TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 142/2016-RA

Sucre, 22 de febrero de 2016


Expediente                Tarija 5/2016

Parte Acusadora        Ministerio Público

Parte Imputada        Ernesto Benjamín Murguía Yarvi

Delitos                Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2015, cursante de fs. 463 a 473, Ernesto Benjamín Murguía Yarvi interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 71/2015 de 27 de octubre, de fs. 420 a 423 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el delito de Asesinato, tipificado y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 7/2015 de 9 de febrero (fs. 384 a 394), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Ernesto Benjamín Murguía Yarvi, autor y culpable del delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de reclusión sin derecho a indulto.


b) Planteado el recurso de apelación restringida (fs. 400 a 405), por Ernesto Benjamín Murguía Yarvi, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció el Auto de Vista 71/2015 de 27 de octubre (fs. 420 a 423 vta.), declarando sin lugar el recurso de apelación restringida y en consecuencia confirmó en su integridad la Sentencia impugnada.


c) Contra el mencionado Auto de Vista, el imputado, interpuso el recurso de casación (fs. 463 a 473), que ahora es objeto de análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la atenta revisión del recurso de casación, se extrae lo siguiente:


El recurrente acusa violación al debido proceso, defectos de sentencia y defectos absolutos insubsanables, que hacen admisible el recurso de casación aún cuando el recurrente no hubiera señalado en apelación restringida los precedentes contradictorios, argumentando que en el recurso de apelación ha fundamentado que tanto la identificación de personas “MP19” y el muestrario fotográfico “MP12” han sido judicializados en franca contradicción a los precedentes y al procedimiento penal, imponiéndole una pena de treinta años de reclusión sin derecho a indulto por la inaplicabilidad de un derecho universal que tiene toda persona a la cual se le atribuye la comisión de un hecho antijurídico, como es la presunción de inocencia sobre el principio in dubio pro reo, condenándole sin fundamento alguno en base a prueba que ha sido obtenida violentando el derecho a la defensa y al principio de objetividad que debió ser aplicado en la obtención de los elementos de prueba judicializados, circunstancia que ha sido planteada como agravio y que no ha existido pronunciamiento legal y lógico por el Tribunal de apelación, no obstante haber señalado que fue sometido a un acto de investigación dirigido y en contraposición al art. 219 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece cuáles son los parámetros bajo los cuales una persona debe ser sometida a este tipo de actos, y que en su momento fue denunciado como defecto de procedimiento, es más, de manera arbitraria e irregular, en el acto participó un fiscal con características totalmente diferente y que difícilmente el menor testigo podría identificar a otro, más aun si el indicado menor señaló de manera clara y precisa que la persona que disparó a la víctima era gordita, con granos en la cara y con lunar. Agrega que, como otro agravio fundamentó la falta de criterio interpretativo del art. 307 del CPP y la no aplicación al principio de igualdad como elemento del debido proceso, en atención a que el acto de audiencia de prueba anticipada MP28, evidencia que no existe su participación como parte activa del proceso y la formulación de contrainterrogatorio al menor testigo XXX, vulnerándose de esta manera el derecho a la defensa, principio de igualdad y en consecuencia el debido proceso, señalando además que de manera parcializada la Sala Penal Segunda confirmó la sentencia transcribiendo sólo parte de la declaración del menor testigo, quien también refirió cuantas personas participaron, con que ropa entraron y la descripción física y somática de la persona y autor del delito de Asesinato; parte de la declaración sobre la que no existe pronunciamiento alguno.


Afirma que no existe elemento material idóneo que pueda probar y generar convicción sobre su participación en el hecho indilgado, tomando en cuenta que el hecho antijurídico se ha utilizado arma de fuego; empero, no se realizó pericia científica alguna; sin embargo, el Tribunal de alzada da por bien hecho los infundados fundamentos de la Sentencia y habla de uniformidad en todos los medios de prueba, cuando el único elemento que ha generado una supuesta convicción y certeza en los miembros del tribunal ha sido la declaración del menor testigo; y que si bien es cierto que los jueces y tribunales a momento de resolver deben aplicar la sana crítica en base a la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas, no es menos evidente que el art. 204 del CPP, señala que se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica, medios que no fueron producidos por la parte acusadora, pretendiendo trasladar la carga de la prueba al acusado con el fin de que demuestre su inocencia. Sobre este mismo punto aduce que el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista impugnado en su considerando II.2.1, refiere y justifica las arbitrariedades denunciadas, arguyendo que la libertad probatoria impone la admisión de todos los elementos de prueba, circunstancia aberrante puesto que la libertad probatoria está limitada por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales contenida en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), invoca los Autos Supremos 89/2013 de 28 de marzo de 2013; 193/2013 de 11 de julio; 266/2014 de 24 junio; 438/2005 de 15 de octubre.


Acusa que en el recurso de apelación restringida incoado se ha expuesto de manera fundamentada que el Tribunal de Sentencia no ha ponderado y aplicado el art. 335 del CPP, en cuanto a la existencia de un testigo clave en la investigación, pues según el Ministerio Público fueron cuatro las personas que participaron en el delito de asesinato; sin embargo, mediante Resolución sin fundamento alguno negó la suspensión del juicio, a efectos de que se pueda convocar a un testigo extraordinario que sabía y sabe sobre los verdaderos responsables de la muerte de la víctima, el Tribunal de Sentencia debió suspender el juicio instalado y convocar al testigo Antonio Villagómez y no lo hizo, actuar ilegal del Tribunal de Sentencia validado por el Tribunal de alzada; invoca los Autos Supremos 294/2014 de 8 de julio; 92/2013 de 28 de marzo; 294/2014 de 8 de julio.


Añade que la Sentencia se ha basado en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, soslayado de manera indebida por el Tribunal de apelación, habiendo violentado derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y principio de inmediación, como defectos absolutos, como el señalar que los testigos de descargo son insuficientes y que ninguna de estas declaraciones condicen entre ellas en cuanto a la hora y características de la motocicleta que se encontraba manejando el día de los hechos; sin embargo, contradictoriamente le asigna un valor no en su verdadera dimensión como le dan a la declaración del menor testigo de cargo, cuando refiere en la parte Hechos No Probados.- SIN DEJAR DE SOSLAYAR LA DEPOSICIÓN DE LA MENOR DE LA MENOR KATH ABRIL MURGUIA ALGO CREIBLE…, CUANDO LA MISMA SEÑALA QUE EN FECHA 16 DE JUNIO DE 2013, ESTABAMOS PROBANDO LA MOTO DE MI TIA, LA MOTO DE COLOR GUINDA, ESE DIA HACIA CALOR, ESTUVIMOS HASTA CASI LAS 7 DE LA NOCHE, LUEGOS NOS ENTRAMOS TOMAMOS TE Y TODOS SE FUERON A DORMIR (sic). Pero a esta circunstancia, le asignan otros tiempos y momentos que no han sido manifestados por la testigo de descargo, aspecto que tampoco ha merecido pronunciamiento por parte del Tribunal de apelación, no obstante en base a un testigo se le ha condenado, sin tomar en cuenta que el testigo presencial de cargo ha referido las verdaderas características del autor del delito, que sumado a la no convocatoria del testigo Antonio Villagómez y la declaración de la testigo de descargo, existe duda sobre su participación en el hecho indilgado; sin embargo, el Tribunal de alzada señala no tener facultad para revalorizar la prueba dejando de esta forma que los tribunales de instancia violenten derechos constitucionales sin emitir pronunciamiento de acuerdo a derecho, agravios que están debidamente identificados en el recurso de apelación restringida y que no han sido tomados en cuenta por el Tribunal de alzada, por lo que y se hace necesario su análisis; invoca el Auto Supremo 171/2012 de 24 de julio; 386/2012 de 21 de diciembre; 27/2013 de febrero y en el apartado VI del recurso de casación, cita como precedentes Sentencias Constitucionales, Autos de Vista y Autos Supremos.


Concluye solicitando se deje sin efecto del Auto de Vista impugnado.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


A lo señalado, se añade un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, y consiste en la denuncia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar que se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente debe formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Sobre el plazo de interposición del recurso de casación planteado, se evidencia que Ernesto Benjamín Murguía Yarvi, fue notificado con la Resolución impugnada el 30 de octubre de 2015 y presentó su recurso de casación el 9 de noviembre del mismo año, dándose por cumplido el primer requisito referido al plazo de cinco días para la presentación del recurso de casación, previsto por el párrafo primero del art. 417 del CPP.


El recurrente, al acusar la vulneración del principio de presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, por haberse valorado la prueba al margen de toda legalidad y razonabilidad, argumentando que no se hubiese aportado elemento material idóneo que pueda probar y generar convicción sobre su participación en el hecho antijurídico, así como haberse afectado el principio in dubio pro reo, condenándolo a pena de reclusión en base a meras suposiciones, con prueba que fue obtenida violentado el derecho a la defensa y al principio de objetividad, y sin fundamentar cuáles son los elementos de convicción que sustentan dicha decisión, así como haber acusado la vulneración al principio de igualdad e inmediación, ha denunciado la existencia de infracciones a los derechos y garantías fundamentales que constituirían defectos absolutos no susceptibles de convalidación; y si bien invoca numerosos Autos Supremos; sin embargo, en ninguno de los casos, explica en términos calaros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y dichos precedentes, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida como exige los arts. 416 y 417 del CPP y el acápite III inc. ii) de la presente Resolución; además, no es permisible la transcripción de los mismos o la simple cita como así lo hizo en todo el recurso de casación, sin explicar como se dijo- cuál la posible contradicción. Por otra parte a lo largo del recurso de casación, de manera imprecisa, ataca directamente a los argumentos de la Sentencia, sin considerar que el recurso de casación fue diseñado para realizar el control de legalidad respecto al Auto de Vista y no así a la Sentencia, mesclando inclusive argumentos de manera confusa de la Sentencia y al Auto de Vista a la vez.


Respecto a las Sentencias Constitucionales, estos no pueden ser considerados como precedentes validos conforme a la exigencia del legislador y a la propia doctrina legal establecida por este Tribunal al respecto; asimismo, independientemente de que sólo cita Autos de Vista sin explicar cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado vía casación, el recurrente no acredito que dichas resoluciones se encuentren ejecutoriadas conforme exige la jurisprudencia de este Tribunal (Auto Supremo 211 de 4 de abril de 2004, entre otros).


Por otra parte, el recurrente ha denunciado distintos derechos y principios constitucionales, y si bien ha identificado el hecho generador, pero no explicando de manera clara y precisa, cuál la disminución de cada derecho y principio considerando que cada uno de ellos, tiene un alcance jurídico distinto, por eso mismo debió argumentar la restricción de cada uno de ellos con cada hecho denunciado; además, no especifico el resultado dañoso y la relevancia de cada una de las presuntas omisiones; por lo que se evidencia que el recurrente no ha cumplido con los requisitos de flexibilización diseñados por este Tribunal y ratificados por la jurisdicción constitucional; lo que impide a este Tribunal pronunciarse en el marco de la objetividad y certeza, impidiendo materialmente ingresar al fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ernesto Benjamín Murguía Yarvi, cursante de fs. 463 a 473.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA