TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 192/2016-RRC

Sucre, 14 de marzo de 2016


Expediente        : La Paz 133/2015        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Fernando Freudenthal Rea y otros

Delitos        : Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrada Relatora : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de julio de 2015, cursante de fs. 2021 a 2024, Ricardo Céspedes Rau en su condición de Viceministro de Lucha Contra la Corrupción a.i., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 39/2015 de 17 de junio de fs. 2011 a 2017, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz y la parte recurrente, contra Fernando Freudenthal Rea, Gloria Del Rosario Donoso Torrez Murillo y Mirko Germán Montecinos Valda, por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Incumplimiento de Deberes, Encubrimiento, Omisión de Denuncia, Supresión o Destrucción de Documentos y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 142, 154, 171, 178, 202 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 006/2014 de 11 de junio (fs. 1955 a 1969), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados Fernando Freudenthal Rea, absuelto de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Supresión o Destrucción de Documentos, Omisión de Denuncia, Encubrimiento y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 202, 171 y 224 del CP; Rosario Donoso Tórrez Murillo, absuelta de la comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Omisión de Denuncia, Incumplimiento de Deberes y Peculado, previstos y sancionados por los arts. 224, 178, 154 y 142 del CP; y, Mirko Germán Montecinos Valda, absuelto de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP; porque la prueba de cargo fue insuficiente para generar en el Tribunal convicción sobre la responsabilidad de los acusados, y en aplicación de lo previsto por el art. 364 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso el cese de todas las medidas cautelares personales impuestas.


b) Contra la mencionada Sentencia, el Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción (fs. 1979 a 1980 vta.) y el Tribunal Electoral Departamental de La Paz (fs. 1988 y vta.), por intermedio de sus representantes legales, interpusieron recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 39/2015 de 17 de junio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que rechazó el recurso presentado por el representante del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por no haber subsanado los defectos y omisiones dentro del plazo concedido para dicho efecto, y declaró admisible e improcedente el recurso interpuesto por el representante del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y el Auto Supremo 655/2015-RA de 26 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ):


La parte recurrente señala que el Tribunal de alzada obvió las observaciones descritas en la apelación restringida y tampoco se pronunció en relación a la insuficiente fundamentación, expresando que la Sentencia cumplió con los arts. 124 y 359 del CPP; y, que no se produjo los medios suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados, argumento que lesiona el debido proceso y constituye un defecto absoluto, al no estar dicha expresión avalada en una motivación coherente -de la sentencia-, más cuando la resolución de juicio sólo hace relación de las pruebas ofrecidas sin fundamentar sobre las pruebas aportadas, ni explicar el valor individual de ellas para asumir decisión, además de transcribir la doctrina referida a los tipos penales; contradiciendo con dicha decisión de alzada la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos: 437 de 24 de agosto de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007 y 5 de 26 de enero de 2007.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 655/2015-RA de 26 de noviembre, cursante de fs. 2032 a 2034 vta., este Tribunal determinó la admisión del recurso interpuesto, únicamente para el análisis de fondo del primer motivo, precisado en el punto II. a) de la referida Resolución.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollada y concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal  Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó la Resolución 006/2014 de 11 de junio, refiriendo lo siguiente:


En el acápite subtitulado: “ENUNCIACION DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO” (sic); destacó que por requerimiento conclusivo del Ministerio Público se presentó acusación, en base a hechos y fundamentos contra:


Fernando Freudenthal Rea, en su calidad de Presidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Supresión o Destrucción de Documentos inmersos en los arts. 154 y 202 del CP; por no haber dado curso a la nota CDELP-SP de 16 de diciembre de 2005 (que hace conocer sobre las papeletas faltantes y sobrantes de Sala Provincias en la elecciones generales y prefecturales del 2005), que según el libro de ingreso de correspondencia ingresó oficialmente el 17 de diciembre del mismo año a conocimiento de Fernando Freudenthal Rea, quien evitó ilegalmente su consideración en Sala Plena de la Corte Departamental Electoral de La Paz.


Asimismo, en relación al accidente de la vagoneta con placa de control 1034-KBN, el acusado cometió los delitos de Incumplimiento de Deberes, Omisión de Denuncia, Encubrimiento y Conducta Antieconómica, por omitir y rehusar hacer seguimiento y persecución del hecho de tránsito ocurrido con la movilidad de la CDELP, habiendo ocurrido el siniestro el 22 de septiembre de 2006, y estando obligado a promover la denuncia y persecución de los delincuentes omitió formalizar querella, provocando que el causante eludiera su responsabilidad; además, de haber firmado un desistimiento del proceso penal iniciado de oficio contra el chofer quien se comprometió a reparar el daño; sin embargo, el uso de dicha movilidad quedó paralizado durante más de un año y nueves meses, perjudicando la labor para la cual estaba destinado.


Gloria Del Rosario Donoso Torrez Murillo, se lo acusa por los delitos de Encubrimiento, Conducta Antieconómica, Omisión de Denuncia e Incumplimiento de Deberes, ya que al ser responsable del área de Registro Civil, donde se encontraba destinado el vehículo siniestrado, omitió denunciar y hacer seguimiento del hecho suscitado el 22 de septiembre de 2006; asimismo, de manera posterior ante la falta de pago de daños por el chofer “…según compromiso de Pago de fecha 22 de septiembre de 2006, documento que ha sido de conformidad del Lic. Fernando Freudenthal Rea, Presidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz, por su cuenta canceló la suma de Bs. 14.952.-, por concepto de la reparación del vehículo, siniestrado, no obstante que no era la directa responsable…” (sic), lo que ocasionó que el chofer Marco Antonio Vargas eludiera su responsabilidad.


En relación al uso de 99 vales de gasolina, es acusada por los delitos de Peculado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 142 y 224 del CP; al haber recibido la cantidad de 99 vales de gasolina correspondiente del 21 de septiembre de 2006 al 3 de diciembre de 2007, que asciende a la suma de Bs. 7.345,36.- (siete mil trescientos cuarenta y cinco 36/00), cuando el vehículo sobre el que tenía responsabilidad sufrió un accidente el 22 de septiembre de 2006, ello implica que la vocal conocía perfectamente que dicha movilidad no estaba en uso y aun así recibió los vales señalados causando daño económico a la CDELP.


Mirko Montecinos Valda,  al ser Director Administrativo y Financiero de la CDELP, en relación a los vales de gasolina realizó una mala administración conforme sus obligaciones al destinar los mismos cuando el vehículo se encontraba siniestrado, habiendo con su conducta causado daño económico por el monto de Bs. 3.051,84.- (tres mil cinuenta y uno 84/00 bolivianos), equiparable a 816 litros de gasolina los cuales son 39 vales, incurriendo en los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP.


En el acápite III, del “VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE HECHO Y PROVATORIOS” (sic), se desprende que: PRIMERO, el Tribunal asumió convencimiento más allá de la duda razonable por las pruebas producidas, que los acusadores no produjeron los medios probatorios suficientes para demostrar la autoría y el grado de participación de los acusados en los ilícitos endilgados, sin que la prueba fuera suficiente para generar en el Tribunal dicha convicción. SEGUNDO, la parte acusadora no pudo probar que la nota CDELP-SP 561/2005 de 16 de diciembre, fuera de conocimiento oficial del entonces Presidente Fernando Freudenthal Rea y al no conocerla no asumió ninguna acción al respecto; además, en juicio no se demostró que hubiere existido papeletas faltantes o sobrantes, tampoco perjuicio o daño al realizarse el sufragio en los comicios nacionales y prefecturales. Respecto al vehículo siniestrado, se entiende que dicho motorizado no se encontraba bajo responsabilidad del TDELP; asimismo, en dependencias de Tránsito el chofer del camión desistió de todo acto procesal por daños y perjuicios al haber recibido el pago total de daño ocasionado, también el chofer de la institución suscribió un compromiso de pago con la CDELP, por ello y al no existir daño económico al Estado no existió hecho delictivo alguno en el actuar del ex Presidente. TERCERO, de todas las pruebas aportadas, el Tribunal asume la convicción de que la acusada Gloria del Rosario Donoso Torrez Murillo, no incurrió en la comisión de los hechos atribuidos; ya que el vehículo siniestrado no se encontraba bajo tuición de la CDELP, sino de la Corte Nacional, además que el chofer fue contratado con recursos del PNUD, así enterado del accidente se hizo cargo de los gastos para la reparación del vehículo en la suma de Bs. 14.900.- (catorce mil novecientos bolivianos) y no así la Corte Nacional Electoral, recogiendo en buen estado y sin ningún costo para el Estado; por otro lado, devolvió 60 vales y los demás los utilizó en su movilidad que puso al servicio de los temas relacionados a actividades de la CDELP, no habiendo utilizado en beneficio propio. CUARTO, sobre el imputado Mirko German Montecinos Valda, por todas las pruebas portadas no incurrió en los delitos acusados, al haber asumido funciones de forma posterior al siniestro del vehículo, y respecto a los vales de gasolina, cumplió las órdenes de hacer entrega de los mismos, sin poder dejar sin efecto las decisiones de sus superiores. Entonces, “Las pruebas que sustentan las conclusiones precedentes son las PRUEBAS TESTIFICALES DE CARGO y DESCARGO producidas en juicio oral, y las PRUEBAS DOCUMENTALES DE CARGO Y DESCARGO introducidas y judicializadas en juicio oral por el Ministerio Público, Acusador Particular y los Acusados”. A continuación se detallan las pruebas: testificales del Ministerio Público, acusación particular, de la defensa; las documentales del Ministerio Público a la que se adhirió la acusación particular y de la defensa, además de su prueba extraordinaria.


En el acápite IV, “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DERECHO Y DOCTRINALES” (sic), el Tribunal señaló que la parte acusadora no comprobó la acusación y que la prueba aportada no fue suficiente para generar la responsabilidad de los acusados en los delitos endilgados, en base a los argumentos jurídicos legales detallados; también citó doctrina con relación a los tipos penales de Incumplimiento de deberes, Supresión o Destrucción de Documento, Omisión de Denuncia, Encubrimiento, Conducta Antieconómica, y Peculado, además de jurisprudencia relacionada a los tipos penales de Incumplimiento de Deberes, Supresión o Destrucción de Documento y Conducta Antieconómica.


En el acápite V, “ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA” (sic), el Tribunal de Sentencia refirió que al no haberse demostrado ni comprobado la participación de los tres acusados en la comisión de  los delitos atribuidos, se concluyó que la parte acusadora no comprobó la acusación y que la prueba producida no fue suficiente para generar la convicción de la responsabilidad de los imputados, tomando en cuenta aspectos: doctrinales, con la copia de partes de opiniones de distintos autores y jurisprudencia, con el extracto de varios Autos Supremos, concluyendo que en observancia al principio de inocencia prevista en la ley y la constitución, la carga de la prueba le corresponde al acusador y tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de los acusados y ello no fue cumplido. Consiguientemente, falló absolviendo a los acusados conforme se tiene en el apartado I.1.a) de esta Resolución.


II.2. De la apelación restringida.


El Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando defectos de Sentencia por inobservancia de la ley sustantiva inserta en el art. 370 inc.1) del CPP; y, la fundamentación insuficiente de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) de la norma adjetiva penal, señalando sobre este segundo agravio que la motivación de la Sentencia es insuficiente, al no argumentar ni ser clara de cuáles son los motivos por los que llegó a la resolución; además, al referir el Tribunal de juicio que asumió convencimiento que los acusadores no produjeron los medios de prueba suficientes para demostrar la autoría y grado de participación; sin embargo, dicha expresión no está avalada por una motivación coherente, más cuando sólo se hace una relación de pruebas ofrecidas, sin explicar el valor individual de ellas, copiando doctrina de los tipos penales acusados, sin realizar el nexo entre lo que pretende argumentar y la resolución en sí.


Ante esta apelación, el Tribunal de alzada previo a resolver el recurso, otorgó al apelante el plazo de tres días para que subsane las observaciones conforme el art. 399 del CPP; quien bajo el título de subsanación de apelación restringida (fs. 2004 y vta.), citó el art. 124 del CPP como norma violada y ratificó los argumentos de su primer memorial, indicando que se denotó en la Sentencia sólo una relación de doctrina y jurisprudencia, solicitando se anule dicha resolución. Finalmente, invocó como precedentes los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007, 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pasó a resolver el recurso mediante Auto de Vista 39/2015 de 17 de junio, refiriendo que la Sentencia contiene la estructura conforme establece el art. 360 al tener enunciación del hecho y circunstancias que son objeto del juicio, incidentes, personalidad de los acusados, exposición de motivos de hecho y probatorios, motivos de derecho y doctrinales, doctrina sobre los delitos acusados, y la parte dispositiva.


Añadió que al haberse cuestionado por el apelante que la Sentencia no contendría una suficiente fundamentación, identificó el Tribunal de alzada que en la exposición de motivos de hecho y probatorios (fs. 1960), se encuentra dicho punto, al afirmar el Tribunal de juicio que más allá de la duda razonable no se produjo los medios probatorios para demostrar su responsabilidad de los acusados en los ilícitos atribuidos, haciendo análisis de la ausencia de prueba en contra de los acusados, con la suficiente valoración probatoria; consiguientemente, advirtió que la fundamentación en la Sentencia fuera suficiente, agregando que en el acápite destinado a los elementos de prueba de fs. 1962, refiere también a los fundamentos del fallo: “…especificando caso por caso, seguida de la exposición de derecho, doctrinales y jurisprudenciales, por lo que no es evidente…” (sic), que la Sentencia tenga solo afirmación de doctrina y jurisprudencia. Asimismo, estableció que la Sentencia contiene un análisis de la situación particular de cada acusado en relación a las pruebas endilgadas, también el contenido de la prueba, su valoración y las consecuencias de su contenido, cumpliéndose con la doctrina del Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007; consecuentemente, declaró improcedente la apelación interpuesta confirmando la Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado obvió las observaciones descritas en su apelación restringida, pues asumió que la Sentencia apelada cumplió con os arts. 124 y 359 del CPP, y que no se produjeron los medios suficientes para demostrar la culpabilidad de los imputados, pese a que la Sentencia se limitó a una relación de las pruebas, sin fundamentar, ni explicar el valor individual de cada una de ellas, correspondiendo resolver la problemática planteada a través de la labor de contraste con los precedentes invocados.


III.1. Doctrina legal aplicable asumida en los precedentes invocados.


Corresponde en primer término identificar la doctrina legal establecida en los precedentes invocados para posteriormente verificar si existe o no contradicción con el Auto de Vista impugnado.


En ese sentido, el recurrente invoca el Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007, que estableció como doctrina legal aplicable que “…La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa”.


En el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, estableció como doctrinal legal que “Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del Art. 370 incisos 1) 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal”.


Estos precedentes judiciales en esencia establecen la obligatoriedad de la autoridad jurisdiccional de emitir una sentencia debidamente fundamentada, con el análisis de todas las pruebas aportadas a juicio, de lo contrario incurriría en un defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, que es un defecto absoluto y afecta los derechos fundamentales.


Sobre el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, el Tribunal de Casación estableció que “La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium”.


Esta resolución judicial impugnada no será considera para el análisis de contraste, toda vez que la temática está referida al vicio de incongruencia omisiva, estando la autoridad judicial constreñida a responder todos los cuestionamientos realizados por el recurrente, en consecuencia no tiene relación con la denuncia efectuada.


III.2. En cuanto a la fundamentación de la sentencia.


La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 115.II garantiza el derecho al debido proceso, dentro del cual se encuentra inmerso el deber de fundamentación establecido en el art. 124 del CPP, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada, siendo obligación de todo Juez o Tribunal que dicte una resolución, el deber de exponer imprescindiblemente los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, mandato que en caso de ser incumplido, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en la práctica toma una decisión de hecho más no de derecho que vulnera el debido proceso, que permite a las partes conocer cuáles son las razones, los motivos o las argumentaciones jurídicas de la decisión adoptada por un Tribunal de justicia a fin de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.


Esta Sala, ha expresado de manera reiterada, que si bien, todos los actos del proceso son importantes, desde la resolución mediante la cual se da inicio al proceso y hasta el final de éste; empero, la Sentencia tiene relevante trascendencia, o puede ser considerada como el acto más importante del proceso; por consiguiente, la carencia de una adecuada fundamentación en ella, ingresa en el ámbito de las nulidades procesales, pues siendo un derecho del justiciable exigir la motivación de las resoluciones, es posible afirmar que sólo con una adecuada fundamentación de las resoluciones, éste podrá examinar y contrastar su razonabilidad, para ejercitar en su caso, los recursos que considere necesarios, en uso de su sagrado derecho a la defensa.


En ese sentido esta Sala, conforme a la doctrina y jurisprudencia internacional referida al deber de fundamentación de las resoluciones, que ha sido recogida en el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, estableció que, la fundamentación de las resoluciones en materia penal, exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia, desarrolle una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica, refiriendo en el citado fallo lo siguiente: “(…) es menester señalar de manera general que uno de los presupuestos del ámbito del derecho al debido proceso exige que toda Resolución judicial sea debidamente fundamentada, lo que genera en cada autoridad que dicte una Resolución, el deber de exponer imprescindiblemente los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma; pues en el caso de inobservar estas exigencias, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en la práctica toma una decisión de hecho mas no de derecho que vulnera el debido proceso, que permite a las partes conocer cuáles son las razones, los motivos o las argumentaciones jurídicas de la decisión adoptada por un tribunal de justicia a fin de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.


De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.


En la fundamentación descriptiva la autoridad judicial debe proceder a consignar cada elemento probatorio útil, mediante una referencia explícita a los aspectos mas sobresalientes de su contenido, dejando constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración del testigo, procurando no hacer una trascripción literal de la declaración; siendo también aplicable este criterio con relación a los peritos que puedan concurrir personalmente a la audiencia de juicio. En el caso de la prueba documental y pericial, esta fundamentación descriptiva quedará cumplida al dejarse constancia de los datos más relevantes de esta prueba con mayor énfasis de las conclusiones atinentes o relevantes del caso.


La fundamentación fáctica es el momento en el cual debe establecerse cuales los hechos estimados como probados; es decir, el establecimiento de los hechos que positivamente se tengan por demostrados de conformidad con los elementos probatorios que hayan sido incorporados legalmente en la audiencia de juicio; esta fundamentación es necesaria, pues de ella posteriormente se procederá a extraer las consecuencias jurídicas fundamentales y establecer en su caso la responsabilidad penal del imputado o su absolución; siendo esencial que en esta fundamentación se proceda a efectuar una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos.


El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos, es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no.


La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando por que considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción.


Por último, deberá procederse a la motivación en el momento de la individualización de la pena precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto.


Además, es necesario destacar que, de acuerdo a lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, constituye defecto de la Sentencia, el hecho de que no exista fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria”.


Para luego establecer la siguiente doctrina legal aplicable: “Una vez desarrollado el acto de juicio y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del derecho al debido proceso, deberá proceder a emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, tiene el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente, en consecuencia del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP; disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia”.


III.3. Respecto a la labor de control de logicidad del Tribunal de alzada ante la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia.


La labor de control que realice el Tribunal de alzada respecto a las denuncias de defectuosa o ausencia de fundamentación de la sentencia, debe ser cumplida a través de una resolución fundamentada que exponga de manera clara y precisa las razones para sostener que existió o no una defectuosa o insuficiente fundamentación de la sentencia, vale decir, que la fundamentación exigida al Ad quo no podrá ser suplida por una exposición retórica, general y meras conclusiones, sino que deberá estar regida bajo el cumplimiento de los requisitos mínimos que hacen a una resolución motivada; es decir, sea expresa, clara, legítima, completa y lógica; elementos que también son exigibles a la resolución de alzada, entendimiento que ha sido explicado ampliamente en el Auto Supremo 209/2015-RRC de 27 de marzo, entre otros, en relación a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, señalando que “La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión;  (…) fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica. (…) Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”. (sic).


Asimismo, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, refiere: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica,  cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano…” (sic) (Negrillas nuestras); esta línea de control de logicidad de parte del Tribunal Departamental fue ratificado en el Auto Supremo 393/2015-RRC-L de 04 de agosto, que estableció que si bien: “la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. (Negrillas nuestras)


Queda claro que el Tribunal de alzada al ejercer el control del iter lógico, del camino recorrido en la sentencia debe observar la correcta aplicación de las reglas del correcto entendimiento que es la sana crítica, ejercicio al que esta impelido, más aun, cuando en apelación se denuncie la falta de fundamentación previsto en el art. 124 del CPP por ser un defecto de Sentencia contenido en el art. 370 inc. 5) de la  norma adjetiva penal y ante la constatación de esta carencia de una sentencia debidamente fundamentada en sus elementos: descriptivo, fáctico, analítico y jurídico, disponer la realización de un nuevo juicio al ser un defecto absoluto la ausencia de uno de los elementos desglosados. En ese sentido se pronunció este Tribunal de Justicia en los Autos Supremos 202/2013 de 16 de julio073/2013-RRC de 19 de marzo y 194/2015-RRC de 19 de marzo, estableciendo como doctrina legal aplicable que:“ Una vez desarrollado el acto de juicio oral y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia, en observancia del derecho al debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación de toda resolución judicial, deberá emitir la Sentencia que corresponda, a través de una resolución debidamente motivada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad, precisión y en términos positivos; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta, esto implica que en la Sentencia debe dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de la prueba, así como su relevancia o no; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, esto es la labor, a partir de los hechos estimados probados, de adecuar o no el hecho al presupuesto normativo aplicable; y, en caso de optarse por la responsabilidad del imputado, la determinación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que, de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente; en consecuencia, del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP, debe disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del art. 413 del CPP (Las negrillas no cursan en el original).


III.3. Análisis del caso concreto.


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer en los términos previstos por el art. 419 del CPP, si existe o no contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados por el recurrente Ricardo Céspedes Rau en su condición de Viceministro de Lucha Contra la Corrupción a.i.


Del contenido del recurso de casación, se llega a evidenciar que el motivo cuyo análisis de fondo corresponde, está vinculado a que el Tribunal de alzada obvio las observaciones descritas en la apelación restringida, sin pronunciarse sobre la insuficiente fundamentación de la Sentencia, señalando que la resolución de juicio cumplió con los arts. 124 y 359 del CPP, además que no existió la prueba suficiente para demostrar la responsabilidad de los acusados, argumento no avalado en una resolución coherente, porque en la Sentencia sólo existió una relación de pruebas sin fundamentar ni explicar el valor individual de cada una de ellas para asumir la decisión, transcribiendo sólo la doctrina referida a los tipos penales; en contradicción a la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.


Ahora bien, para el análisis del presente recurso, resulta necesario acudir a los antecedentes, de los cuales se evidencia que el recurrente en su apelación restringida denunció que el Tribunal de juicio incurrió en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que la motivación fue insuficiente; toda vez, que el Tribunal de juicio señaló que asumió convencimiento que los acusadores no produjeron los medios de prueba suficientes para demostrar la autoría y grado de participación de los imputados, sin que esta expresión esté avalada por una motivación coherente y clara, haciendo simplemente una relación de las pruebas ofrecidas, sin explicar el valor individual de ellas; además de una copia de la doctrina de los tipos penales acusados, sin realizar el nexo entre lo que se pretendió argumentar y la resolución en sí; sumadas a una argumentación no clara de cuáles fueron los motivos para arribar a su resolución.


Planteada dicha apelación y previa subsanación dispuesta por el Tribunal de alzada, se emitió el Auto de Vista impugnado señalando que: i) La Sentencia “contiene la estructura mínima que debe contener toda sentencia y ella se encuentra acorde al art. 360 del CPP, porque contiene la enunciación del hecho y circunstancias que fueron objeto del juicio; trámites de incidentes, consigna la personalidad de los acusados, voto de los miembros del tribunal seguido de la exposición de motivos de hecho y probatorios, motivos de derecho y doctrinales; y, la doctrina con relación a los tipos penales para concluir con la parte dispositiva” (sic); ii) Al cuestionarse que el fallo de juicio no tuvo la fundamentación suficiente; ese punto se encuentra en la exposición de hechos y probatorios a partir de fs. 1960, teniendo que “…el tribunal en su conclusión primera afirma que asume convencimiento más allá de la duda razonable que no se habrían producido los medios probatorios suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados en los ilícitos juzgados. En las conclusiones segunda, tercera y cuarta, a más de hacer mención a similar situación se analiza la ausencia de prueba en contra de los tres acusados, con especificación del contenido, análisis y valoración de los elementos de prueba aportados en el caso presente; consiguientemente advirtió que la fundamentación en la sentencia es suficiente” (sic), (Negrillas son nuestras); iii) Como fundamento del fallo se suma en el acápite de los elementos de prueba de la Sentencia a partir de fs. 1962, donde se evidencia: “…especificando caso por caso, seguida de la exposición de derecho, doctrinales y jurisprudenciales…” (sic), sin ser evidente que la resolución de juicio tenga solo afirmación de doctrina y jurisprudencia; y, iv) La Sentencia tiene un análisis de la situación particular de cada acusado respecto a los ilícitos atribuidos, el contenido de prueba su valoración y consecuencias del contenido, cumpliéndose con la doctrina del Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007.


De la respuesta que antecede queda evidente que el Tribunal de alzada no observó la doctrina legal aplicable en relación a que el Tribunal de juicio debió cumplir en la emisión de su resolución con una correcta fundamentación observando la previsión de los arts. 124 y 360 del CPP; habiendo emitido simples extractos de lo señalado por el Tribunal de Sentencia y concluido con afirmaciones genéricas, incumpliendo su función de controlar el iter lógico desplegado por los juzgados ante la denuncia interpuesta en apelación, sin ingresar al contenido de lo motivado y expuesto en sentencia y de esta manera verificar si se dio o no cumplimiento a una debida motivación.


Así se tiene de estos cuatro argumentos desglosados por el Tribunal de Alzada que: Primero, al indicar que la sentencia contuvo una estructura mínima, citando el art. 360 del CPP, no se consideró que los jueces no deben limitarse a citar los títulos de la estructura que contiene dicho artículo, sino que el contenido de los mismos debe reflejar una debida motivación, esto es que la verificación realizada por los vocales no está supeditada a verificar la simple estructura, sino que el contenido de dicha estructura refleje una adecuada fundamentación: descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, descritas ampliamente en el apartado III.2. de esta resolución; lo cual no ocurrió en el presente caso, realizando los vocales un relato de carácter general sin ingresar a analizar la logicidad expuesta por los juzgadores; ahora bien, de la revisión de la estructura de la Sentencia se establece que en el parágrafo I, se refiere a la enunciación del hecho y circunstancias que fueron objeto del juicio, acápite en el que se describe la acusación fiscal contra los tres acusados, a la acusación particular y al ofrecimiento de prueba de descargo; en el parágrafo II, se hace referencia al trámite de los incidentes y la personalidad de los acusados, en este último apartado se sintetizan las declaraciones prestadas por los tres imputados en el juicio oral; el parágrafo III, está destinado al voto de los miembros del Tribunal y exposición de motivos de hecho y probatorios, donde se tienen las cuatro conclusiones asumidas por los jueces, relativas a los hechos que se asume como probadas por los juzgadores; seguidamente, sólo se mencionan las pruebas aportadas al juicio tanto de cargo como de descargo; en el parágrafo IV, de exposición de motivos de derecho y doctrinales, se constata una simple transcripción de doctrina en relación a los tipos penales acusados, y la copia de partes de jurisprudencia, sin evidenciarse algún análisis efectuado por los juzgadores; en el parágrafo V, de la exposición de los motivos para la aplicación de la sentencia absolutoria, refiere el Tribunal de juicio que al no haberse demostrado ni comprobado la participación de los acusados en los delitos atribuidos no se habría probado la acusación y que la prueba no fue suficiente para generar responsabilidad, correspondiendo la absolución, para luego copiar parte de la doctrina y jurisprudencia; esta descripción somera de la Sentencia hace ver que no contiene tres elementos centrales que debe contener toda sentencia, cuales son la fundamentación descriptiva, intelectiva y jurídica en el sentido establecido por la jurisprudencia vinculante de este Máximo Tribunal de Justicia explicado en el acápite III.2 de esta resolución, elementos sin los cuales una resolución de juicio incumple la previsión del art. 124 del CPP.


Segundo, cuando el Tribunal de apelación sobre la fundamentación extrañada por el apelante, señaló que dicho aspecto se encuentra en el parágrafo de la exposición de hechos y probatorios que son las cuatro conclusiones de la Sentencia donde se asumió que: no hubo prueba suficiente contra los acusados, existió valoración de los elementos de prueba, y la consiguiente fundamentación; este argumento, refleja que el Tribunal de alzada solamente mencionó lo que decidió la Sentencia para luego afirmar que no existió prueba y hubo una valoración probatoria, sin haber ingresado al análisis de por qué las pruebas aportadas por la parte acusadora y el Ministerio Publico fueron o no consideradas para asumir una convicción y cuál la valoración desplegada de cada uno de los elementos probatorios; sin que sea suficiente la simple afirmación del Tribunal Departamental; más aun cuando de la revisión de la sentencia se identifica que en este parágrafo mencionado respecto a la exposición de motivos de hecho y probatorios, el Tribunal de juicio asume como hechos probados cuatro aspectos, los cuales no deben ser confundidos con que se realizó una explicación de los aspectos más sobresalientes de cada prueba (fundamentación descriptiva), un análisis integral de la pruebas (conocido como la fundamentación intelectiva); es decir, posterior a la descripción de todas las pruebas el juzgador debió realizar un análisis en el conjunto de las pruebas aportadas tanto de cargo como de descargo, estableciendo cual la pertinencia, el grado de valor que otorgaba a cada prueba, para considerarla en la condena o absolución del acusado; aspecto que no ocurrió; lo que se observa, es que asumidas las cuatro conclusiones de manera por demás genérica señaló que: “Las pruebas que sustentan las conclusiones precedentes son las PRUEBAS TESTIFICALES DE CARGO Y DESCARGO producidas en juicio oral, y las PRUEBAS DOCUMENTALES DE CARGO Y DESCARGO introducidas y judicializadas en juicio oral por el Ministerio Público, Acusador Particular y los Acusados” (sic); para luego la Sentencia referir que estableció los hechos mediante los elementos probatorios que se cita como pruebas de cargo y descargo. Así queda evidente que esta extensa, pero simple cita de todas las pruebas aportadas a juicio no fueron valoradas o insertas en una fundamentación descriptiva e intelectiva, lo que implica carencia o deficiencia absoluta en la motivación de la Sentencia emitida.


Tercero, argumenta que en la Sentencia a partir de fs. 1962, en el punto de los elementos de la prueba, hubiere una especificación de caso por caso, exposición de derecho, doctrina y jurisprudencia, sin ser cierto lo afirmado por el apelante que solo tendría doctrina y jurisprudencia; explicación del Tribunal de alzada que carece de veracidad, así verificada la Sentencia a fs. 1962, refieren los juzgadores que las conclusiones a las que arribó, emergieron de los elementos probatorios que luego simplemente las cita una a una; pero, esta simple cita de las pruebas no se asemeja a una fundamentación descriptiva por no referir las ideas principales ejercidas por el juzgador de cada elemento de prueba incorporado a juicio y traducido en la Sentencia; menos significa una fundamentación analítica o intelectiva, al no haber realizado un análisis en todo el conjunto de las pruebas de cargo y descargo aportadas por las partes; asimismo, la afirmación del Tribunal de alzada que en la Sentencia existiría exposición de derecho, doctrina y jurisprudencia, no es evidente; toda vez, que la simple transcripción de partes doctrinales o criterios de autores sobre determinado tipo penal o copias de ciertas partes de los Autos Supremos no significa la concurrencia de una correcta fundamentación jurídica; además, la simple afirmación de que los acusadores no probaron el hecho y que la prueba aportada no fue suficiente, no significa haber efectuado un análisis jurídico, este aspecto fundamentación jurídica- debió partir posterior a los tres pasos efectuados en la Sentencia -que son la fundamentación descriptiva, fáctica y analítica-, entonces en base a estos elementos recién con los hechos claramente definidos los juzgadores podrían realizar el examen de subsunción de los delitos acusados, determinando su culpabilidad o su absolución por el incumplimiento de los elementos constitutivos de estos ilícitos, lo que implica el deber de traducir este razonamiento de condena u absolución, aspecto que no se observa en la sentencia, más aún, cuando no es posible partir de premisas equivocadas, al no existir la fundamentación descriptiva e intelectiva, para luego llegar a una fundamentación jurídica.


Cuarto, cuando el Tribunal de apelación estableció que la Sentencia cuenta con el análisis de la situación particular de cada acusado, valoración de las pruebas y las consecuencias; ello no es evidente; toda vez, como ya se refirió líneas precedentes, la Sentencia carece de una fundamentación descriptiva, intelectiva o analítica y jurídica, resultando que el aspecto al que hace referencia el Tribunal de alzada, son a las cuatro conclusiones establecidas por el Tribunal de Juicio, en las que se mencionó algunas pruebas de todo el universo probatorio producido en juicio oral, esto denota el incumplimiento de los arts. 360 y del 124 del CPP, ya que no basta con sólo titular las partes de la Sentencia, sino que éstas deben reflejar un contenido coherente; consecuentemente, se observa que el Tribunal de alzada, considerando las pautas descritas en el acápite III.3. de este fallo, no realizó un control de la labor desplegada por los juzgadores respecto a la debida fundamentación en los términos expresados en el punto III.2. de la presente resolución, vulnerando con ello el derecho al debido proceso.


Del análisis efectuado, este Tribunal concluye respecto al presente recurso, que el Tribunal de alzada contradijo la doctrina legal aplicable al no efectuar el control si el Tribunal de Juicio en la emisión de la Sentencia observó los elementos que le resultan imprescindibles con relación a la fundamentación: descriptiva, fáctica, intelectiva y jurídica; en consecuencia, se establece la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes judiciales invocados; por lo que, el presente recurso deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 39/2015 de 17 de junio, cursante de fs. 2011 a 2017 y determina que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.


Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.     


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA