TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 117/2016-RRC

Sucre, 17 de febrero de 2016


Expediente        : Santa Cruz 46/2014

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        :        Oliver Almanza Jove

Delito                : Homicidio

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2014, cursante de fs. 308 a 310 vta., Oliver Almanza Jove, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 19/2014 de 18 de marzo, de fs. 276 a 279, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rony Ely Robles Rossel contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia de 26 de agosto de 2013 (fs. 226 a 229), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas-Liquidador, declaró a Oliver Almanza Jove, autor de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado en el art. 251 del CP, con relación al art. 20 de la misma disposición legal, imponiéndole la pena de quince años de presidio, con costas procesales a ser calificadas en ejecución de Sentencia.

a) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 237 a 241), resuelto por el Auto de Vista 19/2014 de 18 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 681/2015-RA de 27 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y  17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente alega que el Tribunal de alzada, no efectuó una correcta valoración de los parámetros legales de la determinación de la pena, establecidos en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, limitándose su fundamentación en una frase “que la SENTENCIA FUE CORRECTA”. Añade que el Tribunal de alzada reconoció los lineamientos doctrinales del Auto Supremo 109/2010 de 29 de abril, invocado en apelación restringida; pero, que al momento de examinar las atenuantes no consideraron objetivamente su edad, educación, costumbres, conducta, inexistencia de antecedentes penales, móviles y situación económica social, señalando el Ad quem que todas esas circunstancias fueron debidamente valoradas y sopesadas por el A quo; asimismo, menciona que el Auto de Vista refirió aspectos ajenos al contenido del recurso, además, de emitir un criterio lesivo a la presunción de inocencia (art. 6 del CPP) al señalar: “LOS MOVILES QUE LO IMPULSARON A DELINQUIR, estableciéndose que los mismos eran fútiles y bajo, con alevosía y ensañamiento…” (sic), elementos propios del tipo penal de Asesinato que no fue objeto de acusación; empero, el Tribunal de apelación insertó de oficio tal agravante, contradiciendo los Autos Supremos invocados en dos presupuestos: a) Respecto a una inadecuada fundamentación sobre las agravantes que dieron lugar a la fijación de la pena; y, b) Que, no se motivaron racionalmente los factores de atenuación reclamados en la apelación, indebida motivación y carencia del debido proceso que vulneran los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). Concluye su recurso señalando que, en juicio oral pidió perdón a los familiares y, en apelación, no pretendió favorecerse con otros tipos penales como Homicidio por Emoción Violenta, en Riña o a consecuencia de Agresión o Legítima Defensa, sólo solicitó que el tiempo de reclusión se enmarque en la realidad de los hechos y en observancia de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente pide se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, determinando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 681/2015-RA, cursante de fs. 351 a 353, este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado, para su análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


En la Sentencia de 26 de agosto de 2013, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas-Liquidador, declaró a Oliver Almanza Jove, autor de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado en el art. 251 del CP, con relación al art. 20 de la misma disposición legal, determinando la pena en consideración a la personalidad y antecedentes del autor, apartado en el que consignó: 1) El lugar y fecha de nacimiento de Oliver Almanza Jove, su edad, el número de su cédula de identidad, el nombre de su progenitores, nacionalidad, su estado civil, y ocupación, la inexistencia de hijos y su domicilio; 2) Sobre la gravedad del hecho, precisó que: “El haber causado la muerte de la víctima en forma violenta, sin tener la más mínima piedad de su semejante con un cuchillo de considerable envergadura, causando una lesión de magnitud que rápidamente desangro a la víctima, sin que esta haya tenido la más mínima oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones ya que se la agredió cuando estaba distraída y retenida por su amigo Omar Rodríguez, causando pesar y dolor en su familia, por lo que este hecho viene a constituirse en algo grave que afecta al más alto bien jurídico protegido por el Estado y la Sociedad, que es la vida. Al margen de haberse podido establecer que Oliver era una persona que pertenecía a una familia clase media que le proporcionaba lo suficiente en vestido, alimentación, educación y vivienda, lo que más bien debiera predisponerlo al estudio y al trabajo y no al ocio con el consumo de bebidas alcohólicas y drogas” (sic); y, 3) En cuanto a las consecuencias, fundamentó que el hecho producido afectó profundamente a la familia Robles Rossell, debido a que la pérdida de un ser querido deja un gran vacío en el seno familiar, alterando la paz social en la ciudadanía, por la forma cruel en que fue victimado Yiyi Robles Rossell, quien ayudaba a sus padres y hermana mayor, madre soltera. Por lo expuesto concluyó que, al haberse afectado la paz social, la seguridad pública, a la familia de la víctima, a sus amigos y compañeros de trabajo, por la gravedad del hecho y considerando la concurrencia de las atenuantes relativas a que constituye el primer hecho delictivo del procesado y que es una persona joven, determinó la pena de quince años de presidio, con costas procesales a ser calificadas en ejecución de Sentencia.


II.2. De la apelación restringida del acusado.


El imputado planteó recurso de apelación restringida contra dicha Sentencia, en el que argumentó:


i) El Tribunal de Sentencia erróneamente determinó la pena de quince años de presidio, por cuanto conforme consta en antecedentes, al momento de suceder el hecho tenía 18 años cumplidos, lo que constituye una atenuante legal, por ser una persona joven y de acuerdo a la declaración del testigo presencial Omar Rodríguez Chávez, él y la víctima se dirigían a comprar más bebidas alcohólicas, por lo que concluye que la edad en su caso es una atenuante muy importante tal como dispone el art. 2 de la Ley 2026.


ii) En cuanto a su educación, la Sentencia registra que al momento de sucederse el hecho, se encontraba estudiando; sin embargo, no consta que refirió que estudiaba en el Colegio Adventista del Plan 3000; por lo que, se remite al acta de juicio oral; por cuanto, afirma que no se dedicaba a la vagancia u otras formas propias de gente dedicada a la actividad delictuosa.


iii) Sobre las costumbres, asevera que tanto la víctima como él vivían en el Plan 3000, lugar conocido por su peligrosidad; por lo tanto, debían estar preparados para defenderse ante cualquier situación, aspecto que resulta una atenuante.


iv) Consta que no cuenta con antecedentes penales de ningún tipo, porque se encontraba estudiando en el Colegio Adventista del Plan 3000.


v) En cuanto a su conducta posterior, asegura que no obstaculizó la investigación, no tuvo mala conducta en Palmasola y durante los dos años de juicio no asumió defensa porque estaba consciente de la desgracia que ocasionó, razón por la cual en la parte final del juicio oral pidió perdón a la familia de la víctima, en señal de arrepentimiento.


vi) Sobre los móviles que le hubieren impulsado a delinquir, afirma que no existen, únicamente existió una mala reacción casi inmediata de su parte al haber sido empujado por la víctima y su amigo, que lamentablemente ocasionó una desgracia irreparable; por lo dicho, no salió en libertad a través de medidas sustitutivas, esperando que el Tribunal dictara una Sentencia condenatoria acorde a las atenuantes del caso.


vii) En cuanto a su situación económica, debió ser considerado como atenuante, porque la Sentencia refiere que vive en el domicilio de sus padres, estudiando en un Colegio Privado; por tanto, su situación económica era relativamente estable, por ello en el juicio oral bajo ningún motivo se lo señaló como agresor para beneficiarse con montos de dinero u objetos de valor de la víctima y su amigo, simplemente fue un hecho desventurado del cual es consciente. Sobre el factor social, en el barrio del Plan 3000, existen pandillas juveniles y gente dedicada al robo y al asalto de las personas, lo cual genera un pensamiento de permanente alerta en los habitantes del mismo.


Por lo expuesto, argumentó que corresponde establecer la determinación de la pena tomando en cuenta los arts. 37, 38 y 40 del CP, adicionando que debe considerarse, que los fines de semana trabajaba con su padre.


II.2. Del Auto de Vista recurrido.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 19/2014 de 18 de marzo, declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, conforme a los siguientes fundamentos:


III) Previa cita de la doctrina legal asumida en el Auto Supremo 109/2010 de 29 de abril, invocado por el mismo recurrente, concluye que constituyendo facultad y obligación del Tribunal de alzada rectificar los errores u omisiones formales concernientes a la imposición de la pena, en aplicación del art. 414 del CPP y en cumplimiento del mandato previsto por el art. 115 de la CPE, complementa la fundamentación realizada por el Tribunal de mérito en la Sentencia recurrida, señalando que el art. 115.I y II de la CPE, garantiza la protección oportuna y efectiva por parte de los jueces y tribunales, a todas las personas sin ninguna distinción y en el caso presente, estos derechos e intereses comprenden tanto al imputado como a la víctima, en ese entendido la Sentencia motivo del recurso, observó y cumplió dichos parámetros para ambas partes.


III) El recurrente, en el inc. D) de su recurso, bajo el epígrafe de “LAS ATENUANTES LEGALES NO CUMPLIDAS POR LA SENTENCIA Y APLICADAS EN FORMA CONTRADICTORIA” (sic), confunde las atenuantes con las circunstancias, establecidas en el art. 38 inc. 1). A) del CP, entre ellas: La personalidad del autor, la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente y posterior, así como lo móviles que lo impulsaron delinquir y su situación económica y social, las que fueron debidamente valoradas y sopesadas por el Tribunal inferior.


III) Adicionalmente sostiene que, los aspectos que más sobresalen y que tienen mayor incidencia en la comisión del delito de Homicidio son los móviles que lo impulsaron a delinquir, estableciendo que los mismos eran fútiles y bajos, con alevosía y ensañamiento. De igual modo, en el art. 38 inc. 2) del CP, está establecido que para apreciar la gravedad del hecho se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. En el caso concreto, el medio empleado para la comisión del delito en juzgamiento, era un arma punzo cortante (cuchillo); por lo que, considerando que el sistema penal vigente es garantista y preserva los derechos fundamentales del encausado y de la víctima, además la extensión del daño causado con el ilícito a la familia de la víctima, concluye que la pena impuesta al imputado está dentro de los cánones legales establecidos en los arts. 37, 38 y 40 del CP.


d) Del análisis del cuaderno procesal, evidencia que el imputado no aportó ninguna prueba de descargo durante la celebración del juicio oral, aunque la carga de la prueba corresponda al acusador; sin embargo, durante sus intervenciones, únicamente se abocó a pretender justificar su accionar delictiva con los argumentos de que la zona donde vive (Plan 3000), se caracteriza por ser una zona roja, donde abundan malvivientes y pandillas, el consumo del alcohol es casi normal y frecuente, lo que obliga o induce a los habitantes del lugar a estar siempre a la defensiva para proteger sus bienes y su integridad física, lo que conlleva a portar inclusive armas; sin embargo, libre, voluntaria y expresamente admite que para la comisión del hecho delictivo por el que se encuentra juzgado no existieron móviles, lo único que existió fue una mala reacción casi instantánea e inmediata, lo que ocasionó la muerte de Yiyi Robles Rossell.


e) Que el recurrente al referirse a la supuesta violación o errónea aplicación de la ley sustantiva, no cumple con el voto del art. 408 del CPP; por cuanto, ninguna de las disposiciones legales que considera violadas o erróneamente aplicadas contiene la debida fundamentación, ni expresa cuál la aplicación que pretende, requisitos que son de inexcusable cumplimiento para la procedencia del recurso.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


El recurrente aseveró que el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista recurrido, no efectuó una correcta valoración de los parámetros legales en la determinación de la pena, ni analizó objetivamente las atenuantes existentes, provocando una inadecuada fundamentación sobre la temática; asimismo, se refirió a aspectos ajenos al contenido del recurso, en desmedro del principio de presunción de inocencia, lo que habría provocado la lesión a su derecho a un debida fundamentación.


III.1.Sobre el deber de fundamentación y la facultad del Tribunal de alzada inserta en el art. 414 del CPP.


En relación a la temática consignada en el epígrafe, la basta jurisprudencia de este Tribunal, en reiterados fallos ha especificado el deber que tienen todas las autoridades jurisdiccionales a tiempo de emitir resolución, de fundamentar de forma clara, específica, completa, legítima y lógica sus decisiones, de modo tal que exista certeza en las partes procesales respecto del contenido de las mismas. Así, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, estableció: La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el por qué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez mas se deja establecido que el Tribunal de Apelación, a momento de resolver el o los recursos interpuestos, esta obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


Ahora bien, en apelación restringida, cuando el Tribunal de alzada verifica que la Sentencia recurrida adolece de errores de derecho en la fundamentación, que no modifiquen la parte dispositiva, así como errores y omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, puede corregirlos a tiempo de emitir Resolución. De igual modo, sin anular la Sentencia recurrida, puede realizar una fundamentación complementaria, conforme las previsiones establecidas en el art. 414 del CPP.


III.2. Sobre la determinación judicial de la pena.


Al respecto, este Tribunal aclaró los alcances de las normas aplicables a tiempo de definirse cuál el quantum de la pena correspondiente a la conducta de cada acusado, estableciendo que: “La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:


a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.


La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.


Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el "arrepentimiento" no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.


b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.


c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.


La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales” las negrillas son propias- (Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero).


III.3. Análisis del caso concreto.


Conforme se dejó establecido previamente, el recurrente de casación cuestiona la labor del Tribunal de alzada a tiempo de analizar la pena fijada por el Tribunal inferior, en consideración a que no habrían sido analizados y valorados objetivamente su personalidad, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito. En ese entendido corresponde revisar detalladamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por el recurrente en el recurso de apelación restringida para luego analizar si el Tribunal de alzada efectuó una adecuada fundamentación sobre la temática cuestionada.


En apelación restringida, el recurrente cuestionó específicamente que: 1) En el momento del hecho contaba con dieciocho años de edad, lo que constituiría una atenuante importante, al ser una persona joven; 2) Que, se dedicaba a estudiar en el Colegio Adventista del Plan 3000 y no así a la vagancia u otras formas ejercidas por la gente dedicada a la delincuencia. Adiciona que los fines de semana trabaja con su padre (educación); 3) Que, al vivir él como la víctima en una zona conocida por su peligrosidad (Plan 3000), debía estar preparado para defenderse ante cualquier situación, extremo que también considera una atenuante (costumbres); 4) Que, no cuenta con antecedentes penales (conducta anterior); 5) Que, no obstaculizó la investigación, no tuvo mala conducta en Palmasola y durante el tiempo de duró el juicio no asumió defensa, en conocimiento de la desgracia que ocasionó con su accionar, a cuyo efecto pidió perdón a la familia de la víctima en señal de arrepentimiento (conducta posterior); 6) No existieron móviles que lo impulsaron a actuar, solamente una reacción inmediata y errada luego de que la víctima y su amigo lo empujaron; 7) El hecho de vivir en el domicilio de sus padres y estudiar en un Colegio privado, constituye una atenuante debido a que contaba con una situación estable; por ende, no pretendía beneficiarse con montos de dinero u objetos de valor de la víctima y su amigo (situación económica); y, 8) Que, en el barrio donde vive, existen pandillas juveniles y gente dedicada al robo y al asalto de personas, lo que genera un pensamiento de permanente alerta en los habitantes del mismo (situación social).


Al respecto, el Tribunal de alzada, específicamente en lo referente a los fundamentos para la determinación de la pena, en aplicación del art. 414 del CPP, complementó la fundamentación de la Sentencia estableciendo que tanto la víctima como el imputado, recibieron protección oportuna y efectiva, conforme reconoce el art. 115 de la CPE, para aclarar a continuación que el imputado, en la fundamentación de su recurso de apelación restringida, confundió las atenuantes con las circunstancias  establecidas en el art. 38 inc. 1). a) del CP, tales como la personalidad del autor, la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente y posterior, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social, aspectos que fueron debidamente valorados y sopesados por el Tribunal inferior, razonamientos que resultan ser ciertos, debido a que conforme establece la norma sustantiva penal citada, los factores extrañados por el imputado en su recurso de apelación restringida, constituyen circunstancias que permiten establecer la personalidad del autor para determinar la pena, las que fueron consideradas por el Tribunal de mérito en el apartado XII.1 de la Sentencia, con el siguiente texto: “OLIVER AMANZA JOVE, nacido en santa Cruz el 29 de agosto del año 1993, con C.I. 8189099 exp. S.C., 19 años de edad, hijo de Edwin Carlos Almanza franco y Ana Jove Martínez, nacionalidad Boliviana, soltero, estudiante de colegio, no tiene hijos, domiciliada en esta ciudad de Santa Cruz, zona del Plan 3000, barrio 16 de Julio, Calle sin nombre, Casa sin número” (sic), para después concluir en la última parte del aparatado XII.3 que: “…al haberse afectado la paz social, la seguridad pública, al haber afectado a la familia de la víctima, a sus amigos y compañeros de trabajo, al ser un hecho grave, teniéndose como únicos atenuantes con relación al procesados que sería su primer hecho delictivo, presunción que se obtiene del hecho que la fiscalía no presentó ningún antecedente penal en su contra y que es una persona joven…” (resaltado propio).


Por otro lado, tomando en cuenta que para la determinación de la pena no es suficiente considerar y ponderar las circunstancias referidas a la personalidad del autor únicamente; sino, que deben valorarse los factores inherentes a la gravedad del hecho y a las consecuencia producidas por este, el Tribunal de alzada concluyó, conforme a lo normado en el art. 38 inc. 2) del CP (gravedad del hecho), que el medio empleado para la comisión del delito de Homicidio, era un arma punzo cortante (cuchillo); por lo que, de acuerdo al sistema penal vigente, garantista y preservador de los derechos fundamentales del encausado y de la víctima, y tomando en cuenta la extensión del daño causado con el ilícito a la familia de la víctima (consecuencias), concluyó que la pena impuesta al imputado está dentro de los cánones legales establecidos en los arts. 37, 38 y 40 del CP, aspectos que también fueron considerados y debidamente fundamentados en la Sentencia, conforme se advierte del extracto plasmado en el apartado II.1, incs. 2) y 3) de este Auto Supremo.


Con relación a las circunstancias relativas a la condición social esgrimida por el imputado en el recurso de apelación restringida, que no habrían sido consideradas por el Tribunal de mérito en la determinación de la pena, los Jueces de alzada fundamentaron que no obstante la insistencia del imputado de tratar de justificar su accionar en el hecho de que el lugar donde vive es una zona peligrosa por la presencia de malvivientes y pandillas y el consumo de alcohol, lo que provocaría que los habitantes de la zona estén siempre a la defensiva para proteger sus bienes y su integridad física; por tanto, incluso armas, razonan que fue el propio imputado que admitió que en la comisión del hecho no existieron móviles; sino, una mala reacción inmediata y casi instantánea, que derivó en la muerte de Yiyi Robles Rossell, ello sumado al hecho que en la Sentencia los miembros del Tribunal de Sentencia en el apartado referido a la gravedad del hecho, concluyeron que al margen de haberse podido establecer que el acusado era una persona que pertenecía a una familia de clase media, que le proporcionaba lo suficiente en vestido, alimentación, educación y vivienda, debió haber estado predispuesto al estudio y al trabajo y no al ocio con el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, lo que involucra la circunstancia social extrañada por el imputado en el recurso de apelación.


Por último, es necesario aclarar sobre la afirmación efectuada por el Tribunal de alzada en cuanto a los móviles que habrían dado lugar a la comisión del hecho acusado, en sentido de haberse observado que eran fútiles y bajos, con alevosía y ensañamiento, el imputado no demostró de modo alguno de qué modo dicha afirmación le habría producido perjuicio o alguna incidencia en la decisión asumida por el Tribunal de alzada; es decir, no fundamentó ni demostró la trascendencia en la resolución de la causa, principio de inexcusable cumplimiento cuando la pretensión radica en lograr la nulidad de la resolución recurrida, como ocurre en el presente caso, sumado a ello que en el propio Auto de Vista recurrido, se estableció que fue el propio imputado quien reconoció que no existieron móviles para la comisión del hecho; sino, únicamente una mala reacción de su parte, que derivó en la muerte de la víctima; en consecuencia, al no tener ningún sustento, no corresponde su consideración.


Por los fundamentos expuestos, se advierte que el Tribunal de apelación valoró objetiva y suficientemente los factores analizados por el inferior en grado, en la determinación de la pena; es decir, las circunstancias referidas a la personalidad del autor, la gravedad del hecho y la consecuencia del fatídico suceso que derivó en la muerte de la víctima, fundamentado de forma específica, completa, legítima y lógica su decisión de confirmar la Sentencia recurrida en todas sus partes, observando los parámetros establecidos por el legislador en la individualización de la pena, contenidos en el Código Penal, razón por la cual se advierte que el motivo de casación resulta infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Oliver Almanza Jove, cursantes de fs. 308 a 310 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA