TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 115/2016-RRC

Sucre, 17 de febrero de 2016


Expediente                        : Oruro 11/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Guillermo Marco Ledezma Jiménez y otros

Delito                        : Tráfico de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de julio de 2015, cursante de fs. 132 a 135, Noelia Abigail Zabala Lastra, Ronald Erick Zabala Lastra, María Antonieta Lastra Quiroga Vda. De Zabala y Guillermo Marco Ledezma Jiménez, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 07/2015 de 29 de junio, de fs. 117 a 126 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 16/2012 de 30 de octubre (fs. 59 a 71 vta.), la Jueza Primera de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a los imputados María Antonieta Lastra Quiroga Vda. De Zabala, Ronald Erick, Noelia Abigail ambos de apellidos Zabala Lastra, y Guillermo Marco Ledezma Jiménez, autores de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, tipificado y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiéndoles a cada uno la pena privativa de libertad de diez años de reclusión, más el pago de quinientos días multa a razón de Bs.- 1 (un boliviano) por día, con costas y daño civil a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia; por otra parte, se dispuso la confiscación definitiva de Bs. 28.000 (veintiocho mil bolivianos), $us. 100 (cien dólares estadounidenses) y demás bienes incautados.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Noelia Abigail Zabala Lastra y Ronald Erick Zabala Lastra (fs. 75 a 78 vta.),  María Antonieta Lastra Quiroga Vda. De Zabala (fs. 83 a 86); y, Guillermo Marco Ledezma Jiménez, (fs. 89 a 92); respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 07/2015 de 29 de junio (fs. 117 a 126 vta.); pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c) Notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado, el 15 de julio de 2015 (fs. 127 a 130), el 22 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad.


I.1.1. Motivo del recurso admitido.


Del memorial del recurso de casación interpuesto y del Auto Supremo 581/2015-RA de 10 de septiembre, por el que se admite el recurso, se tiene como motivo el siguiente:


Los recurrentes denuncian que el criterio asumido por el Auto de Vista recurrido, en su numeral 6 del segundo considerando, resultó errado; por cuanto, acusarían de incongruentes y confusos los argumentos de sus apelaciones restringidas, cuando consideran, era su deber, aplicar lo previsto por el art. 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concediéndoles un plazo de tres días para que subsanen los mismos; sin embargo, omitiendo el Ad quem la norma citada, admitió las apelaciones, sin advertir la necesidad de ninguna ampliación ni corrección para su análisis de fondo, concluyendo que el recurso no es preciso o concreto; fundamentación que consideran, extemporánea y atentatoria al derecho a la tutela judicial efectiva prevista por el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); toda vez, que les limitaría sus derechos a una Resolución fundamentada y de conocimiento de todos los tópicos de manera transparente, al efecto invocan en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 08/2012 de 30 de enero.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente, concluyó solicitando dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y se emita una nueva Resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante el Auto Supremo 581/2015-RA de 10 de septiembre, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo del único motivo expuesto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Apelaciones Restringidas.


II.1.1. Apelación de Noelia Abigail Zabala Lastra y Ronald Erick Zabala Lastra.


Mediante recurso de apelación restringida, los imputados denunciaron Fundamentación insuficiente de la Sentencia y consecuente vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada. Conculcación del art. 115. II de la Constitución Política del Estado con relación art. 169. 3 del CPP, refiriendo que en el caso de Noelia Abigail Zabala le atribuye explícitamente ser proveedora, vendedora y suministradora de sustancias controladas, concretamente, marihuana y cocaína sin fundamento alguno, y en el caso de Ronald Erick Zabala, no se establece en ninguno de los tópicos de la Sentencia, cuál su responsabilidad específica con relación al objeto de juicio, no se expone con precisión qué sustancias habrían sido colocadas por Ronald Erick, en qué habitaciones y específicamente por cuáles de las sustancias se lo responsabiliza penalmente.


II.1.2. Apelación de María Antonieta Lastra Quiroga Vda. De Zabala.


Con los mismos fundamentos de la apelación anterior, denuncia también la fundamentación insuficiente de la Sentencia impugnada, y consecuente vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada. Conculcación del art. 115. II de la CPE, con relación art. 169. 3 del CPP, señalando además que la fundamentación de derecho resulta insuficiente, al considerar su conducta como de una proveedora, vendedora y suministradora de sustancias controladas, sin pronunciarse al respecto en la parte dispositiva.


II.1.3. Apelación de Guillermo Marco Ledezma Jiménez.


Mediante recurso de apelación restringida, el imputado denunció, al igual que en las apelaciones anteriores, insuficiente fundamentación en la Sentencia, afirmando que en la misma adecuaron su conducta a dos modalidades del tipo penal, que desde su punto de vista no resulta coherente, porque ambas modalidades de posesión dolosa y tener en depósito y/o almacenamiento, resultan excluyentes una de la otra, por lo que extraña que se haga una diferencia jurídica entre ambas modalidades.


II.2. Auto de Vista.


El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 07/2015 de 29 de junio, que al resolver los motivos de los recursos de apelación restringida, en el numeral 3 del segundo CONSIDERANDO “Sobre defecto de sentencia previsto en el inc. 5) del Art. 370 del CPP, que no exista fundamentación de la Sentencia o que esta se insuficiente o contradictoria.-”, concluyó señalando que: “…Primero (…) las apelaciones formuladas por los nombrados acusados resulta contradictoria, carente de fundamento, incoherente, … no cumple con el imperativo exigido en la parte in fine del párrafo primero del Art. 408 del CPP, toda vez que los apelantes refirieron ... sin aclarar, sin precisar, en forma clara y concreta, si se refieren también al Art. 48 de la … Ley 1008, o al Art. 33.m) del citado adjetivo compilado, los que cuestionaron, cuando menos las modalidades incursa en el Art. 33.m de la Ley 1008, generando confusión en este Tribunal, habida cuenta, que la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva se encuentra regulada expresamente en el Ar.t 370. 1 del CPP …que no hicieron alusión los apelantes … consignan el Art. 16. 3 del Código de Procedimiento Penal … que nada tiene que ver con apelación restringida … tampoco cumplieron con la parte última del primer párrafo del Art. 408 del CPP, que a la letra dice: “y se expresará cuál la aplicación que se pretende”, los apelantes no refirieron con pertinencia cuál la aplicación que se pretende … lo que prima facie hace la improcedencia de las apelaciones restringidas.


Segundo: … el num. 5) del. Art. 370 del CPP, establece como defecto de sentencia la falta de fundamentación y dicho numeral conlleva tres hipótesis, es decir: la falta de fundamentación de la sentencia, que ésta sea insuficiente o que la fundamentación sea contradictoria, concretándose los apelantes en sus memoriales de recurso de manera contradictoria en los tres supuestos … De modo que los apelantes de manera discrecional, sin aclaraciones puntuales, pertinentes y oportunos, hicieron alusión en forma repetitiva a los tres supuestos, que no pueden concurrir las tres hipótesis, … debiendo el apelante en su momento especificar de manera concreta a cuál de  las tres alternativas se refiere … porque en el recurso de apelación restringida o es posible revalorizar la prueba y los hechos, pues se trata de un recurso de puro derecho, donde el tribunal superior solamente debe remitirse a los puntos cuestionados en el recurso deducido, no pudiendo en el recurso ir más allá de lo explanado en el memorial de recurso, menos referirse a aspecto que no han sido debidamente especificados. En el caso de autos conforme analizado supra los apelantes incurrieron de manera involuntaria o disimulada en referirse a los tres supuestos que no es admisible, por lo que deviene la improcedencia de las apelaciones.


8º Que, analizados así los fundamentos y la resolución impugnada, se llega a establecer que dicha resolución cuenta con los requisitos exigidos de fundamentación en cuanto se refiere a la motivación fáctica, probatoria y descriptiva, porque se enuncia los hechos, conforme se evidencia del Considerando III Enunciación del Hecho y Circunstancias del Objeto del Juicio, que constituye prácticamente la acusación fiscal con la tipificación del hecho. En el Considerando IV. Motivos de Hecho y de Derecho, Valor Otorgado a los Medios de Prueba, menciona que llevó al órgano jurisdiccional tomar plena convicción de todo lo ocurrido en la audiencia, estableciendo en el punto IV. 1. Declaración de los Imputados, en el punto IV.2. Fundamentación Probatoria, Descriptiva e Intelectiva, sub punto IV.2.1 Prueba Documental y Testifical de Cargo, sub punto IV 2.2. Prueba de Descargo producida, y se refirió en forma específica a todos y cada uno de los medios probatorios incorporados al juicio tanto de cargo como de descargo y el análisis realizado. V. Motivos de Derecho en que se Basa la Sentencia.- refiere habiendo sido presentada la prueba presentada por la acusación así como la defensa, y valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, de acuerdo a lo previsto en el art. 173 del compilado adjetivo penal, se determina que han quedado probados los siguientes y circunstancias que rodearon al mismo en su aspecto objetivo y subjetivo, donde concluye que le hecho se enmarca a lo dispuesto en el contenido en la ley 1008, cuyo nomen juris es Tráfico de Sustancias Controladas, que establece el art. 48 de la Ley del Régimen de Sustancias Controladas, con relación al 33 inc. m) de la misma ley …, el hecho se enmarca a lo dispuesto por la norma, los imputados han enmarcado su conducta a lo descrito en el mencionado código sustantivo….


9º … conviene aclarar la fundamentación esgrimida por la juez a quo, por la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal por el que los acusados fueron condenados, en función a la acción y la conducta, emergió de la acusación fiscal y el Ministerio Público acusó por el delito previsto en el art. 48 …Ley 1008 cuyo nomen juris es el ilícito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, con relación al art. 33 inc. m) de la misma ley.  El fiscal de materia no acusó independientemente por los delitos en forma autónoma o independiente por Art. 33 inc. i) Entrega o suministro,  o el Inc. ll) Posesión o por el art. 51 Suministro, no, por lo mismos la inferior se avocó al análisis y fundamentación en base a la acusación fiscal ….. De manera que la juez de Sentencia fundamentó en forma correcta, no podía referirse ni fundamentar los tipos penales de las modalidades de proveer, compraban, vendían, suministraban, que serían conductas de otros ilícitos o hechos como refieren … los cuales tuvo que realizar la juez el juicio de subsunción, remarcándose, porque no fueron acusados de manera independiente,  además que las modalidades nombradas por los acusados se encuentran inmersos en el Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, es más, los acusados no refirieron en forma precisa cuando llaman elementos : descriptivos, subjetivos, y normativos, del tipo penal, no lo hicieron. …


10º … consecuentemente, las apelaciones formuladas por Noelia Abigail Zabala Lastra y Ronald Erick Zabala Lastra; y María Antonieta Lastra Quiroga vda. De Zabala, con relación a fundamentación que tuvo que desplegar la inferior, referida a la subsunción de los elementos descriptivos del tipo de las modalidades … carecen de sustento legal …, con la diferencia relativo a Ronald Erick Zabala Lastra,  … la respuesta la encontramos en la misma cuestionante, la atribución del delito de Sustancias Controladas en forma conjunta y personal, de la revisión de antecedentes …. Se estableció que Ronald Erick Zabala Lastra vivía en la planta baja, ocupando la segunda habitación donde se encontró un maletín …conteniendo un envoltorio pequeño de papel periódico con hierba verdusca y olor característico a Marihuana, detrás del pedestal del televisor se encontró dos sobre pequeños tipo boticario conteniendo sustancia blanquecina y olor característico a cocaína, sobre el modular una caja de calzado … conteniendo dos sobre pequeños …, varios pedazos de papel cortados típico para la preparación de envoltorios y sobres de envase de sustancias controladas. Y el Fiscal lo acusó en forma conjunta a todos los acusados referidos por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas incurso en el Art. 48 de la … Ley 1008, relativo por el art. 33 inc. m) del citado compilado sustantivo, esa fue la autoría de Ronald Erick Zabala Lastra. En relación a Guillermo Marco Ledezma Jiménez … ya se analizó ... que los encausados fueron condenados, en función a la acción o conducta típica y antijurídica y culpable, por el hecho acusado en la acusación fiscal y no otro, además que reconoce que fue condenado como autor de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008 … por posesión dolosa, tenencia en depósito….


12º Que, la Juez de Sentencia Penal Nº 1de esta ciudad, en sus fundamentos expuso con bastante acierto que los delitos procedentes de la actividad del narcotráfico son de carácter formal y no de resultados de ahí que la Ley 1008, tiene como vertiente la Teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes, sino el fin que persigue con el delito propiamente dicho....


13º Que, este Tribunal ratificándose en lo analizado precedentemente, establece que en el caso que nos ocupa se llega a advertir que el fallo de instancia se basa en la debida motivación y fundamentación, conforme los fundamentos expuestos por la a quo en los diferentes considerandos analizados … no se advierte sentencia sin fundamentación, insuficiente fundamentación o contradictoria de la sentencia, contrariamente los apelantes no han especificado debidamente el vicio aludido con indicación expresa en forma clara y concreta en que consistía el vicio en concreto, menos expresaron cuál la aplicación que se pretende incumpliendo lo dispuesto por el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal, siendo que inversamente la fundamentación de la sentencia es coherente, lógica y conforme a todos los medios de prueba producidos, y cumple con lo dispuesto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal….” (sic).


Con los fundamentos expuestos, declara Improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por los acusado y Confirma la Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


Antes de realizar la labor de contraste encargada por el art. 419 del CPP; corresponde precisar que una de las funciones primordiales del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, la que debe ser acatada y cumplida por los Jueces y Tribunales, cuyos fallos serán revisados por el Tribunal de casación, quien verificará si éstos no se apartaron del entendimiento establecido en los precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia.


III.1. El recurso de casación.


El recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la CPE y regulado por la Ley, pues la primera, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, es necesario identificar plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para luego analizar si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


III.2. Del precedente invocado.


El recurrente invocó como precedente contradictorio las siguiente Resolución: El Auto Supremo 08/2012 de 30 de enero, que estableció la siguiente doctrina legal: “…Conforme a lo establecido en el art. 19 parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, los derechos reconocidos en ella son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.


Bajo dicha premisa de caracterización, resulta imprescindible en toda actuación procesal velar por el respeto y vigencia del derecho al debido proceso y en consecuencia de todos sus elementos constitutivos o configurativos como el derecho a la defensa, el derecho de recurrir y el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.


En ese sentido, corresponde al Tribunal de Alzada velar por el ejercicio pleno de aquellos derechos y garantizar su consecución, por lo que ante la interposición de las partes agraviadas por una sentencia de su recurso de apelación restringida en el marco de su derecho a recurrir de las resoluciones judiciales, corresponde aplicar de manera objetiva lo dispuesto en el art. 399 del Código de Procedimiento Penal, ello implica, que no pueden rechazar dicho recurso por defectos de forma subsanables, por el contrario, si se evidencia que existe defecto u omisión de forma, el tribunal debe hacérselo saber al recurrente, otorgándole el plazo establecido por el art. 399 del Código de Procedimiento Penal para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo, y si la parte recurrente no corrige o amplía su recurso, recién corresponde su rechazo, ello en el marco del respeto al principio pro actione puesto que si bien las formas exigidas por ley, tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación restringida, el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha concedido el plazo establecido en el precepto legal aludido; por lo que resulta atentatorio al debido proceso cuando a pesar de que se otorgó el plazo correspondiente para la subsanación y una vez cumplido dicho recaudo por parte de los apelantes, se ingrese al fondo del asunto y se declare en la parte dispositiva inadmisibilidad de un punto no observado, tornando además la resolución en incongruente, pues toda resolución al margen de contener la suficiente fundamentación y motivación, debe también ser congruente en cuanto a su contenido ya que ello importaría lesionar el derecho al debido proceso y los que éste a su vez subsume como los derechos a la defensa y al no ser condenado sin haber sido oído y juzgado.


De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169-3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas, no ingresando a resolver los demás puntos reclamados en el recurso de casación, en virtud a que previamente deberá otorgarse en el marco del derecho a la defensa a los apelantes, la posibilidad de subsanar su recurso de apelación restringida.” (sic).


La doctrina legal del Auto Supremo invocado, fue establecida por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un proceso penal seguido por los delitos de Lesiones Leves y Homicidio en grado de tentativa, en el que se dictó sentencia condenatoria por el primer delito, situación por la que se recurrió en grado de apelación y en la Resolución de alzada se declaró inadmisible el séptimo motivo del recurso e improcedentes los demás motivos. En consecuencia los imputados recurrieron de casación argumentando que debía concedérseles el plazo previsto en el art. 399 del CPP para subsanar dicho motivo, antes de declarar su inadmisibilidad. El Tribunal de casación advirtió que si bien el Tribunal de alzada concedió el plazo establecido en el referido art. 399 del CPP para que subsanen las observaciones bajo apercibimiento de rechazo, fue para los motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo, y en la parte resolutiva del Auto de Vista impugnado se señaló que “sin ingresar al fondo, rechaza por INADMISIBLE el motivo séptimo de la apelación restringida”, considerando por ello que se incurrió en violación del art. 399 del CPP, dejando por ello sin efecto el aludido Auto de Vista. 


Ahora bien, habiendo denunciado el recurrente, en el caso de autos, que el Auto de Vista acusó de incongruentes y confusos los argumentos de sus apelaciones restringidas, cuando lo que correspondía era aplicar la previsión del art. 399 del CPP, se tiene que los fallos invocados y el impugnado, no corresponde a problemáticas similares, considerando que en el caso del precedente invocado, el Auto de Vista sí concedió el plazo previsto en el art. 399 del CPP para los motivos del recurso, excepto para el “motivo séptimo” sobre el que no se pronunció en el fondo y lo declaró Inadmisible. En el caso presente, el Auto de Vista si bien no concedió el plazo del art. 399 del CPP para subsanar la fundamentación del recurso, pese a señalar que el recurso era defectuoso en su planteamiento, impreciso, incoherente y carecía de fundamento, éste ingresó a resolver el fondo de los motivos expuestos en los recursos de apelación restringida para concluir en la parte resolutiva sobre la Improcedencia de los motivos expuestos; a cuyo efecto la doctrina legal asumida en el referido precedente, no es aplicable al caso concreto; en consecuencia, el agravio denunciado por los recurrentes deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPPdeclara INFUNDADO el recurso de casación de fs.132 a 135, formulado por Noelia Abigail Zabala Lastra, Ronald Erick Zabala Lastra, María Antonieta Lastra Quiroga Vda. De Zabala y Guillermo Marco Ledezma Jiménez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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