TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 194/2016-RA

Sucre, 21 de marzo de 2016


Expediente                : Cochabamba 2/2016

Parte Acusadora        : Pedro Ignacio Basaure Forgues

Parte Imputada        : Sergio Antonio Verduguez Guzmán

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 11 de diciembre de 2015 y 29 del mismo mes y año, cursantes de fs. 426 a 428 y 435 a 437, Patricio Marcelo Vargas Camacho en representación de Sergio Antonio Verduguez Guzmán y José Hugo Marañón Menduiña en representación de Pedro Ignacio Basaure Forgues, interponen recurso de casación, respectivamente, impugnando el Auto de Vista 35 de 20 de noviembre de 2015, de fs. 417 a 421, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Pedro Ignacio Basaure Forgues contra Sergio Antonio Verduguez Guzmán, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 01/2015 de 15 de enero (fs. 378 a 383), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró al imputado Sergio Antonio Verduguez Guzmán, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 349 inc. 3) del CP, condenándolo a la pena de privación de libertad de dos años de reclusión, así como al pago de costas del juicio.


b) Contra la mencionada Sentencia, los representantes legales del querellante (fs. 389 a 391), y del imputado (fs. 394 a 396 vta.), a su turno, formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 35 de 20 de noviembre de 2015 (fs. 417 a 421), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso presentado por la defensa del imputado y procedente en parte, el recurso interpuesto por la parte acusadora; por cuanto, se dictó nueva Sentencia condenatoria, declarando al procesado, autor de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, tipificados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años y ocho meses, teniendo en cuenta el art. 44 del CP y la agravante establecida por el art. 349 inc. 3) del mismo cuerpo legal. Asimismo se le impuso el pago de costas y la reparación de daños civiles ocasionados a la víctima y al Estado; por otra parte, fue rechazada la solicitud de complementación mediante resolución de 8 de diciembre de 2015 (fs. 424), interpuesto por la parte acusadora.


c) Por diligencia de 22 de diciembre de 2015 (fs. 425), los recurrentes fueron notificados con el Auto Complementario al Auto de Vista impugnado, e interpusieron recurso de casación, el 11 de diciembre de 2015 (fs. 426) y el 29 del mismo mes y año, respectivamente, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


II.1. Recurso de casación de Patricio Marcelo Vargas Camacho en representación de Sergio Antonio Verduguez Guzmán


1) Expone que el Auto de Vista impugnado, en su parte dispositiva, determinó conceder en parte el recurso de apelación restringida presentado por la parte acusadora y declaró improcedente el interpuesto por su parte, incrementando la pena impuesta a su representado por el Juez de instancia, de dos años a dos años y ocho meses, bajo el fundamento de la necesaria aplicación de la agravante; sin embargo, no se manifestó sobre la atenuante contenida en la parte final del art. 349 del CP, la cual debió haber sido tomada en cuenta tanto por el A quo como por el Ad quem, a tiempo de determinar el quantum de la pena; debiendo considerarse todas las circunstancias que rodean al caso concreto. Extremo que a criterio suyo, constituye una errónea aplicación de la ley Penal Sustantiva por parte del Juez de Sentencia y una contradicción de la doctrina legal aplicable, establecida por el Auto Supremo 0134/2013-RRC referida a la obligación de control del Tribunal de alzada, respecto a la subsunción efectuada por el inferior.


2) Alega asimismo, falta de motivación en el Auto de Vista: a) Respecto a las razones que llevaron al Tribunal de apelación a determinar el aumento del quantum de la pena impuesta al procesado, atendiendo sólo a lo señalado por los querellantes en su recurso de apelación y dejando de lado lo expuesto en la impugnación de la defensa, en lo que respecta a la pertinencia de la aplicación de la atenuante expresada en el último párrafo del art. 349 del CP; hecho que alega como atentatorio del debido proceso en su elemento a la debida motivación de las resoluciones, así como del principio de legalidad compuesto por la taxatividad de la ley penal, y de la seguridad jurídica; generándole un estado de indefensión; y, b) No explica de manera clara, cuál fue el defecto en cuanto a la valoración de la prueba, limitándose a señalar que “…las normas del correcto entendimiento humano, vinculadas a la apreciación y valoración de la prueba que fueron inobservadas o no aplicadas por el juez…” (sic), esquivando pronunciarse sobre el fondo de los agravios denunciados por su parte, haciendo a continuación una breve narración de los hechos para concluir que no hubo defectuosa valoración de la prueba, dejando de lado, el análisis de la lógica y la inferencia como componentes de la sana crítica a la cual está obligado el Juez, pese a que explicó de manera clara cuál fue el error de apreciación cometido por dicha autoridad, como es la falta de valor probatorio otorgado a las testificales de descargo, de las cuales se puede deducir, que su apoderado no se adueñó de dinero alguno, sino sólo fue quien recogió estos montos del Juzgado laboral para luego entregarlos a la persona que correspondía según el contrato de trabajo; extremo que se infiere también de la documentación ofrecida por el acusador. Lo que se omitió a tiempo de determinar su participación en el delito acusado así como para establecer el quantum de la pena; sesgando de esa forma, la garantía del debido proceso y contradiciendo la doctrina contenida en el Auto Supremo 274/2012-RRC de 31 de octubre.


II.2. Recurso de casación de José Hugo Marañón Menduiña en representación de Pedro Ignacio Basaure Forgues


El recurrente alega que, el Auto de Vista impugnado, sin realizar la verdadera valoración legal que correspondía, concurre en la misma incongruencia que la Sentencia, ya que si bien reconoce que correspondía aplicar la agravante, sin embargo, mantiene la aplicada por el Juez a quo, es decir la de dos años, y a ella, le aumenta un tercio, arrojando así el quantum de dos años y ocho meses; razón por la cual, denuncia que el Tribunal de alzada, no ha cumplido con el principio de congruencia, ya que, no obstante de considerar que el acusado es autor de los ilícitos, que su actuar fue doloso, que ha causado daño y que han concurrido agravantes, dispone una pena no acorde con sus propias consideraciones, aplicando erróneamente las disposiciones contenidas en los arts. 38, 40, 44 y 349 inc. 3) del Código Penal, por lo que correspondía realizar una valoración sobre las circunstancias del hecho para establecer la existencia de atenuantes, pero contrariamente ha declarado expresamente la existencia de agravantes; sin embargo, ha omitido también pronunciarse expresamente sobre los puntos apelados referidos a la incongruencia en la aplicación de la pena, invoca los Autos Supremos 078/2013 de 20 de marzo y 082/2012 de 19 de abril, indicando que el recurso de apelación restringida es el medio para reparar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; por lo que no quedaría duda en la contradicción que incurre el Auto de Vista al ratificar la tipificación de los ilícitos incurridos por el acusado con la concurrencia de agravantes como son la existencia de concurso ideal de delitos, por lo que existe defectos de la sentencia conforme al art. 370 incs. 1) y 8) del CPP; agrega que, es incongruente que los Vocales mantengan la pena impuesta en la Sentencia y sobre ella impongan la agravante, cuando lo correcto era aplicar la pena del delito mayor y recién a ella, imponer la agravante.       


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recursos de casación fueron  presentados dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación a los recurrentes con el Auto Complementario al Auto de Vista impugnado, el mismo que se le diligenció el 22 de diciembre de 2015 (fs. 425), presentando su recurso Patricio Marcelo Vargas Camacho, el 11 del mismo mes y año y José Hugo Marañón Menduiña en representación de Pedro Ignacio Basaure Forgues el 29 del mencionado mes y año; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


IV. 1. Recurso de casación de Sergio Antonio Verduguez Guzmán


En cuanto al primer agravio denunciado, referido a la supuesta errónea aplicación de la ley penal sustantiva por parte del Tribunal de alzada; por cuanto, agravó la situación jurídica del imputado, aumentándole la sanción de la pena privativa de libertad de dos años a dos años y ocho meses, bajo el fundamento de la necesaria aplicación de la agravante contenida en el art. 349 del CP, sin tomar en cuenta la atenuante contenida en la parte final del mismo artículo; se denota que el recurrente cumplió con la carga argumentativa suficiente que demuestra una probable contradicción entre la omisión denunciada con relación al fallo de alzada y la jurisprudencia legal establecida en el Auto Supremo 0134/2013-RRC de 20 de mayo, relativa a la labor de subsunción penal y su control por el Tribunal de alzada. Consecuentemente, este Tribunal considera que el presente motivo se encuentra suficientemente expuesto y cumple con lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando viable su análisis de fondo, deviniendo por lo tanto en admisible.


En el segundo motivo alega el recurrente, falta de motivación en el Auto de Vista: a) Sobre las razones que llevaron a determinar el incremento en el quantum de la pena, atendiendo sólo a los argumentos de la parte querellante y omitiendo lo expuesto por parte del imputado; y, b) Esquiva pronunciarse sobre el fondo de la denuncia expresa de falta de valoración de la prueba testifical de descargo corroborada por la documentación ofrecida por el acusador; la cual, a decir del ahora recurrente, demuestra que el procesado nunca se adueñó de dinero alguno, sino sólo cumplió con su deber de recoger montos de dinero del Juzgado laboral para entregarlos a la persona que indicaba el contrato de trabajo; respondiendo de manera general, bajo el argumento que se cumplieron las normas del correcto entendimiento humano; sesgando la garantía del debido proceso y contradiciendo lo estimado en el Auto Supremo 274/2012-RRC de 31 de octubre, que estaría referido a que cada punto impugnado en la apelación restringida debe ser atendido por el Tribunal de apelación, mediante una resolución debidamente fundamentada, respondiendo puntual y objetivamente al fondo de cada denuncia.


Argumentos suficientes para viabilizar la admisión del segundo motivo; puesto que, detalla expresamente cuáles son los extremos que se consideran que contradijeron la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 274/2012, como es la insuficiente motivación en el fallo impugnado con relación a los puntos impugnados relativos a la fijación de la pena y al análisis general sobre la denuncia de escasa valoración probatoria de la testifical de descargo. Por lo cual, corresponde su admisión ante el cumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP.


Consiguientemente, por las razones expuestas precedentemente, esta Sala se encuentra obligada a abrir su competencia para ingresar al análisis de fondo de lo demandado, respecto de los agravios denunciados.


IV.2. Recurso de casación de Pedro Ignacio Basaure Forgues


Sobre el único motivo, el recurrente alega que, el Tribunal de alzada, no ha cumplido con el principio de congruencia, ya que, no obstante de considerar que el acusado es autor de los ilícitos, dispone una pena no acorde con sus propias consideraciones, aplicando erróneamente las disposiciones contenidas en los arts. 38, 40, 44 y 349 inc. 3) del Código Penal; además, hubiese omitido pronunciarse expresamente sobre los puntos apelados referidos a la incongruencia en la aplicación de la pena; sin embargo, este Tribunal evidencia que, si bien el recurrente ha invocado precedentes, pero no ha explicado de manera clara y precisa la presunta contradicción que existiría con el Auto de Vista conforme exige los arts. 416 y 417 del CPP y el apartado III. inc. ii) de la presente resolución; y si bien denuncia la vulneración al principio de congruencia, pero de la misma forma, no cumple con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y ratificado por la jurisdicción constitucional, pues si bien identifica el hecho generador, pero no explica ni argumenta cual la disminución de dicho principio y principalmente el resultado dañoso y relevante de la presunta omisión; por lo que, el motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Patricio Marcelo Vargas Camacho en representación de Sergio Antonio Verduguez Guzmán, de fs. 426 a 428; e INADMISIBLE el recurso de casación de José Hugo Marañón Menduiña en representación de Pedro Ignacio Basaure Forgues; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA