TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 184/2016-RRC

Sucre, 08 de marzo de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 98/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Windsor Andia Rivera

Delito                        : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 25 y 28 de septiembre de 2015, cursantes de fs. 2174 a 2178 y 2205 a 2212 vta., Asako Inamine Takei y Windsor Andia Rivera, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 127 de 26 de agosto de 2015 de fs. 2161 a 2163 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y entre partes, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).


I.DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 37/2015 de 13 de abril (fs. 2034 a 2064 vta.) el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Windsor Andia Rivera, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1) y 2) del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 2071 a 2078 vta.), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 2079 a 2083 vta.); y, Asako Inamine Takei ( fs.2116 a 2120 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 127 de 26 de agosto de 2015 (fs. 2161 a 2163 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados y deliberando en el fondo, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo el reenvío ante otro Tribunal diferente.


I.1.1. De los motivos de los recursos.


De los memoriales de los recursos de casación y del Auto Supremo 759/2015-RA de 2 de diciembre (fs. 2231 a 2234 vta.), se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Del recurso de casación de la acusadora particular Asako Inamine Takei.


La acusadora particular como antecedente señaló que el Auto de Vista impugnado fue emitido a raíz de la denuncia de que la Sentencia absolutoria fue dictada con infracción a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, observando la utilización de la conjunción adversativa “pero”, destruyendo parámetros de redacción y entendimiento lógico del pensamiento; es así que a decir de la recurrente el Auto de Vista en los argumentos denota que el acusado es el autor del ilícito de Asesinato, esto como resultado de una ponderación en cuanto a la decisión del Tribunal de Sentencia, citando al efecto el Considerando Octavo del Auto de Vista impugnado, en el que, el Tribunal de alzada llegó a la convicción de la existencia y participación del imputado en la comisión y ejecución del delito de Asesinato.


Señaló también que el Auto de Vista impugnado no se limitó a expresar que las declaraciones testificales fueron valoradas y dirigidas a favorecer al imputado, (Considerando Tercero última parte de la resolución recurrida), sino que el Tribunal de alzada evidenció el correcto entendimiento del Juez disidente, recriminando la decisión de los demás Jueces Técnicos que decidieron por una absolución injusta, estableciéndose que no sólo se debe valorar las pruebas testificales sino también otros medios de prueba, concluyendo que el criterio del Tribunal de Sentencia se apartó de las reglas de la valoración de la prueba y que la Sentencia no fue emitida sobre los elementos constitutivos del tipo penal de Asesinato, llegando a la conclusión que en contrario si se acreditó la responsabilidad del acusado.


En ese contexto, la recurrente refirió que no obstante a lo señalado, el Tribunal de apelación emitió el fallo ahora recurrido en base al inc. b) del art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para anular la Sentencia y disponer un nuevo juicio de reenvío, pese a que concurren los elementos contenidos en el inc. c) del citado artículo, resultando esta conclusión en una contradicción entre lo pedido en su apelación restringida y al principio de justicia pronta, iura novit curia, el principio de celeridad procesal, de economía jurídica y el de descongestionamiento del Sistema Procesal Penal Ley 586, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera.


Del recurso de casación del imputado Windsor Andia Rivera.


1) El recurrente denunció que el Auto de Vista impugnado adolece de diferentes defectos que lesionan derechos y garantías constitucionales que denotan falta de imparcialidad, equidad e igualdad; puesto que: i. Se intentó fundamentar una decisión a la “fuerza”; por cuanto, en la etapa de admisión de agravios se los inobservó, tampoco se los resolvió en el fondo, ingresando incluso a valorar la prueba, en vulneración a la ley, limitándose a indicar que existen recursos de apelación planteados y que cumplieran las formalidades del art. 407 del CPP, es así que el recurrente citando los cuatro primeros párrafos del Auto de Vista impugnado advierte, que en ninguna de ellas se expuso los motivos de la parte apelante, haciendo mención sólo a las fojas en las cuales se encontrarían las alzadas, sin que se haya procedido a fundamentar cuáles serían los agravios denunciados y los defectos absolutos que habiliten la decisión de anular la Sentencia y ordenar el reenvío de la causa a un Tribunal diferente e invoca al respecto el Auto Supremo 274/2012-RRC de 31 de octubre de la Sala Penal segunda, indicando que el Auto de Vista carece de fundamentación; y, ii. Asimismo denunció, que al eludir pronunciamiento en el fondo de los agravios planteados, el Auto de Vista recurrido tampoco fundamentó de manera debida, amparando la exposición de motivación en expresiones en abstracto o dogmáticas, limitándose a explicar la admisibilidad de un recurso de apelación y el derecho que tiene toda persona a apelar una decisión judicial, realizando un análisis innecesario del delito, fundamentación que a decir del recurrente, constituye una motivación aparente y un atentado; puesto que, no constituyen motivación necesaria para entender cuáles serían las razones jurídicas y de hecho, base de la decisión tomada por el Tribunal de apelación; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 278/2012-RRC de 31 de octubre, argumentando también, que la falta de fundamentación constituye una lesión al principio del debido proceso y cita el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).


2) Denunció la existencia de defecto absoluto a raíz de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación vulnerando los principios de igualdad de las partes, defensa y al debido proceso; por cuanto, refiriéndose al Sexto Considerando del Auto de Vista recurrido, denota que incurrió en revalorización de la prueba, ya que procede a otorgar valor probatorio a la prueba testifical de cargo indicando que esta constituye prueba suficiente para generar convicción en el Tribunal para que dicte Sentencia condenatoria, camuflando una evidente revalorización, señalando que a su entendimiento el Tribunal de Sentencia actuó de manera benéfica para el imputado a la hora de valorar la prueba, que la prueba del guantelete que le fue practicada habría tenido resultados positivos en cuanto al nitrato de pólvora lo cual, a criterio del Tribunal de alzada demuestra que su persona realizó disparos de arma de fuego, incurriendo nuevamente en revalorización de la prueba con la diferencia que faltan a la verdad, ya que a decir del recurrente los resultados fueron negativos, aspecto confirmado por el Ministerio Público en su apelación restringida; en consecuencia, según el recurrente el Tribunal de alzada también inventó prueba inexistente con tal de darle razón a la parte contraria y obligar que se le condene por un delito que no cometió, denotando que la Resolución recurrida es parcial, alejada de la legalidad y contraria a la equidad en vulneración al debido proceso, igualdad jurídica incurriendo en un defecto absoluto, ya que las pruebas valoradas son producidas por las partes en los Tribunales o Juzgados donde es exigible la inmediación, contradicción y la concentración, principios que rigen la producción probatoria y que el acusador debe desvirtuar la presunción de inocencia no pudiendo volver a ofrecerse prueba o producirla ante el superior, ya que estos Tribunales son conformados con el fin de velar por la correcta aplicación de la ley.


Invocó los Autos Supremos 69 de 20 de marzo de 2006 y 196 de 3 de junio de 2005 ambos emitidos por la Sala Penal Primera, adicionando que algunos aspectos de las apelaciones de los acusadores fueron reflejados por el Tribunal de Apelación y valoraron esa prueba como relevante y suficiente para que el Ad quo se vea imbuido de suficiente convicción de que su persona con seguridad participó del hecho ilícito del cual fue acusado. Saltando a la vista la falta de imparcialidad del Tribunal de alzada al haber incurrido de forma arbitraria en una revalorización de la prueba testifical y pericial del guantelete, llegando a modificar los resultados de esa pericia, concluyendo que en el desfile probatorio y en audiencia de juicio, la parte acusadora y la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, aportaron elementos probatorios suficientes que generan la convicción clara, bastante, suficiente y específica sobre la autoría o participación de su persona en el hecho ilícito acusado y cita el Auto Supremo 369 de 5 de abril de 2007, advirtiendo que de existir duda razonable se debe dar aplicación al principio in dubio pro reo, bajo el principio de presunción de inocencia correspondiendo emitir Sentencia absolutoria.


I.1.2. Petitorios.


La acusadora particular solicitó se disponga la nulidad del Auto de Vista impugnado emitiendo directamente un fallo condenatorio contra Windsor Andia Rivera por el delito de Asesinato de su hija Indira Chizuco Herrera Inamine; en tanto que el imputado impetró se declare fundado su recurso y se deje sin efecto la resolución recurrida, ordenando la dictación de un nuevo fallo, conforme a la Doctrina Legal Aplicable.


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 759/2015-RA de 2 de diciembre de fs. 2231 a 2234 vta., este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por Asako Inamine Takei y Windsor Andia Rivera, para el correspondiente análisis de fondo de las denuncias planteadas.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis de los recursos, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 37/2015 de 13 de abril, por la que declaró al imputado Windsor Andia Rivera, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1) y 2) del CP; argumentando su decisión de acuerdo a los siguientes criterios:


Del acápite conclusiones de derecho.- El valor probatorio que el Tribunal le asignó al conjunto de pruebas de cargo propuestas y presentadas por la Fiscalía durante el juicio, si bien fueron de carácter parcialmente positivo, no tuvieron la suficiente fuerza probatoria para demostrar y convencer que “sin Lugar a duda alguna”, el imputado Windsor Andia Rivera, haya adecuado su proceder y conducta al ilícito de Asesinato, ya que los medios y elementos probatorios no demostraron que el citado imputado haya incurrido en ese accionar ilícito, pues no se identificó quien disparó el arma de fuego que produjo las heridas y posterior muerte de Indira Chizuko Herrera Inamine, tampoco se estableció que tipo de arma de fuego fue utilizado, pues si bien se tuvo presente que el imputado amenazó de muerte a la víctima y más allá de mantener un trámite de divorcio, se estableció que el mismo no fue encontrado en el lugar de los hechos tampoco a la hora del hecho, como tampoco se le encontró absolutamente ningún elemento material que lo vincule con la muerte de la víctima, pues los antecedentes de afectivo familiar, el pasional, no eran suficientes para justificar un ajusticiamiento y una muerte tan cruel como la sufrida por la víctima, a través de un disparo con arma de fuego.


Si realmente al imputado se le hubiera demostrado la acusación, se hubiera podido establecer que los motivos fueron fútiles o bajos y que su accionar fue premeditado, con alevosía y ventaja sobre la víctima indefensa, porque no encontraron motivos justificados para la muerte de la víctima, quien lamentablemente perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas recibidas pero resultaron hechos totalmente insuficientes para demostrar fehacientemente el acto o conducta antijurídica sancionada por el Código punitivo de la materia. En conclusión, al valorar todos los elementos subjetivos cómo son las pruebas positivas antes descritas, así como los elementos subjetivos de los que no se puede sustraer el Tribunal, que son las circunstancias que rodearon la comisión de los hechos delictivos y la actitud del imputado, se estableció la existencia de duda razonable sobre la presunta culpabilidad de Windsor Andia Rivero, en el delito de Asesinato.


II.2. De la apelación restringida interpuesta por el Ministerio Público.


En cuanto al motivo traído en casación, denunció falta de fundamentación y valoración defectuosa de la prueba realizada por los jueces técnicos, con base a los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, pues no se tomó en cuenta los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al hecho que bien pueden ser aplicados a la imputación objetiva desarrollada por Roxin, procediendo para el efecto a exponer los elementos objetivos que no fueron adecuadamente valorados por el Tribunal de Sentencia, expresados en las pruebas testificales, documentales o periciales, pues todos estos elementos acreditaría la responsabilidad penal de Windsor Andia Rivera en la comisión del delito de Asesinato.


Denunció también que la fundamentación del Tribunal de Sentencia fue insuficiente y contradictoria, vulnerando el derecho constitucional al Debido Proceso, previsto por los arts. 115 de la CPE y 124 del CPP, citando al efecto como doctrina legal aplicable los Autos Supremos 304/2012-RRC de 23 de noviembre, 172/2012-RRC de 24 de julio.


II.3. De la apelación restringida interpuesta por la acusadora particular.


La acusadora particular en principio reitera los mismos agravios denunciados por el Ministerio Público para posteriormente denunciar:


1) Falta de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria (art. 370 inc. 5 del CPP) señalando, que dicha Resolución definió sin lugar a dudas que se hubiere demostrado con certeza que el hecho acusado; vale decir, el delito de Asesinato, aconteció y que la víctima era su hija, quien se encontraba muerta en el asiento del pasajero del vehículo que conducía con una herida provocada por arma de fuego; sin embargo, los jueces que decidieron por la absolución del acusado, concluyeron que no se probó quien cometió el hecho; vale decir, ninguna de las pruebas presentadas hubiera demostrado la autoría del ilícito o quien lo hubiere ejecutado, criterio totalmente contrario al voto disidente del Presidente del Tribunal de Juicio, para acreditar los defectos de la Sentencia denunciados, la apelante procedió a identificar los argumentos de la resolución que consideró insuficientes o contradictorios.


2) Denunció el defecto establecido en el inc. 6) del art. 370 del CPP; es decir, que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, refiriendo que no sería evidente la conclusión expresada en el numeral décimo página 26 segunda línea de la Sentencia en la que textualmente señaló: “PUES LOS MISMOS TESTIGOS QUE DIJERON UNA COSA EN LAS ACTAS, HAN VENIDO A RETRACTARSE EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL”, conclusión o aseveración totalmente equivocada ya que las actas de declaración de los testigos nunca fueron de conocimiento del Tribunal de Sentencia ya que las mismas no fueron remitidas por el Juez de Instrucción; ahora bien, en las declaraciones de los testigos, ya en juicio no se encontraría en ninguna parte de su testifical retractación alguna, denotando en consecuencia en el actuar del Tribunal una manipulación en cuanto a la decisión asumida, de igual manera procede a efectuar las descripción de otras pruebas; a decir, de la recurrente también fueron defectuosamente valoradas, citando entre ellas la presunta prueba de balística, de fotografías que presuntamente no fueron presentadas por el Ministerio Público pero no se tomó en cuenta que éstas fueron presentadas por la defensa del acusado, tampoco se consideró de forma objetiva la polera secuestrada en la casa del imputado que contenía manchas de sangre y de las que el Tribunal de sentencia no esperó el resultado de ADN a elaborarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), bajo el argumento de que la Ley de Descongestionamiento no les permitía suspender el juicio por mucho tiempo, constituyendo estos antecedentes una defectuosa valoración probatoria atentando de forma directa a la verdad histórica de los hechos acontecidos, recayendo en defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme lo establece en el art. 169 inc. 1) del CPP, invocó al efecto como precedentes contradictorios los Autos Supremos 30 de 26 de enero de 2007, 166 de 12 de mayo de 2005, 214 de 28 de mayo de 2007, 228 de 4 de julio de 2006, 131 de 31 de enero de 2007, 171/2012-RRC de 24 de julio y 272 de 4 de mayo de 2009.


II.4. Del Auto de Vista impugnado.


Respecto de los motivos apelados el Tribunal de alzada se pronunció señalando:


Los datos del proceso informan que la Sentencia absolutoria fue emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, con la disidencia de uno de sus integrantes, con falta de fundamentación y en base a valoración defectuosa de la prueba, incurriendo en los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, ya que el principal argumento sería que el Ministerio Público ni la parte querellante, demostraron materialmente quien fue la persona que dio muerte a Indira Chizuco Herrera Inamine, al no haberse acreditado la presencia física del imputado en el lugar de los hechos; sin embargo, los testigos que se presentaron al juicio oral para manifestar lo sucedido, señalaron que vieron a la víctima discutir con una persona que tenía un casco y escapó del lugar en una motocicleta; asimismo, la propia madre de la víctima hubiese señalado que sabía que su hija tenía que encontrarse con Windsor Andia Rivera y que su hija constantemente recibía amenazas y malos tratos; pese a estos aspectos relevantes, no generaron suficiente convicción en el Tribunal para dictar una Sentencia condenatoria, ante ello concluye el Tribunal de alzada que la valoración de las declaraciones de los testigos  fueron dirigidos principalmente a favorecer al imputado añadido al hecho de que la prueba de guantelete salió positiva para nitrato de pólvora, lo que significa que el imputado realizó los disparos con arma de fuego.


Ponderó los argumentos del voto disidente expresado por el Juez técnico, ya que de forma coherente estableció que existieron causas y motivos para que el imputado haya planificado y ejecutado el hecho, ya que fue éste quien citó a la víctima, teniéndose como motivos del crimen el de orden pasional, la tenencia del hijo procreado por ambos; sin embargo, el Tribunal inferior tampoco tuvo en cuenta que no sólo debe valorar las pruebas testificales, sino también los otros medios de prueba como las periciales y materiales que fueron insertadas y judicializadas por su lectura al juicio oral conforme al art. 333 del CPP, situación omitida por el Tribunal de Sentencia en su valoración superficial; dicha valoración defectuosa también acarrea el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, porque el Tribunal no dio razones jurídicas del porqué absolvió al imputado. Finalmente, el Tribunal de apelación estableció que la sentencia no fue decidida sobre los elementos constitutivos del tipo penal de Asesinato previsto en el art. 252 del CP, al no referir con precisión los hechos acusados.


Dejó establecido que el art. 413 del CPP, prevé que el Tribunal de alzada debe pronunciarse en la Resolución de un recurso de apelación restringida de acuerdo las siguientes variantes; a) Directamente podrá reparar la inobservancia o errónea aplicación de la ley; b) Cuando no fuera posible reparar directamente, entonces recién podrá anular total o parcialmente la Sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Juez o tribunal, quien dictará nueva Sentencia, y; c) Cuando compruebe que no es necesaria la realización de un nuevo juicio dictara Sentencia directamente el Tribunal de alzada. Con dicho antecedente, el Tribunal de alzada estableció que la valoración probatoria corresponde al Tribunal A quo el que debe asignarle el valor correspondiente a cada una de la pruebas, en aplicación estricta de las reglas de la sana crítica; por todo lo expuesto, concluye que el fallo apelado no se ajustó a las normas procesales vigentes, ya que se inobservó la Ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación de la Sentencia; consiguientemente, existen defectos o infracciones acusadas por ambos recurrentes que debieron ser consideradas aún de oficio por ese Tribunal superior, por lo que correspondía anular totalmente la Sentencia conforme lo establece el art. 413 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente la acusadora particular denuncia que el Tribunal de apelación anuló la Sentencia y dispuso el reenvío de la causa, pese a que concurrían los elementos contenidos en el inc. c) del art. 413 del CPP; en tanto que el imputado, denuncia que el Auto de Vista impugnado ni siquiera estableció los agravios denunciados por los apelantes, eludió un pronunciamiento en el fondo de los agravios planteados e incurrió en revalorización probatoria; por lo que corresponde ingresar al análisis de las problemáticas planteadas.


III.1. La labor de contraste en los recursos de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por los otros Tribunales Departamentales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva Resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. En cuanto al recurso de casación de la acusadora particular.

Asako Inamine Takei denunció que el Tribunal de apelación emitió el fallo ahora recurrido en base al inc. b) del art. 413 del CPP, para anular la Sentencia y disponer un nuevo juicio, pese a que concurrían los elementos contenidos en el inc. c) del citado artículo, vulnerando el principio de justicia pronta, iura novit curia, el principio de celeridad procesal, de economía jurídica y el de descongestionamiento del Sistema Procesal Penal (Ley 586), invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007.


El citado fallo fue emitido dentro del proceso penal seguido por el MP contra OEMT, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, por el cual este Tribunal de casación constató que la edad de la víctima como elemento normativo exigido por el art. 308 bis. del CP no fue debidamente acreditado, dándose por sentada la minoridad en el fallo, pese a que del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador, dejando sin embargo constancia que si bien los elementos constitutivos del tipo penal previsto en la citada norma sustantiva no fueron acreditados en su integridad, evidenció que los hechos probados eran suficientes para proveer justicia de modo tal que la conducta no quede a salvo del reproche y en la impunidad, correspondiendo la aplicación del principio del iura novit curia y  la facultad prevista por el art. 413 del CPP, a los fines de que la conducta del procesado sea debidamente subsumida dentro de la familia de los delitos contra la liberta sexual, sin necesidad de realización de un nuevo juicio, por lo que estableció la siguiente doctrina legal aplicable:


“A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas.


En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio `según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia´, debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva.


Es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas, situaciones que devienen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que afectan la esfera de las garantías constitucionales del individuo, estando además expresamente previstas como defectos de la sentencia en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal.


Ante un eventual error en la subsunción de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio `iura novit curia´ y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”.


Respecto del precedente invocado, al tratarse de una situación de hecho similar al denunciado, es decir la posibilidad del Tribunal de alzada de corregir los errores de derecho en base al iura novit curia, corresponde previamente señalar que el referido principio adoptado por los países que tienen un sistema procesal penal oral y contradictorio, como Costa Rica, Chile, Venezuela, Bolivia, entre otros, es un principio de derecho procesal por el que se entiende que “el juez conoce el derecho aplicable”; y por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. Este principio se encuentra relacionado con la máxima “dame los hechos, yo te daré el Derecho”, que se entiende como “da mihi factum, Tibi Dabo ius”, o “narra mihi factum, narro tibi ius”, reservándole al juzgador el derecho y a las partes los hechos.


Sobre el citado principio, Creus sostiene: “el principio de congruencia refiere a los hechos no a su calificación jurídica” (CREUS Carlos, Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p.117.), de lo que se entiende que en aplicación del citado principio, las partes deben limitarse a probar los hechos sometidos a litigio, sin que el juzgador, necesariamente deba adecuar la conducta al tipo penal acusado, sino, al quedar vinculado a los hechos probados, y ante la evidencia de que ellos no se ajustan a la pretensión jurídica, en aplicación de este principio, puede cambiar la calificación jurídica, con la finalidad de adecuar los hechos probados a la normativa legal que corresponda, máxime si la modificación es favorable al imputado.


De la normativa y doctrina citada en los acápites precedentes, se tiene que este principio procesal, es aplicable en Bolivia, teniendo como exigencia que el juzgador bajo ningún aspecto puede modificar, suprimir ni incluir hechos que no hubieran sido parte del pliego acusatorio, debiendo emitir resolución sobre la base fáctica probada en juicio.


Sobre la temática, el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la acusación en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.” (Las negrillas son nuestras). En el mismo sentido se pronunció el Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 julio.


En cuanto al caso concreto, si bien efectivamente la norma procesal penal  otorga al Tribunal de apelación restringida la posibilidad de corregir los errores en la aplicación del derecho y emitir directamente una nueva Sentencia siempre y cuando sea posible-, debe tenerse en cuenta que las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, por tal razón la facultad del Tribunal de alzada se halla restringida en los supuestos en los que se compruebe la existencia de defectos absolutos conforme la normativa prevista en el art. 169 del CPP, que atenten los derechos fundamentales de las partes y cuando se constate la concurrencia de algunos de los defectos descritos en el art. 370 del CPP, entre ellos, la defectuosa valoración probatoria o la falta de fundamentación de la sentencia apelada, que de modo alguno pueden ser corregidos directamente por el Tribunal de apelación. 


Cuando el Tribunal de Alzada advierte que el Juez o Tribunal de instancia han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión de los arts. 173 y 359 del CPP, incurriendo en el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, evidenciándose que la Resolución no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el Juez o Tribunal de instancia, corresponde conforme prevé el art. 413 del CPP, anular la Sentencia totalmente y disponer la Reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia a efecto de garantizar que las partes en conflicto puedan someterse nuevamente a conocimiento, discusión y valoración de la prueba, por otro Juez o Tribunal, quienes observando los Principios de Inmediación y Contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, emitan una nueva Resolución con base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.


En consecuencia, al haber establecido el Tribunal de alzada que la Sentencia fue emitida en franca vulneración del art. 370 inc. 5) y 6) del CPP, hace inviable la posibilidad de aplicar el iura novit curia y dictar directamente nueva Sentencia, pues no se cuenta con los suficientes elementos que le permitan aplicar el art. 413 último párrafo del CPP, pues para ello tendría que ingresar en valorar prueba, aspecto que le está prohibido, en consecuencia el presente recurso deviene en infundado.


III.3. Sobre el recurso de casación del imputado Windsor Andia Rivera.


Como primer motivo el imputado denunció que: i) el Auto de Vista impugnado adolece de diferentes defectos que lesionan derechos y garantías constitucionales que denotan falta de imparcialidad, equidad e igualdad; puesto que ni siquiera estableció cuáles los agravios denunciados por los apelantes limitándose a citar las fojas de los recursos, además de valorar prueba a momento de resolverlos; al respecto, invocó el Auto Supremo 274/2012-RRC de 31 de octubre. Asimismo, refirió que el Tribunal de alzada hubiese eludido pronunciamiento en el fondo de los agravios planteados y menos los fundamentó de manera debida, amparando la exposición de motivación en expresiones en abstracto o dogmáticas, limitándose a explicar la admisibilidad de un recurso de apelación y el derecho que tiene toda persona a apelar una decisión judicial, realizando un análisis innecesario del delito. En este punto, el recurrente invoca el Auto Supremo 278/2012-RRC de 31 de octubre.

   

A los fines de establecer la existencia de la contradicción alegada, es menester expresar que el Auto Supremo 274/2012-RRC de 31 de octubre, fue emitido dentro del proceso penal seguido por ACC contra PAB y otros, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia y otros, por el cual se constató entre otros aspectos, que el Auto de Vista recurrido respecto al tercer motivo de apelación referido al defecto absoluto de la Sentencia, previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, determinó como no subsanado, pese a que en el memorial de apelación y de subsanación, se señaló con meridiana claridad la norma sustantiva violada, prevista en el art. 352 del CP, además se identificó y desarrolló la aplicación pretendida en cuanto a la correcta interpretación y aplicación de la norma inobservada, relacionándola debidamente con la Sentencia impugnada; por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“Los arts. 115.I y 180.II de la CPE, reconocen los derechos a la tutela judicial efectiva y de recurrir los fallos judiciales, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; estos derechos, considerados como los que tiene toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal Superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones, sin dilaciones indebidas ni argumentaciones evasivas; derechos que, forman parte del debido proceso y son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h).


Como uno de los elementos constitutivos del debido proceso, se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, el cual está íntimamente vinculado a la tutela judicial efectiva, que supone el derecho de acceso a los órganos de justicia con la posibilidad de reclamar la apertura de un proceso para obtener una resolución debidamente motivada, en dicho supuesto, el derecho al debido proceso se tendrá cumplido y con ello el derecho de recurrir y por supuesto la tutela judicial efectiva.


Asimismo, es indispensable que cada punto impugnado en la apelación restringida debe ser respondido por el Tribunal de apelación mediante una resolución, misma que debe estar debidamente fundamentada, respondiendo puntual y objetivamente al fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, contradictoria, confusa o arbitraria; de ser así, significaría que no existe fundamentación debida, como ocurre en el presente caso; puesto que, no habiendo realizado el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista 153/12 de 23 de agosto, ninguna observación inicial a los motivos primero y segundo del recurso de apelación restringida del recurrente, los declaró contradictoriamente inadmisibles por cuestiones de forma, sin que obtenga un pronunciamiento de fondo debidamente fundamentado a sus reclamos, constituyendo este hecho en defecto absoluto no susceptible de convalidación, lo cual vulnera el debido proceso en sus elementos del derecho a recurrir fallos judiciales y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión al recurrente, puesto que al no haber realizado observaciones inicialmente, debió emitir un pronunciamiento de fondo fundamentado sobre las cuestiones planteadas.


Además, todo Tribunal de alzada, que advierta en el examen inicial del recurso de apelación restringida el incumplimiento a las previsiones de los arts. 407 y 408 del CPP, debe conminar al apelante a que precise lo observado, pero no declarar inadmisible el recurso, sin dar oportunidad a que el recurrente subsane los defectos de forma, en aplicación estricta de la previsión legal contenida en el art. 399 del CPP; lo contrario significa desconocer la doctrina legal establecida al respecto por este Tribunal, con directa afectación al derecho a la tutela judicial efectiva integrante del derecho al debido proceso.


En el presente caso, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin el cumplimiento de las reglas del debido proceso, que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, lo que amerita en aplicación del art. 419 de la Ley Adjetiva Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas sean subsanadas”.


En cuanto al Auto Supremo 278/2012-RRC de 31 de octubre, se verifica que fue emitido dentro del proceso penal seguido por el MP contra JJRA y otro por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, habiendo el Tribunal de casación constatado que en apelación se denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente que debió aplicarse con preferencia el art. 76 de la Ley 1008, en observancia de los principios de favorabilidad y especialidad; sin embargo, este punto de apelación sólo fue mencionado por el Tribunal de alzada a momento de dictar la Resolución impugnada, sin resolverlo según las reglas y contenidos que debe tener toda resolución judicial, pues se limitó a señalar que el Tribunal de apelación no podía pronunciarse y valorar la prueba; siendo este uno de los antecedentes que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“El art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el "debido proceso", principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en su recurso.


No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulnera derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.


Ante la evidente infracción de la Norma Adjetiva Penal en la que incurrió el Tribunal de alzada, al haber obviado fundamentar y motivar el Auto de Vista recurrido, además de omitir pronunciarse sobre todos los motivos del recurso de apelación restringida, corresponde velando por el respeto del debido proceso y el derecho a la defensa, se ordene a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dicte nuevo Auto de Vista en el que se corrija el defecto advertido”.


Respecto de los precedentes invocados se tiene que el Auto Supremo 274/2012-RRC, presenta una situación de hecho que no resulta similar a la planteada en el presente recurso; en cuyo mérito, no cumple con los parámetros establecidos en el parágrafo último del art. 416 del CPP, consiguientemente no puede ser susceptible de contrastación para la resolución de la problemática planteada.


En cuanto al Auto Supremo 278/2012-RRC, al corresponder a una situación de hecho similar al denunciado; es decir, la falta de fundamentación de la Resolución recurrida y pronunciamiento a todos los motivos de apelación, corresponde la verificación de la problemática planteada a los fines de establecer la existencia o no de contradicción, siendo necesario puntualizar que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida. El cumplimiento de estas exigencias exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella; sin embargo, ello no implica imponer una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, pues una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación ampulosa tampoco garantía que lo sea. Lo fundamental es que la Resolución contenga una relación fáctica o de antecedentes y en el caso concreto de la apelación, del o los agravios denunciados y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de dichos agravios.


Debe agregarse que la actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la Sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.


En el sistema procesal vigente, este método de valoración de prueba, exige en primera instancia una adecuada fundamentación de la Sentencia lo que permitirá a las partes y en su caso al Tribunal de alzada efectuar el control de las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.


Por otra parte, reiterando que si bien los tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes y que por ende, el Tribunal de apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba; no es menos cierto que al resolver el recurso de apelación restringida y en mérito a la denuncia de una defectuosa valoración de prueba, tiene el deber de ejercer el control de que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica de modo que la sentencia esté debidamente fundamentada en la experiencia, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas; caso contrario, deberá disponer lo que corresponda en derecho.

 

Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se tiene en cuanto a los motivos alegados en casación por el imputado, que no resulta evidente la falta de fundamentación denunciada, ya que evidentemente en los primeros considerandos de la Resolución recurrida, el Tribunal de alzada estableció los principios y alcances del recurso de la apelación restringida, además de los aspectos doctrinales del delito de Asesinato, antecedentes que fueron útiles para demarcar su ámbito de competencia y resolver la problemática planteada por los apelantes, pues si bien es cierto que en principio hizo mención sólo a las fojas en las que cursaban los recursos de apelación restringida, no es menos evidente que en el considerando sexto a momento de iniciar la fundamentación de la decisión asumida, el Tribunal de apelación de manera clara y precisa estableció que los agravios denunciados eran la falta de fundamentación de la Sentencia apelada así como la defectuosa valoración probatoria, conforme los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP; consiguientemente, no resulta evidente la observación alegada por el imputado en cuanto a la falta de precisión en los agravios denunciados, pues debe tenerse presente que los tres recursos de apelación presentados en alzada son similares (sino idénticos), en cuanto a sus agravios demandados.


Por otra parte, respecto a la falta de pronunciamiento de todos los motivos de apelación, tampoco resulta evidente ya que conforme lo señalado precedentemente, sólo se denunció en apelación la falta de fundamentación de la Sentencia y la defectuosa valoración probatoria, que fueron motivo de pronunciamiento en el considerando sexto del Auto de Vista recurrido, no advirtiéndose en consecuencia agravio alguno que no haya sido motivo de respuesta que vulnere derecho o garantía constitucional alguno, en consecuencia el presente motivo deviene en infundado.


En el segundo motivo traído en casación, el imputado denuncia la existencia de defecto absoluto a raíz de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación, refiriéndose al Sexto considerando del Auto de Vista recurrido, invocando los Autos Supremos 69 de 20 de marzo de 2006, 196 de 3 de junio de 2005 ambos emitidos por la Sala Penal Primera y 369 de 5 de abril de 2007, advirtiendo que de existir duda razonable se debe dar aplicación al principio in dubio pro reo, bajo el principio de presunción de inocencia correspondiendo emitir Sentencia absolutoria.


En cuanto a los precedentes invocados, se tiene que el Auto Supremo 69 de 20 de marzo de 2006, fue emitido dentro del proceso penal seguido por el MP y otra contra PAP y otros, por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la constitución y las Leyes y otro, en el que se verificó en casación la falta de concordancia entre la parte considerativa del auto recurrido con su parte resolutiva que dispuso condena, implicando  nueva valoración de la prueba y del hecho, al no considerar los arts. 13 y 14 del CP, referidos al dolo; siendo este uno de los antecedentes que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“que, el Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida, conforme el Art. 419 del Código de Procedimiento Penal que establece: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o tribunal"; toda vez que al tribunal de apelación no le está permitido revalorizar la prueba.


Por lo señalado precedentemente, con la facultad que confiere al Tribunal Supremo el Art. 50 inc. 1) de la Ley 1970, de 25 de marzo de 1999, cuando advierte que en el proceso se han pronunciado fallos que atentan contra el debido proceso, que en el fondo no sólo afectan al principio de legalidad formal sino material, corresponde regularizar el procedimiento, disponiendo que el Tribunal Ad quem, dicte un nuevo Auto de Vista aplicando la Doctrina Legal adoptada en el presente Auto Supremo, garantizando a la vez los principios de universalidad, legalidad y probidad jurisdiccional que debe caracterizar a todo Tribunal de justicia”.


El Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, fue emitido dentro del proceso penal seguido por el MP y otra contra RVH por la presunta comisión del delito de Lesiones Leves, que tiene como antecedente la verificación de que el Auto de Vista recurrido, vulneró la institución de la valoración de la prueba regulada por los arts. 173 y 194 de la Ley 1970, porque la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí valoró la prueba; siendo este uno de los antecedentes que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“que, la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el artículo 173 contradiciendo al Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el sub lite.


Que la Sala Penal Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí debe especificar con claridad el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, vale decir que, en el fundamento y justificación de la valoración de la prueba no concurrieron la ciencia, experiencia y las reglas de la lógica que hacen que dicha valoración sea o no convincente para el Juez Segundo de Sentencia; previa a esta actuación debe cumplir con los presupuestos que rigen en los artículos 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal”.


Por último, el imputado invocó el Auto Supremo 369 de 5 de abril  de 2007, emitido dentro del proceso penal seguido por el MP contra OCA y otra por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, que tiene como antecedente la constatación de errónea aplicación del art. 48 con relación al art. 43 de la Ley 1008, en cuanto a la conducta del imputado que no presentaba los elementos típicos del delito por el cual fue condenado; estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable:


“En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan, los Tribunales de Justicia deben aplicar las normas positivas de acuerdo a la preferencia prevista por el Art. 228 de la Constitución Política del Estado, correspondiendo en el nuevo modelo procesal penal la carga de la prueba al acusador particular o público, o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, en tanto no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada material basada en un análisis individualizado de su participación en el delito, misma que debe ser plena sin lugar a duda razonable, resultando afectación al principio del debido proceso la valoración defectuosa o incorrecta de la prueba aportada en juicio, no siendo necesaria la realización de nuevo juicio si el Tribunal de la apelación considera que los hechos han sido demostrados y probados en juicio y únicamente corresponde actuar asignando correctamente a tales hechos el derecho, en este caso, la absolución.


En consecuencia, corresponde que cumpliendo su función de control jurisdiccional de legalidad el Tribunal de Apelación pronuncie nuevo fallo, donde sin necesidad de realización de nuevo juicio oral, resuelva conforme determina la doctrina legal aplicable.”


Respecto de los precedentes invocados se tiene que al corresponder a una situación de hecho similar a la denunciado; es decir, la presunta revalorización probatoria por parte del Tribunal de alzada y que ante la falta de prueba debe aplicarse el indubio pro reo, corresponde la verificación de la problemática planteada a los fines de establecer la existencia o no de contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados.


En cuanto a la problemática planteada referida a la revalorización probatoria en la que hubiera incurrido el Tribunal de alzada a momento de resolver las apelaciones restringidas del Ministerio Público y la acusación particular, se debe recordar lo precisado en la presente resolución en lo que concierne a la valoración probatoria, en sentido de que los tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo cómo se genera con la participación contradictoria de las partes y que por ende, el Tribunal de apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba; sin embargo, corresponde a este último tribunal, al resolver el recurso de apelación restringida y en mérito a la denuncia de una defectuosa valoración de prueba, el deber de ejercer el control de que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, de modo que la Sentencia esté debidamente fundamentada en la experiencia, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas; caso contrario, deberá disponer lo que corresponda en derecho.


En consecuencia, considerando este entendimiento, se verifica que en el caso presente, el Tribunal de alzada en el considerando sexto del Auto de Vista recurrido, no incurrió en ninguna revalorización de prueba, pues simplemente destacando determinadas pruebas judicializadas en la causa, se planteó como interrogante cómo los aspectos contenidos en ellas al resultar relevantes, no generaron suficiente convicción en el Tribunal para dictar una sentencia condenatoria y justamente a fin de no incurrir en la prohibición de revalorización probatoria en apelación, en el considerando octavo de la Resolución antes citada, dejó clara constancia que la valoración de las pruebas o la asignación de valor a éstas le corresponde al Tribunal A quo y en mérito a ello dispuso correctamente el reenvío de juicio, sin que se advierta además en dicho análisis una vulneración al principio in dubio pro reo, por cuanto de la comprensión del texto del Auto de Vista recurrido, no se vislumbra en el análisis efectuado por el Tribunal de alzada, la existencia de una duda que pueda favorecer al imputado como entendió el Tribunal de mérito, sino la falta de fundamentación y defectuosa valoración probatoria a tiempo de emitirse la Sentencia.


Por lo expuesto, se concluye que las denuncias formuladas por el imputado no son evidentes; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el recurso de casación planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Asako Inamine Takei y Windsor Andia Rivera.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA