TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 155/2016-RRC

Sucre, 07 de marzo de 2016


Expediente                        : Cochabamba 68/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Richard Cruz Herbas 

Delitos                                : Violación de Niño, Niña o Adolescente y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2015, cursante de fs. 325 a 328, Richard Cruz Herbas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 23 de junio de 2015 de fs. 315 a 320, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Violación de Niño, Niña o Adolescente, Lesiones Graves y Leves, previstos y sancionados por los arts. 271 y 308 Bis., con agravante del art. 310 incs. 4) y 7), todos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) Por Sentencia de 11 de diciembre de 2009 (fs. 203 a 213 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró al imputado Richard Cruz Herbas, autor de los delitos de Violación de Niña, Niño o Adolescente, Lesiones Graves y Leves, previstos y sancionados por el art. 308 Bis., con la agravante del art. 310 incs. 4) y 7), ambos del CP, imponiéndole la pena de veinticinco años de presidio sin derecho a indulto, con costas.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Richard Cruz Herbas formuló recurso de apelación restringida (fs. 217 a 221 vta.), resuelto por Auto de Vista de 23 de junio de 2015 (fs. 315 a 320), dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.


I.1.1. Motivo del recurso de casación


Del recurso de casación y del Auto Supremo 639/2015-RA de 26 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente advierte que el Auto de Vista impugnado al declarar la improcedencia de su recurso de apelación restringida, no es congruente en su redacción, ya que simplemente realiza una redacción y copia del memorial de alzada, que en su parte de fundamentos jurídicos al referirse a su alegato de inobservancia del art. 124 del CPP, considera que no fue fundamentado correctamente y que no puede subsanar de oficio; sin embargo, de ello el Tribunal de alzada manifiesta que procede a la revisión de la sentencia para luego declarar la improcedencia de la apelación, incurriendo en incongruencia.


De esa manera, acusa la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, defensa, igualdad jurídica y “principio” del debido proceso, manifestando que se dictó la Sentencia sin pronunciarse sobre todos los aspectos y delitos que supuestamente cometió, en vulneración a su derecho a la defensa. Asimismo, refiere que se quebrantó su derecho a la igualdad jurídica, porque en el Auto de Vista recurrido no fue tratado con igualdad de condiciones que la denunciante, como en la producción de la prueba en la etapa preparatoria, respecto a las entrevistas de los menores en dependencias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en las que no estuvo presente, tampoco su abogado defensor; por lo que, asevera que es prueba ilícita de la cual no pudo defenderse.


Posteriormente, se refiere a la seguridad jurídica y finalmente indica que se vulneró el principio del debido proceso, ya que al haber incumplido con el CPP; y, existir defectos absolutos en la Sentencia, automáticamente se habría infringido el señalado principio que es uno de los más importantes a momento de aplicar la ley, concluyendo al respecto que el Tribunal de alzada puede aún cambiar la Resolución injusta del Tribunal de Sentencia impuesta en su contra.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se admita su recurso y se proceda conforme a ley.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 639/2015-RA de 26 de noviembre, cursante de fs. 335 a 337, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente por vía de flexibilización, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


El Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Sentencia de 11 de diciembre de 2009, declaró a Richard Cruz Herbas, autor de la comisión de los delitos de Violación de Niña, Niño o Adolescente y Lesiones Graves y Leves, previstos y sancionados por el art. 308 Bis., con la agravante del art. 310 incs. 4) y 7), ambos del CP, al existir concurso real el delito más grave subsume al delito menor, le impuso la pena de veinticinco años de presidio sin derecho a indulto, con costas, bajo las siguientes conclusiones: 1) La representante del Ministerio Público acusa a Richard Cruz Herbas, la comisión de los delitos de Violación Niño, Niña o Adolescente y Lesiones Graves y Leves, previstos por los arts. 308 Bis., con las agravantes del art. 310 incs. 2), 4) y 7); y, 271 del CP, arguyendo que el 27 de julio de 2008 a denuncia de Franz Edmundo Nina Plata, funcionarios policiales se constituyeron en la zona de Villa Granado percatándose que el menor AA de ocho años de edad, presentaba heridas en la pierna que estaba sangrando, siendo trasladado a pediatría del Hospital Germán Urquidi. El denunciante refirió que el domingo a horas 14:00 p.m., cuando se encontraba en su domicilio llegó su sobrino NN de seis años de edad, pidiéndole ayuda para conseguir dinero para su padrastro Richard, que si no lo hacia lo iba a golpear, motivo por el que fue al domicilio de su sobrino donde se percató que la casa se encontraba cerrada y que el menor había salido por la pared, en ese momento apareció su otro sobrino AA, quien sangraba de la pierna derecha y tenía reventado el labio, con moretes al ver que todo estaba asegurado le pidió que pasara la pared llevándolos a su cuarto donde constató que sus dos sobrinos se encontraban con moretes, al preguntarles quién les habría causado esas lesiones, señalarían que su padrastro Richard en estado de ebriedad les había agredido con palo de escoba y hebilla de cinturón. En el curso de las investigaciones la madre de los menores señaló, que además de agredirles físicamente, los menores habrían sido agredidos sexualmente, procediendo el ministerio público a recepcionar la declaración de los menores y recabando los certificados médicos forenses, estableció, que también fueron víctimas de agresión sexual; 2) Al valorar las testificales de cargo, así como las declaraciones de los menores coincidentes con las documentales judicializadas como MP1.1, MP1.2, MP1.3, MP1.4 y MP1.5, tiene certeza que los menores AA de ocho años de edad y NN de seis años de edad, el día 27 de julio de 2008 en horas de la mañana fueron agredidos físicamente por el imputado; 3) El 28 de julio de 2008 el médico forense efectuó valoración médica al menor AA, quien al examen físico presentó edema y herida contuso saturada a 4 centímetros (cm) de la cara anterior de la pierna derecha, excoriación de 0,5 cm con edema, equimosis en la oreja derecha y región retroauricular derecha, equimosis de 4 cm en la región clavicular del brazo derecho y edema del codo derecho, equimosis de 5 cm por 2 cm en la cara externa del brazo izquierdo, equimosis de 8 cm por 2 cm, otra de 4 cm por 2 cm, otra en la cara posterior del tórax, edema y equimosis de 3 cm en el antebrazo derecho, equimosis de 8 cm por 2 cm, otra de cm por 2 cm en la cara externa del muslo derecho, equimosis de 10 cm por 2 cm, otra de 8 cm por 2 cm en la cara externa del muslo izquierdo, señalando que las lesiones son producto de golpes violentos con objeto contuso, la equimosis dibuja la forma de un objeto largo y delgado que corresponde a un palo, concluyendo que las lesiones son compatibles con agresión física de etiológia contusiva siendo la incapacidad de veinte días, tal como se tiene de la valoración de la documental judicializada como MP1.4; a su vez, de la valoración médico legal al menor NN de 6 años de edad, en la misma fecha conforme señaló la médico forense tenía los labios reventados, excoriaciones en hélix de pabellón auricular izquierdo, al igual que hélix del pabellón auricular derecho, cigomática derecha, geniana derecha, rama derecha de maxilar superior, excoriaciones pectoral izquierdo, escapular izquierdo costroso, región lumbosacra por contusión, cicatriz antigua en escapula derecha, equimosis y excoriaciones en cadera izquierda, muslo derecho e izquierdo en las caras laterales externa, rodillas, región tibia anterior derecha e izquierda en 1/3 superior medio e inferior cara posterior en 1/3 inferior por contusiones, otorgándole treinta días de impedimento conforme se tiene de la valoración de la documental judicializada como MP.1.5; hechos que dieron certeza al Tribunal de que los menores han sufrido lesiones Graves y leves inferidas por el imputado; 4) En el transcurso de la investigaciones se estableció que los niños no solo habrían sufrido agresiones físicas; sino, que también habrían sido agredidos sexualmente por el imputado, el Tribunal tiene certeza que tuvo acceso carnal con los menores contra su voluntad, aspecto asumido de las declaraciones de los menores que son coherentes y tienen credibilidad conforme lo aseveró la psicóloga que el imputado mantenía una convivencia con la madre de los menores y aprovechando que la madre viajó a Chile los agredió sexualmente tal como se tiene de la valoración de la documental MP.1.15, consistente en la declaración anticipada de los menores y la madre que señaló que su padrastro les metía la cosa por donde hacen pis a la boca y a su potito, esto sucedía en las noches, los llevaba a su cama de forma indistinta, viendo como le hacía lo mismo a su hermano; y, su hermano cuando le hacía a él, tal como se tiene en las  documentales MP1.18, MP1.10, MP1.11, MP1.20, MP1.19 y MP1.17; y, 5) De la prueba testifical de descargo se tiene certeza que solo tiene el fin de favorecer al imputado y no desvirtúa la acusación, porque ninguno de los testigos podía saber lo que ocurrió en el cuarto que ocupaban los menores y el imputado, y de la prueba documental de descargo sólo establece que el imputado no tiene antecedentes penales y tiene dos hijos.

II.2. De la apelación restringida del imputado.


Notificado el imputado, interpone recurso de apelación restringida (fs. 217 a 221 vta.), señalando que la sentencia contiene defectos que se hallan establecidos en el art. 370 incs. 1), 2), 4), 5), 6) y 8) del CPP, asimismo, identifica los siguientes puntos: 1) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; puesto que, durante el desarrollo del juicio oral no se llegó a aprobar que su persona sea el autor del delito de Violación Niño, Niña o Adolescente, habiendo sido condenado a la pena máxima sin haber el Tribunal de juicio valorado la prueba de cargo que demuestre su posible autoría, ya que existió una mala e incompleta investigación y sin observar las reglas mínimas de la congruencia en aplicación de las normas legales y la jurisprudencia, el Tribunal de juicio aplicó erróneamente la ley sustantiva penal al considerar como delito de Violación el hecho de que su persona se encontraba a cargo de los niños, cuando no paraba todo el día en casa ya que tiene dos hijos y trabajaba para mantenerlos, situación por la que tiene la seguridad de que el tío denunciante Franz Edmundo Nina Plata a quien los niños le tenían miedo sería el autor, ya que en su ausencia ingresaba a su casa en horas de la tarde y se quedaba viendo películas pornográficas con los menores, que cuando llegaba del trabajo encontraba esas películas y ante la pregunta, los niños mencionaban que su tío lo trajo, aspectos que no fueron investigados, existiendo una errónea calificación de los hechos al establecer que su persona abusó sexualmente de los menores cuando no existe ningún elemento de prueba que manifieste que su persona cometió tal delito llegando el ministerio público a tal convicción a través de la declaración de los menores, que fueron instruidos por el tío y la madre. Agregó, que no se realizó una correcta valoración de la prueba ya que la Sentencia no haría mención del valor “probatorio de la prueba”, efectuando simplemente un listado de las pruebas de cargo, incumpliendo con el art. 124 del CPP; 2) La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas; por cuanto, se solicitó exclusión probatoria de la prueba de cargo MP1-3, consistente en informe circunstancial debido a que vulneró el “art. 280 debido a que se trata de un informe que forma parte del cuadernillo de investigación. Asimismo se tiene la prueba MP.1-11 referente al certificado médico Forense que no tiene Requerimiento Fiscal, siendo que el art. 45  de la LMP entre las atribuciones del Ministerio Público, incs. 1) y 2)” (sic); asimismo, las declaraciones de la psicóloga que manifiesta que el menor dijo que otra persona le habría abusado, la trabajadora social hizo su dictamen en base a las declaraciones de los menores que fueron a sacar fotocopias para concluir su pericia, no realizando un correcto dictamen pericial; por otro lado, los menores habrían referido que ellos cocinaban para comer, aseveración que falta a la verdad, no existiendo fundamentación que haga referencia a las pruebas en las que se fundaron para llegar a una Sentencia condenatoria con una pena de veinticinco años; 3) No existe la fundamentación o que sea insuficiente o contradictoria y que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que la Sentencia se realiza en base a declaraciones testificales que carecen de valor legal y se funda en pruebas ilegales condenándolo a la pena de veinticinco años por el delito de Violación sin que exista exámenes completos que evidencien el hecho incumpliendo el art. 124 del CPP, ya que en el caso se tiene una enunciación de la relación de documentos aportados como prueba por la parte acusadora donde se omite los motivos de hecho y derecho vulnerándose el art. 173 del CPP. Agregó, que la Sentencia no contiene descripciones o circunstancias, más al contrario posee imprecisiones basándose simplemente en una narración de los supuestos hechos sin fundamentación que dé lugar a la tipificación del supuesto delito, existiendo duda razonable ya que el dolo no se presume, sino debe ser probado, puesto que no se estableció qué hechos fueron probados y no probados, fundamentación que debe ser clara y concisa para llegar a la convicción de que su persona sea el autor del ilícito; y, 4) Inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia; toda vez, que la Jueza Técnica abandonó la sala de deliberación trasladándose a otra oficina, para luego de un tiempo retornar a la sala donde se deliberaba la Sentencia con los jueces ciudadanos siendo que ninguno de los Jueces puede abandonar la deliberación constituyéndose un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


II.3.Del Auto de Vista impugnado


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 23 de junio de 2015, declara improcedente el recurso de apelación restringida y confirma la Sentencia en todos sus extremos.


Los argumentos de esta Resolución serán extractados a tiempo de realizar el análisis del caso concreto, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN

AL DEBIDO PROCESO


Previamente corresponde destacar que, este Tribunal flexibilizando los requisitos exigidos por la norma procesal penal, admitió el presente recurso abriendo su competencia de manera extraordinaria a los fines de verificar la posible vulneración del “principio” del debido proceso, así como sus derechos a la defensa, seguridad jurídica e igualdad jurídica; toda vez, que el Auto de Vista recurrido no sería congruente en su redacción; simplemente, realizaría una redacción y copia del memorial de alzada, refiriéndose a su alegato de inobservancia del art. 124 del CPP, que no fue fundamentado correctamente y que no puede subsanar de oficio; sin embargo, procede a la revisión de la Sentencia para luego declarar la improcedencia de su apelación convalidando que se habría dictado una sentencia sin pronunciarse sobre todos los delitos que supuestamente cometió quebrantándose además, su derecho a la igualdad jurídica porque no hubiese sido tratado con igualdad de condiciones que la denunciante en la Resolución recurrida; en consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada; a cuyo efecto, resulta pertinente realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo, respecto a la temática que se denuncia, para luego ingresar al análisis del caso en concreto.


III.1.El derecho al debido proceso.


El debido proceso, es un derecho por el cual toda persona accede a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez o Tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado (CPE), en sus arts. 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) El derecho a la defensa; b) El derecho al juez natural; c) La garantía de presunción de inocencia; d) El derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; e) El derecho a un proceso público; f) El derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) El derecho a recurrir; g) El derecho a la legalidad de la prueba; h) El derecho a la igualdad procesal de las partes; i) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) El derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones; k) La garantía del non bis in ídem; l) El derecho a la valoración razonable de la prueba; ll) El derecho a la comunicación previa de la acusación; m) La concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) El derecho a la comunicación privada con su defensor; y, o) El derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


De ello se tiene que el derecho al debido proceso es una garantía que tiene toda persona frente a la arbitrariedad judicial que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos.


III.2. El derecho a la defensa.


El derecho de defensa, como parte integrante del debido proceso, ha sido y es uno de los pilares fundamentales en los cuales descansa la protección constitucional del imputado al asumir su defensa activa en el proceso penal, asegurando su participación en el mismo, a efectos de precautelar la correcta administración de justicia.


Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal. Asimismo, impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes e impedir que las limitaciones de alguna de ellas puedan desembocar en una situación de indefensión.


III.3. La seguridad jurídica.


Respecto a la seguridad jurídica, la SCP 0616/2014 de 25 de marzo, señaló: “La SC 0511/2011-R de 25 de abril, que respecto a la seguridad jurídica como principio expresó que cuando se alegue la vulneración de la misma como derecho, no es posible conceder la tutela, dado que está instituida en la Constitución Política del Estado, como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, al señalar:

La SC 0788/2010-R de 2 de agosto estableció que: ´Sobre la seguridad jurídica, invocada en su momento por la accionante, como «derecho fundamental», cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: «A la vida, la salud y la seguridad », a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del «derecho a la seguridad jurídica » como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: «la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo”.


III.4. Sobre el principio de congruencia.


Con relación al principio de congruencia, derivándolo de las garantías del debido proceso, la jurisprudencia constitucional determinó lo siguiente: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” (Sentencia Constitucional 0358/2010-R de 22 de junio).


III.5. Análisis del caso en concreto.


Denuncia el recurrente, que el Auto de Vista recurrido no sería congruente; por cuanto, realizaría una redacción y copia del memorial de alzada, refiriéndose a su alegato de inobservancia del art. 124 del CPP, que no fue fundamentado correctamente y que no puede subsanar de oficio; sin embargo, habría procedido a la revisión de la sentencia para posteriormente declarar la improcedencia de su apelación, acto que vulneraría sus derechos fundamentales; toda vez, que se hubiere dictado la Sentencia sin pronunciarse sobre todos los delitos que supuestamente cometió; asimismo, se quebrantó su derecho a la igualdad jurídica; por cuanto, en el Auto de Vista no habría sido tratado con igualdad de condiciones que la denunciante.


Ingresando al análisis del presente recurso, conforme lo extractado en el acápite II.3 de este Auto Supremo, se tiene que el recurrente, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 217 a 221 vta.), reclamando los siguientes agravios: 1) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; alegando, que en el desarrollo del juicio oral no se hubiere probado que su persona sea el autor del delito de Violación Niño, Niña o Adolescente, existiendo una mala e incompleta investigación. Además, que no se realizó una correcta valoración de la prueba, efectuando la sentencia un listado de las pruebas de cargo; 2) La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas; 3) No existiría  fundamentación en la Sentencia o que sea insuficiente o contradictoria y que se hubiere basado en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que se habría basado en declaraciones testificales; y, 4) Inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia; puesto que, la juez técnico habría abandonado la sala de deliberaciones constituyéndose un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Remitidos los antecedentes a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, desestimó el recurso de apelación interpuesto por el imputado bajo los siguientes argumentos: Que, respecto al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP; constató, que la Sentencia luego de la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, arribó a la conclusión de que el imputado subsumió su conducta a los delitos acusados; toda vez, que de la valoración de la prueba testifical, pericial y documental se estableció que los niños víctimas habrían sido agredidos física y sexualmente por el imputado, que se encontraba encargado de la custodia de los menores quienes lo consideraban su padre; igualmente evidenció, que los menores fueron sometidos a actos vejatorios y degradantes puesto que, el imputado habría mantenido acceso carnal con los mismos en forma reiterada, haciendo que ambos menores vieran en forma indistinta lo que hacía con cada uno de ellos; concluyendo, respecto a este punto, que en el razonamiento jurídico al que arribó el Tribunal de Sentencia, concurre los elementos constitutivos de los delitos acusados, quedando la culpabilidad del imputado demostrada al concurrir los tres elementos del delito como son la imputabilidad, la antijuricidad y la culpabilidad, no encontrando, que el Tribunal de Sentencia habría incurrido en el defecto denunciado. En cuanto, a la denuncia prevista por el art. 370 inc. 2) del CPP, concluyó, que no tiene mérito, ya que, observó que la Sentencia habría individualizado al imputado, estableciendo su participación en el hecho, razón por la que fue condenado, aclarando el Tribunal de alzada, que este punto, corresponde al contenido formal de la sentencia y no al contenido sustancial de la misma.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista, respecto a la alegación de que la sentencia se hubiese basado en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, ya que habría solicitado la exclusión probatoria de las signadas como MP1-3 y MP1-11, así como las declaraciones testificales presentadas por la psicóloga y la trabajadora social; señaló, que de la revisión del acta de juicio oral de fs. 199 a 200, constató que los Autos que resolvieron los incidentes de exclusión de las pruebas codificadas como MP1-3 y MP1-11, se encontraban debidamente motivadas, siendo expresas, claras y completas; además, que el apelante no hubiere señalado qué disposición legal sancionaría con nulidad el incumplimiento de las observaciones a las que hizo referencia, puesto que, el hecho de que el imputado alegue genéricamente la vulneración del art. 280 del CPP, en la obtención de la prueba MP1-3, no implicaría la ilicitud automática de dicha prueba; por cuanto, el art. 13 de la citada ley establece de manera clara que la prueba tendrá valor si fue obtenida por medios lícitos, concluyendo el Tribunal de apelación en este punto, que el apelante efectuó sus propias apreciaciones y conclusiones con relación a la declaración testifical prestada por la psicóloga y al dictamen pericial elaborado por la Trabajadora social; empero, no advirtió de qué forma en la obtención de las pruebas citadas y las codificadas como MP1-3 y MP1-11, habrían podido vulnerar derechos y garantías del imputado, ya que, si el imputado consideró, que si las referidas evidencias fueron incorporadas al proceso sin observar las formalidades previstas en la ley 1970 debió especificar por qué carecen de eficacia probatoria y qué disposición legal habría sido inobservada en la obtención de los referidos elementos de convicción, aspecto que no habría ocurrido, situación por la que declaró sin mérito este reclamo.


Que respecto a las denuncias referidas al art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, constató, que la Sentencia contendría la fundamentación fáctica y  probatoria descriptiva e intelectiva de la prueba, evidenciando, la valoración de forma individual y conjunta de la prueba testifical y documental aportada por la acusación fiscal, concibiéndose, que toda la prueba producida en audiencia de juicio fue valorada íntegramente, y que de ninguna manera constituirían falta de fundamentación. Por otra parte, señaló, que de ninguna manera se demostró acciones u omisiones que evidencien la defectuosa valoración probatoria, ya que el imputado, no señaló qué normas del correcto entendimiento fueron inaplicados o aplicados erróneamente, al contrario, advirtió, que la Sentencia se encuentra motivada, ya que, tampoco el imputado mencionaría qué reglas de la lógica, la experiencia común y la psicología habrían sido inobservadas por el Tribunal al momento de dictar Sentencia, para que de esa forma como Tribunal de alzada pueda ejercer el control sobre la logicidad de la Sentencia. Que en cuanto, a que la Sentencia estaría basada en declaraciones testificales que carecerían de valor legal, señaló, que la parte apelante no puede pretender que como Tribunal de alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en juicio; sino, que tenía que atacar la logicidad de la sentencia en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración a las reglas de la sana crítica, las que están constituidas por los principios de la lógica, la experiencia común y la psicología, advirtiendo, que la Sentencia cumple con lo determinado por el art. 124 del CPP, no estableciéndose que habría incurrido en los defectos denunciados.


Posteriormente, respecto al defecto del art. 370 inc. 8) del CPP; alegó, que el apelante no señalaría que parte de los considerandos se contradecirían con la parte dispositiva, en consecuencia no tendría mérito este punto. En cuanto, a que se habría inobservado las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, constató, que no resultaba evidente; toda vez, que de la revisión que hubiere efectuado al acta de juicio oral, advirtió, que una vez concluido y cerrado el debate, el Tribunal de juicio, pasó a la sala de deliberaciones, habiendo deliberado hasta las 12:30, del 8 de diciembre de 2009 (fs. 200 vta. y 202), concluida la deliberación y por lo avanzado de la hora, pasó a dictar la parte resolutiva de la Sentencia, señalando audiencia para la lectura íntegra de la sentencia para el 11 de diciembre de 2009 a horas 17:00, concluyendo el Tribunal de alzada, que no existe inobservancia a las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia, constando además, que existió acuerdo y unanimidad de votos de los miembros del Tribunal, que la fundamentación habría sido realizada en forma conjunta, conforme prevé la parte final del art. 359 del CPP, situación por la que desestimó este reclamo.


Finalmente, manifestó, que ante la denuncia de actividad procesal defectuosa, al haberse presumido su culpabilidad sin que se realice una correcta investigación, ni una correcta valoración de la prueba; observó que el apelante, no señaló de qué forma los hechos relatados constituirían actividad procesal defectuosa y que estén sancionados con nulidad; explicando, que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio, además que el apelante no habría mencionado expresamente qué derecho y garantía previsto en la CPE, convenciones, tratados internacionales y la ley 1970 se ha visto privado de ejercer en su condición de acusado, menos argumentaría cual es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugna, habiendo señalado de manera genérica la concurrencia de defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, concluyendo, que no advierte, que en los hechos relatados exista una actuación procesal defectuosa no susceptible de convalidación para que corresponda su revisión de oficio; entonces, ante la inexistencia de los defectos denunciados declaró la improcedencia del recurso.


Este conjunto de razones, permite constatar a este Tribunal Supremo de Justicia, que la denuncia interpuesta por el recurrente referido a que los fundamentos de la resolución recurrida serían incongruentes; no resulta evidente, por el contrario, se observa, que los argumentos del Auto de Vista recurrido, resultan congruentes y acordes a los reclamos efectuados por el recurrente ante la interposición de su recurso de apelación restringida, ya que, del contenido de la Resolución impugnada, no se observa que el Tribunal de alzada, habría realizado una redacción y copia del recurso de apelación como alega el recurrente; sino, por el contrario, se advierte, que desestimó los reclamos efectuados en el recurso de apelación; toda vez, que evidenció que la Sentencia de la valoración de la prueba testifical, pericial y documental llegó a la certeza de que los menores habrían sido agredidos física y sexualmente por el imputado, situación por la que subsumió su conducta a los delitos acusados. Ahora bien, ciertamente desestimó su reclamo referido al defecto de la sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; empero, el Tribunal de alzada explicó que la Sentencia contenía la fundamentación fáctica que motivó la acusación, que también contenía la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva de la prueba, que habría sido valorada de forma individual y conjunta cumpliendo con el art. 173 con relación al art. 359, ambos del CPP, llegando a la conclusión de que el imputado era autor de los delitos acusados, conclusiones que señaló el Tribunal de alzada, de ninguna manera podían constituirse falta de fundamentación; y, si bien en la parte final de la resolución recurrida señaló que no correspondía su revisión de oficio,  porque advirtió que los hechos expuestos por el recurrente no constituyeron actividad procesal defectuosa; argumentos, que evidencian que el Tribunal de alzada no incurrió en incongruencia como afirma el recurrente; sino, por el contrario, obró correctamente; por cuanto, respondió a los reclamos efectuados por el imputado de manera congruente, cumpliendo con el principio de congruencia que fue expuesto en el apartado III.4 de este Auto Supremo; ya que, existe la correspondencia entre lo peticionado en el recurso de apelación del recurrente y lo resuelto por el Auto de Vista, de donde resulta que no incurrió en vulneración a los derechos al debido proceso, a la defensa ni a la seguridad jurídica como alega el recurrente, que se encuentran desarrollados en el apartado III.1, III.2 y III.3, de esta Resolución.


Por otro lado, en cuanto a la denuncia de que la Sentencia no resolvió los aspectos y delitos que supuestamente cometió, lo que presumiblemente está ligado a la congruencia que debe existir entre la acusación y la Sentencia, se constata que, dicha denuncia no fue puesta a conocimiento del Tribunal de alzada; en consecuencia, no emitió pronunciamiento alguno susceptible de revisión por este Tribunal, que tiene restringida su competencia a aspectos estrictamente relacionados  a los motivos de apelación restringida resueltos por el inferior. En el caso concreto, al no haber sido un punto expreso de impugnación en alzada, no existió pronunciamiento en el Auto de Vista; entonces, este Tribunal no puede soslayar etapas y resolver una cuestión sobre la que el recurrente tenía la cargo procesal de impugnar en el momento procesal oportuno, al no haberlo hecho él mismo se puso en estado de indefensión, omisión que no puede ser suplida de oficio, por lo que su denuncia carece de mérito.


Finalmente, denuncia el recurrente que en el Auto de Vista no fue tratado con igualdad de condiciones que la denunciante, como en la producción de la prueba en la etapa preparatoria, respecto a las entrevistas de los menores en dependencias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en las que no estuvo presente su persona ni tampoco su abogado defensor, quebrantándose su derecho a la igualdad jurídica. Al respecto, el recurrente no refiere la forma en la que no habría sido tratado en igualdad de condiciones en la Resolución recurrida; y, si bien se refiere a la producción de la prueba en la etapa preparatoria, de la revisión del recurso de apelación restringida, se advierte que el referido cuestionamiento no fue puesto a conocimiento del Tribunal de alzada; entonces, resultaría ilógico, exigirle un pronunciamiento, sobre una temática que no tuvo oportunidad de conocer, aspecto que evidencia, que de ninguna manera se quebrantó el derecho a la igualdad jurídica del imputado; por cuanto, ejerciendo su derecho a la impugnación, interpuso recurso de apelación restringida, la que mereció pronunciamiento por el Tribunal de alzada, en la medida de los puntos expresamente apelados por el impugnante.


Por los fundamentos expuestos, en atención a que no se advierte vulneración al principio de congruencia en los razonamientos expuestos en el Auto de Vista recurrido, ni mucho menos vulneración de derechos o garantías constitucionales, corresponde declarar sin mérito las denuncias expuestas en el presente recurso de casación, deviniendo en consecuencia en infundado. 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Richard Cruz Herbas.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA