TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 139/2016-RA

Sucre, 22 de febrero de 2016


Expediente                : Tarija 3/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público 

Parte Imputada        : Roque Campero Flores 

Delito                : Violación Agravada


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2015, cursante de fs. 267 a 281 vta., Roque Campero Flores, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 66/2015 de 15 de octubre de 2015 de fs. 235 a 238 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), con la modificación dispuesta por la Ley 348.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 30/2015 de 30 de junio de 2015 (fs. 187 a 190), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Tarija, declaró al imputado Roque Campero Flores,  autor de la comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiéndole la pena de quince años de presidio,  con costas a favor del Estado y pago del resarcimiento civil. 


b) Contra la mencionada Sentencia el imputado (fs. 211 a 229 vta.), interpuso recurso de casación, resuelto con el Auto de Vista 66/2015 de 15 de octubre de 2015, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado y confirmó en su integridad la Sentencia.


c) Por diligencia de 26 de octubre de 2015 (fs. 239), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y,  el 3 de noviembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Que no existe claridad en la fundamentación del Tribunal de Apelación inobservando el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, no se entiende cuál fue la motivación de la resolución impugnada porque en el  segundo considerando, se circunscribió exclusivamente a realizar una simple relación y mención y/o transcripción de lo expuesto “en la sentencia en el recurso de apelación restringida” (sic). En el Considerando I, estableció los supuestos agravios invocados y en el tercero, simplemente y de forma infundada, manifestó que el A quo expuso las razones que otorgan credibilidad a los testimonios de cargo por la inexistencia de motivos que indujeran a pensar que podría mentir, reiterando lo que se dijo en la Sentencia. Agregó que supone que esa fundamentación es la que corresponde a su agravio tercero en cuanto a la primera vertiente relativa a que la Sentencia se base en hechos inexistentes y/o no acreditados; sin embargo, cómo es posible entender dicha fundamentación sin que tenga un soporte legal específico.


2)  Agregó que en el punto II.5, los Vocales en relación a la defectuosa valoración de la prueba, refirieron que respaldan su decisorio en la declaración de la víctima, la cual fue prestada como anticipo de prueba y asumen la inexistencia de motivo para suponer que no podía mentir sustentando así su condena y no consideraron que la víctima cambió su versión, demostrándose que el Tribunal no aplicó correctamente las reglas de la sana crítica ni tampoco el principio in dubio pro reo, porque a pesar de que no existe prueba que demuestre su culpabilidad, fue condenado con la prueba MP 4, consistente en la declaración anticipada de la víctima, denotándose que un agente externo, como es la madre de esta, indujo y presionó para inculparlo y atribuirle la paternidad del niño recién nacido, cuando la propia víctima indicó que el 3 de marzo se encontraba con su menstruación, mintiendo para deslindar la responsabilidad del verdadero violador que responde al nombre de Martín Copa Vilte, quien se declaró culpable en proceso abreviado, quedando dudas y no razones de convicción.


Citó también, los Autos Supremos 512 de 11 de octubre de 2007, 562 de 1 de octubre de 2004, 5 de 26 de enero de 2007, 342 de 28 de agosto de 2006, 218 de 28 de junio de 2006 y 236 de 7 de marzo de 2007 (relativo a la seguridad que deben brindar los tribunales).


Ofreciendo como prueba el Auto de Vista recurrido, acusó también la vulneración del principio de la sana crítica y de los Autos Supremos 151 de 15 de febrero de 2007, 518 de 20 de septiembre de 2004 y 233 de 28 de marzo de 2007.


3)  Finalmente, bajo el denominativo de “El Tribunal de Apelación está prohibido de revalorizar prueba” citó los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, 57 de 27 de enero de 2006, 228 de 4 de julio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006, 151 de 2 de febrero de 2007 y 412 de 10 de octubre de 2006, señaló que la vulneración a la igualdad jurídica es directa por cuanto la valoración de la prueba por el Tribunal de Alzada, no consideró el equilibrio de las partes en la producción de la prueba.


Concluyó su argumentación, citando los siguientes Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005, 160 de 2 de febrero de 2007, 639 de 20 de octubre de 2004, 384 de 26 de septiembre de 2005, 373 de 6 de septiembre de 2006, 242 de 6 de julio de 2006 y 183 de 6 de febrero de 2007; y, solicitó se admita el recurso planteado dejándose sin efecto el Auto de Vista recurrido.

 

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE),  garantiza el  principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En ese contexto el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación tiene como finalidad la impugnación de autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de esos tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.


Debe tenerse presente que en el actual régimen recursivo establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia unifique la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga certeza y seguridad respecto a la efectiva e igualitaria aplicación de la norma procesal, labor que se reconocida en el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Para la admisibilidad del recurso de casación, deben observarse ineludiblemente los siguientes requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida. Esta fundamentación se constituye en una carga procesal del recurrente y por tanto, su cumplimiento es ineludible.


iii) Como única prueba admisible, debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio que debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; b) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: a) especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; b) de qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que, el recurso de casación fue presentado en el plazo de cinco días ante la Sala que emitió la Resolución impugnada; por cuanto, el recurrente fue notificado el 26 de octubre de 2015 (fs. 239) y presentó su recurso de casación el 3 de noviembre del mismo año, cumpliendo de esta manera con la exigencia de plazo señalada en el art. 417 del CPP.


En el recurso de casación el recurrente acusa la falta de claridad en el Auto de Vista impugnado y aunque citó los precedentes legales que establecen el deber de motivación de las resoluciones judiciales, no cumplió con la carga procesal de precisar qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; tampoco identificó punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación y tampoco explicó la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado.


Respecto al segundo motivo, relativo a la defectuosa valoración de la prueba, que una vez más el recurrente sustenta, en haberse respaldado el decisorio en la declaración de la víctima incurriendo en vulneración de la sana crítica y del  principio in dubio pro reo, se concluye igualmente, que en la exposición efectuada por el recurrente, no existe una fundamentación del agravio sufrido en términos de exponer con claridad por qué dicha prueba fue valorada defectuosamente; qué elementos hubieren sido distintos y favorables a sus pretensiones o de qué manera existe duda respecto a su autoría o participación en el delito, de modo que la ausencia de carga argumentativa deviene en su inadmisibilidad.


El recurrente acusó también al Tribunal de apelación, por haber revalorizado prueba; sin embargo, no señaló de qué manera, limitándose a citar doctrina legal que considera aplicable, pero sin fundamentar cómo fue inaplicada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por  Roque Campero Flores, cursante de fs. 267 a 281 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA