TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 200/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016


Expediente                : Oruro 3/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Omar Serrato Martínez y otros

Delitos        : Asesinato y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de diciembre de 2015, cursante de fs. 288 a 295, Omar Serrato Martínez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 29/2015 de 18 de diciembre de fs. 264 a 270, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Benigno Triveño Limachi y Gladis R. Aramayo Ayala en contra del recurrente, Álvaro Cristian Durán Avilés, Rafael Andrés Quispe Jiménez, Octavio Plácido Apaza Hinojosa y Maura Alejandra Tola Colque, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Encubrimiento y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252, 171 y 332 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) Por Sentencia 27/2014 de 4 de diciembre (fs. 154 a 183) con Auto Aclaratorio (fs. 183), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a los imputados Omar Serrato Martínez, autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto y Maura Alejandra Tola Colque autora de la comisión del delito de Encubrimiento en la comisión del delito de Asesinato, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2) y 3) con relación  al 171 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, más costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular. Con relación a los imputados Omar Serrato Martínez declaró absuelto de pena y culpa por los delitos de Robo Agravado y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 2) y 3) y 171 del CP, Maura Alejandra Tola Quispe declaró absuelta de pena y culpa por los  delitos de Asesinato en grado de Complicidad, previsto y sancionado por los arts. 252 con relación al 23 del CP; también, los imputados  Rafael Andrés Quispe Jiménez, Octavio Plácido Apaza Hinojosa y Álvaro Cristian Durán Avilés, declaró absueltos de pena y culpa por los delitos de Asesinato , Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2), 3), 6) y 332 incs. 2) y 3) del CP. Finalmente, respecto a la imputada Maura Alejandra Tola Colque se le concedió el beneficio del Perdón Judicial.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Omar Serrato Martínez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 195 a 200 vta.),  resuelto por Auto de Vista 29/2015 de 18 de diciembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que resolvió declarar improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada.


c) Por diligencia de 28 de diciembre de 2015 (fs. 271), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 31 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Refiere la violación del derecho a la defensa, la garantía del debido proceso y el principio de actividad procesal defectuosa, previstos en los arts. 6, 13, 20, 16, 167 y 169 inc. 3) 217, 307, 333, 342, 355, del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), porque no existe una valoración técnica científica de los elementos que vinculen las pruebas con su participación en el hecho punible y estos aspectos reclamados que no fueron motivo de análisis por parte del Auto de Vista, que conoció el recurso de apelación restringida porque no consideró que la declaración del imputado fue base y sustento de la Sentencia; y, el único elemento vinculante al caso fue la declaración incompleta cambiada y distorsionada en varias oportunidades de la co-sentenciada Maura Alejandra Tola Colque, aspecto que no se respondió coherentemente, siendo que el recurrente hizo notar las falencias de la Sentencia de modo puntual y con la coherencia debida; empero, el Auto de Vista no analizó que el recurso de apelación restringida pretendía que el Tribunal de Sentencia dicte una resolución absolutoria porque no podía fundamentar su decisión en la declaración del imputado y la declaración de la co-imputada, testimonios que además no se vinculan con otras pruebas; en consecuencia, el Tribunal de alzada al señalar que no se cumplió con los requisitos de forma y fondo infringió la normativa constitucional y procesal penal señalada.


2) Se señaló la existencia de defectos o vicios de la Sentencia establecidos en el art. 370 inc. 5) del CPP, vulnerando los derechos y garantías constitucionales, a la seguridad jurídica, la legítima defensa en juicio, el debido proceso y la presunción de inocencia, al respecto realiza una copia de fragmentos del Auto de Vista para señalar que se explicó de forma coherente las razones por las que se violó el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica siendo que la prueba testifical fue irrelevante porque es inconsistente, imprecisa y poco creíble con la verdad material, reflejada en las declaraciones de los acusados, las pruebas forenses que establecen que las heridas ocasionadas a la víctima fueron realizadas por varias personas; empero, la Sentencia solamente se refiere a un culpable y no a varios como sustentó el Fiscal; por lo que, con precisión se explicó las infracciones respecto de que valoren la prueba en su conjunto. En vulneración de los arts. 342, 6, 173 del CPP; y, 115 y 116 de la CPE.

 

3) Señaló la existencia de vicios de la Sentencia contraviniendo los previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; así como la existencia de violación de derechos y garantías constitucionales, a la seguridad jurídica, la legitima defensa en juicio, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la petición debido a que el Tribunal de alzada no analizó que: 1) Existió valoración defectuosa de la prueba producida, sin pronunciamiento sobre la totalidad de medios probatorios aspecto que es obligación del juzgador puesto que la prueba debe ser valorada integralmente y no puede ser obviada al momento de fundamentar sin tan si quiera referir su contenido; 2) No se dio valor legal al contenido del Certificado Médico legal (MP D10), que es referido a que la víctima presenta múltiples escoriaciones en el miembro superior izquierdo, en el miembro auricular izquierdo y múltiples heridas cortantes en el cuello que son contradictorias a la declaración de Maura Alejandra Tola Colque que establece que la causa de la muerte habría sido una agresión con cuchillo; 3) Se valoró la declaración de Maura Alejandra Tola Colque de forma ambigua y de forma integral, dando lugar a la duda razonable; 4) La incompleta valoración de la prueba es defectuosa porque no toma en cuenta la totalidad de los medios probatorios, ni la prueba producida que evidencia la duda razonable sobre la comisión del ilícito penal atribuido, haciendo aplicable el in dubio pro reo a favor del acusado. Asimismo, el Tribunal de alzada solo cuestiona requisitos de forma y fondo; empero, se olvida analizar que el órgano judicial debe ceñirse a los principios del debido proceso, la verdad material y la primacía de la realidad, incurriendo en vulneración de los arts. 6, 13, 124 y 173 del CPP; y, 116 a 117 de la CPE.


Señala como precedente contradictorio el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005 y las Sentencias Constitucionales 2798/2010-R de 10 de diciembre, 144/2012 de 14 de mayo y 2769/2010-R de 10 de diciembre y la Sentencia Constitucional de Colombia S-131 de 2002.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista el 28 de diciembre de 2015, planteando su recurso de casación el 31 del mismo mes y año, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal.


Con relación al primer motivo, en el que refiere la violación del derecho a la defensa, la garantía del debido proceso y el principio de actividad procesal defectuosa, previstos en los arts. 6, 13, 20, 16, 167 y 169 inc. 3) 217, 307, 333, 342, 355, del CPP y 115, 116.I de la CPE, porque no existe una valoración técnica científica de los elementos que vinculen las pruebas con su participación en el hecho punible y estos aspectos reclamados no fueron motivo de análisis por parte del Auto de Vista.


Sobre la temática planteada el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno por tanto surge la imposibilidad de realizar la labor de contraste con el Auto de Vista; en consecuencia, no cumplió con los requisitos establecidos por el art. 417 del CPP; empero, se verifica a tiempo de fundamentar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, refirió como infringidos los derechos, a la defensa y debido proceso; así como, el principio de actividad procesal defectuosa, identificando plenamente el defecto absoluto que no es susceptible de convalidación (no consideró que la declaración del imputado fue base y sustento de la Sentencia; y, el único elemento vinculante al caso fue la declaración incompleta cambiada y distorsionada en varias oportunidades de la co- sentenciada Maura Alejandra Tola Colque, aspecto que no se respondió coherentemente, siendo que el recurrente hizo notar las falencias de la Sentencia de modo puntual y con la coherencia debida); por tanto, identificó los hechos concretos que le causan agravio; y, el resultado dañoso emergente del defecto al precisar que el Tribunal de alzada realizó una consideración alejada de los datos del proceso y convalidó defectos de la Sentencia. De lo expuesto, se observa que se cumplió con los presupuestos de flexibilización para una posible admisión excepcional; por lo que, resulta viable el análisis de fondo de los motivos segundo y tercero.


Respecto del segundo motivo, referido a la infracción de los arts. 370 incs. 5) y 6), 342, 6, 173 del CPP; y, 115 y 116 de la CPE, por vulneración a la seguridad jurídica, la legítima defensa en juicio, el debido proceso y la presunción de inocencia.


Con relación a la temática planteada al igual que en el primer motivo el recurrente no invocó precedente contradictorio; por lo que, no cumplió con los requisitos establecidos por el art. 417 del CPP; por otro lado, se verifica a tiempo de fundamentar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, refirió como infringidos la seguridad jurídica, la legítima defensa en juicio, el debido proceso y la presunción de inocencia, de los cuales no identificó plenamente el defecto absoluto que no es susceptible de convalidación teniendo en cuenta que simplemente transcribió fragmentos del Auto de Vista de los cuales señaló que es una fundamentación incomprendida; empero, no establece cuál es el agravio que le causó el Auto de Vista, debido a que solo expreso que en su recurso de apelación restringida explicó con precisión las infracciones respecto de que se valore la prueba en su conjunto, lo que hace ver que no especificó el hecho concreto que le causa agravio y el argumento que el Auto de Vista no habría analizado correctamente; y, el resultado dañoso emergente del defecto, resultando lo argumentado insuficiente para la admisibilidad vía flexibilización.

 

En cuanto al tercer motivo, señaló la existencia de violación de derechos y garantías constitucionales, a la seguridad jurídica, la legitima defensa en juicio, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la petición debido a que el Tribunal de alzada no analizó: 1) Los puntos de su apelación restringida; y, 2) Respecto de que el órgano judicial debe ceñirse a los principios del debido proceso, la verdad material y la primacía de la realidad, incurriendo en vulneración de los arts. 6, 13, 124 y 173 del CPP; y, 116 a 117 de la CPE.


En este motivo invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, del cual se puede evidenciar que si bien señaló a que se refiere; sin embargo, del mismo omitió explicar en términos precisos cuál la contradicción con los argumentos del Auto de Vista impugnado teniendo en cuenta que solo realizó la transcripción del contenido de la doctrina legal del mismo, no pudiendo de esta manera establecer el sentido jurídico distinto aplicado por el Tribunal de apelación, sin que la omisión en la que incurrió el impetrante pueda ser suplida de oficio, por lo que, la denuncia recae en inadmisible.


Con relación a las Sentencias Constitucionales 2798/2010-R de 10 de diciembre, 144/2012 de 14 de mayo y 2769/2010-R de 10 de diciembre y la Sentencia Constitucional de Colombia S-131 de 2002, se debe tener en cuenta que las mismas no tienen calidad de precedente contradictorio por no estar comprendidas bajo los alcances del art. 416 del CPP; por lo que, su invocación no es considerada.


Por otro lado, a tiempo de fundamentar la vulneración a sus derechos constitucionales identificó plenamente el hecho concreto que le causa agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado la restricción [el Auto de Vista no analizó los puntos del recurso de apelación restringida consistentes en: 1) Existió valoración defectuosa de la prueba producida, sin pronunciamiento sobre la totalidad de medios; 2) No se dio valor legal al contenido del Certificado Médico legal (MP D10); 3) Se valoró la declaración de Maura Alejandra Tola Colque de forma ambigua y de forma integral; 4) La incompleta valoración de la prueba es defectuosa porque no toma en cuenta la totalidad de la medios probatorios, ni la prueba producida que evidencia la duda razonable sobre la comisión del ilícito penal atribuido, haciendo aplicable el in dubio pro reo a favor del acusado y que el Tribunal de alzada no consideró que el órgano judicial debe ceñirse a los principios del debido proceso, la verdad material y la primacía de la realidad] precisando; asimismo, los derechos vulnerados (derechos y garantías constitucionales, a la seguridad jurídica, la legitima defensa en juicio, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la petición), explicando en qué consistió las omisiones; y, deficiencias en que incurrió el Tribunal de alzada y el resultado dañoso emergente del defecto [el Tribunal de alzada no analizó: 1) Los puntos de su apelación restringida; y, 2) Que el órgano judicial debe ceñirse a los principios del debido proceso, la verdad material y la primacía de la realidad]. De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Omar Serrato Martínez (fs. 288 a 295) únicamente para el análisis de fondo del primer y tercer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA