TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 094/2016-RRC

Sucre, 16 de febrero de 2016


Expediente                        : Beni 4/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Iris López Tirina y otra

Delito        : Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de junio de 2015, que cursa de fs. 429 a 431 vta., Iris López Tirina interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 011/2015 de 13 de abril, cursante de fs. 401 a 405, pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rocío Dalenz Grandon contra Diana Mugravi Hurtado y la recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACION


I.1. Antecedentes


a) Por Sentencia 001/15 y Resolución 013/15 de 16 de enero de 2015 (fs.272 a 277), el Tribunal de Sentencia de Guayaramerín del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a las imputadas Iris López Tirina y Diana Mugravi Hurtado culpables de la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de siete años de presidio y la inhabilitación de conducir de forma definitiva. Con relación a la segunda imputada estableció que en aplicación de los arts. 323.III, 324, inc.1) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), se reducía la pena a la menor en cuatro quintas partes, imponiéndole socioeducativa bajo régimen de internamiento de un año, cuatro meses y veintiséis días.


b) Notificada la imputada Iris López Tirina, formuló recurso de apelación restringida (fs. 358 a 362 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 011/2015 de 13 de abril (fs. 401 a 405), emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


I.1.1. Del motivo del recurso.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 550/2015-RA de 24 de agosto (fs. 446 a 448 vta.), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


La denuncia de que el Tribunal de alzada ratificó la Sentencia condenatoria que incurrió en inobservancia de las atenuantes previstas por el art. 40 del CP, de su condición de madre de familia, que no tiene antecedentes penales, que al momento de los hechos habría estado bajo influencia del alcohol y que no evadió su responsabilidad, ya que se presentó a todos los actos del proceso; por cuanto, le impusieron una pena de 7 años de privación de libertad, que no se ajustaría a los grados de culpabilidad, puesto que, -su persona- en todo caso resultó ser la víctima, identificando como principios y derechos vulnerados los de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia.


I.1.2. Petitorio.


Solicita que declarado admisible su recurso, se dicte nueva sentencia de acuerdo a procedimiento y a la relación fáctica de los hechos.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 550/2015-RA de 24 de agosto de (fs. 446 a 448 vta.), este Tribunal admitió por flexibilización la denuncia formulada por Iris López Tirina, misma que será motivo de análisis de fondo de la denuncia planteada.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 001/15 y Resolución 013/15 de 16 de enero de 2015 (fs.272 a 277), el Tribunal de Sentencia de Guayaramerín del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a las imputadas Iris López Tirina y Diana Mugravi Hurtado culpables de la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de siete años de presidio y la inhabilitación de conducir de forma definitiva. Con relación a la segunda imputada estableció que en aplicación de los arts. 323.III, 324 inc.1) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), se reducía la pena en cuatro quintas partes, imponiéndole la medida socioeducativa bajo régimen de internamiento de un año, cuatro meses y veintiséis días.


Ha efectos de la emisión de la Sentencia se tomó en cuenta que los sujetos procesales en su conjunto reconocieron la existencias del hecho y su participación en el mismo; sin embargo, ambas acusadas negaron haber estado bajo el efecto de bebidas alcohólicas a momento de los hechos; asimismo, negaron ser responsables de la muerte de Wilfredo Dalenz.


En cuanto a la problemática planteada en casación (aplicación de la Pena) se tiene  en el acápite Dosimetría Penal, que: El Tribunal de Sentencia tomó en cuenta la finalidad de la pena, la enmienda y readaptación que persigue la misma, la teoría de la humanización de las penas y fundamentalmente los antecedentes de las acusadas.


En ese entendido el Tribunal consideró que, la acusada Iris López era una persona adulta de 45 años de edad, con un nivel educacional y cultural promedio, la Sra. Diana Mugravi es una persona menor de edad, de 17 años de edad con una instrucción media.


Asimismo, tomó en cuenta para la imposición de la pena, que gracias al actuar negligente de las acusadas una persona perdió la vida, una familia que quedó lacerada; consideró que, ambas acusadas dentro de juicio trataron de evadir su responsabilidad, negando una situación evidente cual es que, a momento del hecho estaban bajo la influencia alcohólica.


También a los efectos de establecer la pena se consideró que el delito que se acusó afecta a la seguridad de todos los peatones y motorizados que circulan por las calles, además que conocían las acusadas que conducir bajo la influencia del alcohol se considera un delito.


En mérito a los fundamentos esgrimidos se impuso una pena de reclusión de 7 años para ambas acusadas por la comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito más la agravante. Dosimetría penal que se fundamentó en cumplimiento al Auto Supremo 093/2010 de 24 de marzo de y los arts. 37 y 38 del CP.


II.2. De la apelación restringida interpuesta por Iris López Tirina.


En cuanto al motivo traído en casación, es decir la incorrecta aplicación del art. 40 del CP, referido a la falta de consideración de las atenuantes en el quantum de la pena impuesto a la recurrente, verificado el memorial cursante de 358 a 362 vta., no se evidencia que este haya sido parte de los agravios denunciados en el recurso de apelación restringida.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Conforme lo referido en el acápite II.2. de la presente Resolución, al no haber sido motivo de apelación la infracción del art. 40 del CP, como consecuencia lógica no existe pronunciamiento sobre dicha problemática.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS  Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL ART. 40 DEL CP


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible vulneración de los derechos constitucionales de la imputada, ante la denuncia de la emisión de una Resolución Auto de Vista- que confirma una Sentencia que no aplicó el art. 40 del CP. (Atenuantes Generales) para la aplicación de la pena, condenándosele a 7 años de reclusión.


A efectos de la Resolución de la cuestión planteada, es importante partir de los establecido por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


En consecuencia, para que pueda demandarse la vulneración del debido proceso, la recurrente debió efectuar sus denuncias oportunamente y ante la autoridad llamada por ley, pues en el caso de autos de la revisión del Recurso de Casación se advierte que, la denuncia de falta de consideración de las atenuantes para la fijación de la pena no fue objeto de consideración y Resolución por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista recurrido, porque no fue denunciado oportunamente por la ahora recurrente; por lo que mal, se podría tratar de encontrar una supuesta lesión de derechos.


De lo señalado precedentemente la jurisprudencia emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia dispuso en el Auto Supremo 46 de 07 de marzo de 2006, que: “Para evitar las impugnaciones en Casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


(…) en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas" (sic), de lo señalado se advierte que la recurrente no activó oportunamente sus derechos, impidiendo a este Tribunal la posibilidad de ingresar a verificar actos procesales  (Sentencia) que no corresponden a esta etapa procesal (recurso de casación) en la que únicamente se verifica la legalidad en la emisión de un Auto de Vista, que resuelve el recurso de apelación restringida.


Respecto a la preclusión a falta de activación de los derechos de las partes Edgardo Pallares, sostiene que: "Es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido, alguna obligación de la misma naturaleza". También explica este autor "que el término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal".


En conclusión de lo referido, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de procedibilidad del recurso. Por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otro modo a cumplir con ciertos presupuestos que permitan su efectivización, en el caso concreto correspondía a la recurrente reclamar la conculcación de derechos y garantías constitucionales, en cuanto a la incorrecta fijación de la pena impuesta en su contra ante el Tribunal de apelación, observando la debida diligencia a los fines de su pretensión jurídica, aspecto extrañado por este Tribunal de casación, pues no podría efectuar el análisis y consideración de una Resolución -Auto de Vista recurrido- que no se pronunció sobre una problemática que recién es expuesta en casación.


Por los argumentos precedentes se concluye que la denuncia formulada por la imputada no resulta posible de verificación al no haber recurrido oportunamente en apelación restringida (vulneración del art. 40 del CP); en cuyo mérito corresponde declarar infundado el recurso de casación planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Iris López Tirina.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA