TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

SALA PENAL 

AUTO SUPREMO Nº 164/2016-RRC 

Sucre, 21 de abril de 2016 

 

Expediente                        : Potosí 20/2015 

Parte Acusadora                : Rubén Santa Cruz Salvatierra y otra 

Parte Imputada                : Juan García Chambi 

Delitos                        : Despojo y otro 

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán 

 

RESULTANDO 

 

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2015, cursante de fs. 350 a 351,  Rubén Santa Cruz Salvatierra y Luz Nancy Fernández de Santa Cruz, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2015 de 9 de junio (fs. 330 a 336 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, integrada por los Vocales Jorge Balderrama Berrios y Jorge Andrés Pérez Maita, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Juan García Chambi Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Arampampa, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente. 


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

I.1.Antecedentes.


a) Por Sentencia 34/2013 de 29 de octubre (fs. 242 a 244 vta.), el Juez de Partido Mixto liquidador y de sentencia de la Provincia Charcas, Alonzo de Ibáñez y Bilbao Rioja del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró al imputado Juan García Chambi, autor de los comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años en reclusión, más costas, daños y perjuicios, a calificarse en ejecución de Sentencia. Por determinación del art. 36 inc. 1) del CP, se inhabilita por diez años para ejercer función pública al encausado. 


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan García Chambi, formuló recurso de apelación restringida (fs. 277 a 283 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 17/2015 de 9 de junio (fs. 330 a 336 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente en parte el recurso planteado; y, anuló la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por el Juez de Sentencia de Uncía provincia Bustillo del departamento de Potosí, motivando la formulación del recurso de casación. 

 

I.2.Del motivo del recurso de casación.

 

Del memorial de casación y el Auto Supremo 675/2015-RA de 27 de noviembre, cursante de fs. 360 a 362, se tiene el siguiente motivo a ser analizado: 

 

El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, resulta contrario al Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, en razón a que en la alzada, la parte adversa expuso nueve agravios, de las cuales, no se dio curso, al primer, segundo, tercero, quinto, séptimo ni octavo motivo; empero, observan, que en las conclusiones cuarta, sexta y novena del fallo ahora recurrido, incurre en una valoraciónextra petita; por cuanto, habría resuelto, aspectos no demandados por la parte recurrente. De esa manera refieren, que en:i)La conclusión cuarta, el Tribunal de Alzada procedió a cuestionar la valoración de la prueba en Sentencia, afirmando que la declaración del testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez, de la revisión del acta de juicio nunca habría declarado; criterio que a decir de los recurrentes, incurre en error yultra petita;toda vez, que la parte adversa no realizó mención a ése aspecto, cuya declaración, aseveran los recurrentes, se encuentra contenida de fs. 176 vta. a 177 del expediente. Adicionalmente el Tribunal de alzada afirmaría, que los testigos Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani y Virgilio Ramos Choque no declararon; empero, arguyen los recurrentes, que sus declaraciones constan en actuados:ii)Asimismo afirman, que no es evidente lo señalado en laConclusión Sextadel Auto de Vista recurrido, al señalar que se valoró declaraciones supuestamente inexistentes; y,iii)LaConclusión Novena aseveran, que tiene una afirmación contraria al contenido del expediente donde se establece, que los testigos declararon en juicio; por lo cual, concluyen, que el Tribunal de apelación, al anular la Sentencia por existencia de defectos procesales no invocados como causales de nulidad absoluta ni relativa, vulneró el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

 

I.1.2. Petitorio. 

 

Los recurrentes, solicitan “mantener subsistente la sentencia”.

 

I.2. Admisión del recurso.

 

Por Auto Supremo 675/2015-RA de 27 de noviembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los acusadores de fs. 350 a 351.

 

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO 

 

II.1. De la Sentencia.

 

Por Sentencia 34/2013 de 29 de octubre (fs. 242 a 244 vta.), el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de la Provincia Charcas, Alonzo de Ibáñez y Bilbao Rioja del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró al imputado Juan García Chambi, autor de los comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años en reclusión, más costas, daños y perjuicios, a calificarse en ejecución de Sentencia. Por determinación del art. 36 inc. 1) del CP, se inhabilita por diez años para ejercer función pública al encausado. 

 

La Sentencia, recurrida, tuvo la siguiente estructura, Encabezado en el que se hace mención del tribunal, lugar y fecha en que se dicta la Sentencia, el la identificación de las partes y los datos personales del imputado; la enunciación del hecho y circunstancias que fueron objeto de juicio; fundamentación jurídica y la parte dispositiva con la mención de las normas aplicables y la firma de los jueces. 

 

II.2.Recurso de apelación restringida

 

Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan García Chambi, formuló recurso de apelación restringida bajo los siguientes argumentos entre otros: 

 

1) Como cuarto motivo de su recurso de apelación restringida, el imputado en principio hace una cita de lo expresado por el A quo en el considerando IV segunda parte, respecto a las declaraciones testificales de Edgar Alberto Muñoz, Carlos Bilbao Fernández, Arnoldo Bilbao Garvizu, Raúl Campos Garvizu y Ruperto Alcoba Gutiérrez; para señalar que en la recepción de la declaración testifical de cargo se incurrió en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, y posteriormente señala que tanto en las declaraciones testificales de cargo y de descargo, el A quo no cumplió con lo dispuesto por el art. 200 del CPP, pues no se había preguntado a los testigos sobre sus obligaciones y responsabilidades, sus generales de ley, interés con las partes, amistad o enemistad o si alguna vez fueron juzgados por falso testimonio; por lo que se había incurrido en defectos absolutos insubsanables previstos por los arts. 167 y 169 inc. 3) de la norma adjetiva penal e infracción del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); agrega que ninguno de los testigos de cargo refirió haberle visto cometer el delito de Despojo o Daño Simple, o trabajando en el aplanamiento o remoción de tierras, sumado a ello el testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez había señalado que se presentó a declarar presionado por la querellante Nancy Fernández de Santa Cruz, por lo que no debió recibirse ésta declaración conforme lo dispuesto por el art. 13 segunda parte del CPP, finalmente en el mismo motivo alega que la sentencia es injusta y desproporcionada al disponer inhabilitación para ejercer la función pública, hecho que no fue pedido ni por los propios querellantes. 


2) Como sexto motivo de apelación, el imputado denunció, que el Juez de mérito forzó los hechos para condenarlo por los delitos de Despojo y Daño Simple, pues conforme las declaraciones de los testigos de descargo se tendría que los querellantes nunca poseyeron ni hicieron trabajos agrícolas u otros que demuestren mejoras en los terrenos reclamados, por el contrario los mismos se encontrarían abandonados años atrás, y los supuestos propietarios no participarían de sus organizaciones, ni asistirían a las asambleas generales u otros; asimismo, del poder otorgado por testimonio Nº 883/2013 de 7 de julio, se tendría que los querellantes viven en la ciudad de Cochabamba, por lo que se habría demostrado que los mismos no se encontraban en posesión del bien y no cumplieron con lo dispuesto por el art. 6 del CPP, al no demostrar con prueba la supuesta posesión, infringiendo el A quo lo dispuesto por el art. 360 de la misma norma adjetiva penal, lo que constituye defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP: En el mismo motivo el imputado, alega que el A quo a tiempo de valorar la prueba incurrió en infracción de las reglas de la sana crítica, pues en el fundamento de la Sentencia no se encontraría la experiencia y el conocimiento, el entendimiento y la lógica de la autoridad recurrida. 

 

II.3. Del Auto de Vista impugnado. 

 

La apelación restringida fue resuelta por Auto de Vista 17/2015 de 9 de junio, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente en parte el recurso planteado y anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por el Juez de Sentencia de Uncía provincia Bustillo del Departamento de Potosí, bajo los siguientes fundamentos expuestos en el tercer considerando de la resolución impugnada: 


i. Respecto al cuarto motivo de apelación restringida, el Tribunal de alzada argumentó que; no es evidente que no se hubiera tomado juramento de ley y hacer las advertencias necesarias a los testigos, y que respecto a la supuesta defectuosa valoración probatoria, defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, se tendría que los testigos Carlos Bilbao, Edgar Alberto Bilbao Muñoz, Arnoldo Bilbao Garvizu, Raúl Campos Garvizu, Ruperto Alcoba Gutiérrez, Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani y Virgilio Ramos Choque, nunca declararon, así se tendría de la revisión del acta de juicio, lo que implica que el A quo valoró declaraciones inexistentes, falencia que constituiría defectuosa estructura de la Sentencia, pues en la Sentencia no existiría además una fundamentación valorativa descriptiva de todas las pruebas producidas en juicio y tampoco una valoración individual de la prueba, habiéndose realizado directamente una valoración integral de la prueba testifical, lo que constituye una defectuosa valoración de la prueba. 


ii. Resolviendo el sexto motivo de apelación, el Tribunal de alzada señala que en cuanto a la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva, que al haber establecido la defectuosa valoración de la prueba por valoración de pruebas testificales inexistentes, no puede establecer si el Juez de mérito realizó una correcta valoración de los elementos de juicio al establecer la responsabilidad penal del imputado: Por otro lado, en la fundamentación jurídica el Juez no había realizado una fundamentación adecuada, limitándose a señalar que lo visto y oído llego a la ineludible conclusión de que los hechos descritos en el memorial de acusación se adecuan a los tipos penales de Despojo y Daño Simple. 


iii. El Tribunal de alzada resuelve un noveno motivo, señalando que el mismo está referido a la insuficiente o falta de fundamentación en la Sentencia; defecto que a decir del Ad quem, el defecto denunciado es evidente y así se establecería del considerando IV de la Sentencia, pues no se establecería cuáles fueron los medios de prueba incorporados al debate, que prueba fue producida; es decir, que la Sentencia no contendría una fundamentación probatoria descriptiva ni intelectiva; asimismo, no existiría la fundamentación jurídica en la que el A quo debe subsumir los hechos al derecho, también se advertiría ausencia de fundamentación en la imposición de la pena al no justificarse el quantum de la misma conforme los parámetros establecidos por los arts. 38 y 39 del CP; falencias que constituyen defectos insubsanables conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP. 

 

III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

El recurso de casación formulado por la parte acusadora, fue admitido vía excepcional por cumplimiento de requisitos de flexibilización, ante la denuncia de quebrantamiento del debido proceso por pronunciamiento ultra petita por parte del Tribunal de alzada y fundamentos contradictorios a las actuaciones desarrolladas; en cuyo mérito, corresponde analizar y resolver el motivo contenido en el recurso de casación, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo 675/2015-RA de 27 de noviembre. A ese fin, resulta menester efectuar una precisión el principio de limitación y las formas de incongruencia en las resoluciones judiciales.  

 

III.1. Del principio de limitación y formas de incongruencia en la resolución de alzada. 

 

El art. 180.I de la CPE, entre sus principios rectores en los que fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece la legalidad, en virtud de la cual los actos de toda autoridad que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, se hallan sometidos a la Constitución, Leyes y Tratados Internacionales.


En virtud de este principio de legalidad, los Tribunales del alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por el art. 398 del CPP y el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que, el Ad quem, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia, y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación, aun cuando se trate de defectos absolutos, pues en caso de existir éstos, necesariamente deben ser motivo de apelación por parte del impugnante y en caso de no serlo, los mismos se tendrían por consentidos.


El incumplimiento a las normas adjetivas penales referidas precedentemente, por falta de circunscripción del Tribunal de alzada a los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida; se traduce en una incongruencia que implica vulneración del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio que impone a la autoridad judicial, pronunciarse sólo sobre los motivos que fundaron un recurso de apelación.


En cuanto a las formas de vulneración de este principio, tenemos en primer lugar, el pronunciamiento ultra petita, que hace incongruente la resolución del Tribunal de alzada, por pronunciarse sobre aspectos no demandados o que no fueron motivo de apelación, desbordando los límites de su competencia a aspectos no cuestionados y los cuales llegan firmes ante el de alzada; este hecho también conocido como exceso de jurisdicción, vulnera el debido proceso por violación del principio de legalidad, pues al pronunciarse el Ad quem, sobre aspectos en los que no se fundó el recurso de apelación restringida, se impide a la parte contraria a contestar de forma fundamentada, conforme lo dispuesto por el art. 408 del CPP, hecho que amerita la nulidad de la resolución por constituir defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP. 


Otra forma de incongruencia de una resolución y que también vulnera el principio tantum devolutum quantum apellatum, es la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso de apelación restringida, conocido como pronunciamiento infra petita o citra petita o incongruencia omisiva, el cual también constituye un defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al dejar al impugnante en incertidumbre sobre el resultado del motivo planteado en apelación.


Estos entendimientos fueron asumidos por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, y concretamente refiriéndonos a las formas de incongruencia entre lo demandado y lo resuelto por los Tribunales de alzada, se emitió entre otros el Auto Supremo 701/2015-RRC-L de 25 de septiembre, en el que se expresó: 

 

El debido proceso, reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), como derecho, garantía y principio en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, hecho conocido también como el principio de `congruencia´, que en términos simples significa la correlación que debe existir entre lo demandado y lo resuelto, y el cual está reconocido en nuestra Ley del Órgano Judicial (Ley 025) en su art. 17.II que estipula `En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos´, así como también por el art. 398 del CPP estipula `Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´. 

 

El incumplimiento a las disposiciones legales referidas precedentemente, se puede dar a través de dos situaciones, la primera sería pronunciándose sobre aspectos no demandados `ultra petita´, y la segunda al no pronunciarse sobre lo solicitado `infra petita o citra petita´; formas de resolución que vulneran el principio “`tantum devolutum quantum apellatum´; y que constituyen una de las formas de incongruencia” (las negrillas son nuestras). 

 

III.2. Análisis del caso concreto. 

 

En el caso de autos los acusadores denuncian que el Tribunal de alzada se había pronunciado ultra petita al resolver los siguientes aspectos que no habían sido denunciados en apelación restringida por parte del imputado i) Que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el cuarto motivo del recurso de apelación restringida, habría argumentado que el testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez, no prestó declaración; aspecto que no habría sido motivo de apelación restringida, y que además según señalan no sería evidente, pues dicho testimonio cursaría a fs. 176 y 177 de obrados; en el mismo punto el Ad quem también habría señalado que Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Janijani y Virgilio Ramos Choque tampoco declararon, aspecto que tampoco sería evidente; ii) Que, el Ad quem afirmó que el Juez de mérito valoró declaraciones inexistentes, y; iii) Que no sería evidente que los testigos no hubieran prestado su declaración en juicio. 

 

Primero.- En el primer punto identificado como pronunciamiento ultra petita, se establecen dos aspectos: a) Que el Tribunal de alzada determinó que Ruperto Alcoba Gutiérrez, no prestó su declaración como testigo; aspecto que dice la parte acusadora, no fue motivo de apelación restringida y además no sería evidente porque el mismo cursa a fs. 176 y 177 de obrados; b) Que no sería evidente que Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Janijani y Virgilio Ramos Choque, no hubieran declarado como testigos.


En primer lugar, en cuanto a la denuncia de que el imputado en su recurso de apelación restringida no habría reclamado que el testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez no prestó su declaración, este Tribunal, después de realizar un análisis del cuarto motivo de apelación, concretamente en cuanto a la declaración del testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez; establece que el imputado  sí observó la valoración de la referida prueba testifical, empero con fundamentos diferentes al establecido por el Tribunal de alzada, pues el imputado alegó que la prueba testifical mencionada, se hallaba viciada conforme lo dispuesto por el art. 13 del CPP, ya que el mencionado testigo habría manifestado que fue presionado por la presunta víctima para ir a declarar; denuncia sobre la cual, el Tribunal de alzada de manera general, responde, argumentando que el referido testigo al igual que Carlos Bilbao, Edgar Alberto Bilbao Muñoz, Arnoldo Bilbao Garvizu, Raúl Campos Garvizu, Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani y Virgilio Ramos Choque, nunca prestaron su declaración, hecho que habría establecido el Ad quem, de los datos del acta de registro de juicio.


Evidenciándose, que el imputado a tiempo de observar la declaración del testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez, evidentemente no alegó que ese testigo “no hubiera prestado su testimonio”; en virtud de lo cual a decir de la presunta víctima, el Ad quem no debió fundamentar su resolución en este aspecto; empero, debe tenerse en cuenta que al haber establecido el Tribunal de alzada que dicho testigo no prestó su declaración, no puede exigirse al Tribunal de alzada, que limite su función a verificar si evidentemente el testigo alegó haber sido presionado para declarar, y establecer si la misma es legal o no; cuando el de alzada determinó que dicha declaración presuntamente no fue producida en juicio.


Sin embargo, tomando en cuenta que la víctima argumentó que el fundamento del Tribunal de alzada en sentido de que los testigos Ruperto Alcoba Gutiérrez, Carlos Bilbao, Edgar Alberto Bilbao Muñoz, Arnoldo Bilbao Garvizu, Raúl Campos Garvizu, Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani y Virgilio Ramos Choque, nunca declararon y que este hecho se tendría de la revisión del acta de juicio; sería falso. Corresponde a este Tribunal verificar dicho aspecto.


Así revisada el acta de juicio oral, se tiene que a fs. 176 y 177 de obrados, evidentemente cursa la declaración del testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez, de la misma forma, se evidencia que las declaraciones testificales de Edgar Alberto Bilbao Muñoz, Arnoldo Bilbao Garvizu, Raúl Campos Garvizu, Carlos Bilbao, Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani y Virgilio Ramos Choque, también cursan en el registro del acta de juicio de 20 de febrero del 2014 (fs. 167 a 172 vta.), acta de 26 de marzo de 2014 (fs. 176 a 190 vta.), acta de audiencia de juicio de 25 de agosto de 2014 (fs. 195 a 200).


Estableciéndose, que el Tribunal de alzada no hizo un correcto control de legalidad de la Sentencia, pues la supuesta inexistencia de los testimonios alegados; contrariamente a lo manifestado por el Ad quem, sí cursan en obrados, por lo que existe un falso juicio de inexistencia de las pruebas testificales mencionadas.


Segundo.- En cuanto al segundo punto identificado a tiempo de afirmar la existencia de un pronunciamiento ultra petita, la presunta víctima, alegó que no sería evidente lo señalado en la conclusión sexta del Auto de Vista impugnado, en cuanto a que se hubiera valorado declaraciones inexistentes; este Tribunal, establece que:


El Tribunal de alzada a tiempo de resolver la denuncia planteada por el imputado, en sentido de que, el Tribunal de mérito forzó los hechos para condenarlo, que los querellantes no tienen la posesión del bien, que el A quo infringió las reglas de la sana crítica; argumentó, que al haber establecido la defectuosa valoración de la prueba por valoración de pruebas testificales inexistentes, no puede establecer si el juez de mérito realizó una correcta valoración de los elementos de juicio al establecer la responsabilidad penal del imputado.


Este Tribunal de casación, conforme los argumentos expuestos en el primer punto del presente acápite, establece que al no ser evidente la supuesta valoración de prueba testifical inexistente, incurre en error al argumentar que éste presunto defecto le impide establecer si el Juez de mérito realizó una correcta valoración de los elementos de juicio para establecer la responsabilidad penal del imputado; por lo que una vez que resuelva la presunta defectuosa valoración probatoria testifical, deberá resolver con los fundamentos correctos el sexto motivo de casación.


Tercero.- En el tercer punto, el cual también constituiría un pronunciamiento ultra petita, se tiene, que los recurrentes, haciendo referencia a la novena conclusión del Tribunal de alzada, alegan en su recurso de casación de manera textual, lo siguiente: “influyó negativamente en el fallo del juez A quo la valoración de prueba testifical de los que nunca han declarado en juicio según establece ese alto Tribunal, cuya afirmación es contraria al contenido del expediente en el que se establece que los testigos declararon en juicio.” (sic)


De la revisión minuciosa del Auto de Vista impugnado, se establece que el Tribunal de alzada, en el segundo considerando del Auto de Vista, a tiempo de referirse a los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida hace constar nueve motivos, cuando el recurso interpuesto por la parte imputada, contempla únicamente ocho motivos.


El noveno motivo incluido por el Tribunal de alzada, está referido a hechos acontecidos en la audiencia de fundamentación complementaria; y motivo sobre el cual, a tiempo de resolver el Tribunal de alzada argumentó: “(…) y debido precisamente a esta falta de fundamentación probatoria descriptiva es que en el caso de autos se ha incorporado en la valoración de la prueba testifical declaraciones que nunca se han recibido en el juicio” (sic).


Argumento del Tribunal de alzada que nuevamente incurre en error, conforme a los argumentos expuestos a tiempo de resolver el primer motivo que constituiría pronunciamiento ultra petita, pues la supuesta inexistencia de las declaraciones testificales argumentadas por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el cuarto motivo de apelación, no corresponde a los datos del proceso, y contrariamente a lo señalado por el Ad quem, sí fueron recepcionadas en juicio.


Asimismo, corresponde expresar, que los fundamentos que las partes exponen en audiencia de fundamentación complementaria conforme lo dispuesto por el art. 412 del CPP, como su nombre indica es únicamente para que la parte recurrente pueda ampliar sus fundamentos, más no para que pueda alegar nuevos motivos de apelación, por lo que el Tribunal de alzada, no puede establecer la existencia de un nuevo motivo fundado en lo argumentado por la parte recurrente en la audiencia de fundamentación complementaria, y en caso de que la parte recurrente alegue nuevos motivos de apelación en dicho acto, debe rechazarlos por extemporáneos.


En cuanto a este último motivo, al establecerse en el mismo la supuesta existencia de falta de fundamentación de la Sentencia, falta de fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva, falta de fundamentación jurídica en cuanto a la subsunción de los hechos al derecho y la justificación en la imposición de la pena: Se tiene que el Tribunal de apelación resolvió un motivo que no fue fundamentado en el recurso de apelación restringida interpuesto en fecha 5 de febrero del 2015, lo cual constituye un pronunciamiento ultra petita, que vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, y que amerita la nulidad de la Sentencia conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I inc. 1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rubén Santa Cruz Salvatierra y Luz Nancy Fernández de Santa Cruz de fs. 350 a 351 de obrados, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN  EFECTO el Auto de Vista 17/2015 de 9 de junio (fs. 330 a 336 vta.), disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17 .IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente auto supremo al consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA