que el Tribunal de alzada no se pronunció; y, ii) En el último párrafo de la fundamentación probatoria descriptiva de la sentencia alegó que no se puede satanizar la conducta del querellante por iniciar otros procesos; entonces, asevera que la jueza estaría aceptando tácitamente que dentro del presente proceso existió otros procesos bajo el mismo argumento, extremo que fue probado mediante su excepción de litispendencia; empero, fue rechazada, además para la  Jueza habría sido útil el recorte de periódico del Extra para fundar la Sentencia condenatoria; sin embargo, esta prueba no fue ofrecida por ninguna de las partes; no obstante, fue tomada en cuenta en la parte descriptiva y valorativa de las pruebas; y, finalmente en su parte descriptiva y valorativa de la sentencia afirmó deliberadamente que entre Delicia Fernández y su persona hubiesen sido conocidas y que fue en su casa donde se habrían reunido por primera vez la prenombrada con el querellante, criterio que considera un error doloso por parte de la Jueza y avalada por el Tribunal de alzada, generándole una enorme indignación puesto que nunca tuvo ninguna relación con Delicia Fernández peor que se hubieren reunido en su domicilio, afirmaciones que le resultan una invención subjetiva y mal intencionada de la Jueza ya que ni la acusación habría mencionado tal aspecto.   


5) Manifiesta que en el punto III de la Sentencia arguyó, que los testigos Eusebia Castillo de Yucra, Florencio Yucra, Rosemary Petrona Condori Ajata y Felipe Rene Chapi Cusi, manifestaron de manera uniforme que el dueño del terreno era el querellante, aspecto suficiente para emitir una Sentencia condenatoria, no considerando que su persona estaba siendo procesando por el delito de Complicidad en el hecho de Estafa, por haber colaborado en la estafa de víctimas que pretendían ingresar a la ESBAPOL, por intermedio de Delicia Fernández; empero, extrañamente en el juicio se cambió la tipificación juzgándola por Estafa de un lote de terreno a una persona que jamás logró probar que el terreno era suyo; no considerando, que de la atestación de Eusebia Castillo de Yucra, extrañamente manifestó que no la conoce, viviendo detrás de su casa y cuando se le preguntó, si su esposo trabajó en su casa donde ahora vive, indicó, que solo unos tres días; no obstante, el querellante indicó que trabajo alrededor de siete meses, resultándole éste caso único donde su albañil la denuncia por complicidad en Estafa; no observando, que el querellante trabajó las dos plantas de su casa por siete meses percibiendo por su mano de obra la suma de Bs. 23.000.- (veintitrés mil bolivianos) conforme cursa de la prueba PD-8 referente a recibos de pago, Florencio Yucra señaló que trabajaron en el lote de terreno; empero, que el dinero le daban a su papá que es el querellante, declaración que carece de veracidad ya que indicó que solo hizo la pared del frente y no así los machones, columnas y pilares, cuando se le preguntó porque estaban construyendo para otra persona siendo ellos los dueños, respondió que su papá le dijo; Rosmery Petrona Condori refiere, que vive al lado, que el terreno lo compró de Pedro López y que la mitad le correspondía al querellante, contradictoriamente el querellante manifestó, que el terreno lo habría comprado de Tomás García Callejas y Aurelia Huaynoca; empero, la testigo señaló que lo compró hace diez años siendo un mismo lote de terreno de 300 mts2., no evidenciándose que la testigo compró el lote de terreno o al igual que el querellante solo se apropió del terreno ya que no tiene papeles del lugar donde vive, que Felipe Rene Chapi Cusi manifestó que conocería a todos; sin embargo, no la conoce a su persona, siendo que vive ahí desde el 2010; por último, de la declaración del querellante cuando la jueza le preguntó cuánto tiempo trabajó en el lote de terreno, respondió que siete meses y que le cancelaron “80 pesos”, no considerando la jueza cómo una persona que dice ser el dueño de un lote de terreno trabaje en el mismo terreno y perciba un salario como albañil.  


6) Por otra parte manifiesta que la jueza no valoró, menos consideró las pruebas signadas como PD-8, PD-9 y PD-10; no obstante, haber sido judicializadas pruebas con las que demostró que su propio albañil la procesó por complicidad, modificando la jueza la pretensión de la parte acusadora.


7) Denuncia que la jueza basó la Sentencia en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio; toda vez, que en el numeral III.2 en las líneas cuatro y cinco erróneamente señaló que por las declaraciones de cargo de Tomás García Callejas y Aurelia Huaynoca el lote de terreno se habría vendido al querellante, aspecto que considera falso, puesto que si bien existe una declaración “fantasma” ante el Ministerio Público en el caso 1790/2011 de “TOMAS CALLEJAS GARCÍA” y Aurelia Huaynoca, fueron ofrecidos como prueba extraordinaria; empero, jamás concurrieron a juicio peor aún Aurelia Huaynoca en ninguno de los procesos fue a declarar, introduciéndose en la Sentencia una testigo que nunca vertió declaración.


8) Reclama, que el fundamento contenido en el punto IV.2 de la Sentencia, va relacionado con el defecto del art. 370 inc. 11) del CPP; puesto que, afirmó que se cometió el delito de Estafa narrado en la querella y acusación particular refiriendo estrictamente ambas que su persona con engaños y artificios habría sonsacado la suma de $us. 4000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), monto que demostró fue cancelado en su totalidad por Delicia Fernández, a quien el querellante entregó el dinero; empero, el juicio tomó otro rumbo y la pretensión del querellante cambio de Estafa a probar quien tiene el mejor derecho propietario sobre un lote de terreno, siendo totalmente incongruente con lo descrito en la acusación particular.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: 1)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; 2) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; 3) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, 4) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se tiene, que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de rechazo a la solicitud de complementación y enmienda de la Resolución recurrida el 16 de diciembre de 2015 (fs. 258), presentando sus recursos de casación Carlos Gabriel Argote Taborga el 22 del mismo mes y año; y, Martha flores Burgoa el 23 de diciembre de 2015, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


IV.1. Del recurso de casación de Carlos Gabriel Argote Taborga.


Ahora bien, respecto a los motivos primero, segundo, tercero, y décimo, donde el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado: i) No tomó en cuenta, su reclamo referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; toda vez, que habría sido injustamente procesado por la comisión del delito de Estafa, narrado en la querella y acusación particular, modificándose la pretensión del querellante y convirtiéndose el juicio en quién tiene más derecho propietario sobre un terreno; aspecto, no considerado por el Tribunal de alzada avalando una resolución prevaricadora; ii) Omitió, su denuncia referida a que la Sentencia se habría fundado en hechos y elementos no incorporados en juicio; toda vez, que la testigo Aurelia Huaynoca, figuró como si hubiere dado algún tipo de declaración; sin embargo, de la revisión de antecedentes, se tendría que no declaró en ninguna instancia, limitándose el Auto de Vista, a realizar una copia de la Sentencia y extractos de las apelaciones interpuestas, deslegitimando su labor y obligación de revisar mínimamente los antecedentes para evidenciar si existió o no la declaración; iii) Incurrió, en una inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; puesto que, en antecedentes no cursaría ningún documento que demuestre que el querellante sea el propietario del lote de terreno que pretende apropiarse ilegalmente; además, el inmueble con el que cuenta el querellante se encuentra debidamente registrado a su nombre como él mismo lo manifestó en audiencia y se encontraría registrado y transcrito en las actas de su intervención, donde alegó, que el minibús que adquirió fue mediante un préstamo bajo garantía de su bien inmueble en la gestión 2014; y, iv) Avaló, la incorporación de elementos probatorios inexistentes en los antecedentes; por cuanto, la Sentencia alegaría que se demostró la existencia del delito de Estafa narrado en la querella y acusación particular, afirmación que no sería congruente; toda vez, que la querella y acusación particular referirían que su persona con engaños sonsacó la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), monto que demostró, fue cancelado en su totalidad al querellante por la misma persona a quien le entregó el dinero.


Sobre estos reclamos, si bien el recurrente en el otrosí 1º de su recurso invoca como precedentes los Autos Supremos “5/207” (sic), 411 de 20 de octubre de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006, 27 de 4 de mayo de 2009 y 550 de 15 de octubre de 2014; empero, por mandato del art. 416 del CPP, la invocación del precedente contradictorio debe efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida, y en casación, la parte recurrente tiene la carga procesal de señalar, en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; ahora bien, en el presente caso se evidencia que los presuntos defectos denunciados por la parte recurrente, hubieren surgido al momento de pronunciarse la Sentencia; entonces, los precedentes debieron ser invocados a tiempo de interponerse el recurso de apelación restringida, aspecto que no ocurrió; en consecuencia, al no haberse observado la norma legal precedentemente citada, se tiene que, en la fundamentación de estos motivos, no se cumplió con los requisitos de admisión, correspondiendo declarar la inadmisibilidad de estos motivos.


Respecto al cuarto motivo, en el que denuncia, que ante su reclamo referido al rechazo a la excepción de litispendencia, la Resolución recurrida alegó que “no es como indica el acusado, ya que el presente caso de estafa fue por el sonsacamiento de documentos del terreno objeto de la litis y no así por el monto de $US. 4.000.- que claramente hace referencia en la sentencia” (sic); no valorando, que de las pruebas PD-4, PD-7, PD-8 y PD-9 se evidenciaría que existe congruencia y relación de los procesos, ya que, en todas ellas, el querellante habría manifestado que fue estafado por Delicia Fernández y su persona por la suma de $us 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), argumentos también utilizados ante el Ministerio Público en los casos 1663/2010 y  1790/2012. Al respecto, corresponde señalar, que de los argumentos expuestos por el recurrente, se infiere que el Tribunal de apelación resolvió este reclamo, que no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, se tiene como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, de la que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que ello signifique que el recurso de casación sea un medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra sentencias y no sobre cuestiones incidentales; en consecuencia, el presente motivo deviene en inadmisible.


En cuanto, al quinto motivo, en el que denuncia, que el Tribunal de alzada no se hubiere pronunciado respecto a los siguientes puntos: i) Que el juicio se habría basado en el hecho de que la esposa del querellante habría recibido una llamada de Sara Díaz ofreciéndole que sus hijos podían ingresar a la ESBAPOL, situación por la que hubiere cancelado la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses); sin embargo, habiendo presentado su persona las pruebas signadas como PD-4, PD-7, PD-8 y PD-9, no fueron valoradas; habiéndose valorado defectuosamente la prueba PD-10 y respecto a las pruebas PD-9, PD-12 y PD-13 no habrían sido ni mencionadas en la Sentencia, resultando ser procesado por tercera vez por el mismo delito; ii) Transgresión al “Art. 370 núm. 4)” (sic); por cuanto, en la sentencia fueron introducidos elementos de prueba no incorporados legalmente a juicio, así se tendría de la testigo Aurelia Huaynoca; iii) El poder 2734/2009 presentado por el querellante, extrañamente no se encuentra descrita en las pruebas de cargo; sin embargo, fue considerada en la Sentencia; iv) La Sentencia sesgó, sus generales al manifestar que su persona habita en el terreno; cuando de las actuaciones procesales se evidenciaría lo contrario; v) En el parágrafo denominado fundamentación probatoria descriptiva de la Sentencia, no consideró que cuando dice que no se puede satanizar la conducta del querellante, la jueza aceptó tácitamente que dentro de la presente causa existía otros procesos, y que no habría sido ofrecida como prueba el recorte de periódico el Extra; sin embargo, fue tomada en cuenta en la “parte descriptiva y valorativa de la prueba”; y, en cuanto a que Delicia Fernández y su persona eran conocidos y que hubiese sido en su casa donde por primera vez se hubieren reunido la misma con el querellante,  no sería evidente. Sobre estos reclamos si bien en el otrosí 1º del recurso el recurrente cita los Autos Supremos “5/207” (sic), 411 de 20 de octubre de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006, 27 de 4 de mayo de 2009 y 550 de 15 de octubre de 2014; empero, se limitó a su mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta al recurrente, no basta con citar los Autos Supremos, (lo que se advierte en este caso); sino, corresponde explicar por qué consideran que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso, deviniendo en consecuencia este motivo en inadmisible, por inobservancia de la norma citada.


Ahora bien, en cuanto a la mención que hace el recurrente sobre la posible concurrencia de defectos absolutos, no susceptibles de convalidación, por falta de fundamentación de la sentencia, falta de fundamentación descriptiva e intelectiva de las pruebas, medios y elementos no incorporados en juicio, basada en hechos inexistentes, no acreditados, valorando defectuosamente la prueba con una inobservancia de las reglas relativas de congruencia entre la sentencia y la acusación, por ser lesivo a la idónea administración de la justicia, se advierte que la misma se hizo de manera genérica, sin precisar los motivos por los que considera que la actuación del Tribunal de Sentencia, incurrió en defectos no susceptibles de convalidación, ni mucho menos especificar qué derechos habrían sido lesionados con la cuestionada actuación y el resultado dañoso; en consecuencia, tampoco es posible la admisión excepcional, por incumplimiento de los criterios de flexibilización, descritos en el apartado III del presente Auto Supremo.


Finalmente, respecto a los motivos sexto, séptimo, octavo y noveno, en los que denuncia que la Sentencia: i) No valoró, que mientras su persona tenía un proceso penal en la ciudad de La Paz, signado con el caso 1663/2010, el querellante le instauró otro en la ciudad de El Alto signado con el caso 1790/2011, y otro sería el presente proceso penal, todos bajo el argumento de que su persona habría estafado la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses); no considerando, que el querellante ya recibió de Delicia Fernández la totalidad del monto entregado conforme se tiene de la prueba PD-11, llevándose el juicio en una contienda de mejor derecho propietario de un lote de terreno, donde se utilizó la prueba para resolver quien tenía mejor derecho propietario; aspecto que no tenía relación con la pretensión de la querella ni acusación particular; ii) No valoró la prueba PD-3 consistente en un acuerdo conciliatorio de 4 de mayo de 2010 entre el querellante y Delicia Fernández, extremo corroborado por la prueba PD-11 donde Delicia Fernández canceló la totalidad del dinero que le sonsacó al querellante; iii)  En el punto III, alegó que los testigos Eusebia Castillo de Yucra, Florencio Yucra, Rosemary Petrona Condori Ajata y Felipe Rene Chapi Cusi, habrían manifestado de forma uniforme que el titular del inmueble sería el querellante; empero, no consideró que los testigos incurrieron en contradicciones; y, iv) En  el punto IV motivos y fundamentos de derecho, concluyó que su conducta se adecuó al tipo penal; no demostrándose qué beneficio su persona hubiere obtenido; peor aún, cuando en su parte descriptiva la Sentencia alegó que de la revisión de antecedentes, no existió el mínimo indicio de que el querellante hubiere realizado documento de transferencia de dicho terreno. De esta relación de argumentos, se observa que el recurrente no denuncia agravios en los que hubiere incurrido la Resolución impugnada; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal para analizar agravios únicamente vinculados a la Sentencia; por cuanto, de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por las salas penales del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, los referidos motivos no son susceptibles de ser analizados en el fondo, resultando inadmisibles.


IV.2. Del recurso de casación de Martha Flores Burgoa.


Respecto a los motivos primero, segundo, tercero y cuarto, en los que denuncia que el Auto de Vista recurrido: i) Se limitó a mencionar los fundamentos de su apelación restringida; no considerando, que describió de manera puntual que la Sentencia se basó en un elemento inexistente como sería la declaración Aurelia Huaynoca, concurriendo el defecto del art. 370 incs. 4) y 6) del CPP; señalando además la Resolución recurrida que no se hubiere incurrido en el defecto del art. 370 inc. 4) del CPP; criterio, que considera, contradictorio; puesto que, si afirma que no se señaló cuál de los elementos constitutivos no se configuró, cómo explica, que en el parágrafo II.3 se hubiere señalado el elemento constitutivo que es la prueba inexistente que se denunció; ii) No se pronunció de manera clara ni precisa ante su reclamo referido al defecto del art. 370 inc. 11) del CPP; toda vez, que el querellante subsanando la observación a su acusación particular reiteró la participación de su persona en grado de Complicidad; empero, fue sentenciada como autora del Delito de Estafa, no conociendo, dónde quedó su participación como cómplice; iii) Avaló la Sentencia que contiene defectos absolutos por falta de fundamentación, falta de fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, medios y elementos no incorporados en juicio, basada en hechos inexistentes, no acreditados, valorando defectuosamente la prueba con una inobservancia de las reglas relativas de congruencia entre la Sentencia y la acusación; además, la Resolución recurrida no habría considerado que en la sentencia se incorporó elementos probatorios inexistente en antecedentes, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 incs. 1), 4), 5) y 11) del CPP; y, que ni en la acusación ni en las declaraciones de los testigos, habrían indicado que su persona hubiere estafado al querellante, menos que su persona con engaño o artificios se hubiere apropiado de un terreno ilegítimamente, forzando el querellante un proceso penal para beneficiarse de su patrimonio, situación por la que denunció que no fue valorada debidamente las pruebas PD-1, PD-2, PD-3, PD-4 y PD-5; y, iv) No se pronunció respecto a sus reclamos referidos por una parte a que el Tribunal de juicio no otorgó valor a las pruebas signadas como PD-6, PD-8; y, por otra parte a que en la fundamentación probatoria descriptiva de la Sentencia alegó que no se puede satanizar la conducta del querellante por iniciar otros procesos; criterio, que le hace ver que la jueza aceptó tácitamente que existió otros procesos; además, que la jueza consideró útil el recorte de periódico el Extra, fundando la Sentencia condenatoria; sin embargo, esta prueba no habría sido ofrecida por ninguna de las partes; y, ante el argumento de que entre Delicia Fernández y su persona hubiesen sido conocidas y que fue en su casa donde se  reunieron por primera vez la prenombrada con el querellante, aspecto que no sería evidente, generándole una enorme indignación.  


Sobre estos reclamos, de la revisión del recurso de casación se advierte que la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido, en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo de Justicia realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio.


En consecuencia, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en algún precedente, los motivos en examen devienen en inadmisibles.


En cuanto a la denuncia de defectos absolutos, a cuyo efecto la recurrente sostiene que la Sentencia incurrió en falta de fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, medios y elementos no incorporados en juicio, basada en hechos inexistentes, no acreditados, valorando defectuosamente la prueba, por inobservancia de las reglas relativas de congruencia, al igual que en el recurso del coimputado, se advierte que dicha denuncia peca de general, habiendo omitido explicar la impugnante, las razones por las que considera las falencias de la sentencia como defectos absolutos, vinculado a la posible existencia de vulneración de algún derecho o garantía constitucional, especificando el resultado dañoso. Al no haber observado mínimamente la referida carga procesal, en definitiva el motivo de casación resulta inadmisible.


En cuanto a los motivos quinto, sexto, séptimo y octavo, en los que reclama que la Sentencia: i) En  su punto III arguyó, que los testigos Eusebia Castillo de Yucra, Florencio Yucra, Rosemary Petrona Condori Ajata y Felipe Rene Chapi Cusi, manifestaron de manera uniforme que el dueño del terreno era el querellante, aspecto suficiente para emitir una Sentencia condenatoria, no considerando que su persona estaba siendo procesando por el delito de Complicidad en el hecho de Estafa; empero, extrañamente en el juicio se cambió la tipificación, juzgándola por Estafa de un lote de terreno a una persona que jamás logró probar que el terreno era suyo; no considerando, que las declaraciones de los testigos incurrieron en contradicciones, resultándole éste caso único donde su albañil la denuncia por complicidad en Estafa; no observando, que el querellante trabajó las dos plantas de su casa por siete meses percibiendo por su trabajo Bs. 23.000.- (veintitrés mil bolivianos) conforme constaría de la prueba PD-8, aspecto no considerandos por la jueza; ii) No valoró, menos consideró las pruebas signadas como PD-8, PD-9 y PD-10; no obstante, haber sido judicializadas; iii) Se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio; toda vez, que en el numeral III.2 señaló que por las declaraciones de Tomás García Callejas y Aurelia Huaynoca el lote de terreno se habría vendido al querellante; aspecto que no sería evidente, que si bien, existe una declaración ante el Ministerio Público en el caso 1790/2011, fueron ofrecidos como prueba extraordinaria; empero, jamás concurrieron a juicio; y, iv)  El fundamento contenido en el punto IV.2, incurrió en el defecto del art. 370 inc. 11) del CPP; puesto que, afirmó que se cometió el delito de Estafa narrado en la querella y acusación particular refiriendo estrictamente ambas que su persona con engaños y artificios habría sonsacado la suma de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses); empero, el juicio tomó otro rumbo, cambiando la pretensión del querellante a probar quien tiene el mejor derecho propietario sobre un lote de terreno, resultando incongruente con lo descrito en la acusación particular.


Sobre estos reclamos, conforme ya se señaló en el análisis del recurso de casación de Carlos Gabriel Argote Taborga, de acuerdo a una correcta interpretación del art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia o de este Máximo Tribunal; ahora bien, de la relación de argumentos, se observa que la recurrente no denunció agravios en los que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido; en consecuencia, los referidos reclamos no son susceptibles de ser analizados en el fondo, deviniendo en inadmisibles.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el artículo 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Carlos Gabriel Argote Taborga y Martha Flores Burgoa, cursante de fs. 271 a 283 vta. y fs. 292 a 301 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA