TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 166/2016-RRC

Sucre, 07 de marzo de 2016


Expediente                        : La Paz 119/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Basilia Acarapi Huanca

Delito                                : Robo agravado

Magistrada Relatora         Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de julio de 2015, cursante de fs. 261 a 264 vta., Basilia Acarapi Huanca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril de fs. 255 a 258, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Gabriela Soledad Mayta Rodríguez y Román Ramírez Huanca contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4) con relación al art. 326 inc. 1), ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 15/2014 de 25 de septiembre (fs. 289 a 298), el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a la imputada Basilia Acarapi Huanca, autora de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4) con relación al 326 inc. 1) del CP, condenándola a la pena de siete años de presidio, con costas a favor del Estado y de la parte querellante y reparación del daño civil a favor de la víctima a calificarse en ejecución de sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Basilia Acarapi Huanca presentó recurso de apelación restringida (fs. 302 a 308 vta.), resuelto por el Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril (fs. 252 a 258), que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso.


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos para su análisis:


1) La recurrente denuncia que el Tribunal de alzada ante el agravio planteado en apelación restringida de la errónea aplicación de la ley sustantiva, respondió de forma precaria en su fundamentación, desconociendo, actuando excesivamente de manera mecanicista y limitada, omitiendo y contradiciendo los fundamentos jurídicos de los precedentes judiciales citados en apelación restringida; ya que, conforme precisan los arts. 331 y 332 del CP, para la configuración del delito de Robo Agravado tiene que existir la conducta de “apoderare” que recae sobre las cosas, siendo que en el presente caso de las declaraciones testificales se establece que no existió, al contrario de lo que comprendió el Tribunal Ad quo, esta decisión fue apelada ante los vocales por la existencia de defectos de sentencia, quienes debieron aplicar los principios de probidad, legalidad y eficacia, inmersos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), pero omitieron pronunciarse sobre el fondo del agravio, señalando de manera simple y sutil que no tiene competencia para realizar la correcta atribución del hecho, sin considerar que, lo cual reclama es la errónea aplicación de la ley sustantiva por calificarse erróneamente el ilícito como Robo Agravado cuando correspondía Hurto.


2) Arguye que el Tribunal de apelación no observó los fundamentos jurídicos de los precedentes judiciales invocados y al no haber resuelto conforme establece el art. 180 de la CPE, vulnerando el art. 37 del CP, relativo al principio de proporcionalidad del hecho acusado con la pena impuesta, desconociendo que la finalidad de la pena está orientada a la educación e inserción social y al referir que evidenció la valoración del Tribunal de Sentencia conforme a los arts. 37, 38 y 40 del CP; toda vez, que el Tribunal de juicio no realizó una correcta fijación de la pena conforme establece el art. 38 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por no considerarse: su edad, que tiene bajo su tuición cuatro nietos menores de edad, la gravedad del bien jurídico afectado, ni la gravedad del hecho, habiéndosele sancionado a siete años de privación de libertad sin ponderar los parámetros establecidos.


I.1.2.Petitorio.


La recurrente solicita se declare fundado su recurso, sentando la doctrina legal aplicable, disponiendo la nulidad de la Sentencia y que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental disponga el reenvío al Tribunal de origen para que éste remita la causa al Tribunal siguiente en número a los fines de garantizar el principio del juez natural para la celebración de un nuevo juicio.


I.2.Admisión del recurso.


Del memorial del recurso de casación interpuesto por la recurrente y del Auto Supremo 594/2015-RA de 11 de septiembre, se tiene que este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto, para el análisis de fondo de los dos motivos expuestos precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.Sentencia.


Por Sentencia 015/2014 de 25 de septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a la imputada Basilia Acarapi Huanca, autora de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4) con relación al 326 inc. 1) del CP, condenándola a la sanción de siete años de presidio, con costas a favor del Estado y de la parte querellante y reparación del daño civil a favor de la víctima a calificarse en ejecución de sentencia.


Los hechos probados en juicio oral establecieron que: i) Por las declaraciones tanto de cargo como descargo, se evidenció que la acusada planeó y ejecutó de manera sistémica el hecho delictivo consistente en el robo, que la acusada tiene antecedentes policiales de robo de Especias, que para cometer el robo, en abril de 2012, ingresó al inmueble ubicado en la calle Chapare 432 de la zona Villa Tunari de El Alto valiéndose de amenazas, uso de ganzúa y llave, incluso con la participación de un abogado de apellido Estrada, para después, permanecer en el interior; ii) El 12 de mayo de 2012, rompiendo los vidrios de las habitaciones que ocupaban Román Ramírez y Gabriela Soledad Mayta Rodríguez, ingresan para sustraer objetos, muebles, electrodomésticos, ropa y otros objetos de valor, habiendo sido encontrado uno de los objetos robados como es una cuadratrack, estando todos estos hechos identificados, condujo al Tribunal a establecer, que la acusada Basilia Acarapi Huanca es autora del delito de Robo Agravado.


En cuanto a la fijación de la pena, el Tribunal de Sentencia deja constancia que la imputada es una persona de 55 años de edad, casada, con instrucción básica, madre de familia humilde, que el hecho es un acto delictivo cometido entre familia, vale decir de hermano a hermano, así como los móviles de la imputada como el proteger y defender a su madre, aspecto considerado como atenuante.


II.2.Apelación restringida.


Contra la referida Sentencia, la imputada Basilia Acarapi Huanca formuló recurso de apelación restringida, basado en los siguientes argumentos: i) Refirió la existencia de errónea aplicación de la Ley sustantiva, violando la función cualificativa que la tipicidad ejerce sobre la culpabilidad y defectuosa valoración de los elementos constitutivos del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el art. 332 inc. 4) del CP; ii) En la Sentencia en el Romano III de los fundamentos probados, existió violación e incongruente fundamento en cuanto a los hechos probados incurriendo en omisión de fundamentación y precisión de los hechos y versiones referidas a la acusación fiscal y particular, tomando en cuenta ambas acusaciones refieren distintas fechas y hechos; al no estar precisados en la Sentencia de forma clara y comprensible se constituyen en vulneración del debido proceso; iii) Refiere que el Tribunal de Sentencia no efectuó una valoración de las pruebas literales de todos los sujetos procesales, constituyendo un defecto absoluto por falta de fundamentación; iv) Observó la prueba del vidrio; v) Señaló que la Sentencia no sustenta por qué no son creíbles las declaraciones que hubiera analizado de Arsenio Ramírez Huanca y Víctor Hugo Acarapi, existiendo así falta de valoración; vi) Con relación a la pena impuesta a la recurrente; vii) Respecto del reclamo de que las pruebas testificales no tendrían fundamento lógico y claro, existiendo defectuosa valoración de la prueba. viii) Señaló que no se habría determinado el derecho propietario de la cuadratack ya que existirían las contradicciones en las pruebas testificales de Arsenio Ramírez Huanca y que al existir duda se debió aplicar el principio in dubio pro reo.


II.3. Del Auto de Vista.

    

El Tribunal de alzada declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada, argumentando que: i) Con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva sobre el delito de Robo Agravado, se debe considerar que el Tribunal de Sentencia es la única autoridad competente para determinar la correcta atribución típica; por ende, realizar la subsunción adecuada de la conducta demostrada en juicio a un tipo penal establecido en la norma Sustantiva Penal. Bajo este criterio, se debe considerar el principio de iura novit curia; por el cual, se brinda la posibilidad al Tribunal de Sentencia subsumir la conducta demostrada en el juicio oral, público y contradictorio en el tipo penal adecuado que  considere, siendo el presente caso que la recurrente señala que su conducta no se adecuaría al tipo penal de Robo Agravado ya que no habría demostrado el uso de la fuerza; ii) Con relación a los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, se debe considerar que conforme la doctrina legal aplicable sentada en la ex Corte Suprema de Justicia a través del Auto Supremo 544 bis de 12 de noviembre de 2009, no es suficiente denunciar de manera genérica la falta de motivación, sino que el recurrente debe precisar con claridad cuál es la fundamentación que extraña, si la descriptiva, la intelectiva o la jurídica, especificando en que consiste la misma, y en este caso, la recurrente no estableció cuál es la fundamentación que constriñe, requisito indispensable para reclamar adecuadamente una falta de fundamentación como vertiente del debido proceso, que hace una tutela judicial efectiva iii) Respecto a que el Tribunal de Sentencia no efectuó una valoración de las pruebas literales de todos los sujetos procesales incurriendo en un defecto absoluto por falta de fundamentación, la apelación restringida está limitada a los casos en los que haya existido una inobservancia de la ley sustantiva o adjetiva o una errónea aplicación de ellas, siendo que la recurrente no cuestiona errores relacionados con el análisis y valoración de la prueba literal, no aclara ni especifica cuál la valoración correcta que debió realizar el Tribunal de Sentencia conforme a las reglas de la sana crítica, siendo que se limitó a realizar reclamos genéricos, sin determinar la aplicación que dicho Tribunal debió realizar a momento de dictar la Sentencia; iv) Sobre la observación a la prueba del vidrio roto, la misma es impertinente pues la recurrente no hizo reserva de recurrir de acuerdo al art. 407 del CPP; v) En cuanto a que la Sentencia no sustenta, por qué no son creíbles las declaraciones que hubiera analizado de Arsenio Ramírez Huanca y Víctor Hugo Acarapi, existiendo así falta de valoración; la recurrente no indicó que normas fueron infringidas o erróneamente aplicadas; por lo cual, el reclamo resulta inviable; vi) Con relación a la pena impuesta a la recurrente, de la revisión íntegra de la Sentencia, se tiene que en el punto IV.1. se realizó una valoración en cuanto a la edad, el estado civil, el grado de instrucción así como otros aspectos como atenuantes en favor de la acusada cumpliendo de esta manera con lo previsto en los arts. 37, 38 y 40 del CP; vii) Respecto al reclamo de que las pruebas testificales no tendrían fundamento lógico y claro, existiendo defectuosa valoración de la prueba, se tiene que de acuerdo con el art. 408 del CPP, se debe citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende, siendo obligación del recurrente dar una correcta motivación al recurso interpuesto, ya que el pronunciamiento se base en el mismo; viii) Sobre la denuncia relativa a que no se habría determinado el derecho propietario de la cuadratack ya que existirían contradicciones en las pruebas testificales de Arsenio Ramírez Huanca y que al existir duda se debió aplicar el principio in dubio pro reo, el reclamo que no cumple con lo señalado en el art. 408 del CP, siendo inviable lo pedido por la recurrente; ix) Además, el Tribunal de alzada argumenta que no existe la nulidad sin perjuicio aspecto establecido por el Auto Supremo 228 de 15 de julio de 2008, perjuicio que en este caso no se acredita explícitamente cual ha sido la afectación realizada en la tramitación del proceso; y, X) La recurrente no especificó la referencia expresa sobre la afectación, incidencia en la Resolución en términos claros y concretos, resultando insuficiente para la viabilidad del recurso, porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, el Tribunal de alzada podrá realizar la labor de contrastación que amerite este tema de revisión excepcional de la labor de valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


Los motivos del recurso de casación fueron admitidos debido a que se denunció que el Tribunal de alzada al reclamo formulado en apelación sobre la errónea aplicación de la norma sustantiva respondió sin la debida fundamentación; y, respecto de la denuncia de vulneración del principio de proporcionalidad en la fijación de la pena relacionado a su finalidad, no advertido por el Tribunal de apelación; en ese sentido, resulta menester por parte del Tribunal Supremo efectuar una precisión sobre la labor de contraste sobre esta denuncia del recurso de casación.


III.1.Respecto de la denuncia de precaria fundamentación de la resolución recurrida.


A los fines de resolver esta problemática, es menester señalar que el art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.

El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre otros el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que refiere: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


Ahora bien, considerando los criterios expuestos anteriormente, corresponde verificar en el caso concreto, si el Tribunal de alzada incumplió con su deber de responder de manera fundamentada el motivo alegado en apelación restringida referido a la errónea aplicación de la norma sustantiva, evidenciándose que la recurrente a tiempo de plantear la existencia del defecto previsto por el art. 370.1) del CPP, refirió que en ningún momento se estableció el uso de la fuerza o violencia en la habitación, ni en el cuadratrak, por lo que su conducta no se subsumía al ilícito penal de Robo sino en todo caso al de Hurto, enfatizando en lo relevante que si bien se estableció haber ingresado a la casa donde vivía su madre, la puerta de la habitación de los querellantes no se encontraba forcejada ni violentada; por el contrario, de forma pacífica y tranquila, procedió a trasladar el “cuadratrak” junto con uno de sus hermanos y en presencia de su sobrina; y que la rotura del vidrio de la habitación, se produjo accidentalmente por su sobrina, por lo que al no haberse acreditado el uso de fuerza en las cosas, no concurría uno de los elementos constitutivos del tipo penal por el que fue condenada.


Estos cuestionamientos formulados en apelación, merecieron la siguiente respuesta de parte del Tribunal de alzada: “…Que con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva sobre el delito de robo agravado, se debe considerar que el Tribunal A quo es la única autoridad competente para determinar cuál es la correcta atribución típica y en consecuencia realizar la subsunción adecuada a la conducta demostrada en juicio a un tipo penal establecido en la norma sustantiva pena. Bajo este criterio se debe considerar el principio de iura novit curia, por el cual se brinda la posibilidad al Tribunal A quo subsumir la conducta demostrada en el juicio oral, público y contradictorio en el tipo penal adecuado que ellos consideren, siendo el único requisito que se mantenga el bien jurídico protegido; Es así que en el presente caso la recurrente señala que su conducta no se adecuaría al tipo penal de robo agravado ya que no se habría demostrado el uso de la fuerza…”, advirtiéndose de la glosa anterior, que el Tribunal de alzada no ingresó a resolver el fondo de las cuestiones planteadas por la recurrente relativas a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, menos fundamentó como es un deber sobre los aspectos pedidos en este motivo, teniendo en cuenta que la recurrente solicitó que su conducta se adecue al tipo penal de Hurto, observando varios aspectos de orden fáctico con trascendencia jurídica que no hubiesen sido tomados en cuenta por el Tribunal de Sentencia al momento de emitir su fallo; de modo que la respuesta genérica con la simple mención del motivo de apelación y la puntualización de la facultad que tiene el Tribunal de  mérito en cuanto a la calificación de la conducta de la parte imputada, de modo alguno cumple con los parámetros o exigencias mínimas que hacen a una resolución debidamente fundamentada y motivada; por lo que, el motivo resulta fundado debido a que las expresiones del Auto de Vista respecto de esta temática, por supuesto no satisfacen el deber impuesto por el art. 124 del CPP, incurriendo en falta de fundamentación al resolver el motivo con argumentos evasivos que generan inseguridad jurídica y vulneran el derecho a la defensa de la imputada.


III.2.En cuanto a la denuncia de vulneración del principio de proporcionalidad en la fijación de la pena, no advertida por el Tribunal de apelación.


En principio corresponde señalar que la imposición de la pena, corresponde a la autoridad sentenciadora, quien previa valoración de las circunstancias probadas en juicio, una vez asumida la convicción de la existencia del hecho, de la participación del o los imputados en él, el grado de participación y por ende su culpabilidad, dicta Sentencia condenatoria, en aplicación de lo dispuesto por el art. 365 del CPP, fijando de forma precisa la sanción que corresponda, para ello, debe realizar un estudio de todas las circunstancias que rodean el hecho, vinculándolas de forma objetiva a los autores. Para su determinación, el juzgador, debe sujetarse a los lineamientos señalados en la norma punitiva, relativos a la aplicación de las penas (Libro I, Título III, Capítulo II del CP), tomando siempre en cuenta su finalidad conforme el art. 118.III de la CPE; por lo cual, requiere que se encuentre debidamente fundamentada y motivada, conforme lo establecido en el art. 124 del CPP, de modo que sólo cumplidas las exigencias legales, la imposición de la pena, demostrará que es producto de un trabajo racional y no del capricho del juzgador.


En ese sentido, este Tribunal, así como la extinta Corte Suprema de Justicia, emitieron amplia doctrina legal y entendimientos que establecen requisitos y parámetros a tomarse en cuenta respecto a la imposición de la pena, su control y la obligación del Tribunal de apelación cuando evidencia la falta de justificación en la imposición de una sanción privativa de libertad.


Es así, que en el Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre, en otro caso, se señaló: Conforme señala el art. 365 del CPP, se dicta Sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juzgador la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado; al efecto, la autoridad sentenciadora debe fijar con precisión la sanción que corresponda; lo que significa, que la misma debe encontrarse debidamente fundamentada, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que pudieran concurrir, así como los motivos por los que corresponde o no la aplicación de alguna de las modalidades de concurso; pero además, debe aplicar la sanción tomando en cuenta la finalidad de las sanciones privativas de libertad, que se encuentra descrita en el art. 118 parágrafo III de la Constitución Política del Estado (CPE).


En cuanto a la imposición de la pena, este máximo Tribunal de Justicia precisó criterios específicos para la fijación de la pena y el control que debe ejercer el Tribunal superior en grado, estableciendo, en el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero (invocado como precedente contradictorio por el recurrente), la siguiente doctrina legal aplicable: La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:


a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico de la personalidad, sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.


La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.


Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el arrepentimiento no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.


b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.


c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.


La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia
condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué  atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales.


En cuanto a la finalidad de las sanciones, este Tribunal de Justicia, en el Auto Supremo 110/2013-RRC de 22 de abril, estableció: …es necesario señalar que el art. 118.III de la CPE, establece que: El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto de sus derechos; a su vez, el párrafo segundo del mencionado artículo señala: La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto; dichos preceptos constituyen el marco general constitucional, sobre el cual el legislador impone o define las penas mínimas y máximas para los distintos tipos penales, que a su vez se constituye en el espacio o margen que el legislador otorgó al Juez, para que éste proceda a valorar todas y cada una de las particularidades presentes en el caso a resolver, observando los arts. 37 y siguientes del CP.


La doctrina internacional con autores como Eugenio Raúl Zafaroni en su obra Manual de Derecho Penal, así como la doctrina nacional con Benjamín Miguel Harb, en su obra Derecho Penal Tomo II, distinguen tres etapas en la individualización de la pena: la legal, la judicial y la penitenciaria. En la primera, el legislador valora, desde el marco de la proporcionalidad, la gravedad del ilícito tipificado en un tipo penal y determina la pena aplicable en abstracto. En la segunda, el Juez penal, a la conclusión del proceso y establecida que sea conforme al debido proceso de ley, la responsabilidad penal del autor del hecho, fija la pena al caso concreto, tomando como base el marco punitivo determinado por el legislador. La tercera etapa, denominada ejecución penal, se halla destinada al cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia penal ejecutoriada y se desarrolla por la administración penitenciaria, bajo control jurisdiccional.


Ahora bien, en lo que respecta a la primera etapa de individualización de la pena llamada legal, …en el marco penal, el legislador establece los límites de la pena en el caso individual para cada delito, Las valoraciones sociales respecto de un determinado delito quedan plasmadas dentro de este marco, y en él quedan recogidas, entre otras cosas, las razones de prevención general. Las valoraciones previamente dadas por el legislador, reflejadas en el marco penal, son vinculantes para el juez, quien debe dejar de lado sus propias valoraciones y aplicar las valoraciones legales (segunda etapa) (Determinación Judicial de la Pena - Patricia Ziffer P. y otros autores).


De lo anterior se establece que, el Juez o Tribunal de Sentencia, al momento de imponer una Sentencia condenatoria, debe justificarla de forma adecuada y coherente, toda vez que la sanción debe ser fruto de un estudio íntegro y objetivo de los hechos y las circunstancias acontecidas en la tramitación del proceso y enmarcadas en la norma punitiva que corresponda, teniendo como fin la educación, habilitación e inserción social de los condenados, por lo que, la imposición de la pena, al igual que el resto de la Resolución, debe encontrarse debidamente fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


Sobre la obligación de fundamentar la imposición de la pena, existe amplia doctrina emanada por el máximo Tribunal de Justicia, entre las que se cita la contenida en el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, emanada como emergencia de un proceso vinculado al delito de Narcotráfico, cuyo entendimiento, conforme fue desarrollado, es de aplicación general, al señalar que: “Constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizándose la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva, a objeto de imponer la pena.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo intérprete de la legalidad, cumple una función unificadora de la jurisprudencia establecida en materia penal, siendo de aplicación obligatoria la doctrina legal aplicable, por los tribunales colegiados y unipersonales inferiores, lo contrario significaría ir en contra de los fines del Derecho Procesal Penal que busca una justicia pronta, equitativa y justa.


Es evidente que el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ya ha establecido una línea doctrinal respecto a los aspectos que se deben considerar para establecer y determinar el quantum de las sanciones para los autores del delito de transporte de sustancias controladas, prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 1008, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes, habiendo establecido en varios autos supremos la determinación, como lo ha señalado el recurrente, en la jurisprudencia vinculatoria presentada en el recurso, considerando que si bien es cierto que las penas son indeterminadas, siendo la valoración y apreciación privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, esto no les exonera de la obligación de considerar y tomar en cuenta las agravantes o atenuantes que existiesen en favor o en contra del imputado, contenidas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Sustantivo Penal, expresando invariablemente y de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye defecto absoluto y por tanto insubsanable, como lo previene el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, así como vulneración a los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, tratados y convenios internacionales, como lo determina el inciso 3) del artículo 169 del Procedimiento Penal.


Según Franz Von Liszt, La pena es un mal que el juez penal inflige al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor y para Pisa, además de significar un mal para el delincuente, es un medio de tutela jurídica afirmando que No es el Estado el que puede decirle al delincuente: tengo derecho de corregirte, pues de ello sólo puede jactarse el superior de un claustro; es el culpable el que tiene el verdadero derecho de decir al Estado: estás en la obligación de irrogarme una pena que me enmiende y no tienes potestad de someterme a una pena que me degrade y me torne más corrompido de lo que soy (Fernando Villamor Lucia, Derecho Penal Boliviano, Parte General página 198), evitando, como dice Beristain, que la queja que continuamente brota de las prisiones , donde yacen miles de hombres sepultados vivos por otros hombres, en nombre de la justicia, en nombre de la libertad, constituyendo su imposición el alfa y omega de todo el Derecho Penal siendo esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición que constituye uno de los rasgos esenciales del derecho penal en el que la imposición de la pena tiene como finalidad, además de la retribución por el daño causado, la readaptación y reinserción del delincuente al medio social, tomando en cuenta que el nuevo sistema acusatorio penal es garantista y preserva los derechos fundamentales tanto del imputado y de la víctima y a ambos, así como a la sociedad en su conjunto les interesa la correcta aplicación de la ley, el respeto irrestricto de los derechos y garantías constitucionales y procesales, porque así se garantiza la paz social y la pervivencia del Estado Social y democrático de derecho, debiendo, en la imposición de la pena, inexorablemente, aplicar lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal.


Por otra parte, respecto a la consideración de atenuantes y agravantes, aun cuando corresponda aplicar concurso de delitos, el Auto Supremo 41/2013 de 21 de febrero, estableció la siguiente doctrina legal: …El Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurren en la Sentencia impugnada errores u omisiones formales que se refieran a la imposición de penas, cuenta con la facultad para modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales conforme lo prescrito en la primera parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo ésta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos relativos al tipo penal y a la valoración de los hechos, las acciones y del imputado mismo, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes que corresponden al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, sin perjuicio de destacar que las citadas reglas de fijación de la pena inclusive se aplican aún en el caso de advertirse el concurso ideal o el concurso real de delitos en los cuales se aplica la sanción con la pena del delito más grave, siendo facultad privativa del juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte o hasta la mitad, conforme determinan los artículos 44 y 45 del citado adjetivo penal, respectivamente, sin que los argumentos vertidos importen modificación de los hechos probados en juicio que se hallan sujetos al principio de intangibilidad, siendo que el recurso de apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba.


De la normativa y doctrina legal citadas a lo largo de este acápite, se tiene que la determinación e imposición de la pena, atañe al juzgador de mérito; quien, sobre la base de la prueba y los elementos probatorios obtenidos de ella, una vez alcanzada la convicción de la existencia del hecho acusado y el grado de participación del imputado en él, debe imponer la sanción que en Ley y en derecho corresponda. Al respecto, es menester señalar que el Código Penal, al igual que en la mayoría de los Códigos latinoamericanos en la materia, fija un marco penal, que puede ser determinado o fijo, que no significa mayor inconveniente en cuanto a la imposición de la pena; sin embargo, también establece penas indeterminadas, es decir, una sanción mínima y otra máxima (mayoría de los delitos), casos en los cuales, la imposición de la pena ha tropezado con una “discrecionalidad” mal aplicada de los juzgadores, toda vez que, si bien se otorga un margen de arbitrio en la fijación de la pena, éste tiene sus límites en la misma norma punitiva, como se expresó en la ampulosa doctrina citada en este fallo, pues, debe estar vinculada a los parámetros legales establecidos en los arts. 37, 38 y 40 del CP, teniendo cuidado de aplicar el concurso de delitos si correspondiera (arts. 44 y 45 del CP), todo conforme exige el art. 124 del CPP, por lo que necesariamente deben señalarse las circunstancias específicas y determinantes en las que se sustenta la fijación de la pena, precautelando el principio de proporcionalidad e igualdad.


En grado de apelación restringida, corresponde al Tribunal de alzada, ejercer el control sobre la Sentencia, con base en las denuncias planteadas en el citado medio de impugnación y ante la constatación de que el fallo de mérito contiene defectos, corresponde aplicar alguno de los supuestos descritos en los arts. 413 y 314 del CPP; es decir, el Tribunal de apelación, se encuentra facultado, ante la certeza de la existencia de errores de derecho en la fundamentación de la Sentencia, a corregir el yerro en una nueva Sentencia debidamente justificada, sin anular la sentencia impugnada. En la misma forma debe proceder, cuando advierta errores u omisiones formales, relativos a la imposición o el cómputo de penas, que necesariamente debe ser ponderada de manera objetiva y con base en la ley (arts. 27, 29, 37, 38, 39, 40, 40 Bis, 44, 45 y 46 del CP -conforme corresponda- y parágrafo III del art. 118 de la CPE); lo que significa, que el Tribunal de apelación, debe corregir las faltas referidas al quantum de la pena y su correspondiente justificación” (Las negrillas son añadidura nuestra).


En el caso presente, la recurrente primordialmente denuncia que el Tribunal de alzada no advirtió la fijación de la pena sin tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, así como los arts. 37 del CPP y 180 de la CPE, al ser condenada a siete años sin considerarse: su edad, que tiene bajo su manutención cuatro menores, la gravedad del hecho y el bien jurídico afectado. En ese sentido, se constata que emitido el Auto de Vista  impugnado, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió sobre la temática planteada de la siguiente manera: “…Con relación a la fundamentación de la pena la recurrente señala que no se habría tomado en cuenta su edad y que se encontraría a cargo de cuatro nietos, asimismo señala que no se habría valorado adecuadamente los medios probatorios introducidos a juicio los cuales permitirán la sanción equitativa y proporcionada. Que de la revisión íntegra de la Sentencia se tiene que en el punto IV.1. Se realiza una valoración en cuanto a la edad, el estado civil, el grado de instrucción, así como otros aspectos, como atenuantes en favor de la acusada, cumpliendo de esta manera con el art. 37, 38 y 40 del CP”. De ahí, que se advierte la falta de fundamentación respecto del quantum de la pena observada en el recurso de apelación restringida, teniendo en cuenta que el Tribunal de alzada debió realizar el control respecto de que si era evidente o no que el Tribunal de Sentencia emitió argumentos jurídicos relativos a los aspectos reclamados, al tipo penal, a la valoración de los hechos, las acciones y de la imputada misma, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes, que corresponden al caso concreto, que expliquen de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, aspecto que no se advierte en el Auto de Vista recurrido, teniendo en cuenta que simplemente realizó un análisis genérico y escueto sobre la aplicación de la normativa que hace al quantum de la pena; en consecuencia, resulta evidente lo manifestado por la recurrente. 


En ese entendido, debe quedar claro, que no es posible suplir ninguna fundamentación con la simple mención de los criterios señalados en el sistema de aplicación de las penas descrito en los arts. 37 a 40 del CP; sino, exige al juzgador y en este caso al Tribunal de alzada, considerar y aplicar dichos criterios vinculándolos de forma objetiva al caso en particular, debiendo ponderar de forma correcta, cada una de las circunstancias consideradas como probadas en la Sentencia, pues este tipo de fundamentación y motivación, demanda de la autoridad, la explicación clara y precisa de los aspectos de la personalidad de cada uno de los imputados que fueron considerados sea como atenuantes o agravantes; es decir, cómo el grado de educación, la situación económica, la edad de los imputados, etc., influyeron de forma positiva o negativa en la imposición de cada sanción, cuál la gravedad del hecho, cuáles las consecuencias y cómo influyeron en el quantum de la pena, estando inclusive facultado de acuerdo a los arts. 413 y 414 del CPP a modificar la sanción, con base en los hechos considerados probados y las conclusiones arribadas por los sentenciadores, siempre y cuando la necesidad sea debidamente justificada en la Resolución; por lo cual, al concluirse que el Tribunal de alzada no procedió conforme la normativa sustantiva y adjetiva citada, corresponde declarar fundado el motivo planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Basilia Acarapi Huanca, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA