TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 149/2016-RA

Sucre, 03 de marzo de 2016


Expediente                : Tarija 59/2015        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Ana María Basilia Ríos Videz

Delito                : Peculado y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 06 de julio de 2015, cursante de fs. 1202 a 1205 vta., Ana María Basilia Ríos Videz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 27/2015 de 19 de junio, de fs. 1197 a 1200, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Gerardo Oroza Aparicio, Cristhian Marcelo Romero Fernández, Julio Vaca Guzmán del Carpio y la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 142, 146, 154, 198, 203 y 224, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 16/2013 de 23 de diciembre (fs. 1078 vta. a 1086 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, falló declarando a Luis Gerardo Oroza, Cristhian Marcelo Romero Fernández y Julio Vaca Guzmán del Carpio, absueltos de culpa y pena por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, tipificados por los arts. 146, 154, 198, 203, 142 y 224 del CP; asimismo, declaró a Ana María Ríos Videz, autora del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, condenándole con la privación de libertad de siete (7) meses, con costas y reparación del daño civil.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Ana María Basilia Ríos Videz, formuló recurso de apelación restringida (fs. 1143 a 1150), resuelto por Auto de Vista 27/2015 de 19 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


c) El 30 de junio de 2015 (fs. 1201), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 06 de julio del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


La recurrente sostiene que los miembros del Tribunal de apelación, procedieron, de manera simplista, superficial y desinteresada, a desmerecer cada uno de los agravios expuestos en apelación restringida, incurriendo en una carencia fundamentativa que vicia de nulidad el Auto de Vista recurrido, violentando sus derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva y a un recurso efectivo, debido a que, con relación a:


1) El defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, concerniente a la errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de Sentencia le condenó por el delito de Incumplimiento de deberes cuando no concurrieron los elementos integradores del referido tipo penal, que exige para su configuración que el funcionario público, ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función y no así de deberes genéricos, dando a entender que el deber propio radicaría en el hecho que era responsable del proceso de contratación por cotización, extremo inferido de la declaración del testigo Javier Nahir Arellano y no así de una norma, como exige el tipo penal, aspecto que no fue debidamente analizado por el tribunal de alzada, que en franca muestra de desinterés y desdén por su derechos a recurrir, indicó que la acusada es la responsable del proceso de contratación al estar así establecido de manera clara en los deberes del Reglamento Interno de Personal, extremo que (la recurrente) tilda de falso, por cuanto la Sentencia consideró que era un deber propio de Secretaría Técnica llevar adelante los proceso de contratación; igualmente, existe una carencia analítica y de fundamentación en lo relativo a la inobservancia de la norma que regulaba el proceso de contratación en cuestión, constitutiva del Decreto Supremo (DS) 29190, que de forma expresa establece que el responsable de un proceso de contratación, en la modalidad de cotización desde que inicia hasta que concluye  con la recepción de material, es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), norma que los Vocales de alzada desmerecieron, al indicar que un reglamento de personal establece quien es el funcionario responsable de dichos procesos. Asimismo,  en la sentencia no se indicó cuál de las tres modalidades de comisión se adecuó su conducta, es decir, si fue condenada por omitir, rehusar hacer o finalmente retardar ilegalmente, extremo sobre el cual el tribunal de alzada no se pronunció;


2) El defecto contenido en el art. 370 inc. 2) del CPP, relativo a un medio probatorio incorporado ilegalmente al juico, por cuanto el Tribunal inferior basó la Sentencia en la prueba signada como MP-22, cuya exclusión probatoria fue solicitada en juicio, el Tribunal de alzada expuso un argumento evasivo, por cuanto no existe un pronunciamiento concreto a la denuncia del desconocimiento de la forma de obtención y la deficiente claridad de la fotocopia simple que genera una duda por demás razonable acerca del origen de un documento presuntamente oficial, habiéndose limitado los de apelación a ensalzar la prueba catalogándola de útil y salvando toda observación en el hecho que los acusados conocíamos la prueba, omitiendo fundamentar en base a qué elemento objetivo afirmaron ese extremo;


3) El defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a que la condena se fundó en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, por cuanto asumió como hecho probado que el trámite respectivo al proceso de contratación por cotización para la adquisición de equipos, incluido el cuadro de cotizaciones, estuvo a su cargo y que por lo mismo todas las acciones de recepción, verificación y pago quedaron bajo su entera responsabilidad, sin embargo, este hecho no fue acreditado en juicio oral por ningún medio de prueba lícitamente obtenido, limitándose el Tribunal a la declaración del testigo Javier Nahir Arellano, que de forma genérica, arguyó que en las Brigadas Parlamentarias Departamentales (excepto en la ciudad de la Paz), el Presidente de la Brigada solicitó a los Secretarios Técnicos que realicen la compra, pero que respecto al proceso de contratación de computadoras realizado en la ciudad de Tarija en diciembre de 2007, no recordaba si el mismo estuvo a su cargo, sumado a que en la fundamentación de la Sentencia, la transcripción del art. 51 del DS 29190, establece que la contratación por cotización recae bajo la responsabilidad del  MAE y que no se demostró que ésta hubiera delegado ese acto propio de su función, aspectos que fueron desestimados por el Tribunal de alzada, argumentando que el Tribunal a quo consideró la prueba MP 22 y el Reglamento interno de personal y que obró en apego a la lógica, la experiencia y la psicología, sin embargo no dio una respuesta coherente al agravio denunciado; es decir, no cumplió con revisar si era evidente que existía prueba que demuestre que ella era la responsable de un proceso de contratación, considerando además que, el Reglamento interno de personal de la Brigada parlamentaria, no refería en ninguna parte que esa función correspondía a su cargo, menos dieron respuesta a la incorrecta valoración que realizó el Tribunal de mérito sobre la declaración del testigo Javier Arellano, por lo que asevera que la referida carencia argumentativa y deficiente fundamentación, constituye negación de su derecho a un recurso efectivo, limitándose el Tribunal de apelación a reiterar los mismos argumentos erráticos que denunció como agraviantes, configurándose en incongruencia omisiva al evadir ingresar al fondo de los agravios denunciados, así como una falta de fundamentación del fallo judicial, quebrantando el debido proceso.


Al respecto cita el Auto Supremo 360/2012 de 28 de noviembre, transcribiendo su contenido, afirmando nuevamente que el Auto de Vista incurre en incongruencia omisiva al no resolver las cuestiones denunciadas, lo que significa defeco absoluto, conforme establece el art. 169 inc. 3) del CPP y ausencia de debida fundamentación, conforma prevé el art. 124 del Código citado. Asimismo, cita los autos Supremos 242 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, expresando que establecen determinados parámetros o exigencias mínimas que deben contener la fundamentación y motivación de un fallo, debiendo ser expresos, claros, completos, legítimos y lógicos.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la redacción del recurso de casación, se constata que la recurrente de manera indistinta y paralela denuncia que el Auto de Vista recurrido, denota una carencia en la fundamentación, omisión de pronunciamiento, fundamentación incoherente y reiterativa de los argumentos denunciados como agraviantes y ausencia de análisis, sobre los tres motivos de apelación restringida, referidos a la concurrencia de los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 2) y 6) del CPP, confundiendo las denuncias de falta de fundamentación, que constituye un pronunciamiento que no cumple con los parámetros esenciales que han sido definidos por la doctrina legal: respuesta expresa, clara, completa, legítima y lógica, con la omisión de pronunciamiento, fallo corto, o si se quiere, el defecto por incongruencia omisiva, que se configura en los supuestos en los ante la denuncia de agravios ante el Tribunal de alzada, éste no se pronuncia, no explica positiva ni negativamente su posición respecto a los cuestionamientos apelados; es decir, hay una ausencia de pronunciamiento a uno o a varios de los extremos denunciados en la apelación restringida (Auto Supremo 394/2014-RRC de 18 de agosto), por cuanto a manera de preámbulo, estableció que con relación a los motivos apelados, el Auto de Vista incurrió en una “carencia fundamentativa”, no obstante en el desarrollo de los mismos alude a una “omisión de pronunciamiento” o a que el Tribunal de alzada se limitó a efectuar un análisis restringido de las denuncias, o a emitir argumentación incoherentes y alejadas de la verdad, haciendo alusión a una “falta de fundamentación”, para finalmente concluir, nuevamente, respecto a los tres motivos de casación, que el Auto de Vista denota “incongruencia omisiva”.


La referida falta de claridad y contradicción en los fundamentos del recurso de casación, no puede ser suplida de oficio por este máximo Tribunal de justicia, por cuanto, conforme quedó establecido en el apartado III del presente Auto Supremo, el recurrente de casación tiene la carga procesal de fundamentar de manera clara y precisa cuál la contradicción del Auto de Vista recurrida con los precedentes invocados, a partir de una explicación sobre los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, los preceptos que deberían aplicarse y la solución pretendida, deber que omitió cumplir la recurrente.


Por otro lado, si bien denuncia lesión de sus derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a un recurso efectivo, constitutivos de defecto absolutos, conforme establece el art. 169 inc. 3) del CPP, la falta de claridad en la denuncia, igualmente impide la admisión excepcional del motivo analizado, por lo que en definitiva deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE del recurso de casación interpuesto por Ana María Basilia Videz, de fs. 1202 a 1205 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA